La cúpula oficialista de la Cámara de Diputados quiere avanzar, sin pausa pero sin riesgos, en su objetivo de convertir en ley el proyecto de “modernización laboral” antes de fin de mes. Todos los esfuerzos están puestos en asegurar el quorum en el recinto; si en las próximas horas se garantiza el guiño de los bloques aliados y de un sector de la oposición dialoguista, convocará este jueves mismo a sesionar. De concretarse el llamado, ese día se realizará la cuarta huelga general de la CGT contra la gestión libertaria.

Las negociaciones están al rojo vivo. Por ahora sigue firme la intención de firmar el dictamen de comisión el miércoles próximo. “Estamos cerca, estamos ajustando algunos votos”, deslizaron en la conducción de la bancada libertaria.

El éxito libertario dependerá de qué solución ofrezca al desbarajuste que provocó el Senado al incluir, a último momento, el artículo 44, contenido en el título VII del texto. Allí se establece una reducción del esquema de remuneraciones en caso de enfermedad o accidente del trabajador. En la Cámara baja, distintas bancadas opositoras ya anticiparon sus objeciones.

En el oficialismo se analizan distintas alternativas para superar el entuerto. La que reúne más adhesiones –al menos por ahora- es la de aceptar, a pedido de los bloques aliados –entre ellos, Pro y la UCR- la modificación del polémico artículo 44 y que el texto vuelva al Senado para su inmediata ratificación.

“La reducción de los plazos de licencia paga y el cambio en el esquema de remuneración, que deja de garantizar el 100 % del salario durante el período de enfermedad, son aspectos que merecen ser revisados. Entendemos la necesidad de ordenar el sistema y evitar abusos, incluso mejorando los mecanismos de control y certificación médica, pero la solución no puede ser recortar derechos de quienes realmente están enfermos”, advirtió Cristian Ritondo, jefe del bloque Pro, a .

“Por eso creemos que este punto debe revisarse en Diputados para lograr una redacción más equilibrada, que brinde previsibilidad y controles adecuados sin afectar la protección del trabajador”, agregó el diputado macrista.

En la conducción del bloque libertario sostienen que es, en términos legislativos y jurídicos, la salida más robusta.

“Aun con la modificación, el proyecto ya sería ley en Diputados. El objetivo estaría cumplido. Cuando el texto vuelva al Senado, sus alternativas se limitarán a dos: aceptar o rechazar esta única modificación propuesta por la Cámara revisora. Así lo establece el trámite constitucional de sanción de las leyes. El Senado la va a aceptar, eso no cabe duda. Serían unos días más de demora, pero es la vía constitucional más sólida”, aseveraron.

Admitieron en el oficialismo, sin embargo, los riesgos de esta jugada: la oposición más díscola podría aprovechar la oportunidad para intentar introducir cambios fuera de libreto al texto y jaquear la ley. Una caja de Pandora en pleno recinto.

“Por eso es clave anudar bien las negociaciones con los bloques aliados y blindar el proyecto. Estamos trabajando en eso”, advirtieron fuentes de La Libertad Avanza.

El texto que obtuvo media sanción de la Cámara alta establece que, ante enfermedades o accidentes no vinculados a la actividad laboral, el trabajador dejaría de percibir automáticamente el salario completo, como prevé la normativa vigente. En su lugar, cobraría el 75% si se tratara de, por ejemplo, una enfermedad, y el 50% cuando derivara de una conducta voluntaria.

La modificación que se introduciría en la Cámara de Diputados buscaría clarificar la regulación en esta materia al dejar establecido que solo se cobrará el salario completo en los casos de enfermedades o accidentes graves. Así, al menos, lo anticipó la jefa del bloque libertario del Senado, Patricia Bullrich.

“Sobre enfermedades severas, degenerativas, o irrecuperables, vamos a hacer una modificación y vamos a dejar un 100% (del salario)”, adelantó la senadora anoche en declaraciones a TN.

Bullrich agregó que, para evitar demoras y que el proyecto vuelva a la cámara de origen, esta modificación podría instrumentarse en la reglamentación de la norma que realice el Poder Ejecutivo una vez que sea sancionada, o por medio de un nuevo proyecto de ley. Otros legisladores libertarios sugieren como alternativa el dictado de un decreto de necesidad y urgencia (DNU).

Sin embargo, estas alternativas no parecen plausibles, al menos por estas horas. Los bloques aliados y dialoguistas no están dispuestos a darle ese margen de discrecionalidad al Gobierno. Pero, lo más importante, no quieren inmolarse por un artículo que, saben, les generará un fuerte costo político si lo votan a favor, por más que el Gobierno jure y perjure que luego lo va a remediar. Las fidelidades tienen su límite.

Lo cierto es que el apoyo de los bloques aliados, que parecía garantizado hace apenas una semana atrás en la Cámara de Diputados, se complicó más de la cuenta con este “error no forzado” cometido en el Senado. Aunque no dramatizan, algunas voces libertarias ya advirtieron sobre los modos de Bullrich. “Pecó de impetuosa: en la vorágine de aceptar cambios, incluyó un artículo que no estaba incluido en el proyecto original y nos generó un dolor de cabeza; los apuros no son buenos consejeros”, se lamentaron en Diputados.

La Cámara de Diputados recibió el proyecto de reforma laboral tras la aprobación en el Senado para su tratamiento legislativo final. El texto oficial ingresó este viernes por la tarde al Congreso nacional. Los legisladores analizan los alcances de la normativa en las sesiones extraordinarias y el Poder Ejecutivo coordina acciones con mandatarios provinciales aliados para garantizar el número de votos necesario en el recinto.

El oficialismo prevé que la sanción definitiva de la ley ocurra entre este miércoles 18 de febrero y el próximo jueves. La intención de la Casa Rosada apunta a concluir el debate antes del cierre de las sesiones extraordinarias.

La iniciativa llega desde el Senado con media sanción y el apoyo de diversos gobernadores provinciales. El oficialismo confía en que todas las alianzas tejidas para el paso de la reforma por el Senado se mantendrán. Bajo esa premisa, el gobierno nacional calcula que alcanzará el número necesario para aprobar la ley. El cronograma legislativo establece una discusión técnica en las comisiones de trabajo para emitir dictamen de forma inmediata.

El sindicalismo rechaza las modificaciones al orden de prelación de los convenios colectivos. El nuevo texto permite que un acuerdo de ámbito menor prevalezca sobre uno mayor, lo que aplica incluso si el convenio local ofrece condiciones menos beneficiosas para los operarios. Una empresa o región podrá imponer sus términos sobre el convenio nacional de la rama de actividad correspondiente.

La limitación de la ultraactividad representa otro eje de disputa con los sectores gremiales. La norma actual mantiene la vigencia de los contratos vencidos hasta la firma de un nuevo pacto (la propuesta altera este principio). El proyecto contempla una reducción en el cálculo de las indemnizaciones por despido y la eliminación de multas para los empleadores.

Los antecedentes judiciales influyen en la cautelar del oficialismo. La Corte Suprema de Justicia aún evita un fallo definitivo sobre el capítulo laboral del decreto 70/23. Los gremios obtuvieron previamente declaraciones de inconstitucionalidad contra el título cuarto de la Ley Bases. Cerca del presidente Javier Milei aseguraron: “Hay que esperar y ver”. El equipo jurídico prepara argumentos para defender la constitucionalidad de cada punto en disputa.

La alianza con los gobernadores garantiza una base sólida de apoyo en la Cámara baja. El ministro del Interior, Diego Santilli, negoció los términos del proyecto con mandatarios peronistas y aliados. Los representantes de las provincias de Córdoba, Salta, Tucumán y Catamarca acompañarían la votación general. La eliminación del artículo que reducía el impuesto a las Ganancias para empresas destrabó las conversaciones con los líderes provinciales.

La senadora Patricia Bullrich defendió la inmutabilidad del texto aprobado por la Cámara alta. La funcionaria sentenció: “La ley ya está, es esta”. El Gobierno nacional rechaza la incorporación de cambios que obliguen a una segunda revisión en el Senado. El bloque del Pro insiste con la inclusión de las billeteras virtuales para el pago de salarios, pero el oficialismo prioriza la celeridad del trámite parlamentario.

Los bloques de Innovación Federal y Provincias Unidas suman sus votos a los 95 legisladores libertarios. El bloque Independencia de Tucumán y los representantes de Elijo Catamarca cumplen un rol determinante en la paridad legislativa. El gobernador misionero Hugo Passalaqua mantiene su reclamo al Consejo Federal del Trabajo pese al apoyo de sus senadores.

Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Gabriela Origlia.