Las sesiones extraordinarias dejaron, además del tratamiento y sanción del Presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal, una repartija de comisiones con un esquema muy similar al de 2023 en el Senado, en cuanto a una unión entre oficialismo y dialoguistas para relegar al interbloque kirchnerista. El cristinismo no envió a sus representantes y tiene un problema extra y delicado ahora: debe distribuir esos lugares con bancadas justicialistas que ya no respetan las órdenes que la expresidenta emite desde su prisión domiciliaria.

“¿Cómo puede ser que, en dos años, ocurra exactamente lo mismo? ¿Nadie lo previó? ¿Qué se hizo para que fuera distinto?“, se lamentó ante Infobae un legislador justicialista. En tanto, desde otro despacho, reflexionaron: ”Encima, tenemos más bancadas dentro del interbloque y nos parte al medio decidir, ya que todas merecen participar en varias. ¿Van a hacer algo ordenado para resolver esto? Dudo“.

El 16 de diciembre último, el jefe del renovado espacio kirchnerista-peronista “Popular”, José Mayans, envió una misiva para quejarse por el accionar de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, con quien mantiene una muy buena relación. De hecho, la funcionaria viajó a Formosa y se mostró con el gobernador casi eterno, Gildo Insfrán. Fue en octubre, semanas antes de las elecciones, cuando la Casa Rosada hervía y las piñas opositoras en el Congreso no paraban de impactar en rostros oficialistas. Sin dudas, una excelente estrategia política y comunicacional.

Mayans afirmó en el escrito que “la Presidencia del Senado y distintos sectores políticos intentan generar, con un método ilegítimo, una mayoría artificial que facilite el tratamiento y aprobación de distintos proyecto de Ley”. Y añadió: “Se elude así, burdamente, una conformación proporcional”.

Horas antes del texto del formoseño, en una reunión de Labor Parlamentaria, La Libertad Avanza y fuerzas dialoguistas mostraron un conjunto de 44 senadores -en realidad, 43, ya que no había jurado aún el oficialista rionegrino Enzo Fullone– y con la venia de Villarruel se dispuso que, para las comisiones de 19 butacas, 13 serán para ellos y seis para los kirchneristas. En tanto, en las de 17, los guarismos quedarán en 12 y cinco.

A partir de esto queda evidente que la vicepresidenta, cuando tuvo que moverse en el plano legislativo con el Gobierno, lo hizo. Esto también es innegable y, en su mayoría, fue gracias a su equipo parlamentario, que es serio y quedó en pie tras más de dos años de gestión y cambios de funcionarios en la Cámara alta de todo tipo. Más el aterrizaje de algunos fantasmas.

Mayans pretende que, en las de 17 miembros, al interbloque kirchnerista-peronista se le asignen siete butacas. Y, en las de 19, ocho. Para denostar a la mayoría obtenida el 16 de diciembre en la mencionada reunión de Labor Parlamentaria, el formoseño apuntó a que la suscripción del acta “carece de toda validez y efecto jurídico”, por no estar activada la “delegación de facultades” a Villarruel para integrar las comisiones.

El último punto es clave. Por ese motivo es que los más memoriosos del Congreso recuerdan con exactitud que, como titular del Senado y, durante el gobierno en el que secundó a su colega Alberto Fernández, Cristina Kirchner utilizó la delegación vigente de la macrista Gabriela Michetti.

Otros destacaron la idéntica repartija post elecciones de medio término en 2021, cuando la entonces oposición venció al kirchnerismo y subió su carga en la Cámara alta. Nadie se inmutó en aquella ocasión. Para este caso en particular, la facultad subsiste en dos aspectos: que no sea revocada, y si el delegatario continúa en sus funciones. Fin del asunto.

La puja que habrá por comisiones quizá no se sienta tanto en febrero, si es que el Gobierno vuelve a convocar a sesiones extraordinarias. Los focos se direccionarán hacia el período ordinario a iniciarse el 1 marzo. Al igual que durante el primer semestre de 2024, se convertirá en una olla a presión para el interbloque Popular.

El año nuevo traerá nuevos desafíos para el Gobierno de Javier Milei, que ya transitó muy diversos escenarios en la primera mitad de su mandato. El 2026 lo encontrará mucho mejor posicionado en el Congreso, que le fue esquivo todo este tiempo -aunque logró aprobar las leyes más importantes- y ahora podrá imponerse con mayor facilidad. Pero tendrá una ardua tarea económica para mantener una inflación a la baja, un dolar estable y unas reservas nutridas en el Banco Central.

La primera prueba serán las sesiones extraordinarias en febrero, donde buscarán repetir el éxito de las de diciembre, donde aprobaron el Presupuesto 2026, el primero con luz verde de la gestión de Milei. Para esta ocasión, el plato fuerte será la reforma laboral, pero también la modificación de la Ley de Glaciares, un pedido específico de los gobernadores. Así se cerraría el temario previsto.

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“Vamos a seguir trabajando con la ley Laboral, recibiendo propuestas, comentarios y, de ser necesario, modificando el proyecto”, le dijo a TN un importante referente del bloque libertario. La iniciativa empezará su tratamiento en el Senado, donde ya obtuvo dictamen en diciembre, pero se extendió el debate hasta febrero, para poder realizar cambios antes de que ingrese al recinto.

La sesión del viernes pasado también dejó en claro que el triángulo que presentó el oficialismo para construir mayorías eclipsó —como plantearon en el Senado— a figuras como el asesor presidencial Santiago Caputo o a la propia titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel. La senadora Patricia Bullrich, el ministro del Interior, Diego Santilli y el presidente de Diputados, Martin Menem, fueron quienes trabajaron los proyectos desde hace semanas.

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Ese trio, que se mostró victorioso en el salón de las Provincias tras los logros obtenidos, planifica los nuevos debates de los proyectos que ya cuentan con los dictámenes de mayoría firmados. La fecha de las discusiones quedó fijada para el 11 de febrero venidero.

El trabajo de búsquedas de consensos, de reuniones y de escuchar propuestas, por parte del oficialismo, estará abierto a partir de la primera semana de enero, tras los festejos de año nuevo. Mientras aguardarán un nuevo llamado a sesiones extraordinarias por parte del Presidente Javier Milei.

Proyectos pendientes en el Congreso

El llamado a sesiones extraordinarias está pensado de manera tentativa para el lunes 2 de febrero, pero aún está en debate la fecha precisa. Incluso la idea original era sesionar en el primer mes del 2026, por lo que se analiza anticipar el llamado al lunes 19 de enero y dar inicio a las comisiones a principios de febrero.

La Reforma Laboral y la nueva Ley de Glaciares serán los proyectos que se tratarán en este período extraordinario, pero el año legislativo tiene varias iniciativas más en el tintero. Una de ellas es la reforma del Código Penal, donde la baja de la edad de imputabilidad será uno de los debates más calientes.

Otro de los temas que el oficialismo promete avanzar es la designación de jueces de la Corte Suprema. En el pasado tuvo muchos problemas par aimponer sus pliegos, pero ahora cuenta con un Congreso más afín a sus intereses.

Desafíos económicos para el 2026

Una de las principales tareas del Gobierno para el próximo años es consolidar el proceso desinflacionario. El Presidente aseguró en reiteradas oportunidades que entre junio y agosto de 2026 la inflación va a empezar en cero.

Pero no será el único desafío en materia económica. Otro es mantener esquema de bandas de flotación cambiaria; cumplir con las metas del FMI (tiene un compromiso de pago de deuda en enero que es complicado), y claro, acumular reservas en el Banco Central.

Luego, el Ejecutivo deberá afrontar uno de los vencimientos de deuda más relevantes del año y también se reordenará el esquema de subsidios a las tarifas de luz y gas.

El 1° de enero las bandas de flotación dejarán de ajustarse al 1% mensual como sucedía desde abril y entrará en vigencia el nuevo mecanismo de actualización. De esta manera, el techo y el piso de la banda se moverán todos los días hasta completar mensualmente el ritmo correspondiente al último dato de inflación informado por el INDEC, por lo que la cifra tendrá dos meses de rezago.

El 2026 también estará marcado por una exigente agenda de compromisos de deuda que debe afrontar el Gobierno. El primero y uno de los más importantes será el viernes 9 de enero, cuando vencen $4200 millones que deben pagarse a bonistas privados. Un monto similar deberá enfrentar en julio.

De acuerdo a estimaciones privadas, al equipo económico todavía le resta recolectar cerca de US$2300 millones para enero, por lo que la principal inquietud latente por estos días es cómo se cubrirá el total.

El vínculo con el PRO y los bloques aliados

Pese a que ahora ostenta un bloque mucho más grande y logró la primera minoría en la Cámara de Diputados, en las sesiones extraordinarias de diciembre se tensionó la relación del oficialismo con el PRO y otros bloques que habían oficiado de aliados durante todo el mandato de Milei.

Sucede que aún en este nuevo Congreso, en discusiones voto a voto necesitarán del apoyo del partido fundado por Mauricio Macri. Lo mismo para conseguir quorum. Y de momento, hay mucho malestar en el PRO.

“Dejamos de ser aliados”, apuntó a TN un referente de peso del PRO. Otro legislador hizo hincapié en que “está todo roto”, al tiempo que remarcó: “Les va a costar un montón volver de esto”.

No es la primera vez que hay cortocircuitos entre el Gobierno y uno de sus socios más cercanos, pero la repetición y el destrato público molestó por demás al PRO. “Ahora vamos a acompañar las cosas que coincidimos y las que no, nos vamos a poner firmes para hacer escuchar nuestra postura”, aseguraron. “Y vamos a dejar de darles quorum”, advirtieron.

Pese a las diferencias, en el Gobierno confían que el minsitro del Interior, Diego Santilli, oficie de intermediario para acercar a las partes. De hecho, ya lo hico semanas atrás, cuando fue el nexo para la charla entre Martín Menem y Cristian Ritondo, luego de la denuncia pública -y en los papeles- del PRO sobre un presunto acuerdo de La Libertad Avanza y el kirchnerismo para el nombramiento de autoridades de la Auditoría General de la Nación (AGN).

Gobierno, Congreso de la Nación, Javier Milei

El Gobierno trabaja en la redacción de un nuevo decreto para reformar la Dirección Nacional de Migraciones, organismo que actualmente funciona bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.

El objetivo central de esta iniciativa es fortalecer el rol de la entidad y endurecer los controles fronterizos, otorgándole mayores competencias para implementar una política migratoria más restrictiva.

Según indicaron fuentes oficiales a TN, la reforma busca subsanar y reglamentar cuestiones pendientes para consolidar una doctrina de seguridad más dura, especialmente dirigida hacia ciudadanos de países considerados de baja vigilancia.

Esta nueva medida se sumaría al DNU 366/2025 publicado en mayo, el cual ya había modificado el régimen migratorio para aumentar el control sobre quienes ingresan al país y conocer quiénes acceden al sistema de asistencia social.

Entre las herramientas que se evalúan para este nuevo decreto, se destaca la posibilidad de que la Argentina comience a requerir visa para los visitantes de determinados países, una condición que hoy ya rige para diversas naciones de Asia y África. Además, se espera que la decisión presidencial permita profundizar el análisis de antecedentes de las personas que pretenden entrar al territorio nacional.

Hasta el momento, Migraciones operaba principalmente como una Dirección Nacional encargada de trámites de ciudadanía, residencias e ingresos. Sin embargo, con el marco legal vigente desde mayo, ya se habían establecido cambios drásticos como la deportación de extranjeros condenados por delitos cometidos en el país y el arancelamiento de servicios de salud y educación.

Bajo esta normativa, si una persona presenta una situación migratoria irregular, solo podrá ser atendido de manera gratuita por emergencias, marcando una ruptura con el sistema de asistencia vigente anteriormente.

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