En su primera aparición pública de este año, la ex presidenta Cristina Kirchner salió al balcón de su departamento en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria, para observar una comparsa que se congregó en la calle.

El episodio, que quedó registrado en video, ocurrió este viernes, durante la previa del fin de semana largo por Carnaval.

“¡Llevamos un poco de carnaval a quien nos devolvió el carnaval!”, describió Mariel Fernández, intendente de Moreno, quien participó del evento y compartió imágenes del mismo.

En su cuenta de X, escribió este sábado por la madrugada, tras la comparsa: “¡Amor con amor se paga cantaron las murgas de Moreno! Ya pasaron quince años de la recuperación del feriado de carnaval y la vuelta de los Corsos”.

Y agregó: “¡Los pueblos tristes no vencen! ¡Y hoy desbordamos de alegría desde el asfalto al balcón!”.

El Carnaval Porteño reunirá a miles de personas a lo largo de todo febrero y hasta el domingo 1 de marzo, con más de 100 murgas que participarán en 20 corsos ubicados en distintos barrios. Durante este fin de semana largo, se prevén cuatro días de festejos que se extenderán hasta el próximo martes.

Este viernes, la Cámara Federal de Casación rechazó los recursos de la defensa de CFK, con lo cual seguirán vigente el uso de tobillera electrónica y las restricciones vinculadas a las visitas y uso de la terraza en la prisión domiciliaria de la expresidenta, condenada en la causa Vialidad.

La sala IV del máximo tribunal penal del país dejó firme así en un voto mayoritario de los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña las decisiones y la ampliación de restricciones resueltas por el juez de ejecución de la condena, Jorge Gorini, integrante del Tribunal Oral Federal 2, que juzgó y condenó a la expresidenta a seis años de prisión por administración fraudulenta en el expediente que analizó la asignación irregular de obras viales en la provincia de Santa Cruz.

En disidencia votó el camarista Mariano Borinsky, quien consideró que lo resuelto en la etapa de ejecución de la pena no constituyó un “temperamento válido como derivación razonada del derecho vigente conforme a las constancias de la causa”, según el fallo de 131 carillas al que tuvo acceso Infobae.

“Evitar privilegios indebidos”

CFK está detenida desde junio de 2025 con prisión domiciliaria en un departamento en San José 1111, Constitución. Sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy habían presentado dos recursos ante la Casación Federal contra decisiones vinculadas a la forma en que su defendida cumple la condena: el uso de tobillera electrónica, los límites a las visitas, reforzados luego del escándalo por una reunión en su domicilio con nueve economistas en noviembre pasado, y el máximo de dos horas diarias otorgado para subir a la terraza del edificio.

En su exposición, el juez Hornos remarcó que “lejos de evidenciar un trato desigual en perjuicio de la condenada, la decisión cuestionada se inscribe precisamente en la exigencia constitucional de evitar privilegios indebidos”.

“Lo contrario (esto es, flexibilizar sin control las condiciones de cumplimiento de la pena en atención a la notoriedad pública, el rol institucional previo o la gravitación política de la persona condenada) comprometería seriamente la legitimidad del sistema de justicia penal y supondría un apartamiento inadmisible del principio de igualdad”, agregó el titular de la sala IV.

Este criterio cobra mayor relieve cuando se tiene en cuenta que, expresó, se trata de “vinculadas a delitos graves de corrupción que involucraron a las máximas autoridades del Estado”.

“Las restricciones cuestionadas se encuentran dentro del marco de facultades que la ley reconoce al órgano encargado de supervisar la ejecución de la pena”, agregó el juez en alusión al Tribunal Oral Federal 2 que llevó adelante el juicio por el direccionamiento del 80 por ciento de la obra vial nacional en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez durante el kirchnerismo y resolvió una condena que quedó firme en la Corte Suprema de Justicia y comenzó a cumplirse.

Hornos recordó el episodio del 17 de noviembre último -la visita simultánea de los economistas- y su posterior difusión “efectuada por la propia Fernández de Kirchner en la red social ‘X’”.

En ese momento, el juez de ejecución Gorini interpretó que se incumplieron autorizaciones vigentes y estableció que en lo sucesivo dichas visitas deberán ser autorizadas de manera individual, expresa y previa, con motivación concreta, fijando un límite máximo de dos horas de duración, hasta dos veces por semana y con un máximo de tres personas por ocasión. Casación dejó ahora esto en pie.

También ratificó el uso de tobillera electrónica y la restricción diaria para subir a la terraza. “No se advierte arbitrariedad ni irrazonabilidad en las condiciones impuestas para el cumplimiento de la detención domiciliaria”, precisó el fallo.

La defensa “no ha logrado demostrar que las medidas cuestionadas resulten innecesarias o desproporcionadas en relación con los fines de control que persiguen”, concluyó.

En cuanto a la tobillera, Hornos y Barroetaveña coincidieron en que “el monitoreo electrónico constituye una herramienta válida para asegurar el cumplimiento efectivo de la modalidad de detención dispuesta».

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El gobierno de la provincia de Entre Ríos otorgó este jueves un aumento salarial a los efectivos de la Policía provincial y del Servicio Penitenciario.

El incremento será en la suma no remunerativa y no bonificable que percibe el personal de seguridad. A partir de febrero de 2026 pasará a ser de $200 mil para los agentes de menor antigüedad. El techo será de $350 mil, de acuerdo con la escala correspondiente.

La medida se tomó mientras el Gobierno de Santa Fe buscaba una salida para descomprimir la crisis en Rosario. La administración de Maximiliano Pullaro dejó de lado las amenazas de sanciones y se enfocó en mejorar los ingresos de la tropa.

El movimiento policial rosarino removió viejos recuerdos del otro lado del río Paraná. En 2013, la Policía se acuarteló en Concordia. La crisis social generada devino en saqueos que se cobraron tres muertes.

Casi en paralelo a los sirenazos en Rosario, un grupo de familiares de agentes policiales y penitenciarios entrerrianos organizó una convocatoria. El llamado no revestía demasiado peligro. La fecha prevista para la protesta recién era a mediados de marzo.

Sin embargo, el gobierno de Rogelio Frigerio entrerriano cortó por lo sano e hizo este anuncio. Otro factor que enlaza lo que ocurría en Santa Fe con la decisión del gobierno provincial es que el escalafón de seguridad recibió el incremento antes que otros siquiera hayan sido llamados a discutir recomposición de haberes para el 2026.

Recién 24 horas después de que se hiciera público el incremento a policiales y penitenciarios se conoció la convocatoria a los demás estamentos. La primera reunión de la paritaria estatal se concretará el 19 de febrero. El turno de los docentes será recién el 23, una semana antes del comienzo del ciclo lectivo.

En qué consiste el incremento

El ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, precisó que la medida implica el reemplazo de los códigos 101 y 133, para el personal en actividad. Con este incremento, un agente de la Policía, con un año de antigüedad, cobrará $1.302.000.

Asimismo, se dispuso la actualización de la suma que perciben los pasivos de ambas fuerzas de Entre Ríos. Se estableció un monto fijo mensual de 100.000 pesos a partir de febrero de 2026.

El mandatario provincial suele destacar de forma pública la labor de la Policía de Entre Ríos. “Tenemos la mejor del país” ha repetido en varios actos oficiales.

Cuál es el panorama general de los salarios

Entre la caída de la recaudación propia y la merma en los recursos coparticipables, la Administración Frigerio hace malabares para cubrir las demandas de los agentes públicos.

“Venimos trabajando en la propuesta que podemos realizar, siempre en el marco de diálogo con los gremios. No tengo un número para decir ahora”, afirmó el ministro de Economía entrerriano, Fabián Boleas, cuando se le consultó sobre la oferta a estatales.

“Estamos delineando, tratando de cerrar lo antes posible esa cuestión para luego plantearla”, agregó, subrayando que será una oferta que el Estado provincial pueda afrontar. “No vamos a comprometernos a nada que no podamos cumplir”, destacó.

Frigerio se manifestó en esa sintonía. “El año pasado tuvimos una paritaria histórica anual. Vamos a ver si llegamos a un acuerdo en ese mismo sentido”, expresó. Luego, puso límites a las expectativas de incremento de haberes. La oferta oficial tendrá en cuenta “lo que es de público conocimiento: la recaudación de las provincias en general y la nuestra no es una excepción, no se ha recuperado todavía”.

Patricia Bullrich usó un dicho de la política tradicional para destacar que fue una larga negociación lo que le permitió al oficialismo avanzar con la reforma laboral en el Senado. “El tango se baila de a dos”, escribió en X. El diputado Benegas Lynch lo sostuvo de otra forma, más directa. “Cuando vos te metés en el recinto, es para ganar una votación, no para que te llenen la cara de dedos”, dijo en una entrevista con este medio. ¿A quién le hablaban? Sonó, especialmente en boca del legislador, a mensaje para la propia tribuna. Una especie de justificación para sostener el giro al “realismo libertario” y amortiguar el golpe al discurso anticasta.

Entre las muchas consideraciones que pueden ser hechas sobre el texto aprobado en el Senado -y enviado 48 horas después a Diputados, para acelerar el trámite-, se anotan las decenas de puntos que decidió modificar el Gobierno en tren de reunir votos. No fue tampoco una novedad absoluta, aunque esta vez prefirió evitar lo ocurrido con el Presupuesto 2026, en las vertiginosas sesiones de fin del año pasado. Aquella vez, el oficialismo perdió en Diputados una votación de alto impacto, por el capítulo que incluía el fin de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. Procesó su enojo, no insistió en el Senado y pudo celebrar la sanción de la ley.

Visto de entrada que la reforma laboral demandaba negociaciones y cambios, enfrentó la prueba del Senado -y la pasó con comodidad numérica- en base a tratativas que tuvieron como foco a los gobernadores pero que, con menor visibilidad mediática, incluyó señales a los jefes sindicales y no sólo al mundo empresarial. Traducido según los criterios básicos de su “batalla cultural”, se trataría de un arreglo con “la” política (los jefes provinciales) y con la casta sindical.

Por supuesto, la trascendencia del proyecto laboral podrá ser medida por sus efectos prácticos en las relaciones de trabajo. Habrá que esperar la sanción definitiva, la reglamentación, la aplicación que demandará tiempo. Pero en lo inmediato, los primeros ruidos se registraron en un terreno que durante bastante tiempo el oficialismo asumía como propio o, al menos, cómodo: las redes sociales, con particular foco en X.

En ese circuito que tiende al reduccionismo y la chicana, los puntos destacados fueron el trato cerrado con los gobernadores y, más aún, la modificación de artículos que afectaban a la estructura sindical. En el primer caso, fue un acuerdo de necesidad compartida: finalmente, fue liquidado el punto de la baja de Ganancias. Ni a las provincias ni al Gobierno les convenía. La recaudación viene cayendo de manera sostenida desde hace seis meses, con el consiguiente impacto en las cuentas nacionales y, según el impuesto, en la coparticipación federal.

Los gestos hacia los jefes sindicales -expresión de negociaciones más reservadas, entre otras razones por cuestión de imagen– terminó siendo un dato potente, provocado en buena medida por desmanejo discursivo del oficialismo. Puso énfasis en adjudicar al proyecto un sentido de combate con el sindicalismo, casi como elemento mayor, y las concesiones terminaron destacando eso mismo, pero al revés. Los aspectos que sí podrían haber afectado a las organizaciones gremiales -y su dirigencia- fueron dados de baja. No hubo rebaja de aportes a las obras sociales y también quedó en el camino la idea de bloquear los aportes “solidarios” a los sindicatos y el modo de recaudar la cuota gremial, a través de las empresas. Mal momento para Federico Sturzenegger.

Desde el lado sindical, el elemento inquietante tuvo poco que ver con las advertencias de movilización y medidas de fuerza. En ese juego, quizás haya pesado más la latente posibilidad de demandas para judicializar algunos aspectos de la reforma. El sindicalismo peronista carece prácticamente de poder legislativo. Es una tendencia que, en rigor, se profundizó en era K. Pero a los jefes cegetistas le quedan otros recursos. Algunas municiones del oficialismo sobre el fuero nacional del trabajo alimentan todo tipo de especulaciones.

Más visible resultó la afirmación del poder de negociación de los gobernadores. Fue notable en el pasado capítulo del Presupuesto y determinante en un tema como la ley laboral. El Gobierno los terminó poniendo en el centro de la discusión con la propuesta de la baja en Ganancias para empresas, que corrió el eje del tema a pesar de que Economía sabía de su propia debilidad en ese frente. La decisión de llevar a la larga el asunto terminó para agrandarlo. Y, más allá de la combinación de necesidades, quedó como una cesión del oficialismo.

El Gobierno, entre tanto, apuesta a capitalizar el momento legislativo. Avanza con otros temas y anuncia más. En esa movida, se destaca el proyecto de régimen penal juvenil, una iniciativa recreada por el oficialismo y que, al menos mediáticamente, quedo teñida exclusivamente por la baja de la edad de imputabilidad. Ese punto fue acordado con socios y aliados. Pasó de Diputados al Senado, que debe apurar el paso la semana que viene para llegar al recinto antes de fin de mes. Una cuestión que generó algo de debate en el trámite inicial podría plantear otra prueba y tratativas con las provincias: los fondos para ir adecuando los servicios penitenciarios a la letra de la iniciativa.

La actitud negociadora aparece insinuada además en la intención de incorporar a la agenda un proyecto que de algún modo cierre el tema de los fondos para universidades. Existe una necesidad generada por el frente judicial abierto ante el incumplimiento de la ley de financiamiento que aprobó el Congreso, vetó Javier Milei y sigue en pie por la insistencia legislativa. Trascendieron conversaciones con los rectores. Y esas tratativas están a cargo de Carlos Torrendel y Alejandro Alvarez. El encargado de Políticas Universitarias es sin dudas el funcionario del área que encaró con mayor dureza mileista su tarea. Ahora, al parecer, las necesidades son otras.

En cualquier caso, este momento de “realismo libertario” -cuya extensión en el tiempo nadie podría asegurar- es similar a otros “realismos” que han expuesto las debilidades prácticas de las ideologías rígidas.