POLITICA
Batallas y campaña, otra vez en el Congreso: pruebas para la oposición, los gobernadores y Milei

Un éxito opositor después de algunos fracasos y una necesidad concreta del oficialismo -otra vez con motor económico- repusieron el foco político en el Congreso, tomado además por el clima de campaña. Parecía que al oficialismo le alcanzaba con dormir al Senado y frustrar el quórum en Diputados para evitar contratiempos, en base al tejido con socios legislativos y tratativas de ocasión con gobernadores. Duró poco. La oposición logró avanzar con el tema de los jubilados, los jefes provinciales repusieron reclamos -con expresiones inquietantes para Olivos también en la Cámara baja– y el Gobierno advirtió que responderá con un nuevo veto, algo que para blindarlo demandaría un piso sólido de acuerdos, al igual que el proyecto de los “dólares del colchón”.
El ritmo se aceleró en apenas una semana. En Diputados, la aprobación del proyecto para recomponer las jubilaciones condensó en el tablero intereses cruzados y carencia de sistemas estables de acuerdos, en buena medida por la concepción del oficialismo y por la enorme fragmentación del resto de los espacios políticos. La campaña agrega su condimento pero, más de fondo, ese cuadro precario también se extiende a la relación del Gobierno con los jefes provinciales, que por primera vez y aún con diferencias enormes emitieron un mensaje conjunto de demanda al poder central.
En la superficie, el discurso del oficialismo volvió a girar en torno de descalificaciones como “degenerados fiscales” para responder a la decisión mayoritaria de los diputados, que en lo inmediato traslada la disputa al Senado y, en caso de sanción del texto, volvería a generar un pico de tensión legislativa frente al recurso del veto. Ese desenlace demandaría un esfuerzo de los operadores del Gobierno para asegurar el número que impida desairar la respuesta presidencial. Eso mismo, supondría una lectura más atenta de lo que acaba de ocurrir en Diputados. Es crucial y repone a la vez la atención sobre los jefes provinciales.
El oficialismo venía resistiendo con éxito los intentos de una franja de la oposición para sesionar y tratar una agenda propia: jubilaciones y emergencia del sistema nacional de discapacidad, en primera línea. También había logrado frenar el funcionamiento de la comisión investigadora del criptogate, que quedó en terreno fangoso. Podía ocurrir y sucedió que los promotores de tales iniciativas lograran asegurar presencia sin bajas en sus propias filas y sumar el resto mínimo para abrir la sesión con aportes inorgánicos de otros espacios.
Y ese fue precisamente el camino, con sorpresas: los aportes de legisladores alineados sin vueltas con sus gobernadores -peronistas, provinciales- que por lo general juegan fuerte, y de manera abierta, para LLA. Algunos hicieron el aporte al quórum y otros votaron a favor. Se destacaron representantes del peronismo cordobés, del PJ de Catamarca y Tucumán, de expresiones provinciales como Santa Cruz o Salta.
No fue lo único que dejó la semana. Resultó clara además la presión de las provincias -en reclamo de negociaciones- desde un ámbito que suele inquietar al Ejecutivo en todos los tiempos: el CFI. Las citas masivas en el Consejo Federal de Inversiones no son frecuentes y demandan un tejido de conversaciones previas para asegurar algún resultado más o menos práctico, al menos como señal. Algo así como un denominador común entre jefes provinciales de diverso origen y de diferente juego nacional. Un mensajesuficiente para que cada uno negocie después por su cuenta pero no en soledad como mensaje a la Casa Rosada.

Es eso lo que puso en escena el pleno de jefes locales, con apenas una ausencia, la del representante de Corrientes, que no fue interpretada como desaire. El planteo fue formalmente lavado, pero lo suficientemente trabajado y difundido, antes y después del encuentro, desde las cercanías de gobernadores dialoguistas y duros. Se movieron como reacción a la caída del flujo de fondos automáticos, es decir, por coparticipación federal, además de la parálisis de la obra pública nacional. No es nuevo el reclamo, pero adquiere otra dimensión en el año político/electoral.
Las provincias se mueven con cuidado, incluso las de mayor tensión con Olivos. Por lo pronto, la mayoría no le dio la espalda a la convocatoria inicial de Guillermo Francos y Luis Caputo para solicitarles adhesión al “plan dólares del colchón”. Van sumándose de a poco, por ahora sin foto conjunta. El Gobierno anotaba hasta el viernes catorce firmas. Restan algunas de las provincias de fuerte peso y distinto color político, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza. Es un proceso que, de hecho, debería ir de la mano con el proyecto finalmente enviado al Congreso para modificar legislación tributaria.
El corazón del texto está constituido por la significativa suba de la cifra a partir de la cual algún movimiento puede ser puesto en la mira como evasión, y la baja también notoria de los años para la prescripción. Por supuesto, podría haber polémica legislativa sobre riesgos de lavado de dólares provenientes del delito y no de ahorro no declarado. Menos conflictivo asomaría el régimen simplificado de Ganancias.
El repaso del tablero político en la perspectiva de este proyecto incluye pero trasciende a los jefes provinciales. La votación de esta semana en Diputados también expuso señales inquietantes por las fisuras en el bloque radical y las posiciones diferenciadas en el PRO, estribación directa de la elección porteña. Hubo, en esos casos, abstenciones y algunos apoyos explícitos al proyecto. Es un dato nada desdeñable si lo que viene es el veto presidencial.
Son temas diferentes y el impacto del desenlace en cada caso puede superar la lectura local. El oficialismo, naturalmente y como lo anticipa frente al avance de la iniciativa sobre jubilaciones, define el desafío legislativo como un intento de quiebre de sus logros económicos. Las reacciones de parte del arco no mileista muestran diferencias en capítulos anteriores.
La consideración acerca de un posible daño al sustento político del Gobierno fue decisiva en diferentes bloques para avalar, aún con críticas, el decreto que habilitó el cierre del acuerdo con el FMI. Eso fue el 19 de marzo. Un par de semanas después, el oficialismo cosechaba el revés a su propuesta para ocupar las vacantes de la Corte Suprema. No todo pesa del mismo modo, no es indistinta la voluntad de acuerdo o la señal de cerrazón política. Arrancan días de nuevas pruebas para las movidas opositoras y para las necesidades oficialistas.
POLITICA
El Gobierno prepara la documentación para responderle a la Justicia por el viaje de Adorni a Punta del Este

El Gobierno avanza en la recolección de documentación para responder a los requerimientos judiciales por el viaje de Manuel Adorni a Punta del Este. En el Ejecutivo aseguran que remitirán todo lo que solicitó el juzgado de Ariel Lijo y sostienen que ya se ordenó reunir registros fílmicos, constancias administrativas y papeles vinculados con el traslado del jefe de gabinete y su familia, mientras la causa suma medidas para reconstruir quién pagó los vuelos y bajo qué condiciones se hizo el viaje.
Entre el material que preparan organismos del Estado, figuran las cámaras de la PSA y de otras áreas del aeropuerto, oficios con pedidos a la Secretaría General de la Presidencia, planes de vuelo requeridos a la ANAC, informes sobre movimientos y facturación, ingresos y egresos de hangares, y presentaciones vinculadas con la UIF. Fuentes al tanto del expediente aseguran que luego seguirán las declaraciones testimoniales.
En la Casa Rosada admiten dificultades para contener la escalada de tensiones y las atribuyen a la interna oficialista, en una lógica que argumentan que se replica en el caso Libra. Mientras un sector de Balcarce 50 empuja una estrategia de confrontación con el kirchnerismo y busca correr el eje hacia las causas judiciales de Cristina Kirchner, otro espacio interno se inclina por esperar a que “baje la espuma”.
En el entorno del jefe de Estado reconocen que Adorni sigue firme en su cargo, aunque lo describen “golpeado” y le reprochan haber salido a dar explicaciones sin una estrategia consolidada. “Todo estuvo mal manejado”, sintetizan en despachos oficiales.
En el plano judicial, la causa ya avanzó sobre medidas concretas. Lijo dispuso levantar el secreto fiscal de Imhouse y de Agustín Issin Hansen, además de pedir información bancaria para reconstruir la trazabilidad del dinero que financió el viaje.
Según la documentación incorporada al expediente, el vuelo de ida fue facturado por US$4830, mientras el regreso aparece dentro de un paquete de diez vuelos por US$42.250. También se requirieron informes a ARCA, ANAC, Aduana y a la Secretaría General para determinar si existió algún tipo de autorización, expediente, comisión de servicio, viáticos o respaldo institucional del traslado.
La causa por el vuelo fue impulsada por los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro, mientras que en paralelo tramita otra denuncia promovida por Marcela Pagano, que incorporó cuestionamientos sobre el patrimonio familiar de Adorni y los contratos de la consultora de su esposa. En tribunales no descartan que los expedientes terminen concentrándose bajo una misma órbita.
Leé también: El ministro de Defensa visitará el Pentágono para profundizar la cooperación militar con EE.UU.
En el Gobierno siguen de cerca los avances de la causa y conviven diferentes posturas: mientras que en un sector creen que el caso no va a escalar, en otro espacio interno advierten que puede aparecer más material que profundice los cuestionamientos al jefe de gabinete. En los distintos despachos oficiales unifican esfuerzos en intentar correr el eje y apuntar contra la trabajadora del aeropuerto que aseguran haber identificado como la que filmó al ministro coordinador.
Según pudo saber TN, es empleada de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y no hay ningún sumario ni investigación judicial en contra. Tampoco está previsto por el momento apartarla, más allá de que algunos funcionarios hablan de una denuncia judicial. El Ejecutivo apunta a blindar al ministro coordinador y busca reactivar la agenda legislativa con el envío de un paquete de reformas y el tratamiento de la Ley de Glaciares en Diputados.
Gobierno, Manuel Adorni, interna
POLITICA
Milei: “Dejamos claro dónde nos paramos ahora que EEUU e Israel decidieron ponerle fin al régimen iraní”

El presidente Javier Milei fue el principal orador en el acto por el 34° aniversario por el atentado a la embajada de Israel en la Argentina. Allí el jefe de Estado defendió la alianza estratégica que mantiene su gobierno con las potencias de occidente y destacó: “dejamos claro dónde nos paramos en este momento en el que EEUU e Israel decidieron ponerle fin al régimen iraní”, en alusión a la guerra en medio oriente.
El acto se desarrolló con un fuerte operativo policial y en medio de una tormenta que se posó sobre el área metropolitana de Buenos Aires. Como cada 17 de mazo, se recordó el ataque que destruyó la sede diplomática en 1992. Del acto participaron, además del presidente Javier Milei, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, el canciller Pablo Quirno, el ministro del Interior Diego Santilli, de Justicia Juan Bautista Mahiques, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Jorge Macri, la senadora Patricia Bullrich, entre otros funcionarios. Se dio en medio de las tensiones en Medio Oriente, los ataques entre Irán y Estados Unidos y la búsqueda para tratar de lograr una solución al conflicto en la región.

Bajo la campaña “La primera vez no se olvida” la iniciativa busca renovar el debate sobre la memoria colectiva y la preservación del registro histórico de un episodio que muchas veces fue catalogado como “el atentado olvidado”, según el comunicado.
Habla el presidente Javier Milei en el acto

El presidente Javier Milei abrió con su discurso el acto por el 34° aniversario del atentado a la embajada de Israel. Al inicio de su alocución, el jefe de Estado definió al hecho como un “cobarde ataque del terrorismo iraní”.
Luego valoró la relación entre Argentina e Israel. “Firmamos un memorando estratégico para la defensa de la libertad y la democracia”, resaltó el presidente. “Hoy Argentina es socia de Israel en la lucha contra el terrorismo”, remarcó.
“Lo hacemos porque estamos convencido de que es lo correcto. El respeto a los valores de occidente es la base de todo buen gobierno, que conduce a la mayor prosperidad”, añadió luego.
“Tenemos más que claro que el virus el antisemitismo es extremo opuesto a los principios que defendemos”, dijo más adelante Milei.

“Tanto el atentado a la Embajada como el de la AMIA intentaron cercenar, mediante el terror, la claridad moral de nuestro pueblo. La claridad moral sin la cual se pierden el respeto por la dignidad de la persona, la libertad y el respeto por la vida”, remarcó el presidente Milei.
“Recordamos hoy a las víctimas. Honramos a quienes perdieron la vida en estos atentados y acompañamos a sus familias, que durante más de tres décadas han sostenido con dignidad una búsqueda incansable de justicia. Como presidente de la Nación, quiero reafirmar que la Argentina hace propio ese reclamo y mantiene intacto su compromiso con la verdad”, finalizó Milei.
La conmemoración especial y el sonido de las alarmas

La organización dispuso que la conmemoración realice un sonido de campanas minutos antes de las 15, momento en el que, hace 34 años, explotó la bomba en el edificio de la embajada de Israel en la Ciudad de Buenos Aires.
Mientras aguardan ese momento, los funcionarios de la primera línea del gobierno nacional fueron arribando al lugar. El presidente Javier Milei será el principal invitado del Poder Ejecutivo.
El acto se desarrollará mientras en el Área Metropolitana de Buenos Aires transcurre una tormenta, que cobra mayor intensidad en algunos lugares. En CABA, el cielo se puso negro, hubo precipitaciones intensas y fuertes vientos, lo que llevó a reacomodar las sillas y las ubicaciones previstas para el acto.

Fuerte operativo policial en la Embajada de Israel

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POLITICA
Rogelio Frigerio advirtió sobre “una nueva Botnia”: “La refinería proyectada en Paysandú tiene que relocalizarse”

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, lanzó una advertencia contundente sobre el avance del proyecto de una refinería de combustibles sintéticos en la ciudad uruguaya de Paysandú, frente a la costa entrerriana, y reclamó que la planta “tiene que relocalizarse”.
Frigerio comparó la situación con el conflicto ambiental que generó la instalación de la recordada pastera en Fray Bentos y aseguró que la provincia no permitirá “otra Botnia” en la región. El mandatario provincial remarcó que, a diferencia de lo que sucedió en el pasado, su administración inició gestiones diplomáticas y técnicas desde el primer momento para evitar que la iniciativa prospere en su actual localización.
Durante un discurso pronunciado este lunes en Colón, Frigerio repasó los antecedentes del caso Botnia y subrayó la necesidad de aprender de los errores cometidos hace dos décadas.
“No podemos permitir una nueva Botnia. No, no podemos, después de ese tremendo mal paso que dio la Argentina, repetirlo. Y yo creo que es importante analizar lo que pasó. En el 2002 se confirma la inversión de Botnia, en 2005 arranca la obra y en 2007 se termina. ¿Saben cuándo fue la primera reunión bilateral del gobierno argentino en aquel momento? Del presidente, 11 de marzo del 2005; del gobernador, 29 de marzo del 2005; y del canciller de aquel entonces, 5 de mayo del 2005. Yo ya mantuve tres reuniones. El canciller me acompañó en dos de esas reuniones. No fueron cuando la obra estaba en marcha. O sea, estamos haciéndolas justamente para evitar que esto prospere”, afirmó el gobernador.
Frigerio insistió en que la provincia está a tiempo de actuar y que el trabajo conjunto, tanto a nivel institucional como político, será clave para evitar un nuevo conflicto de larga duración con Uruguay. “Estamos aprendiendo de los errores que cometió la Argentina no hace mucho tiempo. Insisto con eso. Son datos constatables. Nosotros estamos analizando el estudio de impacto ambiental para ir con todas las de la ley para evitar que esto prospere. Ese es el compromiso que yo di. Trabajemos en conjunto, depongamos los intereses berretas de la política y trabajemos codo a codo para lograr el objetivo de preservar la identidad, la cultura y los puestos de trabajo de la región, que es lo único que nos debe interesar a todos los que estamos acá”, planteó.
El mandatario provincial explicó que, a diferencia de la experiencia anterior, la administración entrerriana mantuvo varias reuniones “desde el minuto cero” con autoridades del gobierno uruguayo para dejar clara la posición de Entre Ríos con respecto a la refinería.
En su cuenta de X, Frigerio afirmó: “Mantuve varias reuniones desde el minuto cero con autoridades de Uruguay para dejar clara nuestra posición: la refinería de combustibles sintéticos proyectada en Paysandú tiene que relocalizarse. Logramos que el estudio de impacto ambiental incluya a Colón y vamos a seguir muy de cerca sus conclusiones para definir los próximos pasos”.
El gobernador recalcó que la provincia no dudará en recurrir a instancias internacionales si fuera necesario. “Y si tenemos que ir a La Haya, vamos a La Haya. Si tenemos que ir a la Corte de Derechos Humanos, vamos a la Corte de Derechos Humanos. A todos lados vamos a ir”, advirtió, en referencia a los organismos multilaterales donde, en el pasado, se dirimieron controversias ambientales binacionales.

El proyecto de refinería en Paysandú prevé la instalación de una planta de combustibles sintéticos sobre la margen oriental del río Uruguay, frente a la costa entrerriana. La iniciativa generó preocupación en el gobierno provincial y en organizaciones ambientales, que advierten sobre el impacto potencial en la calidad de las aguas y los ecosistemas compartidos. La experiencia de la pastera Botnia, convertida en símbolo de la resistencia ambiental en la región, marcó un antecedente de movilización social y controversia diplomática que Frigerio busca evitar.
En febrero de este año, la fiscal federal Josefina Minatta presentó una denuncia por presunto daño ambiental contra el proyecto de la planta de hidrógeno verde que la empresa HIF impulsa en Paysandú, Uruguay. En el escrito, advirtió que el emprendimiento podría generar contaminación con impacto en territorio argentino y sostuvo que el Gobierno uruguayo incumplió el Estatuto del Río Uruguay, según consta en una presentación ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay.
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