Probablemente en el Gobierno nadie quiera aclarar, ni ahora ni en el futuro, de dónde vino la redacción final del artículo 44 tal como se presentó y votó en el Senado, y que trataba igual a empleados con tobillos torcidos o con cáncer terminal. Y prefieran que la discusión se enrede y empantane con acusaciones cruzadas entre legisladores, ministros y reparticiones de segunda línea del Ejecutivo. Lo que hace pensar que vino del vértice del poder, y fue fruto de uno de esos arranques de improvisación y radicalización a que es tan afecto nuestro Presidente.

Leé también: ¿Cual es tu posición frente al paro de la CGT?

Lo más curioso del episodio, de todos modos, no fue tanto ese manejo torpe y desprolijo, en un asunto que exigía ser lo menos desprolijo e improvisado que fuera posible, como que el artículo pasara por el Senado sin que ningún opositor se detuviera a leerlo: lapidaria confirmación de que la enorme mayoría de quienes se oponen a la reforma no la conocen en detalle y ninguno de ellos se detuvo a estudiar su redacción con detenimiento.

Lo confirma el hecho de que el escándalo respecto al contenido del artículo sobre las licencias médicas estallara a raíz de que quien sí lo leyó con cuidado fue una senadora del PRO, que apoyaba la reforma en general pero se negó a votar ese artículo en particular, desatando una discusión entre los aliados del Gobierno que dejó a la vista que sobre este punto el oficialismo no tenía la menor idea de qué estaba proponiendo, ni qué pretendía combatir: si los certificados truchos con que se justifican muchas licencias en la actividad privada, y muchísimas más en el sector público, o el derecho adquirido de un empleado frente a su patrón cuando enfrenta un problema de salud más o menos serio e imprevisto.

Leé también: Nuevo aumento del salario mínimo: así queda el básico y la hora hasta agosto 2026

Es cierto que en muchos países los empleados en esa situación no cobran el 100% de su salario, o lo cobran pero solo durante un tiempo acotado, y según cuán grave sea la enfermedad en cuestión. Pero todo eso quedó en segundo plano cuando el único funcionario oficial que salió a defender el famoso artículo fue Federico Sturzenegger, y no pudo diferenciar entre una torcedura de tobillo y un cáncer.

Como sea, resultó evidente que en este punto había fallado la unidad de comando con que el Gobierno quiso prevenirse contra las improvisaciones y los errores no forzados, para desarrollar una estrategia que asegurara la más amplia reforma en el menor tiempo posible. Se perdió por lo menos una semana, sino más, y se abrió la puerta para más disidencias, más presiones de los aliados y dubitativos, más concesiones y costos asociados. Y todo porque a alguien, en el vértice del poder, probablemente el propio Presidente, o con el aval del presidente, decidió actuar contra las propias necesidades e intereses, e improvisar.

Y sin embargo, los costos políticos que el oficialismo pague puede que terminen siendo no tan graves. Porque enseguida fue en su ayuda el “frente de la resistencia”. El kirchnerismo y la izquierda terminaron por convencer a la CGT de hacer un paro general, que dio un nuevo marco de polarización a la discusión del proyecto en Diputados. Y le agregaron además una marcha, piquetes y cortes de ruta varios, con las consecuentes escenas de violencia que el Gobierno se aseguró acompañaran esos episodios.

Como si hiciera falta, salió además Alberto Fernández a aclarar los tantos sobre el uso político de estas medidas de fuerza extremas: “A mí no me hicieron ni un solo paro general” recordó. Y es estrictamente cierto. A Milei ya le hicieron 4, camino a superar a Macri, que sufrió 5 en todo su mandato. Aunque seguirá muy lejos de De la Rúa, que soportó 8 en apenas dos años, y de Alfonsín, que tiene un récord imbatible de 13, en plena transición y con los militares conspirando todo el tiempo en su contra. Y que con el paso del tiempo se ha vuelto toda una distinción a su favor.

Con esos antecedentes, ¿podía Milei esperar un regalo mejor para terminar de polarizar la escena y convencer a radicales, macristas, peronistas moderados y cuanto gobernador ande dudando entre los extremos en pugna, de que les convenía que la ley se aprobara, y se acotara así la capacidad sindical de parar el país y forzar a los gobernantes de turno, y al resto de los actores sociales y políticos, a hocicar y ceder ante sus exigencias?

Para no hablar de los ánimos al respecto predominantes en la opinión pública. Que están bien reflejados en las encuestas: el sindicalismo sigue batiendo récords de rechazo. Superando incluso marcas altísimas de otros períodos de tensión entre mayorías reformistas y modernizadoras vs la corporación gremial (y empresaria, y política, que se benefician, igual que la primera, de un statu quo en que la mayoría de los trabajadores se empobrece progresivamente). Y también se expresan esos ánimos en los esfuerzos que hizo mucha gente, la que tuvo alguna chance de sortear todos los escollos puestos por esas corporaciones, para ir a trabajar.

¿Cabe alguna duda de que si no hubiera sido por el paro de transporte, la medida dispuesta por la CGT habría resultado en un resonante fracaso? ¿No confirma acaso este hecho la necesidad de cambiar algunas reglas importantes en nuestra convivencia y el sistema gremial, en la línea de lo que propone la ley de reforma laboral? Para asegurar, entre otras cosas, la prestación de un cierto porcentaje de servicios esenciales, para que el control sindical de los mismos no se vuelva un arma extorsiva imbatible en manos de organizaciones muy pequeñas y monopólicas, contra los intereses de la amplia mayoría?

Paro, Javier Milei

En una sesión caliente en Diputados donde se discute el proyecto de ley de la reforma laboral,pic.twitter.com/mXF1E2KCTS,February 19, 2026,@TereGarciaOK,@florcarignanook,pic.twitter.com/kxK6qlwAOt,February 19, 2026,Reforma laboral,Unión por la Patria,Congreso Nacional,,Conforme a,Reforma laboral,,»¿Estás loca?». El momento en que la diputada Carignano desenchufa micrófonos para interrumpir la sesión,,¿Estás loca?». El momento en que la diputada Carignano desenchufa micrófonos para interrumpir la sesión,,Uno por uno. El mapa de gobernadores que ayudaron al Gobierno para avanzar con la reforma laboral

Un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y de Presupuesto y Hacienda del Senado dictaminó esta tarde el proyecto que impone el nuevo Régimen Penal Juvenil, que tiene entre sus puntos principales la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

La iniciativa en cuestión ya fue aprobada por Diputados la semana pasada y el oficialismo pretende sancionar la ley el jueves de la semana próxima, en una sesión extraordinaria aún no convocada de manera oficial en la Cámara alta.

Al comienzo del plenario, el libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja) dejó la presidencia de Justicia por haber tomado el control de la de Acuerdos. Como el reglamento no permite comandar dos al mismo tiempo, se votó a su colega Gonzalo Guzmán Coraita (Salta). La de Presupuesto continúa, por ahora, en manos del jujeño Ezequiel Atauche.

El nuevo Régimen Penal Juvenil también establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Además, prevé una serie de penas alternativas para infracciones con condenas menores a los 10 años de cárcel, como la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la desactivación para conducir vehículos.

Por otra parte, se pondrá énfasis en la creación de institutos especiales para que los menores condenados tengan garantizado el derecho a ser educados, recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención deberá estar especializado en infancia y adolescencia. A su vez, quedará prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.

Con la iniciativa también se habilitará la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.

Otro de los ejes centrales del proyecto es el reconocimiento expreso de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. La ley garantiza su derecho a ser informadas, escuchadas, a contar con patrocinio jurídico, recibir asistencia psicológica y a participar en las instancias relevantes del proceso, incluidos mecanismos restaurativos cuando amerite.

Ya como titular de la comisión de Justicia, Guzmán Coraita destacó que la vigencia de este tema data de 1980 -última dictadura militar-, con “diversos intentos legislativos” para conseguir “una ley que una ley que respete estándares constitucionales”. Fue un mensaje escueto y leído, algo siempre criticado en el Senado que ya es habitual con el correr de los últimos años.

Por su parte, la cristinista Juliana di Tullio (Buenos Aires) criticó a la jefa de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich (Capital Federal), por haberle dicho ayer que no iban a haber invitados al plenario. Por supuesto que no objetó que familiares de víctimas lo hicieran durante la jornada de hoy. En tanto, Guzmán quiso amortiguar la penosa situación bajo el argumento de que se decidió “a último momento”.

Los testimonios oídos en el plenario fueron espeluznantes. El primero fue el de Laura Fernández, madre de Lara -17 años-, asesinada el 1 de enero de 2022 en Parque Barón, partido de Lomas de Zamora. “No me dieron la posibilidad de despedirme, de donar sus órganos”, manifestó.

Seguido a ello, detalló que el criminal, de 15 años, “se escapó del instituto de menores dos veces, y con 16 años tuvo un juicio abreviado, le dieron cinco años y, en 2029, esta persona va a estar en libertad”. Y añadió: “Se podría haber evitado todo esto. Sabemos que no es retroactiva -en referencia a la ley- para nosotros, pero queremos evitar que otros pasen por lo que estamos pasando. No tenemos cumpleaños, Navidades, Año Nuevo. Nos arruinaron la vida”.

En tanto, Nicolás Sabo, hijo del quiosquero Roberto Sabo -acribillado a sangre fría en noviembre de 2021-, aseveró que “un niño que agarra un arma deja de ser un niño”. Coincidió luego Karina Albarenga, progenitora de Lautaro Padín, quien murió tras un ataque en manada a la salida de una fiesta. Minutos antes de las 16, oficialismo y dialoguistas juntaron las firmas necesarias en ambas comisiones y se consiguió un dictamen de mayoría.