El clima sindical empezó a recalentarse en distintas provincias mientras la discusión por la reforma laboral y los salarios vuelve a tensionar la relación entre el Gobierno y el movimiento obrero. En paralelo a la estrategia judicial que sostiene la Confederación General del Trabajo (CGT), los sectores más combativos del sindicalismo buscan ganar protagonismo en la calle y reactivar protestas que ya empiezan a multiplicarse.

El escenario combina conflictos sectoriales con una disputa política más amplia. A los reclamos docentes por recomposición salarial se suman protestas en la industria y en organismos estatales, mientras distintas organizaciones sindicales plantean que el ajuste económico y la reforma laboral profundizan el deterioro de los ingresos.

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En ese contexto, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) -un espacio que reúne a gremios como ATE, la UOM, Aceiteros y Aeronáuticos- comenzó a desplegar una estrategia de federalización de los conflictos con movilizaciones y plenarios en distintas provincias.

La dinámica vuelve a marcar una diferencia dentro del mapa sindical. Mientras la CGT prioriza el camino institucional y judicial contra la reforma laboral, los sindicatos combativos intentan construir una agenda propia de protestas con eje en la confrontación abierta con el modelo de país de Javier Milei.

La CGT mantiene la ofensiva judicial contra la reforma laboral

Mientras los sindicatos combativos buscan ganar las calles, la CGT mantiene su estrategia legal para cuestionar la reforma laboral impulsada por el Gobierno y aprobada por el Congreso, aunque esta semana recibió un primer revés en los tribunales.

La Justicia rechazó un planteo de la central obrera contra algunos artículos de la norma vinculados al traspaso de competencias de la Justicia nacional del Trabajo hacia la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. El fallo desestimó el pedido cautelar que buscaba frenar la aplicación de esos puntos mientras se resolvía el fondo del litigio.

Aunque el expediente seguirá su trámite, el rechazo de la cautelar marcó el primer obstáculo judicial para la estrategia de la conducción cegetista.

El FreSU impulsa protestas y busca federalizar el conflicto sindical

En paralelo, los sindicatos que integran el FreSU comenzaron a intensificar su actividad territorial con movilizaciones y actos en distintas provincias.

Una de las acciones más recientes se realizó en Tierra del Fuego, donde dirigentes de ATE, la UOM y la Federación Aceitera encabezaron una movilización al puerto de Ushuaia para reclamar el fin de su intervención por parte del Gobierno nacional.

“El poder político no tiene que mirar para otro lado o serán cómplices frente a esta intromisión extranjera. Vamos a profundizar la lucha en defensa de todos los puestos de empleo y para que la bandera que vuelva a flamear en el puerto sea la Argentina”, afirmó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, uno de los dirigentes más combativos en estos últimos meses.

La movilización formó parte de una agenda más amplia del frente sindical, que también participó en Río Grande de un conflicto laboral por la quiebra de la empresa Aires del Sur, donde 140 trabajadores reclaman la continuidad operativa de la planta y el pago de salarios adeudados.

En ese contexto, Aguiar lanzó una de las definiciones más duras: “No hay que cumplir con la reforma laboral. Tenemos que convocar a la desobediencia en los sectores de trabajo”.

Conflictos docentes y reclamos salariales en varias provincias

El malestar sindical también se refleja en el frente educativo, donde los gremios docentes comenzaron a advertir sobre posibles nuevas medidas de fuerza ante la falta de acuerdo salarial. Los docentes universitarios evalúan no comenzar las clases, en espejo con lo que sucedió en el nivel primario y secundario, después de que en 17 provincias los gremios lanzaron una huelga y volvieron al aula un día después de la fecha pautada.

Este jueves, los sindicatos docentes rechazaron la propuesta del Gobierno nacional de elevar el salario mínimo docente a $650.000 y reclamaron una oferta superadora en la próxima reunión paritaria.

“No vamos a aceptar ningún salario que esté por debajo de la línea de pobreza”, afirmó Sergio Romero, secretario de Políticas Educativas de la CGT, al cuestionar la propuesta oficial.

El conflicto se suma a reclamos por la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y mayores recursos para infraestructura y comedores escolares. Las protestas se replican en varias provincias, entre ellas Jujuy y Catamarca.

Un frente sindical que sale a disputar la agenda gremial

En ese marco, el FreSU intenta consolidarse como un espacio de coordinación de conflictos laborales a nivel nacional.

La estrategia incluye movilizaciones en provincias, plenarios sindicales y la elaboración de indicadores económicos propios que, según adelantaron, buscarán contrastar con los datos oficiales del Indec para fortalecer los reclamos salariales. Este viernes presentan su propio índice de inflación. También acompañaron a los trabajadores despedidos de Fate.

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“El 2026 será el año más conflictivo de la era Milei”, advirtió Aguiar durante una de las actividades del frente sindical.

Por ahora, el mapa gremial muestra dos dinámicas que conviven, pero avanzan por carriles distintos: la conducción de la CGT mantiene la batalla judicial contra la reforma laboral, mientras los sindicatos combativos -sin romper con la central obrera- empiezan a reorganizar protestas en distintos puntos del país y buscan recuperar la calle como principal herramienta de presión.

CGT, sindicalismo, Gremios, FRESU

La Justicia Federal de Entre Ríos aplicó la nueva ley de Inocencia Fiscal y absolvió a un empresario agropecuario que era acusado de evasión agravada. La jueza subrogante Noemí Berros hizo lugar a la solicitud de sobreseimiento presentada por la abogada del implicado, quien recordó que la nueva legislación está vigente desde el 2 de enero de este año.

La decisión benefició a Ignacio Veronesi, un empresario rural responsable de la firma Aceitera Agroindustrial SA. La Fiscalía los había acusado a él y a su fallecido padre, Antonio Joaquín Veronesi, de evasión agravada. La operatoria fraudulenta se había realizado en liquidaciones de IVA y Ganancias. El monto ascendía a un total de $9.274.986.

A raíz de la sanción de la ley de Inocencia Fiscal, vigente desde el 2 de enero, el piso para que pueda configurarse el delito que se le achacaba subió de $1,5 millones a $100 millones. Por esta razón, la defensa oficial, a cargo de Julieta Elizalde, solicitó el sobreseimiento. Apeló para eso al criterio de ley más benigna, establecido en el Código Penal. La Fiscal Josefina Minatta y la jueza federal subrogante Noemí Berros convalidaron la postura.

De qué se lo acusaba

Según el cargo que había formulado el Ministerio Público Fiscal, Veronesi y su padre habrían evadido el pago de IVA correspondiente a los períodos 11/2015 a 07/2017 por la suma de $7.725.115,01. La misma operación habría alcanzado a las liquidaciones del Impuesto a las Ganancias del ejercicio 2016. En este caso, la cifra ascendía a $1.549.871,71. El total evadido se ubicaba en $9.274.986.

La causa se inició en 2020. Al tipo de cambio oficial de ese momento ($63 por dólar), el monto del desfalco al fisco rondaba los USD 145 mil. A valores de hoy ($1.415 por cada billete verde) el capital de la defraudación estaría en los $205 millones.

El expediente de la causa detalló que la maniobra urdida por Veronesi padre e hijo habría consistido en la omisión de declarar ventas de aceite de soja y la utilización de facturas apócrifas para justificar compras de soja en el circuito marginal.

El criterio de ley penal más benigna

El artículo 2° del Código Penal establece que “si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna”.

La defensora de Veronesi sostuvo sobre este principio el planteo de sobreseimiento. La nueva norma penal resulta más benigna para su cliente que la que estaba vigente al momento en que se habría producido el perjuicio al fisco. Requirió entonces que se aplique en forma retroactiva la ley de Inocencia Fiscal.

Para sostener su postura citó jurisprudencia y artículos de pactos internacionales. Entre ellos, la Convención Americana de Derechos Humanos.

El razonamiento de Elizalde fue que el monto de evasión total atribuido a Veronesi ($9.274.986,72) resultaba muy inferior al nuevo mínimo legal ($100 millones). Por eso, la conducta imputada ha dejado de ser penalmente relevante, pues no se encuentra configurada la condición objetiva de punibilidad del tipo penal.

Cómo fue la resolución

La jueza Berros recibió el planteo de la defensora de Veronesi. Y corrió traslado a la fiscal Minatta para que dictamine. Después de un repaso de fallos de la Corte Suprema de Justicia, la funcionaria judicial avaló el planteo defensivo.

“Las conductas reprochadas, calificadas como evasión tributaria por montos inferiores a los previstos en la legislación vigente, han dejado de constituir delito”, arguyó. Por ello, determinó “que asiste razón a la defensa” y corresponde ”dictar el sobreseimiento” del acusado.

Ante el planteo de la defensora y la fiscal, la conclusión de la magistrada caía de maduro. “Asiste razón a las partes, al concluir que la conducta atribuida al imputado ha perdido relevancia penal a la luz de la normativa vigente, por lo que corresponde sobreseer” a Veronesi, concluyó. Su resolución fue dictada el pasado miércoles 11 de marzo.

Sobre el acusado pesaba una condena previa en suspenso. Fue a raíz de un faltante de 419 vacunos que se le habían entregado en custodia. En mayo de 2024, la Justicia provincial lo sancionó con tres años de cumplimiento condicional por administración fraudulenta/infiel. Por lo tanto, de haber recibido una nueva condena, el acusado tenía muchas chances de ir a prisión.

El Gobierno atraviesa días de tensiones internas y negociaciones por cambios en áreas sensibles del Estado en medio de un clima que en distintos despachos oficiales describieron esta semana como “caótico”.

En el Ejecutivo advierten que la sucesión de episodios de esta semana puede acelerar definiciones políticas que el oficialismo venía evaluando para más adelante.

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Se trata de la avanzada de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sobre los espacios de control que están bajo la órbita del asesor presidencial, Santiago Caputo. Abarca a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Secretaría de Legal y Técnica, YPF, Transporte, entre otros.

El último movimiento interno de la presidenta de La Libertad Avanza fue la designación de Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia junto con el desplazamiento de Sebastián Amerio como vice. El cambio tuvo una repercusión fuerte sobre el vínculo entre Javier Milei y Caputo y sobre su rol en la gestión. “Fue una señal de expulsión”, expresan en Nación.

Los cercanos al jefe de Estado aseguran que busca retenerlo en su rol como estratega, pero con menos atribuciones sobre áreas del Estado. En el entorno de la hermana del presidente insisten con que “este es el año de Karina” y admiten que el diálogo y la coordinación entre ambos sectores es casi nula.

“Es el mismo escenario que con Marra. Milei no quiere perder a su amigo, pero tampoco puede frenar los avances de Karina”, explican en sectores neutrales del Gobierno. La única instancia de acercamiento entre las partes se da en las reuniones de mesa política, que se retomarán la semana que viene.

El Ejecutivo definirá el cronograma de envío de reformas y de pliegos judiciales al Congreso junto con la estrategia de negociación con legisladores aliados y gobernadores. Las decisiones van a marcar también la dinámica y los roles que tendrá cada sector en este año y determinarán su progresión en la estructura de poder.

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La filtración del video en el que se ve al jefe de gabinete, Manuel Adorni, subiéndose a un avión privado para viajar a Punta del Este puso el foco sobre el orden interno y el manejo de áreas de ambos sectores.

“Se tienen que ir. Jugaron mal o fueron inoperantes. El resultado es el mismo”, expresan en relación a su manejo de las áreas vinculadas al Transporte y a la Inteligencia. En los equipos del asesor rechazan las acusaciones, le bajan el tono y ponen la mira sobre la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El proceso de investigación ahora quedó a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

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