Este jueves asumió Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia de la Nación luego de la renuncia de Mariano Cúneo Libarona y su primer acto administrativo podría ser la designación de veedores en la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

Es que días atrás Cúneo Libarona recibió a especialistas en derecho civil y comercial para analizar la situación en la AFA, pero este miércoles formalizó la renuncia que venía impulsando desde hace tiempo.

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Cúneo Libarona ya tenía definida la decisión, pero abandonó el cargo antes. Sobre esta postura hay dos versiones: la primera que circulaba dentro del Gobierno era que estaba “pateando el problema para adelante” y que no quería que la eventual designación de veedores en la AFA sea su último acto administrativo al frente del Ministerio.

“Se quiere ir y no quiere definir sobre los veedores; que en todo caso lo haga su reemplazante”, deslizó una fuente con llegada a la Casa Rosada días atrás. En ese marco, también hubo quienes creían que estaba demorando la decisión para dejar el tema sin resolver antes de su salida.

La segunda, según pudo saber TN de altas fuentes del Ministerio de Justicia, se debió a que simplemente los tiempos de la documentación no le permitieron llevar adelante la medida.

Es por eso que previo a su renuncia, aseguraron que Cúneo Libarona estaba “tratando de dejar todo ordenado” y que su intención era resolver el planteo con fundamento jurídico.

Ahora será Mahiques quien debe definir si designa veedores en la AFA. Pero el proceso es largo. En la IGJ, distintas dependencias analizarán el expediente y recién después de ese proceso pasará al Ministerio.

En primer lugar, lo recibirá Carlos Medina, quien está a cargo del control del organismo. Luego pasará a legales de Justicia y recién ahí definirá el flamante ministro.

El trámite para determinar a los veedores no es sencillo. En el Ministerio explican que el proceso es “engorroso”: se debe elaborar un proyecto de resolución, someterlo a consideración del titular de la cartera y articular la intervención de la Dirección de Asuntos Jurídicos.

Recién entonces puede formalizarse una respuesta. Ese circuito administrativo explica, según fuentes oficiales, por qué la definición aún no se produjo.

La investigación en la AFA

El conflicto se originó luego de que la AFA no presentara el balance financiero correspondiente a 2025. La IGJ sostiene que la entidad fue entregando documentación de manera parcial en los últimos meses, pero no cumplió con la presentación del último ejercicio.

Por eso pidió la designación de veedores que auditen los estados contables de 2025, los números de la Universidad de la AFA y todos los movimientos económicos de TourProdEnter.

En el último balance presentado, correspondiente a 2024, se consignaron gastos por 39 mil millones de pesos en selecciones nacionales, sin desagregar el destino de esos fondos.

Además de los egresos, la IGJ requirió el detalle de los ingresos y de todos los movimientos económicos de la institución.

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Cuando comunicó la medida, el Ministerio de Justicia señaló que la AFA se negó a entregar “la documentación requerida, a pesar de que la IGJ le otorgó todos los plazos legales para regularizar su situación”.

En ese mismo mensaje se indicó que “los veedores designados obtendrán y verificarán la información que no fue presentada”.

El organismo también advirtió que la entidad “no explica las cifras globales de sus balances desde hace más de ocho años”, lo que —según el comunicado oficial— impide conocer el origen y destino de los millones de dólares que ingresaron y salieron de la institución en ese período.

El titular de la IGJ, Daniel Roque Vítolo, sostuvo públicamente que en las últimas semanas trascendió una investigación sobre “eventuales maniobras que podrían implicar el ocultamiento de importantes ingresos de AFA”, que habrían sido derivados a través de entidades ajenas, tanto locales como extranjeras, sin pasar por su contabilidad.

AFA, Juan Bautista Mahiques

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La escena frente al Congreso, durante el debate de la reforma laboral, dejó más que una foto política adversa para la oposición sindical y social. También abrió una discusión incómoda dentro del propio universo de los movimientos sociales y piqueteros: cómo enfrentar al gobierno de Javier Milei cuando la calle ya no responde como antes y cuando, incluso dentro de los territorios populares, aparece una mezcla de cansancio, escepticismo, desmovilización y hasta temor por los impactantes despliegues de las fuerzas de seguridad.

Ese debate existe y atraviesa a la mayoría de las organizaciones. Lo reconocen en voz baja y también en voz alta algunos de sus dirigentes.

-¿Hay debate entre los dirigentes sociales, entre los militantes, por la baja convocatoria en las marchas contra las políticas de Javier Milei y hasta por los incidentes que grupos de encapuchados generan con las fuerzas de seguridad?, le preguntó este medio a un encumbrado dirigente popular con gran ascendente en el interior de las fuerzas que supieron realizar enormes marchas contra la administración de Mauricio Macri?, le preguntó Infobae a un encumbrado líder social.

-Por supuesto que hay debates, sí, sí hay debates de cómo encarar el proceso de resistencia que debe ser distinto al que aplicamos ahora, sobre todo desde los movimientos populares que venimos de un desgaste importante en relación a cierta pérdida de legitimidad, te diría de cara a la opinión pública, parte de la opinión pública, parte de los sectores políticos que se han montado en el cuestionamiento sistemático a los movimientos populares, que seguramente si algunos cometieron errores, tienen que asumir la responsabilidad, analizó.

Según su mirada, la discusión no es solo táctica sino también de legitimidad.

“Venimos de un desgaste importante en relación a cierta pérdida de legitimidad, te diría de cara a la opinión pública, parte de la opinión pública, parte de los sectores políticos que se han montado en el cuestionamiento sistemático a los movimientos populares”, sostuvo.

En ese sentido, el dirigente admitió errores, pero también cuestiona lo que considera “una campaña de desgaste”.

El importante activista social hace referencia a la difusión de supuestas auditorías sobre comedores comunitarios que eran asistidos por el Estado que, según el Ministerio de Capital Humano, en un “setenta por ciento no existen”. Un dato que no fue ratificado en documentos. De hecho, la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia aclaró que la cifra surge de “inspecciones presenciales” realizadas al azar .

Más allá de la interpretación que le den los líderes sociales a la acción de los funcionarios contra organizaciones piqueteras y sociales, la Justicia ya elevó a juicio oral el expediente contra al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y otros 17 dirigentes por los presuntos delitos de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas coactivas y extorsión”, los magistrados entendieron que los dirigentes piqueteros sacaron “provecho de su posición dominante” cuando “exigían el aporte de dinero a gente de escasos recursos, sumamente vulnerables”, y habrían desviado dinero para beneficio partidario de las partidas de dinero del ex programa Potenciar Trabajo. Con esas figuras, de ser encontrados culpables, la pena podría llegar hasta 15 años de prisión. En este caso la Cámara Federal porteña ordenó profundizar en la responsabilidad de los funcionarios públicos.

Sobre este punto, los dirigentes sociales consultados por Infobae para esta nota opinaron: “Seguramente si algunos cometieron errores tienen que asumir la responsabilidad. Eso no quita la maratónica e importante tarea que desarrollamos los movimientos populares en la organización territorial: en lo que tiene que ver con el trabajo, en la organización comunitaria, en los problemas vinculados a la violencia, al consumo de falopa, a lo alimentario, a la violencia de género. Todo eso lo organizamos en los territorios”, explicó.

Y agregó: “Lamentablemente, hubo mucha mala leche de compañeros incluso que se montaron en parte de la estrategia del Gobierno para deslegitimar nuestro accionar”.

El debate estratégico

La discusión interna no se limita a la calle. También atraviesa el modelo de organización social y económica que sostuvieron durante años muchas de estas organizaciones. “Hay un debate más de carácter estratégico”, razonó uno de los dirigentes consultado.

“Nosotros somos críticos de lo que se ha hecho en términos de política social. Desde nuestro lugar estamos en una etapa de reconstrucción, incluso de herramientas para abordar los problemas sectoriales”.

Como ejemplo de esa reconversión mencionó un proyecto que todavía no fue presentado públicamente.

“En poco tiempo vamos a dar a conocer una experiencia que venimos construyendo con un sector empresarial importante. Nos hemos asociado para empujar una experiencia de organización del trabajo vinculada al problema del cuidado de adultos mayores”. El proyecto forma parte de lo que define como una “estrategia de reconversión”.

“Sobre todo a la hora de pensar la pelea vinculada a los trabajadores que están afuera, como también la reorganización de las políticas vinculadas a lo territorial, más a lo comunitario”.

El cuestionamiento a la lógica de los planes

Otro eje del debate interno gira alrededor de los programas sociales y su futuro. “En algunos sectores de los movimientos hay compañeros que todavía creen en la lógica de los planes. Pero otros espacios, como el nuestro, cuestionamos eso”, afirmó.

La crítica no implica negar la asistencia estatal, aclaró. “No porque no creamos que haya que tener en sectores específicos un acompañamiento del Estado a experiencias particulares, pero no puede ser una política ni permanente ni estable ni de carácter universal”. Y apunta a un problema estructural del mercado laboral argentino.

“Sobre todo para los compañeros que tienen trabajo pero no pueden tener legalidad, estar registrados, tener grados de institucionalidad, legislaciones que los amparen y que les permitan tener derechos de otra dimensión”, aseguró.

La calle ya no responde

El debate más visible, sin embargo, es el que gira en torno a la capacidad de movilización.

Las últimas tres marchas frente al Congreso durante el debate de la reforma laboral mostraron una asistencia muy inferior a la que históricamente podían convocar los movimientos sociales, las centrales sindicales y los sectores piqueteros.

“Es cierto, hay miedo”, reconoció el dirigente. “Y no prende una bronca generalizada. Hay bronca, pero no hay una acción que tenga correlato con esa bronca”. En los barrios populares, asegura, aparece otro fenómeno. “Vemos también en algunos aspectos cierta resignación. Sobre todo, en los sectores populares que son más creativos a la hora de rebuscársela”.

El contraste aparece en otros sectores sociales. “En los sectores que van perdiendo poder adquisitivo y trabajo, más vinculados a la clase media, hay bronca, pero no hay una bronca disruptiva”, explicó.

También menciona episodios de tensión que empiezan a circular en los territorios.

“Hay bandas en los territorios medio sacadas. Que se están organizando para realizar acciones más violentas, pero la gran mayoría está en contra de esas iniciativas”, precisó.

Mucho discurso, poco cuerpo. La autocrítica también alcanza a la dirigencia política y social. Otro encumbrado dirigente social que suele poner el pecho en cada movilización cuestiona: “Creo que hay una pose en relación a la confrontación callejera. Mucho discurso para la televisión, poco poner el cuerpo”.

Ese diagnóstico explica, según su mirada, por qué muchas movilizaciones terminan sin impacto político. “Se terminan haciendo cosas relámpago como ir al Congreso y terminar haciendo un acto que no tiene sentido. Se han hecho muchos actos y movilizaciones durante este Gobierno, algunos más masivos, otros menos masivos, pero no terminan de mover el perímetro”, cuestionó.

La conclusión es incómoda. “Evidentemente la acción de lucha callejera tiene que tener otros mecanismos, otros métodos, que está claro que no lo tenemos claro”, reconocen entre las filas de los dirigentes que hacen semanas debaten la derrota en las calles. Para este dirigente, la crisis actual trasciende al gobierno libertario. “Esto es una opinión personal, pero creo que obedece a un fin de ciclo político y social”, analizó.

Un proceso que también impacta en el sindicalismo. “La política está en crisis, los movimientos populares están en crisis de representación y legitimidad”, continuó.

El ejemplo que menciona es la propia estructura sindical. “Cuando la CGT hace paro, la mitad de los trabajadores de la Argentina no están representados en eso”, planteó. Según su mirada, se trata de una transformación estructural.

“Es un cambio que incluso no se va a detener, continúe o no continúe Javier Milei en el Gobierno”, dijo y concluyó al decir: “Hay modificaciones estructurales que van a ser inevitables. Y esos cambios ni la política, ni la dirigencia social ni la dirigencia gremial los terminamos de entender todavía. Por lo tanto, tampoco actuamos en consecuencia en términos de la organización, de la representación o de las nuevas vocerías. Es un problema de carácter mayor”.

El Gobierno de Milei ganó la pulseada

El Gobierno de Javier Milei le ganó la pulseada a los organizadores de, por ejemplo, las últimas tres marchas frente al Congreso Nacional, convocadas en rechazo al proyecto de reforma laboral.

La definición no surge de interpretaciones ideológicas ni de recortes de redes sociales. Es la constatación de quienes recorrieron la Plaza del Congreso durante esas jornadas.Los organizadores ya no cuentan con el mismo poder de movilización. Ni siquiera gremios convocantes como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), identificados con sus chalecos verdes, ni las dos CTA lograron demostrar contundencia a la hora de ocupar las calles.

Las razones son múltiples: el protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad; las políticas de Capital Humano, que eliminaron incentivos ligados a los planes sociales; la presencia de camiones hidrantes y brigadas motorizadas de la Policía Federal; el despliegue de Gendarmería, Prefectura; y Policía de Seguridad Aeroportuaria. O quizás una combinación de todos esos factores.

Lo cierto es que las marchas contra el Gobierno libertario fueron, según estimaciones de los propios organizadores, hasta un 90 por ciento menos numerosas que las protestas registradas durante la gestión de Mauricio Macri.

Incluso, el Polo Obrero y el bloque piquetero supieron reunir más militantes frente al Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Alberto Fernández que los que hoy logran convocar contra las políticas libertarias.

Lo mismo ocurre con las organizaciones nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Los llamados “Cayetanos” llegaron a movilizar más de 300.000 personas cada 7 de agosto desde el santuario de San Cayetano, en Liniers, hasta Plaza de Mayo para reclamar la emergencia alimentaria.

Hoy, en cambio, dentro de ese mismo universo social, la discusión gira alrededor de una pregunta incómoda: cómo reconstruir poder político cuando la calle ya no responde como antes.

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