POLITICA
Buscan impedir que asuma una senadora libertaria electa por sus vínculos con Fred Machado
El Partido Justicialista (PJ) de Río Negro presentó en el Senado una impugnación contra Lorena Villaverde, actual diputada nacional y senadora electa por la provincia patagónica por La Libertad Avanza (LLA), a la que acusa de tener un ”pasado y presente delictivo, narcotraficante y defraudador” que configuran las “inhabilidades morales, éticas y constitucionales” que le impedirían ocupar un escaño en la Cámara alta a partir del 10 de diciembre.
La impugnación ingresó en la Cámara alta este lunes y será discutida este miércoles, a partir de las 11, por la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside la peronista cordobesa Alejandra Vigo, integrante del bloque Provincias Unidas, y en la que el oficialismo está en franca minoría ante kirchneristas, radicales y representantes de fuerzas provinciales.
Según el artículo 64 de la Constitución Nacional, cada cámara “es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez”, por lo que podría postergar o hasta impedir que un legislador electo jure en su banca si es que considera que no reúne los requisitos de idoneidad correspondiente.
El escrito presentado ante el Senado lleva la firma de Manuel Castañeda y Juan Manuel Madariaga, apoderados del PJ rionegrino, quienes hacen un compendio de noticias publicadas en diferentes medios de comunicación sobre las causas judiciales que tuvieron y tienen como protagonista a la polémica legisladora libertaria.
“La idoneidad, establecida en el artículo 16 de la Constitución Nacional comprende la honestidad, transparencia y conducta ética que deben caracterizar a toda persona que aspire a representar al pueblo y/o a las provincias en el Honorable Congreso de la Nación. La conducta de la Sra. Villaverde vulnera de modo grave estos principios, afectando el orden público electoral y los valores republicanos de la democracia representativa”, sostiene los abogados en la presentación.
La impugnación del PJ rionegrino se fundamenta “tanto en causas judiciales en curso y en condenas previas al sufragio electoral, como en causas judiciales sobrevinientes a la elección del 26 de octubre, las que inexorablemente constituyen los presupuestos que generan las inhabilidades absolutas para el ejercicio de cargos públicos electivos”.
“Asimismo, el accionar en conflicto con la Ley penal y civil de la señora Villaverde se ha visto agravado durante el proceso electoral al incurrir ésta en amenazas y amedrentamiento a periodistas, abogados y ciudadanos que en distintos medios de comunicación han hecho público el pasado y presente delictivo, narcotraficante y defraudador de quien pretende ocupar ni más ni menos que una banca del Honorable Senado de la Nación”, agrega el escrito.
El tramo final de la impugnación está dedicada a destacar los lazos que vincularían a Villaverde con Federico “Fred” Machado, el ciudadano argentino procesado por narcotráfico en los Estados Unidos que sostuvo una relación con José Luis Espert. Por este vínculo, el economista tuvo que renunciar a encabezar la lista de diputados nacionales por LLA por la provincia de Buenos Aires.
Según la nota impulsada por el PJ de Río Negro, la diputada “Villaverde ha quedado expuesta en los últimos meses ya que los medios han revelado su secreto vínculo con el presunto testaferro de ‘Fred’ Machado, su primo Claudio ‘Lechuga’ Cicarelli”. En ese sentido, el escrito cita un artículo de del pasado 4 de octubre en el cual se habla sobre los vínculos entre la diputada nacional y el primo del acusado por narcotráfico.
“El narcoescándalo y la narcopolítica no pueden explicarse en Argentina sin hablar de Espert y Fred Machado. En Rio Negro no se puede explicar a Fred Machado sin Claudio Ciccarelli. El silencio criminal, la falta de explicaciones claras y la actitud de Villaverde no hacen otra cosa que confirmar que ella forma parte del esquema narcopolítico que actualmente está operando y penetrando en el sistema político argentino”, sentencian Castañeda y Madariaga, los apoderados del PJ rionegrino.
En el Senado hay un antecedente en el que la Comisión de Asuntos Constitucionales impidió la jura de un senador electo. Fue en 2003, cuando Raúl “Tato” Romero Feris se quedó con la banca por la minoría en Corrientes al frente de la lista del Partido Nuevo.
En ese momento, Cristina Kirchner, que presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales, impulsó el rechazo del título del exgobernador correntino que había sido condenado por causas contra el Estado, pero ninguna se encontraba con sentencia firme en ese momento. Por esta razón, el escaño se mantuvo vacante durante casi tres años, hasta que Romero Feris renunció a la banca y permitió que jurará Isabel Viudez, quien lo sucedía en la lista del Partido Nuevo.
En Diputados, el antecedente más conocido es el de Antonio Domingo Bussi, a quien no se le permitió jurar su banca, el 10 de diciembre de 1999, por su participación en delitos de lesa humanidad antes de que el pleno de la Cámara le terminara por rechazar su título, en mayo del año siguiente.
El mismo criterio se aplicó poco después para impedirle el ingreso al exsubcomisario Luis Patti.
Sin embargo, el antecedente de Bussi terminó con un fallo de la Corte Suprema de Justicia que, en 2007, terminó por sentenciar que la Cámara de Diputados se había excedido en el uso de las facultades que le confiere el artículo 64 de la Constitución Nacional, ya que con la exclusión de Bussi había vulnerado la voluntad popular que lo había convertido en legislador.
artículo de LA NACION del pasado 4 de octubre,Gustavo Ybarra,Conforme a,,»Trump vuelve a ganar a lo grande». El artículo que destacó la Casa Blanca sobre los beneficios de la ayuda a la Argentina,,Causa por la tragedia de Once. Por qué la esposa de Julio De Vido afirma que el exministro está detenido en “condiciones infrahumanas”,,El futuro de la Corte. El nombre de Fernández Sagasti divide aguas en el peronismo, que redefine su mapa de poder en el Senado
POLITICA
Javier Milei se prepara para insistir en Davos en la apertura comercial, el alineamiento con EE.UU. y las críticas a la agenda «woke»
Javier Milei planea volver a apuntar contra la agenda “woke”, insistir con la apertura comercial y reforzar su alineamiento geopolítico con los Estados Unidos en su discurso para el Foro Económico Mundial de Davos. El presidente viajará en enero al evento, que se realizará entre el 19 y el 23 en Suiza.
El jefe de Estado estará acompañado de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno. En el Gobierno aseguran que el mensaje estará en línea con el del año pasado y que buscará volver a tener “impacto” en la conversación digital.
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Según pudo saber TN, el equipo presidencial trabaja sobre un borrador que vuelve a poner en el centro lo que el oficialismo define como “los valores del mundo occidental”. En el Ejecutivo anticipan que el primer mandatario planea retomar conceptos vinculados a la “familia, las tradiciones, el comercio y el capitalismo”, sin modificar el tono confrontativo.
En su último discurso en Davos, Milei calificó al wokismo como un “virus mental” y manifestó que “en sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil”. Puso como ejemplo el caso de una pareja homosexual de los Estados Unidos, que fue condenada por abusar de sus hijos adoptivos.
En el Gobierno describen a Davos como un ámbito de “interlocución no institucional” y argumentan que lo utilizan como un plano de disertación ideológica, más allá de lo económico. En Balcarce 50 remarcan a la última disertación como “clave” para acercar a Milei al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
“Sirvió para posicionarlo como líder de la derecha, lo que permitió forjar una alianza con los Estados Unidos”, agregan. En Nación sostienen que el presidente también hará foco en el libre comercio y en la desregulación de la economía como ejes de su gestión. Lo mismo aplica para la eliminación de barreras arancelarias, las reducciones estatales e impositivas y los acuerdos comerciales unilaterales.
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En el Ejecutivo advierten que el alineamiento con Washington ocupará un lugar central y que el jefe de Estado volverá a expresar su cercanía con la agenda conservadora. Abarca a menciones para los mandatarios Giorgia Meloni (Italia), Benjamín Netanyahu (Israel), Viktor Orbán (Hungría), entre otros.
Es parte de la alianza de países con líderes conservadores que Milei busca establecer a nivel global y regional para articular agendas comúnes de seguridad, defensa, comercio e inteligencia. El presidente prepara una cumbre de dirigentes de derecha en la Argentina para 2026, a la que planea invitar a José Antonio Kast, Daniel Noboa, Santiago Peña y Nayib Bukele, entre otros.
Javier Milei, Davos, discurso
POLITICA
La oposición busca voltear el decreto que reforma la SIDE pero deberá esperar al menos hasta febrero
Especulador de los tiempos, el Gobierno esperó a que finalicen las sesiones extraordinarias y que el Congreso ingrese en receso para imponer por decreto de necesidad y urgencia (DNU) una polémica reconfiguración de la estructura de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Un sector de la oposición, en abierto rechazo a la medida, reclamó la urgente conformación de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, pero el oficialismo apuesta a dilatar la discusión al menos hasta febrero próximo.
Dicha comisión bicameral, si bien es de carácter permanente (es decir, puede funcionar aún en períodos de receso parlamentario) debe aún constituirse con sus nuevos miembros tras la renovación de ambas cámaras. Esa responsabilidad recae en los presidentes de ambas cámaras –Martín Menem por la Cámara de Diputados y Victoria Villarruel por el Senado-, pero en la bancada libertaria sus voceros ya anticipan que al menos en estos primeros veinte días de enero el Congreso permanecerá cerrado.
Ante esta situación, los detractores del DNU tienen dos caminos por delante: esperar a febrero, cuando vencerán los plazos que establece la ley 26.122 que regula los decretos presidenciales, o bien acudir a la Justicia. El bloque de Unión por la Patria apuesta por el camino parlamentario y ya presentó un proyecto para derogar el DNU de la discordia. La Coalición Cívica, por su parte, no descarta también realizar una presentación judicial.
“Este decreto es manifiestamente inconstitucional al avanzar sobre una de las materias vedadas por el art. 99, inc. 3° de la Constitución Nacional, como es la penal, al otorgar atribuciones al personal de inteligencia que son propias de la Policía Judicial y de las fuerzas de seguridad, modificando el Código Procesal Penal de la Nación en su art. 184”, advirtió el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.
Wednesday,Aug.6,2025Hernan Zenteno –
Por de pronto, los bloques más críticos del Gobierno ya estudian alternativas para voltear el decreto. Entre los puntos más cuestionados se encuentran la habilitación para que el organismo pueda aprehender personas, la calificación como “encubiertas” de todas sus actividades y, sobre todo, el método elegido por Javier Milei para avanzar con los cambios: un decreto presidencial, sin debate parlamentario.
“Se trata de un hecho de extrema gravedad institucional, ya que modifica de manera sustancial la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional sin intervención del Congreso, redefiniendo el sistema de inteligencia y habilitando a la SIDE a aprehender personas en el marco de sus actividades”, advirtió Unión por la Patria en su proyecto para derogar el decreto.
“Vulnera principios constitucionales esenciales, entre ellos el debido proceso legal y la garantía de la libertad personal, al permitir privaciones de la libertad sin orden judicial previa, y afectan de manera directa el principio de división de poderes, al concentrar atribuciones normativas y operativas en cabeza del Poder Ejecutivo Nacional”, agregó.
Los opositores reclaman al unísono la constitución de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, la cual es la encargada de expedirse sobre la validez o no de los DNU presidenciales, esto es, si cumplen con los preceptos que establece el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional. Se descuenta que Menem y Villarruel harán oídos sordos y dilatarán el trámite; en este caso, la ley 26.122 faculta al pleno de ambas cámaras a tratar cualquier DNU aun sin el correspondiente dictamen de la Comisión Bicameral.
Empero, para llegar a esa instancia se deben cumplir ciertos plazos. El primero de ellos es el de los 10 días hábiles que tiene la Jefatura de Gabinete para comunicarle el decreto al Congreso. Se da por descontado que el Gobierno aguardará hasta el último día para efectivizar este trámite. Una vez ingresado, la Comisión Bicameral tiene otros 10 días hábiles para expedirse; si no lo hace, recién entonces ambas cámaras quedarán habilitadas para llevar el DNU al recinto.
En pocas palabras, recién a partir de febrero próximo las cámaras estarán en condiciones de abordar en sus respectivos recintos el decreto en cuestión, el 941/2025. Para su tratamiento no es necesario que sea incorporado en el temario de las sesiones extraordinarias que, según se anticipó, convocará el presidente Javier Milei a partir de ese mes. Se descuenta que el Poder Ejecutivo no lo incluirá, pero la ley 26.122 habilita expresamente al Congreso a discutir los DNU presidenciales en cualquier momento del año y sin autorización previa del Poder Ejecutivo.
Los opositores al decreto no tienen otra alternativa, entonces, que esperar al mes próximo para intentar voltear el decreto, pero ese no es el único obstáculo: además, deberán reunir quorum en ambas cámaras para poner en marcha una sesión. El siguiente paso será alcanzar la mayoría simple (mitad más uno de los votos) para su rechazo, también en las dos cámaras. Solo entonces el DNU quedaría sin efecto.
El oficialismo apuesta a que el paso del tiempo diluya la ofensiva opositora. Por de pronto, la bancada de Pro mostró prudencia y si bien respaldó aspectos positivos del decreto, pidió conocer los protocolos de uso y le mandó un aviso al Gobierno sobre la facultad de aprehensión de personas por parte de personal de Inteligencia.
“Creemos que los cambios introducidos podrían resultar positivos, pero insistimos en que es imprescindible conocer los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos”, señaló el bloque de diputados de Pro, presidido por Cristian Ritondo, exintegrante de la Comisión Bicameral de Inteligencia.
La oposición reclamó que cuanto antes se constituya también esta comisión bicameral, clave para fiscalizar las tareas de las fuerzas de seguridad y de inteligencia. “En apenas dos años el Gobierno modificó en dos oportunidades la estructura de la SIDE por decreto y nombró tres directores. Esto no solo es llamativo; es anómalo”, deslizó un exintegrante de esa comisión bicameral.
Laura Serra,SIDE,Conforme a,SIDE,,Ante las críticas. El Gobierno dice que trabaja en un protocolo que regule las aprehensiones que realicen los espías,,Duras críticas. Los constitucionalistas rechazan el decreto que reforma la ley de inteligencia,,Polémica. Las claves del DNU que firmó Milei para reformar la ley de inteligencia y darle más poder a la SIDE
POLITICA
El Gobierno aconsejó a los argentinos no viajar a Irán por las violentas protestas contra el régimen
El Gobierno argentino emitió una recomendación dirigida a sus ciudadanos para que eviten viajar a Irán ante el agravamiento de la situación social y política en ese país. La Cancillería argentina informó la medida este viernes, luego de casi una semana de movilizaciones que han provocado enfrentamientos, víctimas fatales y un clima de alta tensión en distintas regiones iraníes. El comunicado oficial se conoció tras días de protestas masivas que desafían abiertamente al régimen y exigen respuestas a las dificultades económicas que atraviesa la población.
La recomendación se difundió a través de un mensaje formal de la cartera que conduce Pablo Quirno, en el que se pidió a los argentinos “evitar todo viaje o desplazamiento” a Irán, dada la escalada de violencia en las calles y los riesgos asociados a la inestabilidad. Las autoridades nacionales advirtieron, además, sobre la importancia de extremar precauciones para quienes ya se encuentran dentro del territorio iraní y mantenerse informados de manera constante sobre la evolución de los acontecimientos.
La decisión del Ejecutivo se inscribe en el contexto de una serie de manifestaciones que sacuden a Irán desde el pasado domingo. La crisis comenzó en Teherán, donde comerciantes decidieron cerrar sus locales en rechazo a la depreciación del rial y al incremento sostenido de la inflación, antes de extenderse a universidades y otras ciudades del país. Con el correr de los días, las protestas ganaron fuerza y se transformaron en expresiones de descontento político, con consignas dirigidas contra las máximas autoridades iraníes y demandas de soluciones a los persistentes problemas económicos.
En su comunicado, la Cancillería argentina aconsejó a quienes se encuentren en Irán que “extremen las precauciones y se mantengan permanentemente informados sobre la evolución de la situación”. Además, el mensaje incluyó un canal de contacto para quienes requieran asistencia consular, especificando el correo electrónico de la Dirección de Asuntos de Argentinos en el Exterior.
Las calles de Teherán y otras grandes ciudades, como Mashhad y Shiraz, volvieron a ser escenario de protestas este viernes, según imágenes difundidas por activistas en redes sociales y recogidas por Agencia EFE. Los manifestantes, en barrios orientales y occidentales de la capital iraní, entonaron consignas abiertamente críticas hacia el líder supremo, Ali Jameneí, como “Muerte al dictador”, en abierta confrontación con el régimen. Las movilizaciones han sido reprimidas por las fuerzas de seguridad, que han dejado hasta el momento un saldo de varios muertos y decenas de heridos.
La organización no gubernamental iraní Hrana, con sede en Estados Unidos, detalló que durante los primeros cinco días de manifestaciones fallecieron al menos siete personas, 33 resultaron heridas y unas 119 fueron detenidas. Las protestas, de acuerdo con la misma fuente, se extendieron a más de treinta ciudades y constituyen la mayor ola de descontento ciudadano desde las revueltas que sacudieron Irán en 2022 tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial.
Medios locales confirmaron que el jueves se registraron conflictos violentos en ciudades medianas y rurales, como Lordegan, donde dos civiles perdieron la vida durante los enfrentamientos, según la agencia Fars. Azna, en la provincia de Lorestán, fue otro de los puntos críticos, con tres muertos y 17 heridos en choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad. En Kuhdasht, un integrante de la milicia Basij falleció durante los disturbios, mientras que otros 13 policías sufrieron heridas por pedradas, de acuerdo con reportes de la televisión estatal iraní.
Las autoridades de la República Islámica de Irán intentaron calmar los ánimos reconociendo las “demandas legítimas” de la población ante el deterioro de la situación económica. En declaraciones recogidas por la televisión oficial, el fiscal general, Mohammad Movahedi-Azad, advirtió que cualquier intento de convertir las protestas en un instrumento de “inseguridad o destrucción de bienes públicos” recibiría una respuesta “firme” por parte del Estado.
La agencia Tasnim informó que 30 personas fueron detenidas en el distrito de Malard, al oeste de Teherán, por “perturbar el orden público”, y que otras siete habrían sido arrestadas por supuestamente pertenecer a “grupos hostiles a la República Islámica” con base en el extranjero. Las detenciones se suman a las ya reportadas en los últimos días, en el marco de un operativo de control que busca contener la expansión de las protestas.
La crisis económica de Irán se ha profundizado en los últimos meses: el rial perdió más de un tercio de su valor frente al dólar, mientras que la inflación anual se ubicó en 52% en diciembre, según datos del Centro de Estadísticas nacional. El deterioro del poder adquisitivo y el encarecimiento de productos básicos han impulsado a la población a salir a las calles, pese al riesgo de represión.
En respuesta al clima de tensión, el presidente Masud Pezeshkian advirtió a su gabinete sobre la necesidad de atender los reclamos sociales. “Desde un punto de vista islámico, si no resolvemos el problema de los medios de subsistencia de la gente, acabaremos en el infierno”, expresó el mandatario ante funcionarios, de acuerdo con medios oficiales.
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