POLITICA
Basural de Luján: nuevas pericias confirmaron una alta contaminación en tierra, agua y aire
Una reciente pericia judicial agregada a la causa penal que instruye el juez federal Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto confirmó niveles críticos de contaminación producidos por el basural a cielo abierto de Luján. Los estudios detectaron sustancias tóxicas en agua, suelo y aire, incluyendo amonio, benceno y cobre. Los niveles hallados superan los límites legales, y representan riesgos graves para la salud como leucemia, daño neurológico y enfermedades respiratorias. Los contaminantes encontrados están clasificados como residuos peligrosos bajo la Ley 24.051. Según las conclusiones de los químicos volcados en el expediente, “su persistencia en el ambiente podría extenderse por décadas”.
Los estudios periciales no hacen más que confirmar y complementar los análisis que fueron incorporados a la causa Nº FSM 9100/2011/CMF1, y que representa un grave riesgo tanto para la salud humana como para el medioambiente.
Por estos hechos, el fiscal de la causa Carlos Alberto Stagnaro solicitó tres veces la declaración indagatoria del intendente de Luján, Leandro Boto, y a varios de sus funcionarios (el 24 de mayo de 2024, el 8 de junio de 2024 y el 25 de octubre 2024), pero el magistrado rechazó cada uno de esos pedidos y tomó a su cargo la investigación que estaba delegada en la fiscalía.
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De acuerdo con el informe, las muestras recolectadas el 7 de julio de 2023 por el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA) y analizadas en el Laboratorio de Estudios Ambientales de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional San Nicolás, revelaron niveles elevados de sustancias tóxicas.
En el expediente, al que accedió Infobae, consta la declaración testimonial del entonces jefe de Delitos Ambientales de la PFA, comisario inspector Alberto Raúl Candia quien declaró que la Municipalidad de Luján “no controla el volcado de residuos tóxicos”. En la segunda foja de su exposición, el oficial aseguró que en el Basural a Cielo Abierto de Luján se vuelcan sistemáticamente y de manera ilegal residuos peligrosos y opinó que esto sucede porque “no hay control de ningún tipo de nada, como ser el ingreso de camiones, etc”.
El último informe químico incorporado al expediente revela que en el agua, se encontraron concentraciones de amonio, manganeso, cinc, flúor y nitrito que superan los parámetros establecidos para la protección de la vida acuática y el consumo humano.
En el suelo, se detectaron benceno, cobre y etilbenceno en cantidades que exceden los valores aceptables para usos agrícolas y residenciales.
En el aire, se identificaron hidrocarburos aromáticos policíclicos y material particulado denominados en el expediente como “PM10″ por encima de los niveles de referencia. Se trata de partículas sólidas o líquidas muy pequeñas suspendidas en el aire, con un diámetro aerodinámico menor a 10 micrómetros (unas 7 veces más pequeñas que un cabello humano). Estos elementos pueden incluir: polvo, cenizas, hollín, fragmentos de metales y gotas de líquidos contaminantes. Al ser tan pequeñas, las PM10 pueden ingresarse profundamente en los pulmones al respirar, afectando el sistema respiratorio. Están asociadas a enfermedades como bronquitis crónica, asma, y agravamiento de enfermedades cardíacas. En exposición prolongada o a niveles elevados, aumentan el riesgo de cáncer de pulmón y enfermedades cardiovasculares.
Estas sustancias son producidas por procesos industriales como de vehículos, quema de basura, emisión de polvos, como en este caso en basurales a cielo abierto de Luján.
El informe también clasificó los residuos hallados como peligrosos debido a sus características de toxicidad, inflamabilidad y reactividad. Entre los contaminantes detectados se incluyen metales pesados como cobre, cromo, cadmio y plomo, además de plaguicidas prohibidos como aldrín, lindano y DDT, y solventes orgánicos.
Según los peritos, la exposición prolongada a estas sustancias podría causar daños hepáticos, renales y neurológicos, así como enfermedades respiratorias y un mayor riesgo de cáncer. Además, algunos de estos compuestos poseen una alta persistencia ambiental, lo que podría agravar su impacto a largo plazo.
La investigación, ordenada por el Juzgado Federal de Mercedes, tuvo como objetivo determinar si el basural operaba en infracción a las normativas ambientales vigentes y evaluar el impacto de los residuos en la salud y el ecosistema. Las denuncia iniciales fueron presentadas, de manera separada, por los vecinos Daniel Vicente Curci Castro, Viviana Novelle y tomadas como propias por el fiscal Ramiro González. Allí se alerta sobre posibles irregularidades en la disposición de desechos en el lugar. Sin embargo, y a pesar de los primeros resultados, el magistrado no tomó medidas contundentes para evitar que se siga contaminando.
El informe clasificó los residuos hallados como residuos peligrosos, debido a características de toxicidad, inflamabilidad y reactividad, entre otras. Los contaminantes detectados incluyen metales pesados como cobre, cromo, cadmio y plomo, además de plaguicidas prohibidos y solventes orgánicos.
Respecto a los riesgos, los peritos advirtieron que la exposición crónica a las sustancias identificadas podría provocar daños hepáticos, renales y neurológicos, además de afectar el sistema hematológico y aumentar el riesgo de desarrollar cáncer. También señalaron que varios de los contaminantes poseen una alta persistencia ambiental, lo que podría agravar su impacto en el mediano y largo plazo.
El caso podría tener repercusiones legales de gran alcance, ya que el basural se encuentra operando en condiciones que contravienen regulaciones ambientales vigentes, y la constatación de contaminación pone en riesgo tanto el ecosistema local como la salud de la población de Luján y áreas circundantes.
El proceso de investigación
La investigación se basó en el análisis de ocho muestras recolectadas el 7 de julio de 2023 por personal del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA), bajo la supervisión del comisario inspector Alberto Candia. El material examinado incluyó tres muestras de suelo, cuatro de agua y una de aire, representativas de diferentes sectores del basural.
Los protocolos de análisis emplearon referencias de calidad establecidas en la legislación vigente. Para el agua, se utilizaron como referencia las tablas de niveles guía destinadas a la protección de la vida acuática y fuentes de agua para consumo humano. Para el suelo, se consideraron niveles aptos para uso agrícola, residencial e industrial, mientras que para el aire se aplicaron los límites estipulados en el Decreto Reglamentario 831/93 y 1074/18 de la Ley 24.051.
Los resultados evidenciaron que en varias muestras se superaron los valores máximos permitidos para distintas sustancias, especialmente en las matrices líquidas y sólidas. En el caso del aire, aunque se detectaron contaminantes como hidrocarburos aromáticos policíclicos, no se midieron metales como mercurio ni gases como el cloruro de hidrógeno.
Uno de los casos más sensibles y graves fue destacado en su resolución por el fiscal federal Carlos Alberto Stagnaro, Fiscal Federal de Mercedes. En el expediente 9100/2021, caratulada: “Municipalidad de Lujan s/ Infracción ley 24051 (de residuos peligrosos)” le advierte al alcalde camporista Leonardo Boto que el Basural a Cielo Abierto en el cual la intendencia vuelca los residuos urbanos “no cumple con ninguna condición técnica de instalación y de gestión para que se considere un relleno sanitario … se encontraron numerosas pruebas materiales que evidencian que actualmente se vuelcan sistemáticamente de manera ilegal residuos peligrosos, categorizados como tal por la Ley 24051 … también se pudo constatar la quema permanente de residuos … el BCA con las condiciones observadas sería un foco de contaminación ambiental que podría generar riesgo sanitario a la población en general y en particular las personas de bajo recursos que habitualmente recolectan materiales».
En el mismo escrito, la fiscalía reveló que la “muestra 4″ extraída “del grifo de la Escuela Rural nº 3″ reveló que “los valores de Amonio y Nitratos hallados por encima de valor guía de la normativa vigente, podrían ser indicios de contaminación microbiológica».
El mismo fiscal, y por las irregularidades detectadas, solicitó en tres oportunidades al intendente Boto: “La totalidad de la prueba obrante en el presente expediente, como ya lo manifesté oportunamente, se encuentra debidamente acreditado con el grado de sospecha suficiente, que la Municipalidad de Lujan y la Dirección de Residuos Urbanos volcaban residuos de todo tipo, efluentes líquidos sin tratamiento alguno, residuos tóxicos peligrosos, como así también la quema de los residuos, lo que provoca una gran contaminación en el lugar“. Hasta ahora el magistrado denegó cada solicitud de indagatoria.
Ante la negativa del juez federal de Mercedes, el fiscal insistió en su reclamo de esta manera: “Valorados en forma armónica e integrada, la totalidad de los elementos de prueba obrante en la presente, de conformidad a las reglas de la sana crítica racional, permiten tener por acreditado el hecho ocurrido en el predio del ‘basural de Lujan’, desde el inicio de la presente, es decir que, desde el día 29 de junio del año 2021, fecha en que se realizó la primera de las cinco denuncias analizadas en autos, se arrojaron residuos patológicos, patogénicos y de todo tipo, sin los controles correspondientes, en el predio sito en la localidad de Lujan (B), denominado ” basural de Lujan”, asimismo se determinó la presencia de focos ígneos o incendios de residuos en el lugar sin ningún tipo de control, o prevención por parte de las autoridades responsables, provocando ello la contaminación ambiental del agua, tierra y aire, provocando un grave y serio peligro a la comunidad, situación esta que perdura hasta la actualidad».
El impacto potencial de esta contaminación es significativo. Además, la persistencia de algunos contaminantes en el ambiente podría extender su efecto durante décadas, dificultando su remediación.
El informe también subrayó la necesidad de realizar estudios más exhaustivos para evaluar el alcance total de la contaminación y su impacto en la población local. Aunque las técnicas analíticas utilizadas cumplieron con los estándares establecidos, los expertos recomendaron incluir en futuros análisis la medición de sustancias como dioxinas y otros contaminantes orgánicos persistentes, que suelen estar presentes en rellenos de residuos peligrosos.
El basural de Luján, que opera como el vertedero a cielo abierto más grande del país, representa un desafío ambiental y sanitario para la región. La contaminación detectada no solo pone en riesgo la salud de los habitantes de Luján y sus alrededores, sino que también amenaza la biodiversidad y los recursos naturales de la zona.
La persistencia de los contaminantes en el ambiente y la falta de medidas adecuadas para su manejo agravan la situación, subrayando la necesidad de una intervención urgente por parte de las autoridades competentes.
Como informó de manera exclusiva este medio, ya en junio de 2023 la justicia encontró residuos peligrosos en el vertedero a cielo abierto de Luján y le ordenó al intendente de La Cámpora Leonardo Boto que extreme “todas las medidas y recaudos necesarios relativos a la disposición final de residuos sólidos urbanos en el basural” que depende de la Municipalidad “controlando y almacenando debidamente los mismos, impidiéndose el ingreso y alojamiento indiscriminado de dicha clase de residuos patológicos en el predio, para evitar daños a la salud de las personas y el ambiente en general”.
Sin embargo, las prórrogas concedidas por el mismo magistrado posibilitaron que los camiones con residuos siguen ingresando al lugar.
Lo que ya se había detectado demostraba, no solo, que el vertedero es un foco infeccioso y de contaminación -como se denuncia en la causa penal que investiga el juez federal Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto-; sino el riesgo que corren las familias que viven del basural. Personas que sin ninguna protección y en absoluta vulnerabilidad separan metales, cartones, vidrios y otros elementos para ser vendidos a los “galponeros”.
Para el fiscal de la causa en el expediente está “fehaciente acreditada la participación de los funcionarios imputados, -entre ellos el intendente- de los aquí imputados y también, con respecto a la participación de los acusados en el ilícito penal, está acreditado que los sindicados, por las funciones que asumieron en función a sus cargos, conocían de la problemática ambiental, provocada por la falta de tratamientos de residuos sólidos urbanos, y del debido control de ingreso y disposición final de residuos dentro del predio a cargo del municipio de Luján, a la actualidad, no han adoptado medida alguna al respecto, a fin de evitar o al menos disminuir la contaminación generada en el basural a cielo abierto de esa localidad, quedando más que evidenciada la clara responsabilidad que les cupo a cada uno de ellos, ya sea por acción u omisión, y/o ignorar la reglamentación tanto local como federal que rige esta problemática ambiental».
El gobierno porteño de Jorge Macri abrió el retiro voluntario para personal de planta permanente, como parte de un plan de reforma del Estado porteño.
Con esto, aspira a reducir la plantilla de profesionales y migrar al empleado público hacia perfiles tecnológicos. Estará vigente hasta el 31 de mayo, según fuentes del gobierno de la ciudad.
Desde 2024, Macri cortó más de 10.000 contratos de asesores y cargos políticos.
La medida conocida el jueves se cristaliza en un decreto firmado por Macri, por el ministro de Hacienda, Gustavo Arengo, y el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny. Se habilita la creación del Régimen de Retiro Voluntario, que dispondrá del pago de una compensación no remunerativa que se determinará en base al sueldo neto, mensual, normal y habitual del trabajador al tiempo de su baja.
De acuerdo al decreto, podrán acceder al plan empleados de la Carrera de Administración Pública del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Solo se aceptarán a quienes tengan 45 años de edad o más, tengan un mínimo de cinco años de antigüedad y hayan sido planta permanente durante al menos un año.
El pago se hará “en cuotas mensuales y consecutivas” durante un plazo máximo “de hasta cuarenta y ocho meses”. En línea con la reforma laboral que promovió el gobierno de Javier Milei, en el cálculo se excluirán el Sueldo Anual Complementario, o aguinaldo, así como “todo concepto de frecuencia de pago no mensual”.
El gobierno local se reserva la posibilidad de rechazar la solicitud “cuando existan razones de servicio, causales de naturaleza disciplinaria u otras que hagan aconsejable adoptar tal temperamento”.
Tampoco podrán adherirse al programa “trabajadores y trabajadoras que, al 31 de diciembre del 2026, cuenten con sesenta y cinco (65) años de edad o más y cumplan con los requisitos necesarios para obtener el beneficio jubilatorio”. Y quedan excluidos quienes cuenten con un sumario administrativo por causales que pudieran ameritar una sanción expulsiva, hubiera iniciado reclamos o demandas judiciales al gobierno porteño.
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POLITICA
Tenso cruce en el Senado entre LLA y el peronismo por el reglamento: «Si respetaran las normas, no tendrían a CFK con tobillera»
El Senado debate este viernes la nueva reforma laboral y la modificación del Régimen Penal Juvenil. Apenas iniciada la sesión, el kirchnerismo cuestionó a La Libertad Avanza (LLA) por leer los discursos.
La senadora opositora Juliana Di Tullio tomó la palabra y le pidió a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que “haga cumplir el reglamento” y le prohíba a los miembros del bloque oficialista leer sus exposiciones.
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Con un ejemplar del reglamento del Senado y otro de la Constitución Nacional en alto, Di Tullio dijo: “Lo que quiero es decirle que hay prohibiciones y entre ellas está la lectura. No se puede leer porque alguien tiene que estudiar las leyes complejas que Ejecutivo envía y si no tienen a nadie que las estudié y las lea, es una vergüenza”.
“Alguno debe tener la capacidad de estudiar el tema. Debe haber leído el 98% de lo que dijo”, agregó la senadora en referencia al senador salteño, Gonzalo Guzmán Coraita.
Rápidamente, la senadora María Emilia Orozco respondió a Di Tullio con una chicana en referencia a Cristina Kirchner: “Si ustedes fueran tan reglamentaristas y lo respetaran así como lo exigen, tanto el reglamento como la Constitución…Si respetaran las normativas, no tendrían a su máxima referente condenada con una tobillera. Así que empecemos por casa”.
Tras el comentario de Orozco, Di Tullio acusó a Villarruel de violar el reglamento al darle la palabra a otros senadores para hacer “un tema libre” de su reclamo. “La verdad, sigan haciendo lo que quieran con el reglamento. A usted le da lo mismo, presidenta. Pueden hacer lo que quieren porque usted los habilita”, remarcó la senadora del peronismo.
Los debates
La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad genera fuertes cruces en el Congreso y en la opinión pública. El proyecto busca modificar el régimen penal juvenil y establecer que los mayores de 14 años puedan ser juzgados por delitos graves.
Desde el oficialismo y sectores aliados, insisten en que la medida es necesaria para combatir la inseguridad y dar respuesta a las víctimas. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y parte de la oposición rechazan la iniciativa, argumentando que no resuelve el problema de fondo y puede vulnerar derechos de los adolescentes.
En la previa a la sesión, Patricia Bullrich salió al cruce y dejó en claro su postura sobre la iniciativa.
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“Hoy votamos la Ley Penal Juvenil y la baja de la edad de imputabilidad. Quienes voten en contra tendrán que hacerse cargo. Porque cuando se elige la impunidad, también se elige abandonar a las víctimas”, lanzó la senadora, en un mensaje directo a sus colegas y a la sociedad.
Bullrich remarcó que “la edad no puede ser una excusa para delinquir” y advirtió: “Sin consecuencias no hay justicia”.
Senado, Juliana Di Tullio, Victoria Villarruel
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, reclamó anular su citación a prestar declaración indagatoria como sospechoso de evasión fiscal ante el juez en lo penal económico Diego Amarante, que estaba prevista para el 5 de marzo.
Amarante había citado a Tapia, al tesorero Pablo Toviggino, y a los dirigentes Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo, en una causa por evasión pues la ARCA les reclama 19.000 millones de pesos en aportes patronales e impuestos.
Tapia presentó hoy un escrito en el juzgado con el patrocinio de su abogado Lucio Simonetti. En su presentación, el titular de la AFA sostuvo que la citación a declarar “vulnera gravemente las garantías constitucionales del debido proceso y el derecho de defensa en juicio”.
El abogado dijo que declarar sin que se resuelva una apelación pendiente podría anular todo el proceso, pues aún resta que la Cámara en lo Penal Económico (Sala A) resuelva si corresponde desestimar la denuncia por inexistencia de delito.
Tapia planteó una “excepción de falta de acción por atipicidad manifiesta”, argumentando que el hecho investigado no constituye un delito, lo que el juez rechazó y fue apelado en Cámara.
“Avanzar con la indagatoria en este contexto es un error procedimental grave”, dijo la defensa, y agregó que “la convocatoria cuestionada importa la consolidación formal del ejercicio de la acción penal contra mis defendidos mientras se encuentra sub judice la propia habilitación jurídica de dicha acción”.
Insistió en que la citación no es un mero trámite ni una recolección de pruebas y dijo que está en duda si la acción penal es lícita. “Forzar este paso procesal anticipado afecta el orden del expediente procesal”, argumentó Tapia, a través de su defensor.
El abogado del dirigente advirtió que “si el tribunal de alzada revocara la resolución impugnada y admitiera la excepción articulada, la indagatoria y las decisiones que de ella pudieran derivarse quedarían privadas de sustento jurídico”.
Tapia se quejó de que la indagatoria fue solicitada solo por ARCA y no el fiscal. Para la defensa, permitirle a la querella impulsar un acto que formaliza la imputación, en un escenario donde el fiscal no lo promovió y la acción penal en sí misma está bajo revisión de la Cámara, “implicaría desnaturalizar el diseño legal” del Código Procesal Penal y rompería el equilibrio entre las partes. Por eso pidió declarar la nulidad de la citación a indagatoria.
Amarante ya resolvió en esta causa aplazar la indagatoria de Toviggino para el 13 de marzo porque designó a Marcelo Rocchetti como su nuevo abogado. La AFA decidió llamar a un paro del fútbol la fecha que correspondía con la citación original a indagatoria del 5 y 6 de marzo.
Asimismo Tapia, y los demás dirigentes citados apelaron la prohibición de salida del país que les impuso Amarante, y el tema será resuelto por la Cámara de Apelaciones. Ya el juez permitió a Tapia viajar a Brasil y a Colombia a cambio de pagar una caución de 5 millones de pesos.
El juez además rechazó un planteo de Pablo Toviggino para realizar la declaración indagatoria mediante una videoconferencia, sin asistir en persona al juzgado de Retiro.
En la causa penal se investiga la supuesta falta de ingreso de retenciones impositivas y de la seguridad social que debían pagarse a ARCA, querellante en el caso, por $19.353.546.843,85 y que, según la denuncia, fueron descontadas pero no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
Toviggino, en tanto, pidió postergar su indagatoria para el 11 de marzo en lugar del 5 del mismo mes.
el juez en lo penal económico Diego Amarante,Hernán Cappiello,AFA,Claudio Chiqui Tapia,Conforme a,,Del Grupo Sushi al Colón. Darío Lopérfido y la política, un recorrido que lo llevó a la cima del poder y a la polémica por los desaparecidos,,Sorpresivo reencuentro. Pichetto visitó a Cristina Kirchner y hablaron de 2027: “Fue fraternal»,,AFAGate. Apareció otra cuenta de Javier Faroni en EE.UU. que desvió más de US$3 millones a cinco sociedades fantasma,AFA,,Público visitante. Lanús festeja con invitados: el campeón de la Recopa venderá entradas para hinchas de Boca,,»Igualdad ante la Ley». El Colegio de Abogados porteño le contestó al comunicado de Chiqui Tapia,,Las definiciones de Carrió. Un Toviggino “presidenciable”, su “grave error” con Macri y una advertencia por la ley de glaciares
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