POLITICA
Cambio de clima: ofensiva opositora en el Senado para limitar la validez de los decretos de necesidad y urgencia
En un giro inesperado que marca el cambio de clima político con la administración libertaria que impera en el Congreso tras el cierre de listas para las elecciones de octubre, un amplio arco opositor se puso de acuerdo esta tarde y decidió avanzar en la elaboración de un proyecto que buscar restringir el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) por parte del Poder Ejecutivo.
El acuerdo se plasmó en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que mandató a su presidenta, la peronista cordobesa Alejandra Vigo (Las Provincias Unidas), para que elaborara un proyecto de dictamen que modifique la ley 26.122, de trámite legislativo, que reglamenta el tratamiento parlamentario de los DNU y los decretos de facultades legislativas delegadas en el Poder Ejecutivo.
La propuesta contó con el apoyo de la UCR, el kirchnerismo; la porteña Guadalupe Tagliaferri, que responde a Horacio Rodríguez Larreta, y exaliados del Gobierno como el peronista correntino Carlos Espínola (Corrientes), presidente del interbloque Las Provincias Unidas.
En ese sentido, y como un claro indicador de que el Gobierno ha perdido aliados por su política de acuerdos electorales, la movida encontró en la misma vereda al jefe del bloque UCR, Eduardo Vischi (Corrientes), que hasta hace unas semanas atrás apoyaba a la administración libertaria, con dos radicales críticos de Milei como Martín Lousteau (Capital) y Pablo Blanco (Tierra del Fuego).
En el debate, los legisladores se pusieron de acuerdo en terminar con la sanción ficta, que le permite a los decretos mantener su validez mientras no sean rechazados por ambas cámaras legislativas o quedar ratificados si son aprobados por una sola cámara legislativa.
Ahora, se invertirá la carga de la prueba y la idea es exigir la ratificación del Senado y de la Cámara de Diputados para que el instrumento mantenga su vigencia.
En consonancia con esa idea, también se reglamentará de manera restrictiva el concepto de que el silencio del Congreso implica la validez tácita de los instrumentos. En ese sentido, hubo consenso para establecer un plazo perentorio en el que el Congreso tendrá que expedirse sobre los decretos.
Si vencido ese plazo no hay un pronunciamiento, el decreto perderá su vigencia. Los tiempos que se barajaron en el debate de esta tarde fueron desde los 30 días hábiles a los 90 días corridos.
También se escucharon propuestas para permitir que el Congreso pueda aprobar o rechazar de manera parcial los DNU. Hoy, la normativa vigente obliga al Congreso a tratar como un todo cada instrumento.
La idea es terminar con la disyuntiva de todo o nada que debe dilucidar el Congreso ante el uso de decretos ómnibus, como el 70/23 que dictó Javier Milei en el inicio de su gestión, sin poder separar aquellas medidas que tengan consenso de las consideradas nocivas.
La letra fina de la iniciativa quedó en manos de la senadora Vigo, quien se comprometió a terminar de darle las puntadas finales al dictamen y pasarlo para su firma. Una vez concretado este paso, la iniciativa quedará habilitada para su debate en el recinto de la Cámara alta.
La ley 26.122 fue sancionada en 2006 por impulso de Cristina Kirchner cuando era primera dama y senadora nacional. Fue ella la que impuso el método de la sanción ficta para favorecer al Poder Ejecutivo, en ese momento ejercido por su esposo, Néstor Kirchner.
Ahora, el kirchnerismo parece haber pasado a la vereda de enfrente y se sumó a la ofensiva para restringir el uso de los decretos de necesidad y urgencia por parte del Gobierno.
Fue el radical Vischi el primero en apoyar la necesidad de modificar la reglamentación de los DNU luego de considerar que han sido usados de “manera excesiva” por este Gobierno y abogó en contra de la sanción ficta vigente.
“Es nociva la aprobación tácita. Tiene tanta fuerza que permite que los decretos tengan vigencia sin tratamiento y eso vulnera prerrogativas constitucionales”, afirmó el líder de la bancada radical, quien pidió que “sea inválido el DNU que no sea tratado por el Congreso”.
En la misma sintonía se manifestó Tagliaferri, quien sostuvo que con la actual ley “es más fácil tener un decreto que una ley, que tiene que ser aprobada por ambas cámaras, y un decreto no”.
La senadora porteña también pidió reglamentar el silencio del Congreso y propuso un plazo de 60 días para que el Congreso ratifique los decretos, caso contrario perderán su validez. También apoyó la idea de que puedan ser aprobados o rechazados de manera parcial.
El senador Blanco alertó sobre “el abuso que hace el Gobierno” de los DNU y citó como ejemplo el 70/23 que, dijo, “ahora le permite tomar medidas al Poder Ejecutivo por las facultades delegadas que contiene”.
“Todos los gobiernos han abusado de los DNU, pero este hace uno por semana”, sumó su voz Lousteau, quien recordó que el DNU 70/23 modificó 80 leyes. Además, el radical porteño propuso habilitar la declaración de nulidad de los decretos, lo cual impediría el reclamo de derechos adquiridos en el caso de que el Congreso derogue el instrumento.
“Hay que lograr consenso para reglar algo que ha generado un abuso por parte del Gobierno porque esta ley le permite que sea más fácil gobernar por decreto que lograr una ley en el Congreso”, afirmó la kirchnerista Florencia López.
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Una polémica estalló en el Congreso tras las declaraciones de la senadora Carmen Álvarez Rivero. La legisladora del Pro por Córdoba cuestionó el sistema de atención del Hospital Garrahan durante una reunión de comisiones que debatía la emergencia sanitaria pediátrica.
Durante su intervención en el Salón Illia del Senado, la legisladora cordobesa expuso su postura sobre la atención sanitaria en el país. En ese marco, realizó la afirmación que provocó el rechazo generalizado. Álvarez Rivero dijo textualmente: “no creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho no lo conozco en ningún lado”.
La senadora fundamentó su posición en la idea de que la salud es una competencia provincial. Cuestionó la centralidad del Garrahan y la financiación federal. “La frase que ‘la salud de alta complejidad es de competencia federal’ es falsa. La salud, y no hay más distinción, es de competencia provincial”, expresó.
Advirtió también sobre el impacto económico que la atención de pacientes de otras jurisdicciones genera en su provincia. “La salud privada y la salud pública cordobesa atienden a mucha población de otras provincias. De Catamarca, La Rioja, Santiago y hasta La Pampa. Se debe a que la Argentina está pobre”, detalló.
Luego solicitó una compensación financiera. “Me gustaría que se asignaran también más recursos a Córdoba cuando atendemos a personas de otra jurisdicción. Eso recae sobre las espaldas de los cordobeses”, manifestó.
Las afirmaciones de Álvarez Rivero recibieron una respuesta inmediata de legisladores de diferentes bloques políticos. La primera en contestar fue la senadora catamarqueña Lucía Corpacci, del Frente Nacional y Popular. “La verdad, le tengo que decir que creo que todos los niños tienen derecho al acceso a la salud”, replicó.
Guadalupe Tagliaferri, senadora del Pro por la Capital, también intervino. Recordó el marco legal vigente que protege el derecho a la salud. “Hay que recordar la Constitución y el derecho a la salud, que lo tiene que garantizar el Estado”, sostuvo. Tagliaferri también citó la Convención Internacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que posee rango constitucional en la Argentina. Explicó que uno de sus principios es el acceso equitativo, cercano e inmediato a la salud.
El senador Martín Lousteau, de la UCR, fue el más duro en su crítica. Calificó los dichos de su par como una expresión de una mentalidad injusta. “Que alguien diga que los niños en la Argentina, cuando tienen una patología grave, no tienen derecho a ser atendidos en el Garrahan da idea de cuán proclive a la injusticia es la cabeza de una persona. Me parece de un nivel de violencia inusitado”, opinó Lousteau.
Frente al repudio que generaron sus palabras, la senadora cordobesa intentó aclarar su postura. Afirmó que sus dichos fueron malinterpretados. “Me parece que fui malinterpretada. Los chicos que se operan en el Garrahan no tienen nada que ver en esta discusión, por supuesto”, aclaró.
Luego, reiteró su argumento principal sobre la distribución de recursos y la competencia provincial. “No podemos dejar de entender que si la competencia de la salud es provincial, que haya un hospital pago por todos… hay que decir la verdad: ¿a quién le proveen más servicio? A la población de Ciudad de Buenos Aires y de AMBA. Esa es la atención mayoritaria”, completó.
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POLITICA
Cumbre secreta en Casa Rosada: el “Triángulo Político” de Milei se reunió de noche y tomó definiciones clave
Ayer por la noche, en un lapso no mayor a una hora, terminaron por desembocarse tres sucesos centrales para la agenda política del Gobierno. Trascendió el desplazamiento de Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS); la detención de Ariel García Furfaro y directivos del laboratorio HLB Pharma; y el bloqueo a la iniciativa opositora para voltear el veto de Javier Milei a los aumentos jubilatorios. Los audios de las presuntas coimas, el fentanilo contaminado y la ardua sesión de Diputados; configuraron una jornada frenética para la plana mayor de la Casa Rosada.
En ese mismo edificio se daría, minutos después de esa votación legislativa, una reunión reservada y sin previo aviso entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el asesor presidencial Santiago Caputo. Los tres configuran el triángulo de funcionarios políticos de mayor confianza del Presidente, que en ese momento ya estaba en la Quinta de Olivos. Tampoco era necesaria su presencia, ya que suele delegarles la coordinación de los asuntos más relevantes de la gestión.
La reunión se dio en las oficinas de la planta baja de la Jefatura de Gabinete, inició pasadas las 20 y duró cerca de una hora. Los referentes libertarios comieron chipa (un acompañamiento que suele ser habitué en estos convites) y hablaron de los temas más sensibles de la agenda que ocupaban la plana mayor de los medios nacionales.
El secretismo suele ser una marca registrada de este tipo de encuentros, pero no tardó mucho en revelarse cuál había sido uno de los objetivos de la conversación: minutos después de la medianoche, la cuenta institucional de la Vocería Presidencial hizo la primera comunicación oficial de una entidad del Estado sobre los audios que esgrimen presuntas coimas de parte de funcionarios nacionales. En la publicación se aludió a que este episodio fue utilizado políticamente por la oposición para ganar rédito electoral, pero indicó que se había decidido la remoción de Spagnuolo.
“El Ministro de Salud, Mario Lugones, intervendrá la Agencia Nacional de Discapacidad e informará en las próximas horas el nombre del interventor del organismo, en virtud de garantizar su normal y correcto funcionamiento”, agregó la cuenta institucional. Ambas decisiones ya estaban redactadas y listas para ser publicadas en el Boletín Oficial de este jueves.
La intervención de la ANDIS es una nueva atribución que tomará el máximo responsable sanitario, que no se irá de la gestión. Milei tampoco prevé pedirle su renuncia: se trata de una persona de extrema cercanía del asesor presidencial, además del mayor técnico en cuestiones sanitarias de la administración libertaria. Ante todo, el Presidente espera de Lugones los lineamientos para una amplia reforma del sistema de salud, la cual no está prevista para el próximo período legislativo, pero sí para más adelante.
Lugones ya había estado reunido con Santiago Caputo horas antes. Es probable que en ese encuentro se hayan terminado de materializar algunos aspectos clave de las medidas anunciadas esta madrugada. El ministro había visitado a Francos el lunes; pero hasta entonces no había estallado la revelación de los audios de Spagnuolo. Desde el momento que se hicieron públicos, la decisión política de qué hacer en el Ministerio de Salud dejó de estar en manos de Lugones, sino al arbitrio del “Triángulo Político” de Milei, que cortó las comunicaciones informales con la prensa y se limitó a diseñar la gestión de crisis del caso.
Tanto la renuncia de Lugones como la de la intervención de la ANDIS ya estaban prácticamente determinadas al momento de la reunión de Karina, Francos y Caputo. Hacia el comienzo de la jornada, en la cúpula del Gabinete estaba la opinión mayoritaria que Spagnuolo no podía seguir un solo día más en la gestión nacional. No hay novedades de qué reestructuraciones puede suponer la intervención en la Agencia, tampoco quién puede ser el nuevo Director Ejecutivo.
El primero en irse del encuentro fue Francos, que se lo divisó caminando por el Salón de los Bustos alrededor de las 21:30. Otros altos funcionarios -como Eduardo “Lule” Menem- emprendieron retirada cerca de las 23. Los equipos de Francos y el de Caputo siguieron trabajando juntos pese a haber terminado la cumbre del Triángulo. Durante ese plazo habían ajustado la comunicación de la Vocería y continuaban monitoreando la maratónica sesión de Diputados, aunque los dos vetos que le importaban al Gobierno ya habían sido votados.
Ambos equipos ya habían aunado esfuerzos horas antes para trabajar en la ratificación del veto a los incrementos jubilatorios. Estas gestiones -que constaron en contactos con ciertos diputados y gobernadores que ofician de aliados ocasionales- se activaron al ver que el veto de la Emergencia de Discapacidad había sido volteado por la oposición.
“Si lo de jubilados no se frenaba, la masacre pintaba para seguir; por eso trabajamos juntos”, contaron desde un sector de la Casa Rosada. La cuestión era política, pero también económica. Según datos de la consultora Empiria, el costo fiscal de discapacidad para 2026 es de 0,1% del PIB, mientras que para la ley jubilatoria era de 1,2%.
En el Ejecutivo hay preocupación por la avanzada de la oposición en el Congreso. “Estamos como un boxeador que sube la guardia esperando a que lo muelan a piñas”, graficó un funcionario. Y es que mañana el Senado prevé sesionar para tratar los proyectos de financiamiento universitario, la emergencia en pediatría y el volteo de los decretos desreguladores de Vialidad Nacional, la Marina Mercante, el INTA y el INTI, entre otros más.
Aquello resulta anecdótico en relación al panorama mediático que se espera para las próximas jornadas. Mientras tanto, se supone que ya debería estar planificándose el inicio de la campaña electoral nacional. Pareciera que ese asunto fue dejado de lado solo por este miércoles.
Dos legisladores del bloque La Libertad Avanza facilitaron este miércoles el quorum para una sesión clave en la Cámara de Diputados. La maniobra expone las tensiones internas en el oficialismo y habilita el tratamiento de los rechazos a vetos del presidente Javier Milei. La oposición busca anular las decisiones del Poder Ejecutivo sobre los aumentos en las jubilaciones, las pensiones por discapacidad y la ayuda económica para Bahía Blanca por las inundaciones de marzo.
Los diputados libertarios que dieron quorum son Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro. Ambos integran el bloque oficialista, pero mantienen serias diferencias y enfrentamientos con la conducción de La Libertad Avanza. Sus presencias en el recinto fueron determinantes para que la oposición alcanzara el número necesario de legisladores e iniciara el debate. Los dos diputados arrastran conflictos personales y políticos que los posicionan en un lugar de disidencia dentro de su propio espacio.
Marcela Pagano, experiodista, protagoniza una fuerte interna desde abril. Su conflicto se originó por la presidencia de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja. Pagano intentó asumir ese cargo, pero el titular del cuerpo, Martín Menem, impidió su designación. Menem utilizó su atribución como presidente de la Cámara para frenar el nombramiento.
La comisión puede definir las derivaciones de la investigación legislativa sobre el escándalo que involucró al presidente Milei con la criptomoneda $LIBRA. El enfrentamiento por el control de este cuerpo legislativo sigue sin resolución. Las reuniones para su constitución se suspendieron en reiteradas ocasiones.
En medio de la disputa, Pagano acusó a Martín Menem de ‘fascista’ y denunció presiones para que bajara su candidatura. La tensión escaló dentro del recinto, donde también protagonizó fuertes cruces con otras legisladoras libertarias, como Lilia Lemoine.
Durante una de las sesiones para definir la conformación de la comisión, Lilia Lemoine le tomó una foto a Pagano para acusarla de haber dado ‘quórum al kirchnerismo’. La situación derivó en un cruce de insultos. Rocío Bonacci, diputada que acompañaba a Pagano, reaccionó arrojando agua a Lemoine y a Celeste Ponce, quien también se había sumado al reproche
El caso de Carlos D’Alessandro es más reciente y se vincula con la situación del partido en su provincia. El legislador representa a San Luis en el Congreso. Allí, La Libertad Avanza sufrió una intervención del partido en San Luis por orden de aliados de Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia.
D’Alessandro intentó unificar al espacio libertario de cara a las elecciones nacionales de octubre, pero no lo logró. Ante la falta de acuerdos, el apoderado nacional del partido, Santiago Viola, solicitó la intervención judicial. La jueza María Servini hizo lugar al pedido y desplazó a D’Alessandro de la conducción partidaria local.
“Rechazamos la intervención de ‘Lule’ Menem. Nos quieren callar porque no nos pueden comprar”, declaró D’Alessandro tras la medida. El diputado había ganado una banca provincial en San Luis con un sello propio llamado Tercera Posición, dentro de un mileísmo fracturado. Su figura se hizo conocida a nivel nacional cuando realizó un sorteo de 50 botellas de vino marca Llanto de mandriles en su cuenta de Instagram.
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