El juez federal Luis Armella ordenó este martes operativos en la propiedad de Javier Faroni e involucró a su esposa, Érica Gillette, en una causa por presunto lavado de dinero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Efectivos policiales demoraron al productor teatral en el Aeroparque Jorge Newbery cuando pretendía viajar hacia Uruguay. La justicia investiga el manejo de fondos que la mujer realizó mediante una firma radicada en Estados Unidos.

Érica Gillette es la mujer del empresario teatral y ejerce el control legal de la firma TourProdEnter LLC. Esta compañía posee un contrato exclusivo con la AFA para la recolección de ingresos globales desde hace cuatro años. La justicia la involucra en el expediente porque los registros bancarios de Estados Unidos demuestran que ella autorizó pagos por US$ 16,6 millones para costear bienes de lujo.

Estos fondos pertenecen a la institución deportiva y financiaron vuelos privados, estancias en villas exclusivas y alquileres de embarcaciones de alta gama. La mujer figura como la responsable de ordenar las transferencias desde cuentas en entidades como Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus.

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) solicitó su imputación ante la sospecha de que participó en un esquema de desvío de dinero institucional. El magistrado dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario sobre su patrimonio para determinar el origen de los recursos que solventaron un estilo de vida suntuario en el extranjero.

La investigación que lidera el fiscal Diego Velasco detectó el giro de US$ 42 millones hacia cuatro sociedades constituidas en el estado de Florida. Estas firmas son Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC. Los titulares de estas empresas residen en la ciudad de Bariloche y presentan perfiles de insolvencia económica.

Algunos de ellos perciben viviendas sociales o enfrentan ejecuciones fiscales previas. La justicia sostiene que estas personas actúan como prestanombres para ocultar el rastro de los activos que debían ingresar a las cuentas oficiales de la entidad de la calle Viamonte.

La firma TourProdEnter LLC reunió una suma superior a los US$ 260 millones en cuatro entidades bancarias estadounidenses mediante contratos de patrocinio y derechos de transmisión. Solo una fracción de ese capital se destinó a las actividades operativas de la selección nacional o la gestión deportiva.

El resto del dinero fluyó hacia este entramado offshore sin actividad comercial declarada ni empleados registrados. La justicia busca establecer si estas maniobras permitieron el retiro ilegal de divisas fuera del control de los organismos tributarios argentinos.

Los registros internos obtenidos mediante un discovery judicial en Estados Unidos revelan consumos personales elevados. Gillette afrontó compromisos por más de 13,5 millones de dólares en servicios aéreos desde diciembre de 2022. La lista de proveedores incluye a Insured Aircraft Title Service (IATS), Winter Palace SAS y Jet Support Services.

El dinero de la entidad también financió el alquiler de yates de lujo en aguas europeas. La firma realizó giros a Michl Marine Ibiza SL y Charter Dreams Yacht Services SL para el disfrute de embarcaciones valuadas en millones de dólares.

En la zona de Ibiza, la empresa gastó US$ 76.443 en el arrendamiento de residencias de cinco estrellas a través de la plataforma LinkedIn del proveedor Patrice Anselin. Los documentos bancarios detallan además erogaciones en peluquería y arreglo personal masculino en firmas como Rocco Donna Professional y Conair.

Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Hugo Alconada Mon, Nicolás Pizzi e Ignacio Grimaldi.

El Gobierno nacional eliminó la Agencia Nacional de Discapacidad para integrarla al Ministerio de Salud. Manuel Adorni anunció la medida este martes en la Casa Rosada tras la detección de irregularidades administrativas y una investigación judicial por supuestos sobornos.

La disolución de la entidad responde a la necesidad de sanear el sistema de prestaciones y eliminar la falta de control en el manejo de los recursos. Manuel Adorni explicó que la autonomía de la que gozaba el ente desde su creación en 2017 generó “toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”. El vocero comunicó que “la Agencia Nacional de Discapacidad tal como la conocemos dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”.

La administración nacional busca unificar los criterios sanitarios y presupuestarios para evitar la superposición de funciones. Según informaron fuentes de Balcarce 50 a , “la medida busca ordenar el sistema, garantizar el uso transparente de los recursos públicos, fortalecer a los equipos de salud y la atención brindada a los usuarios y sus familias”. El Gobierno sostiene que esta transformación representa un cambio profundo en la gestión y no implica una reducción de derechos para los beneficiarios. Alejandro Vilches, quien trabajó como interventor de la agencia, lidera la nueva secretaría por su experiencia en sistemas de salud pública y privada.

En la misma línea, el funcionario evitó hablar de la causa judicial que involucra a Spagnuolo y argumentó que debido a la “autonomía” de dicha agencia se generó un “descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”.

“Esto provocó irregularidades, como personas fallecidas, cuyos familiares seguían cobrando la pensión; pensiones otorgadas sin documentación válida; médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico, y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación Metas, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario. Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores”, sostuvo.

La reforma institucional sucede en medio de una causa judicial que investiga el cobro de coimas dentro de la Andis. El conflicto inició con la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, anterior titular de la agencia y exabogado de Javier Milei. Las grabaciones sugieren que funcionarios de la dependencia percibieron sobornos de empresas farmacéuticas a través de la droguería Suizo Argentina. La denuncia menciona de forma extraoficial a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, aunque el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi no los involucraron formalmente en el expediente.

El Presidente echó a Spagnuolo de su cargo tras el inicio de las actuaciones en tribunales. La fiscalía solicitó este mes nuevas indagatorias para el exdirector y Miguel Ángel Calvete, quien operaba de manera extraoficial en la agencia y su familia tiene vínculos con los hechos investigados. El Gobierno presentó ante la justicia la información que documentó Vilches durante el periodo de intervención. La Casa Rosada negó las acusaciones contra la secretaria general y el asesor presidencial.

El Ministerio de Salud confirmó que las partidas del Presupuesto 2026 destinadas originalmente a la agencia pasarán a la nueva secretaría que comandará Vilches. El Gobierno mantiene su política de equilibrio fiscal a pesar de los reclamos de las organizaciones del sector.

Javier Milei vetó este año la ley de emergencia en discapacidad porque la norma afectaba la estabilidad de las cuentas públicas y los familiares de los pacientes denunciaron que el ajuste recayó sobre la calidad de las prestaciones médicas.

El Jefe de Gabinete insistió en que la transformación “no implicará una reducción de derechos ni un recorte de prestaciones”. El objetivo oficial reside en garantizar que el dinero llegue a los usuarios de forma directa y transparente. La nueva estructura bajo el mando de Lugones y Vilches pretende eliminar los intermediarios y las irregularidades detectadas en la gestión anterior.

Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Paula Rossi.