POLITICA
Caso Andis: indagaron a Diego Spagnuolo en la causa por presunta corrupción en Discapacidad
El juez federal Sebastián Casanello indagó hoy a Diego Spagnuolo, presunto autor de los audios que hablan de un sistema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y máximo responsable del organismo en el período que investiga la Justicia. Spagnuolo le dijo al juez que no iba a hacer declaraciones ni a responder preguntas, informaron fuentes del caso.
El fiscal Franco Picardi, presente en la audiencia, presentó la semana pasada un dictamen en el que acusó al exfuncionario de La Libertad Avanza de haber “permitido, consentido o supervisado” el direccionamiento de compulsas precios en favor de algunas droguerías y en detrimento del Estado y sectores vulnerables. Si bien anunció que no iba a declarar, Spagnuolo negó frente al juez haber cometido los delitos de los que está acusado.
El extitular de la Andis llegó a los tribunales a las 13, media hora antes del inicio de su indagatoria. Se fue a las 14.40. De saco azul y pantalón beige, Spagnuolo ingresó por la puerta central y subió al cuarto piso del edificio rumbo al juzgado que subroga Casanello.
Frente a los tribunales, el abogado Mauricio D’Alessandro, que es el tercer letrado que representa a Spagnuolo en la causa, dijo que el exfuncionario habló ante el juez y que aportará una pericia de los audios que aseguraría que fueron editados con inteligencia artificial. Dijo que podría presentarse en otra oportunidad.
“Hubo audios manipulados, editados por inteligencia artificial”, dijo D’Alessandro.
A su vez, negó que Spagnuolo gestionara pagos o conociera a las personas que desde dentro del organismo -según la hipótesis fiscal- respondían a operados externos sin cargos oficiales.
Ante la consulta de un periodista, el abogado negó que su cliente hubiera recibido cinco millones de pesos en el marco de los presuntos hechos de corrupción que se investigan en la causa. El fiscal apoya esta hipótesis con fotos que lo muestran a Spagnuolo ingresando con una mochila a lo de Miguel Ángel Calvete, otro de los investigados, en San Telmo.
“Los cinco millones se anuncian como que se los dieron el 11 de junio, las fotos son del 13 de agosto. O sea, tardaron dos meses y dos días en juntar los cinco millones para un viaje o no son contemporáneos”, afirmó.
Spagnuolo estaba obligado a presentarse, pero la ley le daba la opción de declarar oralmente, entregar un escrito o negarse a hacerlo y no contestar preguntas del juez ni del fiscal.
Antes de su indagatoria, se habían negado a declarar Pablo Atchabian, que fue indagado la semana pasada, luego de ser detenido, y Miguel Ángel Calvete, que estuvo ayer en los tribunales federales.
Ambos están acusados por el fiscal de actuar como directores extraoficiales en la agencia de Discapacidad a través de personas que sí eran funcionarios y le respondían.
Spagnuolo, que supo ser el abogado del presidente Javier Milei, fue el director de la agencia que está bajo la mira de la Justica hasta la explosión del caso.
“La agencia fungió como una ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados, adjudicados en procedimientos fuera del marco legal que no garantizaban los principios de concurrencia, publicidad ni transparencia”, señala Picardi en su dictamen.
Y sigue: “[Funcionó] como una ventanilla de pagos con sobreprecios en beneficio de proveedores con vínculos con los funcionarios al mando; y, además, como una ventanilla administrada y/o co-gestionada por agentes externos/as con fuerte influencia en el sector de salud, especialmente droguerías y firmas de insumos de alto costo”.
La causa nació al calor de una serie de audios en los que una voz que sería la de Spagnuolo describe con bastante nivel de detalle un presunto esquema de pagos ilegales que corre en paralelo a su figura y que involucraría a las droguerías y a la hermana del Presidente, Karina Milei. Por el momento, la investigación no alcanzó a otras áreas del Gobierno por fuera de la Andis.
La validez de esas grabaciones furtivas está siendo cuestionada por la familia Kovalivker, dueña de la Suizo Argentina, una de las empresas investigadas, y por el propio Spagnuolo, que luego de permanecer en silencio en el expediente, se plegó a la estrategia defensiva de los empresarios.
El asunto, junto con otro planteo de los Kovalivker, debe ser resuelto por la Sala II de la Cámara Federal, que celebró una audiencia hace dos semanas para escuchar a cada una de las partes.
“Entendemos que esos audios violan el derecho a la intimidad, violan el derecho al debido proceso”, dijo en la audiencia D’Alessandro.
“Fueron obtenidos, si fueran ciertos los audios que se invocan, de forma ilegal. No sabemos su origen, no sabemos si esos audios se obtuvieron en una charla, si fueran editados, si fueron editados con inteligencia artificial, o si fueron parte de una maniobra de inteligencia, por ejemplo si la propia AFI o algún organismo de inteligencia ha estado organizando tareas sobre particulares sin la debida autorización judicial”, siguió.
D’Alessandro es el tercer abogado de Spagnuolo. En un principio, el exfuncionario fue representado por Ignacio Rada Schultze y Juan Araoz Lamadrid, pero los letrados renunciaron cuando la Justicia secuestró 82 mil dólares y casi 3 mil euros no declarados que Spagnuolo mantenía en una caja de seguridad.
Los abogados alegaron “motivos personales”, pero después trascendió que la relación con Spagnuolo estaba rota.
Luego fue el turno de la defensora oficial Florencia Plazas, que fue reemplazada luego por D’alessandro, que en la audiencia insistió con que el origen de los audios era objeto de investigación en una causa paralela y violaba el derecho a la intimidad de su cliente.
“Estamos hablando de un funcionario público que lo que relata son actos de corrupción. No hay derecho a la intimidad”, contrapuso el fiscal Picardi, quien destacó que Spagnuolo describió a más de una persona el presunto sistema de coimas y, además, fue echado del Gobierno.
“No hay una sola evidencia que demuestre que Spagnuolo sufrió un acto de espionaje ilegal”, añadió.
Para el fiscal tampoco está claro cómo Spagnuolo encaró una “reforma sustancial y onerosa” en su casa del barrio Campos del Alto Grande, en Pilar, puesto que la obra no se tradujo en una disminución de su patrimonio.
Como parte de su investigación surgió, además, que el exfuncionario recibió un pago de $5 millones por parte de Calvete para disponer de efectivo en un viaje a Israel que finalmente no se realizó.
período que investiga la Justicia,Federico González del Solar,Corrupción,Conforme a,,Presuntas coimas. El Gobierno descarta separar de sus cargos a los funcionarios involucrados en el escándalo de Andis,,Caso $LIBRA. Hayden Davis pide desestimar la demanda colectiva en Estados Unidos,,Corrupción en la Andis. El «centro cultural» de Miguel Calvete, con seguridad reforzada y el misterio de la caja fuerte,Corrupción,,Renuncia y escándalo. Ornella Calvete: chats comprometedores, US$700.000 en su departamento y amistades del poder libertario,,Caso Andis. Uno de los principales acusados se negó a declarar y su hija renunció a un cargo de funcionaria,,Cristina Kirchner se burla de todos
POLITICA
Tras la llegada de Mahiques, el Gobierno acelera el envío de pliegos para cubrir vacantes judiciales y confía en tener los números en el Senado
El recambio en el Ministerio de Justicia, con la llegada de Juan Bautista Mahiques como nuevo titular y de Eduardo Viola como secretario del área —en reemplazo de Sebastián Amerio— generó los primeros movimientos para normalizar las vacantes en el Poder Judicial de la Nación que son arriba de 300.
El mecanismo es claro. El Poder Ejecutivo debe elegir a cada candidato para cubrir los cargos disponibles a partir de las ternas que envía el Consejo de la Magistratura, luego de los concursos y evaluaciones. Una vez tomada la decisión, eleva la propuesta al Senado para su aprobación.
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La instancia clave en la Cámara alta es la Comisión de Acuerdos. Está encabezada por el libertario Juan Carlos Pagotto e integrada además por otros cuatro oficialistas: Patricia Bullrich, Agustín Coto, Juan Cruz Godoy y Nadia Márquez.
La comisión tiene 17 integrantes. La mayoría pertenece a sectores dialoguistas de la oposición: tres radicales (Carolina Losada, Mariana Juri y Maximiliano Abad), un senador del PRO (Martín Goerling Lara) y uno de Provincias Unidas (Carlos Espínola).
También participan representantes de fuerzas provinciales: Flavia Royón (Salta), Carlos Arce (Misiones) y Beatriz Ávila (Tucumán). A ellos se suma Sandra Mendoza, del bloque Convicción Federal que lidera Carolina Moisés, recientemente separado del interbloque Popular que conduce José Mayans.
Los tres lugares restantes corresponden al kirchnerismo, que aún no definió a sus representantes ni confirmó si integrará la comisión.
Con esta composición, en la Casa Rosada confían en poder aprobar rápidamente los pliegos en la comisión que conduce Pagotto y habilitar su tratamiento en el recinto.
En ese contexto, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, presidido por Ricardo Gil Lavedra, emitió un comunicado en las últimas semanas. Allí advirtió que “la enorme cantidad de vacantes judiciales pone en serio riesgo la normal prestación del servicio de justicia”.
Además, reclamó que “el Poder Ejecutivo cumpla con su obligación constitucional y remita los pliegos pertinentes al Senado de la Nación para su tratamiento”.
Las designaciones en la Justicia
El proceso de designación de jueces se desarrolla exclusivamente en el Senado, la Cámara que, según la Constitución, tiene la facultad de otorgar el acuerdo para nombramientos de jueces, embajadores, procurador general, defensor del Pueblo y ministros de la Corte Suprema.
Para designar jueces federales, primero interviene el Consejo de la Magistratura, organismo que integran representantes de los tres poderes del Estado y que preside el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
Tras el concurso correspondiente, el Consejo define una terna de candidatos. Esa terna es vinculante para el Poder Ejecutivo, que debe elegir a uno de los postulantes y enviar su pliego al Senado.
Luego interviene la Comisión de Acuerdos, que realiza una audiencia pública y puede emitir uno o más dictámenes. Esos dictámenes se elevan al recinto, donde el Senado vota la aprobación o el rechazo del candidato por mayoría simple de los presentes.
El procedimiento es diferente para designar ministros de la Corte Suprema. En ese caso no interviene el Consejo de la Magistratura. Si bien Mahiques reconoció que hay que completar la Corte -hoy en tres miembros- adelantó que no es un prioridad inmediata.
El Poder Ejecutivo propone directamente al candidato y envía su pliego al Senado. Allí se abre un proceso de audiencias públicas y participación ciudadana, que permite presentar apoyos, impugnaciones y preguntas para el postulante.
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Después de esa instancia, la Comisión de Acuerdos firma los dictámenes correspondientes y los envía al recinto. Para aprobar un juez de la Corte se requiere el voto de los dos tercios de los senadores presentes.
Si participan los 72 senadores, el candidato necesita al menos 48 votos afirmativos.
Esas mayorías no fueron alcanzadas el año pasado por los postulantes propuestos por el presidente Javier Milei para la Corte Suprema.
El juez Ariel Lijo obtuvo 23 votos a favor y 43 en contra, mientras que el catedrático Manuel García-Mansilla consiguió 20 votos positivos y 51 negativos, en la sesión del 3 de abril de 2025.
Las nuevas mayorías
El escenario político en el Senado cambió tras el recambio legislativo del 10 de diciembre. La Libertad Avanza logró construir mayorías que le permitieron aprobar varios proyectos del presidente Javier Milei durante las últimas sesiones extraordinarias.
El bloque oficialista, encabezado por Patricia Bullrich, cuenta con 21 senadores. A ellos se suman aliados de sectores dialoguistas.
Entre ellos están los diez integrantes de la UCR que conduce Eduardo Vischi, tres senadores del PRO y representantes de fuerzas provinciales: el Frente Renovador de la Concordia misionero (dos bancas), Independencia de Beatriz Ávila, Despierta Chubut de Edith Terenzi y Primero los Salteños de Flavia Royón.
A ese grupo de 39 legisladores podrían sumarse, según cada debate, la neuquina Julieta Corroza, los dos senadores de Provincias Unidas, los santacruceños de Por Santa Cruz que responden a José María Carambia y los tres miembros de Convicción Federal que conduce Carolina Moisés.
Con ese esquema, el oficialismo podría alcanzar hasta 47 votos en determinadas votaciones.
Esa cifra lo dejaría a solo un voto de los dos tercios necesarios para aprobar un futuro ministro de la Corte Suprema, que hoy tiene dos vacantes, o para avanzar en la normalización de la Procuración General, cargo que desde hace años ocupa de manera interina Eduardo Casal.
En paralelo, el Poder Ejecutivo mantiene activa su mesa política. Está integrada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; y el subsecretario general de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem.
A ese espacio podría sumarse el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para coordinar la estrategia oficial en torno al futuro del Poder Judicial.
jueces, Comisión de Acuerdos del Senado, Juan Bautista Mahiques
El diputado nacional Sebastián Pareja destacó hoy la estrategia de La Libertad Avanza para eliminar tasas municipales “regresivas” o “sin contraprestación” en la provincia de Buenos Aires, a través de una batería de proyectos impulsados en los concejso deliberantes, y aseguró: “Es inevitable que en el 2027 gobernemos la provincia de Buenos Aires”.
El legislador, entrvistado por Infobae en Vivo, aseguró que la supresión de tasas municipales no pone en riesgo la administración local, sino que responde a la idea de que el ciudadano es el principal inversor del municipio. Afirmó, además, que solo deben sostenerse aquellos cargos que aporten beneficios concretos.
“Venimos haciendo un trabajo desde el mes de noviembre identificando en todos los municipios de la provincia esas tasas regresivas, esas tasas que no tienen ninguna contraprestación”, explicó Pareja, y argumentó la estrategi con la “tasa COVID” en Morón. “Es realmente fantástico porque la contraprestación no existe”, ironizó. Y añadió que en Carlos Tejedor los productores todavía deben pagar una tasa solo por el movimiento de ganado.
En referencia a ese municipio, precisó que “se recaudaron 600 millones de pesos y la estructura municipal requirió 50 millones para controlar administrativamente el movimiento de ganado, no entendemos de dónde salen los 550 millones restantes”.
Al analizar otros ejemplos, mencionó que en Cañuelas existe desde hace años una tasa para la desinfección del transporte público, pese a que “en el presupuesto no hay ni siquiera una orden de compra de desinfectante”. Sumó que tampoco existe el espacio físico para que pasen los colectivos o taxis a desinfectarse, calificando la medida de meramente recaudatoria.
Frente al interrogante sobre un eventual desfinanciamiento de la administración municipal por eliminar tasas, Pareja negó que la recaudación sea imprescindible. Señaló los ejemplos de Capitán Sarmiento y 3 de Febrero. “Se pueden bajar las tasas y se puede continuar con la administración normal de un municipio”, enfatizó.
“Vinimos a reformular el sistema; es inevitable que en el 2027 gobernemos la provincia de Buenos Aires”, sostuvo el referente libertario. “La provincia de Buenos Aires alberga la misma cantidad de empleados que la Volkswagen a nivel mundial. Tenemos un Ministerio de la Mujer que no sirve para absolutamente nada y se gastan millones y millones de dólares anuales que bien podrían estar direccionados a temas como compensar la balanza económica y que la provincia sea eficiente”, remarcó.
Consultado sobre las disputas internas en LLA, Pareja admitió que hay “diferencias de criterio”, pero subrayó que todas esas discusiones se orientan a beneficiar al Gobierno.
Ofensiva libertaria
El plan para reducir los impuestos en los municipios bonaerenses se compone de 269 acciones legislativas distribuidas en los distritos donde el espacio tiene representación. De ese total, 138 iniciativas buscan eliminar tasas municipales, 120 proponen reducirlas y 11 están orientadas a la simplificación de trámites administrativos vinculados con la actividad comercial y productiva.
En paralelo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó en las últimas semanas un sitio web del Gobierno nacional que publica tasas municipales cobradas en distintos municipios. La plataforma fue lanzada como una herramienta para transparentar los tributos locales y permitir que la ciudadanía conozca qué tasas rigen en cada distrito.
De acuerdo con información a la que accedió Infobae, esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno nacional para visibilizar el impacto de los tributos locales y promover el debate sobre la presión fiscal en diferentes niveles estatales.
La estrategia del espacio no se limitará a los concejos deliberantes municipales. Según confirmó Sebastián Pareja a Infobae, La Libertad Avanza presentará en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires un proyecto de ley para declarar de interés provincial la iniciativa de reducción de tasas municipales que impulsan sus concejales.
La intención es que la legislatura respalde políticamente el despliegue coordinado efectuado en los municipios.
“El objetivo es abrir una discusión seria sobre la presión fiscal en los municipios de la provincia. ¿Quién se va a oponer?”, planteó Pareja en diálogo con Infobae.
El dirigente sostuvo que la iniciativa busca instalar un debate más amplio sobre la relación entre la presión fiscal, la eficiencia del gasto público y la calidad de los servicios prestados por los gobiernos locales.
El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, confirmó este viernes que actualmente son 260 los argentinos varados en ese país.
Según advirtió Wahnish en una entrevista con radio Rivadavia, los argentinos varados están “desesperados por salir” del país.
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“Hay por lo menos 260 argentinos turistas varados acá, desesperados por salir. Y las consultas no vienen solo de los turistas varados, vienen de todos los familiares y de la red de contacto, rogando por favor que los ayudemos a salir», señaló Wahnish.
El funcionario le pidió a los ciudadanos argentinos que “sigan las instrucciones de las autoridades locales”. “Eso es lo oficial y lo adecuado”, remarcó.
En ese sentido, agregó: “hoy nos dicen que lo más seguro y menos riesgoso es ‘quedate donde estás, hay que esperar y estate siempre cerca de un refugio’”.
“Los cielos están completamente cerrados para salir, sí abrieron para repatriar israelíes que quedaron varados afuera y quieren volver”, explicó Wahnish.
El embajador argentino en Israel explicó que a día de hoy “no hay salida aérea para nadie” y advirtió que la única salida que hay es “vía Egipto, por el sur, en el cruce de Taba”.
El funcionario detalló que para salir por esa zona se debe hacer «un traslado terrestre de 4 horas, que es un riesgo».
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“Te suena la alarma, tenés que parar el auto, tirarte cuerpo a tierra y es traumático”, explicó Wahnish sobre las condiciones que existen para salir de Israel.
Sin embargo, el embajador reconoció que “hay muchísimos argentinos que eligieron, por decisión y responsabilidad propia, esa ruta”.
En ese sentido, cerró: “Los ayudamos y acompañamos para que puedan evacuar por esa ruta”.
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