POLITICA
Cambia el tribunal que decide sobre el régimen de detención de Cristina Kirchner: podría favorecer a la expresidenta
La defensa de la expresidenta Cristina Kirchner, internada mientras se recupera de una operación de peritonitis, apuesta a que en enero, cuando comience la feria judicial, puedan flexibilizarse las condiciones en las que ella está cumpliendo su condena a seis años de prisión en el departamento de San José 1111, en Constitución. Así lo informaron a fuentes de la causa. El argumento es que durante enero no intervendrán dos camaristas que votaron en contra de los pedidos de la exmandataria.
Mientras sigue internada en el Sanatorio Otamendi, sin una fecha prevista para el alta, Cristina Kirchner viene pidiendo que se amplíe su régimen de visitas, que le quiten la tobillera electrónica que controla sus movimientos en su vivienda y que se le permita ampliar las dos horas que tiene permitido subir a la terraza.
Todos estos planteos ya los efectuó ante el Tribunal Oral Federal N° 2, que es el que la condenó, pero fueron rechazados.
En cuanto a las visitas, el tribunal las restringió a tres personas, durante no más de dos horas y tres veces por semana. Fue luego de una reunión masiva con nueve economistas en la casa de San José 1111.
También rechazó ampliar la lista de visitas automáticas e incluir a Alicia Kirchner, a las hijas de ella, Romina y Natalia Mercado, y al exministro Juan Martín Mena, su asesor jurídico personal, entre otros.
Ante el rechazo del tribunal, su abogado Alberto Beraldi planteó recursos y llegó en apelación con sus pedidos hasta la Cámara de Casación Penal. Lo mismo hizo la fiscalía con su reclamo para que se le impida el uso de la terraza.
Los jueces de la Cámara Federal de Casación que hasta ahora resolvieron en su caso son Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, de la Sala IV.
Pero el viernes 1° de enero cambia la integración de la Sala e intervendrán los jueces que estarán de turno durante la feria judicial.
Estos son Borinsky, Angela Ledesma, Guillermo Yacobucci, Javier Carbajo y Juan Carlos Gemignani. De todos ellos, Gemignani y Carbajo están excusados de intervenir en esta causa.
Con lo que la sala que deberá decidir está integrada por Borinsky, Ledesma y Yacobucci. Borinsky ya votó en este caso, y lo hizo en favor de flexibilizar las condiciones de detención de la expresidenta.
Votó en contra, por ejemplo, del uso de la tobillera, pero su posición quedó en minoría porque se impuso el criterio de sus colegas Barroetaveña y Hornos. También fue más flexible con la concesión de permisos para recibir visitas.
Consideró que la expresidenta cuenta con custodia permanente de la Policía Federal Argentina y que los dispositivos electrónicos son recursos penitenciarios limitados.
Sin embargo, nada asegura que el juez siga manteniendo esas posturas, después de que la Corte Suprema de Justicia se pronunció y rechazó el planteo de Beraldi sobre la tobillera porque dijo que no estaba adecuadamente fundamentado.
El planteo del abogado se basaba en la disidencia del juez Borinsky, que había sostenido que la tobillera era innecesaria para alguien con custodia policial permanente, figura pública sin riesgo de fuga y en un contexto donde las tobilleras disponibles son escasas.
También la Corte habló del régimen de visitas, pero aquí no fue taxativa. Dijo que era inoficioso pronunciarse.
Incluso puede cambiar la postura con el uso de la terraza, ya que cuando la expresidenta sea dada de alta, deberá, por ejemplo, tener un espacio para su adecuada rehabilitación.
El criterio de Borinsky, más flexible que el de sus colegas ausentes por vacaciones, puede provocar cambios en las condiciones de detención de la expresidenta.
Sobre todo, si se considera que lo acompañará en la feria la jueza Ángela Ledesma, más sensible a las garantías de los presos condenados, aun en prisión domiciliaria.
El tercer juez, Guillermo Yacobucci, tiene posturas más duras en cuanto al régimen de prisión domiciliaria y suele votar en disidencia con Ledesma en la sala donde actúan juntos.
Por eso, no sería extraño pensar en una votación dos a uno, que podría favorecer, aunque sea parcialmente, la manera en que la expresidenta está cumpliendo su condena por la causa Vialidad.
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POLITICA
Fiscales federales de Corrientes piden revertir un fallo que impide el trabajo en equipo en causas por narcotráfico
La presentación de los fiscales federales de Corrientes, encabezada por el coordinador Carlos Schaefer, se dirigió contra una decisión del Tribunal Oral Federal de Corrientes que limitó la intervención del equipo de la unidad fiscal durante el juicio a Jorge Eduardo Espinoza, alias “Chaquito”. En febrero, en el marco de las audiencias, el tribunal determinó que solo podrían participar dos fiscales en cada audiencia, incluidas las intervenciones en la acusación final.
El Tribunal Oral Federal de Corrientes resolvió lo anterior tras un planteo de la defensa oficial, estableciendo que únicamente podían intervenir dos integrantes de la unidad fiscal por jornada, también durante los alegatos. Esta dupla definida podría alternarse conforme al artículo 105 del código, el cual prevé dos defensores para el imputado.
En otros casos se ha repetido esta práctica. El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz dictó el mismo límite en el proceso que investigó la desaparición del submarino ARA San Juan, en el que también solo dos de los cuatro acusadores pudieron participar en las audiencias de debate.
El argumento de ambos tribunales es que debe mantenerse la “igualdad de armas” entre la defensa y el Ministerio Público Fiscal durante el juicio.
A pesar de estas restricciones, el acusado Espinoza fue condenado por el Tribunal Oral Federal de Corrientes a trece años de prisión. Sin embargo, se estableció un precedente sobre cómo puede organizarse la acusación en un juicio oral. Pero quedó el antecedente de cómo se configura la acusación en un debate. Esto podría ser esgrimido de nuevo cuando, por ejemplo, el mismo Tribunal juzgue el Caso Loan.
Una nueva negativa
En marzo, previo a la sentencia, la Fiscalía Federal de Corrientes insistió con su planteo y presentó un nuevo argumento: mencionó que el escenario de lucha contra el narcotráfico había cambiado después de conocerse que en Entre Ríos se había gestado un plan criminal que incluía el asesinato de un fiscal federal y un juez federal.
Según la confesión de otros detenidos, Leonardo Airaldi planeaba ejecutar esa acción debido a que ambas víctimas, José Candioti (fiscal federal) y Leandro Ríos (juez federal), participaron en distintas etapas de los procesos en su contra. El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, también figuraba en la lista de objetivos. Roncaglia fue jefe de la Policía Federal y, previamente, titular del área de Drogas Peligrosas de esa fuerza.
Para los fiscales federales de Corrientes, lo sucedido en la provincia vecina es una causa nueva para revisar el criterio de dos fiscales y dos defensores. Schaefer recalcó la necesidad funcional de que un equipo, compuesto por fiscales y auxiliares fiscales, intervenga en juicios complejos.
Entre los fundamentos, el fiscal coordinador expuso que contar con un equipo que actúe “de manera simultánea, conjunta o alternada en la etapa de alegatos” resulta esencial por motivos de organización y distribución funcional del Ministerio Público Fiscal. La división del trabajo correspondía con la complejidad objetiva y subjetiva del proceso seguido contra Espinoza.
El expediente abordaba catorce imputados, de los cuales cuatro permanecen prófugos.
El reclamo era duplicar el número de acusadores, con la participación de cuatro fiscales. El pedido buscaba brindar transparencia, protección y seguridad al equipo fiscal: “Estamos frente a organizaciones narcocriminales. Con la participación de equipos alegando, también se diluye la posibilidad de amenazar y amedrentar al actor público”.
El fiscal coordinador subrayó que la intervención de más personas “no configura una multiplicidad de acusadores independientes. Se trata, por el contrario, de una única voluntad institucional que, ejercida de manera coordinada, se plasma en una única teoría del caso”.
El Tribunal Oral Federal de Corrientes mantuvo su decisión inicial, lo que, a juicio de la acusación, constituyó una invasión a la independencia del Ministerio Público Fiscal.
La Fiscalía Federal de Corrientes presentó entonces un recurso ante la Cámara Nacional de Casación Penal. Sin embargo, el mismo tribunal rechazó la medida, por lo que la cuestión fue elevada mediante una queja a la Cámara Nacional de Casación Penal. Este órgano debe resolver no solo este caso sino también el planteo de los fiscales del ARA San Juan, lo que podría determinar el criterio para futuras causas de alta complejidad institucional.
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El expresidente Mauricio Macri convocó a dirigentes y autoridades del PRO a un encuentro estratégico que se realizará este jueves en Parque Norte. La cita tiene como objetivo definir la hoja de ruta del partido para el resto del año y planificar su papel en las elecciones de 2027.
La reunión, organizada por el diputado y secretario general del partido Fernando de Andreis, espera concentrar a intendentes, legisladores, concejales y figuras nacionales del espacio, entre ellos María Eugenia Vidal, Hernán Lombardi y la legisladora porteña Silvia Lospennato.
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Más allá de cumplir con formalidades estatutarias del Consejo Nacional del PRO, el cónclave tendrá un fuerte componente político. Allí se evaluarán estrategias legislativas, la representación del partido en el Congreso y los vínculos con gobernadores provinciales, considerados clave para ampliar la influencia federal del macrismo.
El exmandatario ya había iniciado reuniones previas con el foco puesto en consolidar la identidad del PRO y definir su relación con La Libertad Avanza.
La postergación del Consejo Nacional del PRO a fines del mes pasado permitió reprogramar esta cumbre, otorgándole a Macri espacio para marcar la estrategia del partido.
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A poco más de 10 días de su llegada al Ministerio de Justicia, Juan Bautista Mahiques continúa con los cambios dentro de la cartera en áreas clave. Durante esta madrugada, se hizo efectiva la salida de quien era hasta este martes la titular de la Unidad de Gabinetes de Asesores.
La renuncia de María Fernanda Rodríguez se hizo efectiva mediante la publciación del decreto 156/2026, en el Boletín Oficial. Los motivos de su dimisión no fueron explicitados, pero se dan en el marco de una reestructuración del Ministerio tras la designación de Mahiques como reemplazo de Mariano Cúneo Libarona.
“Agradécense a la funcionaria renunciante los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo», dice la normativa publicada esta madrugada, en la que no se especificó quién será el nuevo jefe de Gabinete de Justicia.
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Horas antes, el Ministerio de Justicia avanzó con el nombramiento de los veedores sobre la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), a pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ).
La intervención es en grado de veeduría sobre la AFA por 180 días hábiles, en una decisión que conjuga aspectos técnicos, jurídicos y políticos, situando al fútbol argentino en el centro de una disputa más amplia acerca del control estatal, la transparencia y el poder institucional.
De acuerdo con la resolución firmada por el Ministerio de Justicia, a partir de una solicitud de la IGJ —organismo encargado de fiscalizar asociaciones civiles en la Ciudad de Buenos Aires—, el objetivo formal es relevar documentación, auditar estados contables y verificar el funcionamiento institucional de la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia.
La semana pasada se dieron otros cambios en el Ministerio con al designación de Emiliano Pedro Méndez Ortiz como subsecretario de Política Criminal, quien tendrá entre sus funciones y responsabilidades asistir al secretario en la definición de la política criminal de la Nación y en la ejecución de acciones en la materia.
Además, según lo dipuesto, entre sus tareas se encuentra la coordinación del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, brindando apoyo y asistencia a las víctimas. Además, interviene en el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, así como la promoción de la eficacia, la eficiencia y la calidad en el sistema de justicia.
Con esta incorporación, Mahiques avanza con la conformación de la cartera a la que asumió tras la salida de Mariano Cúneo Libarona el 5 de marzo. En este sentido, también aguarda el nombramiento oficial de Matías Gabriel Álvarez, quien estará al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Se trata de un fiscal especializado en criminología, con formación en la investigación de delitos complejos y una amplia trayectoria en la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).
Más designaciones dentro del Gobierno
Además de los cambios en Justicia, el Ejecutivo nacional nombró a nuevos funcionarios en dos organismos: la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).
Con respecto a la primera, a través del decreto 16/2026, nombraron como subadministrador Nacional a Gabriel Leonardo Barbagallo. Mientras tanto, en el ORSNA —a través del decreto 155/2026—, aceptaron las renuncias presentadas por Carlos Pedro Lugones Aignasse al cargo de presidente del organismo y la de Fernando José Muriel como vicepresidente.
En el mismo acto administrativo, el Gobierno nacional designó a Diego Pablo Giuliano como nuevo presidente del ORSNA y a Adrián Enrique Bianchi en la Vicepresidencia. Según lo expuesto en la resolución, las nuevas autoridades asumen la gestión del organismo a partir de la fecha de publicación del documento. Esta decisión fue adoptada bajo la órbita del Ministerio de Infraestructura.
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