En abierto desafío a la Justicia, el Sindicato de Camioneros de Corrientes realizó las elecciones de autoridades sin la participación de la lista opositora y dio como ganador a Ángel “Wallas” Díaz, su titular interino y aliado provincial de Hugo Moyano.

De esta forma, el dirigente gremial desoyó el fallo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, con Competencia Laboral de Monte Caseros, a cargo de Amelia Itatí Olivieri, que el viernes pasado suspendió los comicios previstos para el 11 de enero tras hacer lugar a una acción de amparo de la lista encabezada por los disidentes Alejandro Benítez y Alberto Blanco, que denunciaron presuntas irregularidades en la convocatoria electoral, falta de transparencia, exclusión de afiliados y violación del derecho a la participación democrática.

En las redes sociales, el sindicato correntino difundió la realización de las elecciones sin mencionar el fallo judicial y destacó que Díaz fue elegido como secretario general por “458 compañeros y compañeras de todas las ramas del gremio, demostrando una vez más el compromiso y la unidad del movimiento camionero”. De todas formas, en la oposición aseguraron a Infobae que el total de afiliados llega a unos 3000, por lo que habría participado de la votación apenas el 15% del padrón de afiliados.

Ahora, los abogados de la nómina opositora impugnaron la elección que se hizo igual pese a la suspensión judicial y se abrió así una instancia compleja para la pretensión de Díaz de quedarse al frente del gremio hasta 2029.

Esta suspensión de los comicios se sumó a otras dispuestas por la Justicia en Santa Fe y en San Luis, donde también los fallos hicieron lugar a reclamos de opositores a dirigentes moyanistas que denunciaron impedimentos ilegales para competir.

En realidad, Díaz también había incumplido otra sentencia judicial cuando el 3 de octubre pasado se negó a reinstalar en su cargo al titular del Sindicato de Camioneros de Corrientes, Emilio Rotela, como ordenó el Juzgado Federal de Primera Instancia de Corrientes al considerar que su apartamiento obedeció a decisiones “manifiestamente arbitrarias e ilegítimas”.

A mediados de mayo de 2025, Rotela fue desplazado de la jefatura del sindicato por Díaz y por el secretario Gremial, Mario Alberto Blanco, luego de que aquel los involucró en una denuncia ante la Justicia por malversación de fondos de la organización.

“Wallas” Díaz no sólo no hizo efectiva la reinstalación de Rotela sino que fijó unilateralmente la fecha de los comicios sindicales para el 11 de enero, e incluso avanzó en la designación de la junta electoral sin notificar ni permitir la participación de la lista opositora.

Rotela, cuyo mandato formalmente se extiende hasta el 16 de enero de 2026, denunció a miembros de su propia Comisión Directiva ante la UFRAC (Unidad de Recepción y Análisis de Casos) de Corrientes porque habrían realizado transferencias desde las cuentas del gremio a cuentas personales o familiares por cifras que oscilan entre los 48 millones, 38 millones y 31 millones de pesos en distintos expedientes.

Entre los implicados allí figuran Díaz como acusado de transferir 101 millones de pesos del sindicato a su cuenta personal entre el 2 de enero y el 12 de diciembre de 2024 “sin la referencia adecuada ni las rendiciones correspondientes”, mientras que en el caso de Mario Blanco, secretario Gremial, se lo acusa de haber transferido 31 millones de pesos desde la cuenta sindical a una propia, “con referencias insuficientes y ausencia de rendición o justificación comprobable”.

También denunció a dos empleados administrativos del gremio: a Héctor Cipriano Cantero, por haber realizado 52 transferencias bancarias por un total de 37 millones de pesos hacia su cuenta personal, “utilizando conceptos simulados y sin documentación respaldo”, y a Leonardo Javier Sánchez por haber hecho 121 transferencias bancarias por un total de casi 38 millones de pesos a su cuenta personal “por conceptos simulados sin facturas ni comprobantes” e incluso se investiga a su esposa, Claudia Abigail Fernández, por haber recibido del sindicato en su cuenta personal unos 10 millones de pesos “sin tener relación alguna” con Camioneros.

Alberto Blanco, candidato a secretario adjunto de la lista opositora, dijo a Infobae que Blanco señaló que las acusaciones de Rotela derivaron en tres imputaciones concretas (Cantero, Sánchez y su esposa, una maestra ajena al sindicato, pero beneficiaria de transferencias), pero aseguró que las causas que involucran a a figuras del sindicato como Díaz y Blanco “todavía ni se movieron”.

Según el dirigente opositor, la vida institucional del gremio se maneja en un círculo cerrado que no supera los “200 compañeros” y el resto se ve excluido tanto de la toma de decisiones como del acceso pleno a los servicios básicos, especialmente la salud. “El trabajador camionero correntino la está pasando mal. Se le descuenta para una obra social, pero si tiene un problema debe recurrir a un hospital o pagar una clínica privada”, apuntó.

Detalló que la agrupación que impulsa su candidatura junto a la de Alejandro Benítez lleva una década de actividad y se consolidó como la primera oposición reconocida en la historia reciente del Sindicato de Camioneros de Corrientes, aunque reconoció que ya no responden a Hugo Moyano y acusan a la actual dirigencia nacional de ejercer “discriminación” y de obstaculizar la presentación alternativa de listas. “Hay una directiva de Hugo de no dejarnos participar”, sostuvo.