El empresario Jonathan Kovalivker, presidente de la droguería Suizo Argentina, protagonizó este lunes un movimiento clave en la causa por presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis): el directivo realizó una presentación espontánea en los tribunales de Comodoro Py.

Tras permanecer sin contacto con las autoridades desde el viernes, el empresario Jonathan Kovalivker se presentó este lunes en los tribunales de Comodoro Py y entregó su teléfono. El directivo llegó a la fiscalía de Franco Picardi acompañado de su abogado, Martín Magram. La Justicia lo buscaba desde el jueves con una orden de requisa específica para secuestrar ese dispositivo.

El celular ya está en proceso para su análisis. La Policía de la Ciudad lo retiró este lunes a la tarde de la sede judicial. La tarea de apertura y extracción de datos la realizará la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), una dependencia del Ministerio Público Fiscal. Este organismo ya trabaja en la apertura de otros aparatos secuestrados en la misma causa.

En una medida paralela durante la misma jornada, el juez de la causa, Sebastián Casanello, solicitó el bloqueo de todas las cajas de seguridad vinculadas a los principales investigados. El magistrado envió el pedido de congelamiento al Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La orden afecta a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia de Discapacidad (Andis), y a Daniel Garbellini, otro funcionario del organismo sospechado de recibir sobornos. La medida también alcanza a los empresarios de la droguería Suizo Argentina: Jonathan Kovalivker, su hermano Emmanuel y su padre, Eduardo. Casanello tomó esta decisión a pedido del fiscal Picardi con el objetivo de garantizar que no se retiren elementos que puedan servir como evidencia en el caso.

La presentación de Kovalivker ocurre tras varios días de búsqueda. El viernes pasado, la policía se presentó en su domicilio en Nordelta para ejecutar un allanamiento. El empresario logró irse del barrio en su auto mientras los delegados judiciales todavía estaban en la garita de ingreso. La investigación sugiere que antes de su partida vació la caja fuerte de su dormitorio.

Ese mismo día, su hermano Emmanuel Kovalivker fue interceptado por la policía cuando intentaba abandonar el complejo residencial. En su vehículo transportaba 266.000 dólares en efectivo y 7.000.000 de pesos, que fueron secuestrados.

En relación con la salida de Jonathan Kovalivker, el juez Casanello le tomó este lunes declaración indagatoria al jefe de seguridad de Nordelta, Ariel De Vicentis. Lo acusan de encubrimiento. La Justicia sospecha que avisó a Kovalivker sobre la presencia policial y así facilitó que eludiera a las autoridades. De Vicentis trabaja en la seguridad del barrio desde hace más de 11 años. El juez tiene ahora diez días hábiles para decidir si lo procesa.

La causa judicial inició hace solo cinco días. El primer objetivo de los investigadores es reunir la mayor cantidad de pruebas posibles. Por esa razón, la semana pasada el juez Casanello ordenó allanamientos en los domicilios de Spagnuolo, Garbellini y los Kovalivker. En esos procedimientos se incautaron teléfonos y computadoras de los funcionarios involucrados y de sus secretarias en la Agencia de Discapacidad.

La Datip tiene en su poder, además del celular entregado, otros aparatos cruciales. Entre ellos, dos teléfonos de Diego Spagnuolo, uno de Daniel Garbellini y otro de Emmanuel Kovalivker. Garbellini fue el único de los investigados que aportó la clave para desbloquear su dispositivo.

Una vez que el contenido de los teléfonos sea extraído, la Datip tiene la indicación de remitirlo de inmediato a la fiscalía. Los investigadores no pretendían detener a ninguno de los implicados durante los operativos.

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Por unanimidad, la Cámara Federal de Casación Penal le otorgó la prisión domiciliaria al extitular de la Dirección de Vialidad de Santa Cruz Raúl Pavesi, un hombre de 74 años condenado en la causa Vialidad a 4 años y 6 meses de prisión, que se encuentra detenido en la cárcel de Ezeiza, conectado por las noches a un aparato que evita la apnea del sueño.

La decisión fue de los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.

Pavesi había sido condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2, junto a la expresidenta Cristina Kirchner, a cuatro años y seis meses de prisión y se dispuso la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

En el juicio, los declararon culpables de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Ese fallo fue confirmado por la Sala IV de Casación y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que lo dejó firme.

Por eso, el tribunal oral dispuso la inmediata detención de los condenados a penas de cumplimiento efectivo, como es el caso de Pevesi. El exfuncionario, en la instancia de ejecución de la pena, Pavesi solicitó que se le concediera el beneficio de la prisión domiciliaria por su edad, ya que es mayor de 70 años, y por su estado de salud.

Explicó su defensa que Pavesi tiene 74 años y está acreditado que tiene múltiples patologías, entre ellas diabetes, hipertensión arterial, síndrome de apnea obstructiva del sueño que requiere el uso permanente de un dispositivo CPAP (de presión positiva continua en la vía aérea) que le suministra aire de manera continua mientras duerme. Asimismo sufre un trastorno neurocognitivo.

La defensa destacó además que, durante su permanencia en prisión, se produjeron episodios que afectaron directamente su integridad física y psíquica, entre ellos agresiones por parte de otro interno. Señaló que el complejo penitenciario de Ezeiza no reúne las condiciones necesarias para garantizar la continuidad de sus tratamientos, ni la seguridad indispensable para su estado clínico.

La Cámara Federal de Casación Penal tuvo en cuenta las constancias médicas y socioambientales aportadas, así como las circunstancias actuales vinculadas al complejo de Ezeza, el delicado estado de salud de Pavesi, sus 74 años y consideró que correspondía otorgar el beneficio solicitado.

Así le concedieron por unanimidad a Raúl Gilberto Pavesi la posibilidad de que cumpla su pena en prisión domiciliaria en su casa de Mar del Plata. El tribunal oral federal N° 2 le había negado el beneficio de la prisión domiciliaria y el fiscal Diego Luciani también se había opuesto. Estimaron que la edad no es un requisito automático y que los informes médicos concluyeron que el encausado puede ser atendido en la cárcel.

En su fallo, el juez Jorge Gorini había señalado que la edad para la prisión domiciliaria “no opera de forma automática”, sino que la ley marca que es una facultad del magistrado acordarla.

Sobre el estado de salud del ex funcionario, el juez se había basado en los informes del Cuerpo Médico Forense que, en una de las consultas realizadas sobre si su cuadro se podría agravar por estar detenido en un penal, dijo que desde el punto de vista de su estado físico, la respuesta era negativa, en tanto se mantengan los criterios nutricionales correspondientes a su patología.