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Patricia Bullrich aseguró que se corregirá el capítulo de licencias médicas y que la reforma laboral podría volver al Senado

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La senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, aseguró este lunes que se corregirá el capítulo de licencias médicas y que la reforma laboral podría volver al Senado.

“Tuvimos un error, porque la ley original no distingue entre enfermedades. Lo reconozco. El error fue no haber aclarado las enfermedades severas”, anticipó en declaraciones a Solo Una Vuelta Más (TN).

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En ese sentido, la presidenta del bloque oficialista sostuvo: “Te puede pasar esto en 210 artículos, porque tomamos la estructura de la vieja ley que no distingue entre un esguince y un cáncer. Ahora lo están trabajando en Diputados y lo están analizando Legal y Técnica. No empañamos la ley, nos hacemos cargo de que lo introdujimos en el debate. Cometimos un error y lo vamos a arreglar”.

La intención del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, es convocar este miércoles a las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda y, luego, llamar a sesión el jueves al mediodía.

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En caso de que se apruebe el proyecto con cambios, debe volver al Senado. (Foto: Cámara de Diputados).

El oficialismo cuenta con el respaldo de sus aliados para aprobar en general la norma que la semana pasada sancionó el Senado. Sin embargo, los pedidos de cambios desde distintos sectores de la oposición ponen en duda la sanción definitiva del proyecto.

Al respecto, Bullrich anticipó: “Si tocamos una coma y vuelve al Senado, tardará una semana más. No sabemos si este jueves van a votar en Diputados. No sé cómo va a ser. Si va rápido a la sesión o no, no sé, es una posibilidad. No sé si vamos a llegar al 1° de marzo”.

“Es bueno reconocer que nos faltó plantear lo de las enfermedades severas. Hoy estamos haciendo una ley colectiva y en eso fuimos recogiendo varias ideas. En Diputados también dijeron que querían intervenir en la ley. Creemos que quedó completa, pero no nos asusta que vuelva al Senado”, afirmó.

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En ese sentido, cerró: “Cuando uno reconoce que tiene que trabajar con otros y se instala un tema desde mi perspectiva, cambiar ese artículo está bien. Es terminar con una mafia que existe, hay cientos de personas presas por certificados médicos truchos en la Argentina. Para nosotros, lograr una ley tan importante ya es un hito y que tenga media sanción también es un hito».

Patricia Bullrich, reforma laboral, enfermedades

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El Gobierno comienza a trabajar en la formulación del Prespuesto 2027

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El proceso de elaboración del Presupuesto Nacional es uno de los momentos más decisivos para la administración pública argentina. Para el ejercicio 2027, la administración nacional mediante la publicación fijó un cronograma específico para la formulación del proyecto de ley de presupuesto y del presupuesto plurianual 2027-2029, estableciendo responsabilidades y fechas que buscan garantizar el cumplimiento oportuno de cada etapa.

La decisión, formalizada mediante la publicación el Boletín Oficial de la Resolución 446/2026, involucra a una serie de áreas técnicas y de gestión que, como integrantes del Grupo de Apoyo para la Elaboración del Presupuesto (GAEP), quienes deberán cumplir con actividades y plazos establecidos en los anexos oficiales. El objetivo es asegurar la presentación ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en la fecha límite, el 15 de septiembre.

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La organización de los trabajos para la elaboración del proyecto de ley de presupuesto y del presupuesto plurianual recae en la Subsecretaría de Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía. Esta dependencia tendrá la misión de coordinar el GAEP y podrá ajustar el cronograma para adaptarse a la marcha de los trabajos, además de requerir colaboración de otras áreas si fuera necesario.

El proceso de formulación incluye la utilización de sistemas digitales como el Sistema de Información Financiera para Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios, Entes Excluidos del Presupuesto de la Administración Nacional y Universidades Nacionales (SIFEP). Esta herramienta ha permitido perfeccionar la gestión y la presentación de la información presupuestaria por parte de empresas públicas, fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional, integrando múltiples actores bajo un enfoque macroeconómico y fiscal.

El cronograma oficial, cuya versión definitiva forma parte de los anexos de la resolución ministerial, comprende actividades que van desde la recopilación de información de base hasta la proyección de variables, la elaboración de anteproyectos y la redacción final del mensaje de remisión del proyecto de ley. Cada etapa está sujeta a plazos precisos, asignación de responsables y mecanismos de control interno.

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La resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, lleva la firma del ministro de Economía, Luis Caputo (REUTERS/Agustin Marcarian)

El cronograma paso a paso

De acuerdo con el Anexo 1 que acompaña la resolución, desde el mes de abril de 2026, la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía asumió la coordinación inicial del Grupo de Apoyo para la Elaboración del Presupuesto (GAEP). Esta estructura es responsable de articular los trabajos, emitir instrucciones técnicas y acompañar a las jurisdicciones y entidades en cada una de las etapas fijadas en el cronograma oficial.

Durante los primeros días de este mes, la Oficina Nacional de Presupuesto comunicó las instrucciones y brindó asistencia técnica remota a todas las áreas involucradas. Paralelamente, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría Ejecutiva de la Jefatura de Gabinete de Ministros establecieron los criterios de priorización y selección de proyectos de inversión para el periodo 2027-2029. Esta fase inicial incluyó la carga en el Banco de Proyectos de Inversión (BAPIN) de los requerimientos recibidos tanto de jurisdicciones y entidades nacionales como de empresas públicas y fondos fiduciarios.

El cronograma establece que la recopilación y presentación de la información relativa a la planta ocupada de cargos y la ejecución mensual del gasto en personal correspondiente al año 2026 debía culminar a principios de mayo. Este insumo es fundamental para proyectar los recursos humanos del sector público.

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Entre el 20 de abril y el 4 de mayo, la Subsecretaría de Análisis y Modelación Económica, junto a la Dirección Nacional de Modelos y Proyecciones, trabajará en la proyección de las variables macroeconómicas para el período 2027-2029. Casi simultáneamente, la Subsecretaría de Ingresos Públicos se encargó de estimar los recursos impositivos y las contribuciones a la seguridad social. La Subsecretaría de Financiamiento, por su parte, programará el servicio de la deuda pública interna y externa, desglosando intereses, amortizaciones y comisiones según tipo de acreedor.

Otro de los hitos clave es la programación de los gastos financiados con préstamos de organismos internacionales y convenios bilaterales, tarea que recayó en la Subsecretaría de Relaciones Financieras Internacionales. Todos estos aportes confluirán en la formulación preliminar del presupuesto, que cada jurisdicción y entidad nacional tendrá que remitir digitalmente entre el 4 y el 29 de mayo.

Tras la integración de la información y la revisión de los avances, el proceso continuará con la elaboración y remisión del Informe de Avance del Proyecto de Presupuesto al Congreso, actividad que se extenderá hasta fines de junio. A continuación, la Subsecretaría de Presupuesto y la Oficina Nacional de Presupuesto prepararon los techos presupuestarios para el trienio 2027-2029, que serán comunicados oficialmente a las jurisdicciones y entidades entre el 30 de junio y el 3 de julio.

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Durante julio y agosto, las jurisdicciones y entidades nacionales formularán y remitirán sus anteproyectos de presupuesto mediante firma digital, utilizando el sistema eSIDIF-FOP. En paralelo, fondos fiduciarios, empresas públicas y otros entes del sector público nacional no financiero realizaron la misma tarea a través del sistema SIFEP, asegurando la cobertura de todos los componentes del sector público argentino.

La segunda mitad de agosto marcará el inicio de la redacción del proyecto de Ley de Presupuesto, a cargo de la Subsecretaría de Presupuesto y la Oficina Nacional de Presupuesto. En ese mismo período, se preparrá y remitirá la información macrofiscal al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, dando cumplimiento a la Ley 25.917. Además, se estimarán los resultados primarios y financieros por nivel de gobierno, así como los límites de endeudamiento y la proyección de recursos por provincia y ciudad autónoma.

Entre el 7 y el 11 de septiembre, la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Economía aprobarán y consolidarán el documento definitivo del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2027. Finalmente, el 14 de septiembre fue la fecha fijada para la remisión formal del proyecto al Honorable Congreso de la Nación, en cumplimiento del plazo legal establecido.

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La elaboración y remisión del Presupuesto Plurianual 2027-2029 continuará hasta finales de octubre, con la participación de la Jefatura de Gabinete, la Secretaría Ejecutiva, el Ministerio de Economía, la Secretaría de Hacienda y la Subsecretaría de Presupuesto, en conjunto con la Oficina Nacional de Presupuesto.

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Tensión en el Senado: bloques dialoguistas advierten que no acompañarán sólo proyectos libertarios

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La relación entre el oficialismo y los bloques dialoguistas en el Senado atraviesa un momento de creciente tensión. En las últimas horas, referentes de espacios aliados dejaron un mensaje claro: no están dispuestos a seguir acompañando una agenda limitada exclusivamente a proyectos impulsados por el Gobierno.

El reclamo surge en medio de negociaciones que buscan destrabar el funcionamiento legislativo y dar mayor dinamismo a la Cámara alta.

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Tras una reunión virtual reciente, las partes acordaron volver a encontrarse el próximo martes, en lo que se perfila como una instancia decisiva para definir el rumbo de la agenda parlamentaria.

Desde los sectores dialoguistas plantean que el Congreso no puede repetir esquemas del pasado donde el oficialismo imponía su propia hoja de ruta sin dar lugar a otras iniciativas.

En ese sentido, una voz con peso dentro del Senado fue contundente, en diálogo con Infobae: “Si seguimos sólo con los proyectos libertarios, sería lo mismo que en épocas pasadas y nadie quiere eso”.

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El planteo refleja un malestar que viene creciendo de manera silenciosa entre senadores que, si bien han acompañado al Gobierno en votaciones clave, ahora buscan mayor protagonismo en la definición de prioridades legislativas.

En este contexto, la figura de Patricia Bullrich cobra especial relevancia. Como jefa del bloque oficialista, se consolidó como la principal interlocutora con los aliados y la encargada de canalizar los reclamos. Su capacidad de negociación será determinante para evitar un quiebre que complique el avance de leyes en el Senado.

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Uno de los principales puntos de conflicto es la cantidad de proyectos impulsados por distintos bloques que permanecen sin tratamiento. Legisladores dialoguistas consideran que llegó el momento de ponerlos en discusión, especialmente aquellos vinculados a educación, minería, regulación del lobby —denominado “gestión de intereses”— y juego.

Sin embargo, el margen de maniobra del Gobierno está condicionado por su política económica, centrada en el equilibrio fiscal. Varias de las iniciativas propuestas por los aliados podrían entrar en tensión con ese objetivo, lo que obliga a negociar cada paso con cautela.

A pesar de las diferencias, dentro del Senado también hay sectores que buscan sostener el diálogo y aprovechar el contexto actual. “La mayoría ya se dio cuenta que hay aprovechar todo lo acordado con Bullrich, a quien consideramos racional y seria, para encender las comisiones y trabajar. Si no es en este año no electoral, ¿cuándo va a ser?”, expresó un referente legislativo.

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En paralelo, también emergen desconfianzas cruzadas. Desde el oficialismo observan con recelo a algunos legisladores que participan de las reuniones pero luego adoptan posiciones divergentes en el recinto. En ese clima, no faltan críticas internas hacia dirigentes que son señalados como “extorsionadores seriales”, una etiqueta que circula cada vez con más frecuencia en los pasillos del Congreso.

De cara a la próxima semana, el Senado podría comenzar a moverse con mayor intensidad. Se espera la convocatoria a comisiones para tratar dos iniciativas clave. Por un lado, un proyecto del Ejecutivo que busca reforzar la protección de la propiedad privada mediante cambios en normas de expropiación, tierras y barrios populares.

Por otro, volverá a escena el debate sobre falsas denuncias, un tema sensible que ya generó fuertes discusiones en el pasado y que ahora intenta retomarse con ajustes para evitar conflictos con marcos legales internacionales.

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Además, en el horizonte inmediato aparece la posibilidad de una sesión para dar ingreso formal a pliegos judiciales enviados por el Gobierno, junto con la designación de la exsenadora Lucila Crexell como embajadora en Canadá.

El desenlace de estas negociaciones será clave para definir si el oficialismo logra sostener el respaldo de sus aliados o si, por el contrario, la tensión escala y complica el tratamiento de leyes en los próximos meses.

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El Gobierno oficializó la designación de la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista

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El Gobierno oficializó la inscripción de la Guardia Revolucionaria de Irán en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La decisión se formalizó mediante una resolución conjunta de los Ministerios de Seguridad y de Relaciones Exteriores, publicada este lunes en el Boletín Oficial. El Ejecutivo consideró que la organización representa una «amenaza para la seguridad nacional».

Tal y como había adelantado el Gobierno, mediante el anuncio de la medida con un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, la norma declara reunidos los requisitos necesarios para avanzar con la incorporación de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica al registro.

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Según se detalla en el texto, la medida se basa en informes reservados elaborados por las carteras de Seguridad y Cancillería, que analizaron el alcance de las actividades de la organización. La conclusión a la que llegaron es que la Guardia Revolucionaria representa una “amenaza externa real o potencial” para la Argentina.

Incluso, la norma sostiene que los integrantes de la organización ponen en riesgo “la vida, los bienes y el patrimonio de los habitantes” del territorio nacional. A su vez, menciona la existencia de evidencia vinculada con su participación en el financiamiento y la ejecución de «atentados terroristas», como fueron los sucedidos en la ciudad de Buenos Aires en 1992 y 1994 contra la embajada de Israel y la AMIA.

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La decisión del Gobierno fue celebrada y destacada por Estados Unidos. El Departamento de Estado norteamericano compartió un mensaje en su cuenta oficial de X en el que destacaba la iniciativa de Casa Rosada, alineada con la política exterior de Donald Trump: «Aplaudimos las acciones de la administración de Milei para combatir al terrorismo”.

Sin embargo, Irán condenó la medida . “No solo perjudica seriamente las relaciones bilaterales entre la Argentina e Irán, sino que también establece un precedente peligroso en las relaciones internacionales y genera responsabilidad internacional para el gobierno argentino”, expresó el régimen islámico en un comunicado de su embajada en Uruguay.

La Guardia Revolucionaria es un conglomerado militar, político y económico que fue fundado como una fuerza militar paralela al ejército regular de Irán en 1979, tras la Revolución Islámica. Hoy está presente en todos los estamentos, incluso en la política: de las 290 bancas de la Asamblea Legislativa, unas 30 pertenecen a oficiales superiores de los pasdarán.

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Su poder económico también es fuerte, ya que un tercio de la economía del país depende de compañías que controla la Guardia Revolucionaria. Es el principal enemigo de Israel y Estados Unidos en la guerra que ya lleva un mes de existencia para evitar el desarrollo de armas nucleares de parte de la República Islámica.

Su incorporación al RePET implica no solo que son declarados una organización terrorista, sino que también establece consecuencias para la Guardia Revolucionaria.

Tras su incorporación, se puede disponer el congelamiento administrativo inmediato de bienes, dinero y activos de la entidad, lo que incluye cuentas bancarias, inversiones y cualquier otro recurso económico que esté bajo su control. Esto significa que la organización pierde la disponibilidad sobre sus fondos en la Argentina.

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Miembros de la Guardia Revolucionaria en Teherán en 2018the-new-york-times-12354

También prohíbe la posibilidad de operar en el sistema financiero nacional. Toda actividad que esté vinculada a la Guardia Revolucionaria debe ser reportada a la Unidad de Información Financiera (UIF), por lo que se establece un sistema de seguimiento y control.

La decisión del Gobierno argentino ocurre mientras se intensifican los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní. El presidente Javier Milei se plantó en América Latina como uno de los aliados de Donald Trump y Benjamin Netanyahu, sus dos principales socios internacionales. Incluso habló sobre la guerra en uno de sus discursos y afirmó: “Vamos a ganar”.

Además, se declaró el mandatario “más sionista del mundo” y proclamó a Irán públicamente como “enemigo”. Allí mencionó el vínculo de la república islámica con los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel.

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Esto último tiene relación fundamental con la decisión de la gestión libertaria. A principios de marzo Irán designó como comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria a un acusado por el atentado a la sede de la mutual judía en la Argentina en 1994. Ahmad Vahidi tiene un pedido de captura de Interpol desde 2007 después de gestiones realizadas desde la Argentina para dar con los acusados iraníes por el ataque en el que murieron 85 personas.

El presidente Javier Milei junto al primer ministro de Israel, Benjamín NetanyahuAmos Ben-Gershom – GPO

Vahidi había sido ministro de Defensa de Irán desde septiembre de 2009 hasta agosto de 2013, y ministro del Interior desde agosto de 2021 hasta agosto de 2024. También ascendió en las filas de las fuerzas terroristas Al-Quds, una unidad de élite dentro de la Guardia Revolucionaria que comandó de 1988 a 1998. En esta fuerza participó de actividades terroristas a nivel mundial.

El grupo de los acusados y reclamados por el Estado argentino ante la Justicia internacional lo completan el expresidente de Irán, Ali Akbar Hashemi Rafsanjani; los exministros Ali Fallahijan y Ali Akbar Veleyati; el excomandante Moshen Rezai; el exjefe de Seguridad Exterior, Imad Fayez Moughnieh; el exconsejero cultural de la embajada, Mohsen Rabbani, y el tercer secretario de la delegación diplomática en Buenos Aires, Reza Ashgari.

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