El Gobierno designó este jueves al administrador que se hará cargo de la reestructuración del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) en medio de la crisis financiera que atraviesa producto de una deuda que ronda los 200 mil millones de pesos.

A través de una comunicación, el ministro de Defensa de la Nación, Carlos Presti, designó al Coronel Mayor Ariel Guzmán como interventor de la entidad. El objetivo es conducir el proceso de planificación y ejecución de la disolución del IOSFA y el traspaso de sus afiliados a la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y a la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), en un plazo máximo de doce meses.

El anuncio oficial buscó llevar tranquilidad a los más de 500 mil beneficiarios del sistema, al confirmar que, durante el período de transición, el IOSFA continuará brindando la totalidad de sus prestaciones. De acuerdo con lo informado, la cobertura de salud para el personal militar, de seguridad y sus familias se mantendrá sin interrupciones hasta que las nuevas obras sociales estén completamente operativas y en condiciones de asumir sus funciones.

La designación del Coronel Mayor Guzmán forma parte de una estrategia orientada a asegurar un traspaso ordenado, que incluye la adecuación de los sistemas de información y la consolidación de los datos sobre prestaciones, medicamentos y gastos. El Ministerio de Defensa remarcó que estas tareas se realizarán en coordinación con los organismos competentes de los ministerios de Defensa y de Seguridad, y con las autoridades que sean nombradas en OSFA y OSFFESEG. El proceso técnico-administrativo pretende preservar la continuidad de los servicios y proteger a los afiliados frente a la crisis.

Así, se constituye un paso formal dentro de la reorganización del sistema de salud de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad Federales, un objetivo que el Ejecutivo considera clave para garantizar la sustentabilidad y el funcionamiento adecuado de las prestaciones médicas y sociales. El diagnóstico oficial señala que la deuda acumulada por la entidad, que alcanza 200 mil millones de pesos, es el resultado de irregularidades detectadas en gestiones anteriores. Esta situación financiera crítica llevó al Gobierno a intervenir en busca de una solución estructural.

Una de las consecuencias más visibles del deterioro institucional se observa en localidades como Punta Alta, donde, según datos de la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE), de los 77.000 habitantes, 42.000 dependen de IOSFA y llevan meses sin acceso pleno a servicios básicos de salud. La falta de insumos, demoras en la entrega de medicamentos y suspensión de prácticas médicas afectan de modo directo tanto a personal en actividad como a jubilados y familiares.

Ante este escenario, el ministro Presti mantuvo encuentros con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, para definir alternativas que permitieran rescatar a IOSFA del colapso. La respuesta política fue la división del organismo y la creación de dos nuevas entidades con autonomía jurídica y financiera.

La flamante Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) funcionará como un ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Defensa, con competencia en todo el territorio nacional. Su misión principal será proporcionar cobertura médico asistencial y social a la totalidad de la población beneficiaria, de acuerdo con el Programa Integral de Prestaciones que apruebe su propio directorio. El decreto de creación establece que las prestaciones de OSFA no podrán ser inferiores al Programa Médico Obligatorio vigente ni a sus futuras actualizaciones.

El directorio de la OSFA estará integrado por representantes de cada una de las fuerzas armadas, lo que, según el Ejecutivo, permitirá una gestión ajustada a las necesidades específicas de cada institución militar. El Ministerio de Defensa tendrá la responsabilidad de fiscalizar y controlar el funcionamiento de la nueva obra social, asumiendo el rol de autoridad de aplicación.

En paralelo, la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) se crea como ente autárquico bajo la dependencia del Ministerio de Seguridad Nacional. Esta nueva entidad tendrá como objetivo central la cobertura de salud y prestaciones sociales para el personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina y, eventualmente, otras fuerzas federales que puedan incorporarse en el futuro.

La OSFFESEG contará con un directorio de cinco miembros titulares, todos designados por el Ministerio de Seguridad. La presidencia estará a cargo de una persona con antecedentes técnicos y experiencia en la gestión pública o privada, y el decreto exige que todos los integrantes demuestren competencia en administración y organismos complejos.

Ambas entidades tendrán una estructura financiera sustentada en los aportes personales de los afiliados, contribuciones patronales, cuotas de adherentes, ingresos por ventas de activos, partidas del presupuesto nacional y donaciones. El porcentaje de aportes y contribuciones se calculará sobre todos los conceptos remunerativos y no remunerativos exceptuando asignaciones familiares, viáticos y gastos.

El marco normativo fija que al menos el 80 % de los recursos de OSFA y OSFFESEG deberá destinarse a prestaciones de salud, en tanto que el gasto administrativo y de funcionamiento no podrá superar el 8 %. Si existieran excedentes luego de cubrir las obligaciones de salud y administrativas, hasta un 12 % podría dirigirse a otras prestaciones sociales.

Los directorios tendrán la facultad de aprobar normativas internas, definir estructuras orgánicas, presupuestos anuales, balances, programas médicos y políticas de inversión, así como contratar personal y servicios. Además, ambas obras sociales estarán sometidas a auditorías internas bajo la supervisión de la Sindicatura General de la Nación y deberán cumplir estrictas normas de incompatibilidad para evitar conflictos de interés. Los mandatos de los miembros serán de cuatro años, con posibilidad de reelección, y todos deberán acreditar experiencia y formación en administración y gestión de salud pública o privada.

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El Gobierno logró abrir el debate de la reforma laboral en la Cámara de Diputados con una mayoría ajustada y apoyos provinciales determinantes. La sesión comenzó con número justo y dejó expuesto que la suerte del proyecto no depende solo de los bloques aliados, sino del rol que juegan los gobernadores en la construcción de mayorías.

Seis mandatarios, en su mayoría peronistas o con origen en ese espacio, aportaron diputados clave para habilitar el recinto. Sin esos respaldos, el oficialismo no habría alcanzado el piso necesario para iniciar el tratamiento de una iniciativa que se convirtió en una de las principales apuestas políticas del Ejecutivo.

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El respaldo, sin embargo, no implica un cheque en blanco, advierten desde las provincias. En el propio oficialismo reconocieron que “los números están justos” y admitieron que algunos puntos del texto todavía generan dudas entre los aliados provinciales.

El mapa provincial que inclinó la balanza

El quórum de este jueves se construyó con el aporte de legisladores que responden a los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Hugo Passalacqua (Misiones) y Raúl Jalil (Catamarca).

En total, esos espacios provinciales sumaron 16 diputados que resultaron determinantes para inclinar la balanza. El aporte fue especialmente sensible en un contexto de paridad, donde cada ausencia o llegada tardía podía alterar el resultado.

El caso de Santa Cruz se destacó por el peso simbólico del último respaldo que permitió completar el número. En paralelo, los bloques habituales que acompañan al oficialismo, como el PRO y la UCR, también garantizaron presencia plena, mientras que otros interbloques optaron por no colaborar en la apertura del debate.

La ausencia de legisladores alineados con el kirchnerismo y la izquierda consolidó un escenario polarizado desde el inicio de la sesión.

Incentivos, recursos y agenda productiva

Detrás del respaldo provincial operan intereses concretos. Varios de los gobernadores que facilitaron el quórum administran distritos con fuerte impronta minera y siguen de cerca los cambios normativos que pueden impactar en inversiones y recursos.

En el caso de Catamarca, el traspaso de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) a la órbita provincial significó una señal política relevante. La empresa retiene el 60% de las utilidades netas de explotaciones de oro, plata y litio, lo que la convierte en una caja estratégica para la provincia.

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También aparece en el horizonte la discusión sobre la Ley de Glaciares, cuya eventual modificación podría ampliar zonas disponibles para la actividad minera. Ese debate impacta de manera directa en provincias como San Juan, donde el cobre y otros minerales forman parte central de la agenda económica.

Pero, aunque los gobernadores facilitaron el inicio de la sesión, no todos los puntos del proyecto tienen asegurado el mismo nivel de respaldo. Entre los aspectos que generan más resistencia figura el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que propone financiar indemnizaciones con aportes patronales que hoy se destinan a la Anses.

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