POLITICA
Cancilleres del Mercosur se reunieron para analizar el proceso de integración regional

Los ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Partes del Mercosur se reunieron en el Palacio San Martín de Buenos Aires para continuar con el análisis sobre el estado actual del bloque y las perspectivas de su proceso de integración regional. La reunión, celebrada en un ambiente de cordialidad, sigue al encuentro mantenido el 11 de abril pasado, en la misma ciudad.
En el encuentro, los Cancilleres destacaron la importancia histórica del evento, al ser la primera vez en 34 años que se celebraron dos reuniones de Ministros de Relaciones Exteriores del bloque en menos de un mes. Este hecho subrayó, según destacaron, el “firme compromiso” de los países miembros con el fortalecimiento y la unidad del Mercosur, así como con su modernización ante los cambios dinámicos del comercio internacional.
Los cancilleres coincidieron en la necesidad de profundizar la integración regional a través de diversas medidas. Entre ellas, mencionaron la eliminación de restricciones al comercio intrazona, la consolidación de cadenas de valor regionales, la armonización normativa entre los Estados Partes, y la mejora de las Áreas de Control Integrado. También se subrayó la importancia de avanzar hacia una mayor integración física y digital dentro del bloque.
Asimismo, resaltaron la unidad de la agrupación como un factor clave para la coordinación regional y el desarrollo económico de los países miembros. En este sentido, se destacó el papel del Mercosur en la prosperidad de la región.
Respecto a la agenda externa del Mercosur, los ministros subrayaron los avances logrados, como la finalización del Acuerdo con la Unión Europea, y el progreso de las negociaciones con la EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio) y Emiratos Árabes Unidos. Estas negociaciones están en vías de concluirse durante el presente semestre, con la intención de firmar los acuerdos en 2025.
Además, se acordó priorizar y dinamizar las negociaciones externas con países de importancia comercial para todos los socios del Mercosur en el segundo semestre de 2025.

Los cancilleres también reiteraron el consenso alcanzado en abril respecto a la necesidad de ampliar temporalmente la Lista Nacional de Excepciones al Arancel Externo Común de cada Estado Parte, hasta 50 códigos arancelarios. Para ello, los ministros instruyeron a los Coordinadores Nacionales a reunirse de forma extraordinaria durante mayo con el fin de concluir el proyecto de Decisión del Consejo del Mercado Común, que será suscrito por los representantes permanentes ante ALADI y Mercosur en Montevideo.
Finalmente, los cancilleres acordaron continuar con el diálogo abierto en los próximos encuentros, con miras a la LXVI Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común y la Cumbre de Presidentes del MERCOSUR, que se celebrarán los días 2 y 3 de julio de 2025 en el Palacio San Martín de Buenos Aires.
Los Cancilleres de Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay expresaron su agradecimiento al canciller de la República Argentina, Gerardo Werthein, por la convocatoria de la reunión y por la hospitalidad brindada, además de resaltar la buena disposición de todos los Estados Partes para fortalecer el Mercosur.
El pasado 11 de abril, los cancilleres del Mercosur se reunieron en Buenos Aires y acordaron ampliar las listas de excepciones al arancel externo común como principal respuesta regional a la guerra comercial global, en una jornada marcada por gestos de unidad política, aunque persisten tensiones de fondo sobre el rumbo estratégico del bloque.
Pocos días antes, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, apostó, en la IX Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), por expandir el sistema de pagos en moneda local en las operaciones comerciales entre los países miembro del organismo latinoamericano.
“Cuanto más fuertes y unidas estén nuestras economías, más protegidos estaremos contra acciones unilaterales”, dijo el mandatario brasileño en una aparente alusión a la guerra arancelaria desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Mientras tanto, el 22 de abril, el presidente de Chile, Gabriel Boric, se comprometió en Brasilia a destrabar durante este año el tratado de reconocimiento aduanero entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico, al menos en lo que concierne a la participación chilena.
“Eso lo tenemos que consolidar, avanzar y zanjar. Nos queda un poquito menos de un año de Gobierno”, pero “vamos a poner todo de nuestra parte para que durante este 2025, ese tratado, por lo menos de nuestra parte, esté listo”, señaló el mandatario.
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POLITICA
Reforma laboral: el Gobierno encapsula el error no forzado del artículo 44 y busca frenar reclamos de último momento

Un artículo agregado por Patricia Bullrich que probó el famoso “si pasa, pasa”; un vídeo donde la misma senadora sobreactuó personalismo tras la aprobación y una respuesta con tono canchero por parte del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Todo eso tuvo el inesperado error del Gobierno con el artículo 44 de la reforma laboral.
A partir de hoy a las 14, las comisiones de la Cámara de Diputados lo tendrán que subsanar. El dictamen está asegurado. El Gobierno decidió sacar el artículo. No redactarlo de nuevo ni buscar una alternativa. “No sale”, le dijeron sus aliados. “Ellos quieren dejar el pago reducido por algunas enfermedades. Eso sigue trabando algunas cuestiones”, había dicho una diputada de bloque dialoguista a este medio entrada la tarde. Luego se confirmó la novedad. “Es increíble que estemos discutiendo esto en lugar de una gran reforma”, se quejó ante Infobae un funcionario de Casa Rosada.
El mayor error, que aún hoy Karina Milei le reprocha a Bullrich, es que el paso en falso generó críticas envalentonadas y una oposición que estaba dormida, con ganas de despertarse. Hasta el PRO aprovechó para jugar a ser opositor a cambio de una modificación. Lo cierto es que cambios el mismo día de la sesión hubo por todos lados. Uno fue, por ejemplo, el cambio de fechas para modificar el financiamiento del INCAA. Se pasó para el 2028. ¿Su titular, Carlos Pirovano, estaba al tanto? El funcionario reconoció ante Infobae que se enteró “al leerlo” en el proyecto presentado.
Pirovano es uno de los administradores del ajuste que cumplió con creces la política de Milei. Redujo al INCAA de 850 a 250 empleados. Y con la mitad de los edificios (8 a 4). Es decir, echó al 30% de la plantilla. Quienes manejan el poroteo oficialista saben que, si bien los números están, las idas y vueltas de los últimos días generaron un dolor de cabeza extra para el titular de la Cámara, Martín Menem. Una legisladora con experiencia parlamentaria no quiso aventurar un número: “Nos sobran para abrir. Y tenemos los votos para todos los capítulos. Pero nos quedamos ahí”, planteó mientras le mostraba a este cronista el “sistema de poroteo” con promedio de las últimas votaciones y hasta cuando cada legislador se paró o se sentó de acuerdo al proyecto en cuestión. Mañana jueves, mientras se debata en el recinto, habrá un paro general de la CGT que, presionada por las bases, debió salir a anunciar la medida de fuerza que hoy a las 11 será comunicada con mayores detalles.
La conversación pública también giró. La consultora Analogías puso la lupa sobre la cobertura mediática y la conversación en redes sociales sobre la reforma durante febrero de este año. Respecto a diciembre de 2025, el Gobierno perdió el control de la narrativa. El estudio concluyó que la reforma ya no se discute, principalmente, como una “modernización”, sino como una disputa de poder (43,6%). Además, explicaron, con los detalles de los cambios para el asalariado, pasó a predominar una postura neutral (40,1%) respecto del apoyo explícito al Gobierno, con apenas el 8,6%. En redes sociales (X), la estructura de la conversación pasó de ser binaria (Gobierno vs. Sindicatos) a tripolar: Apareció una comunidad de “Desconfianza Generalizada” (23,4%) que rechaza tanto al Gobierno de Milei como a la CGT.
“Les bajamos las cargas patronales un 85 por ciento para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. No salgo de mi asombro!”, disparó el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Quizás el último informe del INDEC sobre la utilización de la capacidad instalada pueda acercarle una respuesta. Por encima del promedio general estuvieron la refinación del petróleo (87,1%), papel y cartón (65,0%), productos alimenticios y bebidas (63,6%), sustancias y productos químicos (58,6%) e industrias metálicas básicas (57,5%). Por debajo, en clara retracción (con despidos incluidos), estuvo la industria automotriz (31,2%), más de diez puntos menos (44,2%) que diciembre de 2024. Caucho y plástico se derrumbaron al 33,4% y textiles al 35,2%.

El centro CEPA marcó, en base a datos oficiales, la retracción de empresas y empleados registrados. La comparación entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 marcó una disminución de empresas de 512.357 a 490.419. Es una contracción de 21.938 empresas. Son 30 empresas por día. ¿Y los trabajadores? En ese mismo lapso se redujo en 272.607 puestos de trabajo. Un empresario del rubro de la zinguería lo ejemplificó ante Infobae: “La caída en mi sector hizo que todos los que compiten conmigo despidieran gente. Nadie escapó a esa situación”. Ante la pregunta de qué espera de la reforma laboral, reconoció: “Que despedir no sea tan caro. Porque si no cierro”. Un clima de época.
En la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof se prepara para un año intenso en materia de gestión. Con el tema del Presupuesto como eje principal y conflictos que se pueden suceder antes del comienzo de clases. Los gremios docentes aún no aceptaron la paritaria propuesta por el Poder Ejecutivo. Por un lado, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) rechazó el aumento del 3% para el mes de febrero y ya anunció una medida de fuerza. El otro de los gremios, SUTEBA tampoco aceptó la propuesta, con una salvedad. El sector que conduce Roberto Baradel no llamó a un paro. ¿Comienzan las clases? “No es momento de sacar los pies del plato”, dijo a Infobae un funcionario de la mesa chica de Kicillof.

La respuesta de los gremios salió de la política partidaria: “Las bases nos reclaman. La inflación empieza a ser un problema de nuevo y al docente -con razón- le importa poco de quién es la culpa. El salario no alcanza”, sentenciaron. El dato que publica la provincia es que la Nación tiene una deuda de 14,7 billones de pesos. “Así y todo no cortamos nunca la asistencia”, afirmaron. Hay un ejemplo concreto. La provincia compra, en materia alimentaria, 7 millones de toneladas por mes. Para comparar la cantidad, vale ir al dato que dejó Mauricio Macri. En ese entonces, Nación compraba 8 millones del total país. El ajuste de Javier Milei sumado al problema social bonaerense generaron esta cifra. “Milei ajusta y nosotros contenemos. Encima nos apuntan a nosotros”, agregó un intendente del conurbano.
Aunque más allá de la gestión, el otro problema del gobernador es la desconfianza reinante en cada ministro y funcionario que juega entre el Ejecutivo y La Cámpora. A esta hora aún no se sabe quién conducirá el bloque en el Senado. El entorno de Máximo Kirchner cree que Kicillof ya obtuvo su premio con el PJ bonaerense y que no le dan los números dentro de la bancada para imponer uno propio. Pero el gobernador no quiere saber nada con el liderazgo de un K. Cree que puede jugarle en contra en algún proyecto oficialista. Hace bien en desconfiar.
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POLITICA
Qué se sabe del paro nacional de la CGT contra la reforma laboral, este miércoles 18

Bajo presión interna y cuestionada por haber negociado con el Gobierno tras bambalinas, la Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió activar un paro general sin movilización para el día en que se trate el proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados. El debate legislativo podría ser este jueves o el miércoles 25 de febrero.
Sería la cuarta huelga contra la gestión de Javier Milei y la misma tendría la adhesión total de los gremios del transporte. La medida significa un endurecimiento en la estrategia sindical, que hasta ahora apostaba a introducir más cambios en la iniciativa libertaria mediante el diálogo entre algunos dirigentes y representantes del Gobierno.
El Ministerio de Seguridad difundió un comunicado que pone como ejemplo “no ponerse entre focos violentos y el personal de las fuerzas”.
Por Jaime Rosemberg
Ahoras del comienzo del debate en comisión de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, desde el gobierno de Javier Milei confirmaron que descontarán el pago de la jornada a los empleados estatales que adhieran al paro general convocado por la CGT para el día en que el proyecto se debata en el recinto de la Cámara baja.
“El derecho a huelga está garantizado, pero también el derecho del empleador a no pagar a quien no venga a trabajar”, expresaron a cerca del presidente Javier Milei, en una Casa Rosada con actividad presidencial a pesar del feriado nacional de carnaval.
Con la intención de escalar en la confrontación con las centrales sindicales, fuentes oficiales destacaron que el descuento a los estatales “se dará como se hizo en otras oportunidades” en las que la CGT organizó un paro general contra las políticas del gobierno de Milei. Se trata de unos $50.000 según fuentes sindicales y la categoría de cada empleado.
Hasta el momento, fueron tres las jornadas en las que la central obrera recurrió al paro general. En esta oportunidad, adhieren los gremios del transporte y la huelga se anunció sin movilización hacia el Congreso.
Por Nicolás Balinotti
Roberto Fernández tiene 82 años y es desde 2008 el líder de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el poderoso sindicato de los colectiveros que reúne a unos 40.000 choferes en todo el país. El 5 de noviembre pasado, cuando la CGT renovó sus autoridades, decidió abrirse de la central obrera en rechazo a la designación de Cristian Jerónimo en el triunvirato de mando, a quien acusó de haber apoyado la violenta toma de la sede de la UTA por parte de una patota que respondía a Pablo Moyano.
Tres meses después de haberse ido molesto de la CGT, Fernández se siente algo reivindicado. Entre ayer y hoy, en su teléfono se apilan mensajes de dirigentes de la CGT que le piden su adhesión al paro general que se concretaría este jueves en rechazo a la reforma laboral de Milei. Uno de los llamados que recibió fue el de Jorge Sola, uno de los integrantes del triunvirato de mando. También hubo gestiones del ferroviario Omar Maturano y hasta del gastronómico Luis Barrionuevo, muy activo en la búsqueda de adherentes para fortalecer la protesta gremial. “Nos confirmó que va a parar”, dijo a uno de los interlocutores de Fernández.
Él, sin embargo, mantiene la cautela y no estaría decidido a confrontar con el Gobierno. El conflicto lo incomoda. Una de sus razones para no adherir a la huelga es que de Milei depende en gran parte su paritaria, teniendo en cuenta el peso que aún conservan los subsidios estatales en el transporte público de pasajeros. El salario básico de un colectivero es hoy de $1.407.239, más $16.000 diarios en concepto de viáticos. “No quiero que le descuenten el día por el paro”, enumeró como otro argumento para no sumarse a la cruzada cegetista, según pudo reconstruir de fuentes confiables.
El economista Antonio Aracre visitó los estudios de LN+, donde opinó sobre el proyecto de ley que impulsa el Gobierno.
“Entiendo que el sindicalismo solo tiene ojos para los seis millones de trabajadores registrados, pero hay 10 millones de argentinos que tienen trabajo en negro. Y eso les imposibilita el acceso a una jubilación digna, asistencia de salud o el acceso a horas extras”, analizó.
“Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para que esas personas accedan al sistema?“, remató.
Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad, sindicato que agrupa a los maquinistas y conductores de locomotoras y trenes de todo el país, confirmó la adhesión a la iniciativa de la CGT.
Por otro lado, criticó el articulado que compone la reforma laboral. “El derecho a huelga es innegociable. Es como que a los periodistas les prohíban opinar”, deslizó.
El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, dialogó con LN+ y manifestó su oposición a la reforma laboral impulsada por el Gobierno. “Esta ley no significa ninguna ventaja para los trabajadores”, manifestó.

Sobre la huelga, sostuvo que “para nosotros, el paro debía ser con movilización”.
La Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Argentina (CTA) convocó a un paro y movilización para este jueves contra la reforma laboral.
La contundencia de la medida de fuerza reside en la participación de la Unión Tranviaria Automotor (UTA). El sindicato de los colectiveros mantuvo una postura cautelosa en las últimas semanas. Roberto Fernández evitó declaraciones públicas recientes, pero sus allegados confirmaron la adhesión al plan nacional de la central obrera. Desde el gremio sostuvieron: “Somos una entidad confederada, por lo cual si la cúpula decreta una medida vamos a adherir”.
El antecedente del paro previo genera preocupación en la dirigencia gremial. En el mes de abril de 2025, el servicio de colectivos funcionó con normalidad debido a una conciliación obligatoria estatal. Esta situación debilitó el impacto de la huelga en la región metropolitana en aquella oportunidad. La adhesión plena de los choferes resulta vital para asegurar que la protesta paralice efectivamente los centros urbanos y las zonas industriales.
La estrategia de no marchar hacia el Congreso generó tensiones con otros sectores del gremialismo. El Frente de Sindicatos Unidos, con base en la sede de la UOM sobre la calle Alsina, anunció una movilización independiente para el mismo día del debate.
Este bloque cuenta con el apoyo de los trabajadores estatales de ATE, los Aceiteros y las dos ramas de la CTA. Pablo Moyano respalda esta postura activa frente al Congreso.

Los dirigentes del triunvirato central prefieren un perfil bajo para evitar el desgaste público y los choques con la policía. Un integrante del consejo directivo reconoció: “No existe el clima social para una protesta masiva pese a los cambios que la reforma laboral ocasiona”.
Los desmanes ocurridos el miércoles pasado durante el choque entre manifestantes de izquierda y las fuerzas federales influyeron en la decisión final de la cúpula cegetista.
Marcelo Pasciuto, director del grupo DOTA, manifestó este martes en diálogo con LN+ que “hasta el momento el sindicato de colectiveros y la UCRA no nos notificaron de ningún paro: todo lo que sabemos es a través de los medios”.
“Nosotros controlamos 68 líneas de colectivos en el AMBA, pero hasta el momento no tenemos una confirmación oficial”, insistió.
La CGT definió un cese de actividades por 24 horas sin desplazamiento de columnas para la jornada en que la Cámara de Diputados analice el proyecto de ley de la reforma laboral: la fecha probable del tratamiento legislativo oscila entre este jueves 19 y el miércoles 25 de febrero.
En caso de que se termine de confirmar, el apoyo de los sindicatos del transporte garantiza un alcance total en la paralización de los servicios urbanos y de larga distancia durante toda la jornada de protesta.
POLITICA
Debate por la reforma laboral en Diputados: el miércoles se reúnen las comisiones y el Gobierno busca que sea ley antes del 1 de marzo

Luego de la media sanción del Senado a la reforma laboral, el oficialismo busca agilizar el debate del proyecto en Diputados. La iniciativa, que se tratará este miércoles en plenario de comisiones (Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda) de la Cámara Baja, sufrió una modificación importante: se eliminó el polémico artículo 44, que cambiaba el régimen de licencias. Durante el mediodía del martes, el Gobierno decidió retirar por completo el artículo ante la insistencia de los aliados y dialoguistas.
Tras este cambio, el oficialismo apuesta a firmar el dictamen en el debate en las comisiones lideradas respectivamente por los libertarios Lisandro Almirón y Alberto “Bertie” Benegas Lynch, para luego llevar el proyecto al recinto el jueves. El objetivo del oficialismo es convertir en ley una de sus iniciativas clave antes del 1 de marzo, día de inauguración de las sesiones ordinarias, con la exposición del presidente Javier Milei en el Congreso.
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Como anticipó TN, el oficialismo buscaba que el proyecto se apruebe tal como viene del Senado para dejar el camino allanado a la sanción. No obstante, los bloques de la oposición presionaron por cambios, entre ellos el PRO, liderado por Cristian Ritondo, principal aliado de los libertarios en el Congreso.
El jueves abrirán el recinto para sancionar con modificaciones el proyecto y por tal motivo el debate regresará al Senado. La Cámara Alta deberá aceptar esas modificaciones, la senadora Patricia Bullrich ya diagramó para este viernes y siete días más tarde, como exige el reglamento del Cuerpo llevar la iniciativa al recinto el viernes 27 de febrero.
Los libertarios integrantes del Senado y de Diputados vienen reuniéndose desde hace varios días, pero este martes se terminó de diagramar la estrategia parlamentaria. Para ello fue fundamental la reunión de este lunes en la Quinta de Olivos entre la presidente del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y el jefe de Estado, Javier Milei.
Los cambios que pide la oposición
El jefe del bloque del PRO en la Cámara Baja advirtió que hay más pedidos: “Vamos a pedir en la agenda de cambios que se vuelva a incluir, como lo planteamos inicialmente, que las billeteras virtuales y los bancos digitales puedan percibir los sueldos. Tu libertad de trabajo es tu libertad con tu plata. Vos con tu plata hacés lo que querés, es tu sueldo, no es el sueldo del Estado ni de ninguna empresa que pueda decidir”.
Ritondo criticó los cambios al proyecto inicial del oficialismo: “Hubo un mal manejo para discutir los cambios al dictamen del proyecto de reforma laboral (en el Senado), y hay cambios con los que no estoy de acuerdo».
El reclamo choca de lleno contra la postura del bloque violeta. De hecho, la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, le envió un fuerte mensaje a la oposición dialoguista al anticipar que no aceptarán cambios al proyecto: “La ley ya está, es esta”. Pero luego consensuaron eliminar el artículo que modificaba las licencias médicas.
Además del PRO, otros espacios también buscarán cambios en el proyecto, como Provincias Unidas, encabezado por Gisela Scaglia, que trabaja en una alternativa para el capítulo de indemnizaciones.
El foco del espacio está puesto en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un esquema obligatorio para financiar indemnizaciones por despido. Según la propuesta en análisis, el fondo se integraría con un 3,5% de recursos vinculados a la ANSES: 1% a cargo de grandes empresas y 2,5% correspondiente a pymes.
También, legisladores de provincias productoras, en especial Córdoba y Santa Fe, preparan de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) destinado a empresas nacionales y extranjeras sin antecedentes penales tributarios ni deudas fiscales.
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