CÓRDOBA.- Impulso País es el nombre que eligieron para el interbloque que constituyeron los siete senadores provenientes de Provincias Unidas, partidos provinciales y el PRO. Ya notificaron de su creación a Victoria Villarruel, presidenta de la cámara baja. Con una “visión federal y productiva” buscan “coordinar una agenda legislativa que priorice el desarrollo regional, el trabajo y la búsqueda de consensos racionales en el Congreso», aseguran.

Está integrado por los senadores Alejandra Vigo (Córdoba) y Carlos “Camau” Espínola (Corrientes) del bloque Provincias Unidas; Edith Terenzi (Despierta Chubut); Beatriz Ávila (Independencia, de Tucumán) y Enrique Goerling (Misiones), Andrea Cristina (Chubut) y María Victoria Huala (La Pampa) del PRO.

En las últimas horas en el Senado hubo varios movimientos. Por un lado, Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán) dejaron el interbloque Popular que conduce José Mayans. En paralelo, Patricia Bullrich logró imponer a la jujeña como vicepresidenta de la Cámara, desplazando de ese sitial a un representante del kirchnerismo.

Al anunciar la creación de Impulso País, los legisladores sostuvieron que el interbloque se constituye como “una herramienta legislativa al servicio del crecimiento de las provincias y el fortalecimiento de las instituciones nacionales” y plantearon que buscarán consensos que “permitan superar el estancamiento y proyectar a la Argentina hacia un futuro de desarrollo sostenible”.

Este martes Vigo, esposa de Juan Schiaretti, fue reelecta como vicepresidenta segunda del Senado. La tucumana Ávila supo estar distanciada del gobernador Osvaldo Jaldo, pero la relación mejoró el año pasado.

El nuevo interbloque esta semana se mostrará actuando en las sesiones del jueves y viernes. En la primera se tratarán las modificaciones al régimen penal juvenil, la ley de Glaciares y el pliego que nomina a Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea (UE). En la segunda, volverá a votarse la reforma laboral.

Otro senador cordobés, Luis Juez, ayer anunció su pase formal al bloque de La Libertad Avanza, luego de haber integrado el monobloque del Frente Cívico.

Una muestra de que las fricciones del Gobierno no son con todos los empresarios fue la reunión de este martes entre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su número dos, el secretario de Prensa, Javier Lanari, con representantes del Grupo de los 6 (G6). El encuentro se hizo en la Casa Rosada y los funcionarios posaron sonrientes.

El Gobierno venía con un buen dato para poner sobre la mesa, que ya había sido celebrado por el presidente Javier Milei y por su ministro de Economía, Luis Caputo, en redes sociales: el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) creció 1,8% mensual en diciembre (sin estacionalidad) y 4,4% en 2025.

Fuentes al tanto de la reunión indicaron a que hubo apoyo a la reforma laboral, pero también un pedido de baja de cargas impositivas por parte de los empresarios al Gobierno.

Con la conversación sobre el empleo en la agenda pública, sobre todo después del cierre de Fate, que despidió a 920 trabajadores, los empresarios desembarcaron en Casa Rosada para hablar con dos funcionarios que responden políticamente a la secretaria general, Karina Milei.

Por el sector de las compañías participaron Francisco Gismondi, de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba); Adelmo Gabbi, de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; Mario Grinman, de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios; Gustavo Weiss, de la Cámara Argentina de la Construcción; Nicolás Pino, de la Sociedad Rural Argentina; y Rodrigo Pérez Graziano, de la Unión Industrial Argentina.

Tras el mitin, desde el G6 emitieron un comunicado en el que dijeron que durante el encuentro “se analizaron las perspectivas económicas y productivas del país, así como los principales proyectos en tratamiento legislativo que impactan en la actividad empresarial”.

“El G6 reafirmó su vocación de diálogo institucional con las autoridades nacionales y su compromiso con el desarrollo sostenible, la creación de empleo, la generación de crédito y el fortalecimiento del sector productivo argentino”, señalaron desde el sector empresarial.

En la nota de prensa, las entidades dijeron que hubo una coincidencia en la necesidad de continuar un trabajo de “manera articulada” con el Gobierno “para consolidar el crecimiento económico y mejorar las condiciones de vida de los argentinos”.

La conversación, de acuerdo a lo que pudo saber este medio, se dividió en dos partes. La primera estuvo vinculada a la agenda legislativa del oficialismo, con la reforma laboral como centro de la charla, pero también con el debate sobre otras iniciativas que pueden impulsarse en el Congreso para promocionar la actividad y el empleo.

Según fuentes que participaron de la reunión, “los empresarios celebraron la modernización laboral”, que el Gobierno espera tener aprobada de manera definitiva el próximo viernes en el Senado. En otras oportunidades, el G6 ya se había manifestado en ese sentido.

Asimismo, voces al tanto del mitin dijeron que los empresarios “destacaron el plan económico del Gobierno” y que plantearon su “apoyo” sobre cambios que se puedan hacer hacia adelante para “fomentar la actividad y el empleo”.

En el segundo tramo de la charla, cada uno de los representantes de los distintos sectores de la economía detalló el estado de su actividad, con realidades disímiles.

La necesidad de bajar cargas impositivas también formó parte de la charla. En ese sentido, el sector rural mostró como evidencia la respuesta sólida del campo cuando el Gobierno anunció la quita de retenciones a las exportaciones de granos.

La reunión de los integrantes del G6 con el jefe de Gabinete se da también ante un contexto de pérdida de 192.400 puestos laborales formales en dos años, según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), elaborado por la Secretaría de Trabajo, una cifra que ya publicó , con un ajuste concentrado sobre todo en actividades intensivas en mano de obra, como la construcción y la industria manufacturera.

En el último tiempo, el Gobierno tuvo sus chispazos con representantes del sector industrial. Parte de eso incluyó la disputa pública del Presidente con el dueño de Techint, Paolo Rocca, a quien llamó despectivamente “Don Chatarrín”, después de una licitación de caños para Vaca Muerta que la empresa local perdió por tener un precio más caro que una compañía de India.

Asimismo, Milei y sus funcionarios cargaron contra Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate, por su trayectoria empresarial -que tildaron como apalancada por el acompañamiento de las distintas gestiones nacionales- como así también por anunciar el cierre de su fábrica justo el día antes del tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados.