En una nueva afrenta opositora, 131 legisladores abrieron hoy el recinto para discutir proyectos incómodos para Javier Milei: el financiamiento de las universidades y de los hospitales pediátricos -que podrían avanzar hoy hacia el Senado- además de una serie de emplazamientos. En el recinto se mocionó para quitar del temario la insistencia a la ley de emergencia en Bahía Blanca, que Milei vetó, que destinaba un fondo de $200.000 millones para los damnificados.

El quorum se alcanzó con el grueso de Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, la Izquierda, los radicales críticos del bloque Democracia y algunos legisladores sueltos de la UCR.

Se estiman alrededor de 13 horas de sesión. El orden del temario fue acordado en la reunión de Labor Parlamentaria, antes de abrir el recinto. Se abordará, en primera instancia, el proyecto de financiamiento universitario -con despacho de comisión- que apunta a la actualización de los salarios y de los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios.

Tras ello, la oposición buscará forzar un cronograma de tratamiento en comisiones para el proyecto de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), impulsado por los gobernadores. Será seguido por la iniciativa -con dictamen- de la emergencia pediátrica, que busca imponer una recomposición salarial para el personal de salud. El cuarto emplazamiento será al proyecto de reparto del impuesto a los combustibles líquidos, motorizado por los mandatarios provinciales.

Por último se abordará una iniciativa de Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) para modificar el reglamento de la Cámara y destrabar el funcionamiento de la comisión investigadora del caso $LIBRA, paralizada por un empate que impide avanzar sobre el fondo financiero que la Justicia investiga como una presunta estafa.

A pedido del peronismo, también se buscará rechazar una batería de decretos de necesidad y urgencia (DNU) firmados por Milei. En la lista figuran: el DNU 340/2025, que reformula el régimen de la Marina Mercante y limita el derecho a huelga; el 462/2025, que transforma organismos del Ministerio de Economía; el 345/2025, que reestructura la Secretaría de Cultura; el 351/2025, que modifica el Banco Nacional de Datos Genéticos; y el 461/2025, que dispone la disolución de Vialidad Nacional.

Se postergó, además, el tratamiento de la insistencia para sostener la emergencia en Bahía Blanca. Se acordó abordarlo en otra sesión, junto a los otros vetos: el aumento jubilatorio, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. La oposición no quiso exponerse a una derrota: no reunía los dos tercios para sostener la norma impugnada por el Presidente.

Más allá de los proyectos con chances de avanzar -como el financiamiento a las universidades y los hospitales pediátricos- una parte importante del temario fue incluida con un objetivo táctico: forzar su tratamiento en comisión. Es lo que en jerga legislativa se conoce como “emplazamiento”. Aunque el reglamento indica que los proyectos deben ser trabajados en comisiones antes de llegar al recinto, la negativa sistemática del oficialismo a habilitar el debate de las comisiones que preside volvió habitual esta excepción.

Presupuesto universitario

La propuesta se basa sobre dos ejes troncales: por un lado, la actualización por inflación de los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios, de los hospitales universitarios y de las partidas destinadas a ciencia y tecnología retroactiva al año pasado; a partir de este año se propone un ajuste bimestral, también por inflación.

El otro eje se refiere a la actualización de los salarios de los docentes y no docentes. Sobre este punto el proyecto obliga al Poder Ejecutivo a convocar a paritarias cada tres meses, aunque fija como piso de aumento mensual el índice de precios del consumidor. Asimismo, se dispone la recomposición y actualización automática de las becas estudiantiles y la realización de auditorías obligatorias en todas las universidades por parte de la Auditoría General de la Nación (AGN).

Milei vetó una iniciativa similar el año pasado y la oposición en el Congreso no pudo insistir con su sanción.

Emergencia pediátrica

La iniciativa de mayoría contempla una recomposición salarial para el personal de salud que atiende a población pediátrica, incluidos los residentes nacionales, con un piso equivalente al ingreso real de noviembre de 2023. También exime del impuesto a las ganancias a quienes realicen tareas críticas, horas extras o guardias, tanto en el ámbito público como privado; autoriza la compra directa de insumos esenciales y ordena al Poder Ejecutivo financiar esas medidas con fondos de contingencia sanitaria.

Además, incorpora una cláusula en línea con las reformas del Ministerio de Salud: promueve la “continuidad, fortalecimiento y sustentabilidad” de los sistemas de residencias médicas. La semana pasada, el Gobierno habilitó a los residentes a optar entre dos tipos de becas (Beca Ministerio o Beca Institución), una decisión que profundizó el malestar del sector.

Noticia en desarrollo

La Oficina Anticorrupción (OA) terminó de recibir las declaraciones juradas de los ministros y de otros funcionarios, salvo la de Sergio Neiffert, el jefe de la SIDE. La mitad de los ocho ministros del gabinete reportó tener un mayor patrimonio afuera del país que adentro. Tener el dinero en el exterior no configura ningún delito.

De este modo, el ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger informaron tener más de la mitad de su patrimonio afuera del país. Entre ellos se observan cuentas en Puerto Rico, Suiza, Estados Unidos, Uruguay, e inmuebles, vehículos y depósitos de dinero en el exterior. Guillermo Francos tiene también depósitos en el exterior, pero el grueso de su patrimonio está en el país.

Fuentes del Gobierno indicaron que, en algunos casos, como el de Sturzenegger, si se tuviera en cuenta el valor de mercado de sus inmuebles en el país, la ecuación podría ser diferente y tener más patrimonio reportado en territorio nacional que en el exterior. Las declaraciones juradas incluyen el valor fiscal de las propiedades, que suele ser menor al de venta o compra.

Reemplazar el valor fiscal por el valor de mercado de los inmuebles podría tener varios efectos. Uno de ellos: patrimonios más abultados. El segundo: mayor trazabilidad del dinero, lo que permitiría responder cómo hizo tal persona para comprar tal propiedad en un período de tiempo determinado.

La metodología que utilizó para analizar las declaraciones juradas consideró el valor de los “Bienes, depósitos y dinero al final del año” y de cada uno de los ítems que lo componen. Entre ellos, se diferenció a los reportados “en el país” de los que están “en el exterior”.

Werthein es el ministro que declaró mayor patrimonio. Al cierre del año pasado, sus bienes ascendieron a $92.056.875.605,65, según reportó ante la OA. El 65% se encuentra en el exterior. Al inicio del período representaban el 52%. En ese sentido, se observa un crecimiento del valor de los títulos y acciones correspondientes a “Portfolio Pictet y Cie – Valores Extranjeros”, que al inicio del período tenían un valor de $2.532 millones y al final, $12.607 millones.

El canciller declaró 5 inmuebles en el exterior: uno en Madrid, otro en Punta del Este y tres en Maldonado. Dijo tener un Mercedes Benz en el exterior, mientras que el otro vehículo que informó es una Ferrari 550 Maranello modelo 97, en el país, valuada en $309.260.000, según el documento.

Fuentes vinculadas al ministro declinaron realizar comentarios ante la consulta de .

Cúneo Libarona, segundo en el ranking, presentó una distribución internacional de sus bienes. Su declaración jurada muestra depósitos de dinero en cuatro países. Al cierre de 2024, en Suiza acumuló en dólares una cifra equivalente a $6.746.870.025; en Estados Unidos, 4.688.452.251; en Puerto Rico, 2.422.212.492; y en Uruguay, $265.577.769,03.

Los bienes declarados en el exterior del ministro de Justicia alcanzan el 80% de su patrimonio. Además de los depósitos mencionados, se encuentran dos inmuebles: uno en Miami Beach y otro en Punta del Este.

A propósito de esta composición patrimonial, consultó a fuentes del Ministerio de Justicia quienes prefirieron no realizar comentarios. Además, Cúneo adquirió dos inmuebles durante 2024. A diferencia de los bienes anteriores, estos se encuentran en el país. Precisamente, en la Ciudad de Buenos Aires. Ambos suman $381 millones, según el valor asignado en la declaración jurada.

El 65,8% del patrimonio que declaró Luis Caputo está en el exterior. El ministro de Economía es el tercer funcionario más rico del gabinete. Gran parte de los bienes reportados afuera del país por $7808 millones se distribuyen entre dos “cuenta corriente en dólares”, según la declaración jurada del funcionario. Entre ellas, suman $5937 millones. A principio del período, el funcionario también había incluido en el documento dos “cuenta corriente en dólares” cuyos montos ascendían a $2170 millones.

El propio ministro Caputo explicó a por qué declaró más patrimonio afuera que adentro del país: “Porque no pensaba ser ministro y así tenía el patrimonio cuando asumí. Post aceptación del ofrecimiento del Presidente, si traía el dinero al país y lo transformaba en pesos podría haber ganado una fortuna, y entonces me hubieran acusado, y hasta demandado, por tener información y usarla a mi favor. Así que preferí dejar todo tal cual estaba”.

En territorio nacional, Caputo reportó nueve inmuebles en el país, seis automotores, y “acciones, cuotas, participaciones sociales sin cotización en el país” en Sacha Rupaska, Palmeral Chico y Anker Latinoamericana, su consultora económica. Su crecimiento patrimonial en el país se debió a la revaluación de bienes. Al inicio de período, Caputo había declarado $11.700.000 de objetos personales y del hogar, pero en esta última presentación no lo hizo, por lo que su patrimonio podría ser incluso mayor.

Federico Sturzenegger declaró que el 61% de su patrimonio se encuentra en el exterior. De los $2371 millones que el ministro reportó, $1.424 millones corresponden a un “depósito de dinero en el exterior”, tal cual indica el documento.

En contraposición a lo anterior, el ministro incluyó en su declaración jurada la incorporación de un inmueble en el país durante el año pasado. Una curiosidad: es de un metro cuadrado, según el documento. Además, posee títulos públicos como el GD38 y el GD35.

A diferencia de los anteriores, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, el ministro de Defensa, Luis Petri, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el ministro de Salud, Mario Lugones, declararon la mayor parte de su patrimonio en el país.

En el caso de Bullrich, fue la que mayor crecimiento patrimonial registró durante 2024. De acuerdo con la documentación presentada ante la OA, declaró bienes por $188.341.118. “La diferencia que se puede notar es muy simple, la valuación fiscal en la ciudad y provincia de Buenos Aires. Tiene exactamente lo mismo, solo un auto menos. Un auto que tenía y no tiene más. Por la venta de ese auto es que hubo un ingreso de efectivo”, explicaron a fuentes del ministerio de Seguridad.

El ranking de los funcionarios más ricos es encabezado por Werthein ($92.056.875.605), Cúneo Libarona ($18.089.261.439) y Caputo ($11.851.166.833). Detrás de ellos, con mucho menos bienes declarados, se encuentran: Guillermo Francos ($2.847.538.388), Sturzenegger ($2.371.733.030) y Mario Lugones ($282.086.796).