POLITICA
Caso ARA San Juan: la Justicia dio un paso clave y avanza hacia el juicio contra miembros de la Armada

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz ratificó su competencia para realizar el juicio oral contra miembros de la Armada Argentina por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en 2017.
De esta manera, avanza la elevación parcial a juicio contra el excomandante de la fuerza de submarinos, Claudio Villamide; el excomandante de adiestramiento y alistamiento naval, Luis Enrique López Mazzeo; el exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, Héctor Alonso; y el ex jefe de departamento de operaciones, Hugo Miguel Correa.
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Todos ellos están acusados de incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de la muerte. Son los únicos imputados en el expediente, que aún no determinó responsabilidades políticas del hecho que dejó 44 muertos.
La decisión de la justicia de Santa Cruz, que aún puede ser apelada, resulta clave para resolver el conflictos de competencias que se originó en la causa donde algunas de las partes aseguraron que el juicio se debe realizar en Mar del Plata. Allí “acontecieron gran parte de las causas mediatas del naufragio del submarino”, y es donde “se encuentran muchos de los testigos que serán citados a juicio”, según argumentaron.
Dos defensores también solicitaron que el expediente sea remitido a Comodoro Py. Finalmente, se ponderó que el Juzgado Federal de Caleta Olivia era la sede judicial más cercana al lugar donde se produjo la implosión del submarino, motivo por el cual corresponde al Tribunal Oral Federal de Santa Cruz llevar adelante el proceso.
Para fundamentar la decisión, el Tribunal ponderó los peritajes que arrojaron que “la implosión habría ocurrido al sur del límite entre las provincias de Chubut y Santa Cruz, por consiguiente, era competente el Juzgado Federal de Caleta Olivia”.
Al respecto, los jueces fueron categóricos: “No interesa que la tragedia aconteciera más allá de las 200 millas marinas. El ARA San Juan era un buque de guerra, según la definición del art. 29 de la Convención sobre el Mar”.
“Los buques en alta mar están sometidos a la jurisdicción exclusiva del Estado cuyo pabellón enarbolan. Por lo tanto, estaba sometido a la jurisdicción del Juzgado Federal de Caleta Olivia”, añadieron los magistrados Mario Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto.
“No tiene mayor autoridad que las decisiones para navegar del ARA SJ se hayan tomado en CABA o en Mar del Plata. Serían tales decisiones las presuntas violaciones al deber de cuidado. Lo importante es que el resultado habría acontecido en la jurisdicción de competencia de este Tribunal”, destacó la sentencia a la que tuvo acceso TN.
Los camaristas resaltaron que luego del hallazgo del submarino, una vez conocida su ubicación, nadie objetó la competencia territorial.
“La competencia del Juzgado Federal de Caleta Olivia, fue ratificada por todas las partes en todas las instancias pertinentes. El Ministerio de Defensa, la propia Armada Argentina realizó la denuncia en dicha jurisdicción, validando el anclaje territorial desde el inicio”, advirtió el fallo.
“Trasladar la causa a otra jurisdicción a esta altura del proceso, y con el peligro que implica dicho cambio, implica una revictimización directa de los familiares”, aseguraron los camaristas.
Las responsabilidades políticas de la tragedia del ARA San Juan
En caso de llegar a juicio oral, la causa por la muerte de los tripulantes del submarino no tiene hasta el momento a ningún responsable político de la tragedia.
En un tramo del expediente están denunciados el expresidente Mauricio Macri, el exministro de Defensa Oscar Aguad y el exjefe de la Armada Marcelo Srur, pero sin avances significativos.
Oportunamente, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó investigar la responsabilidad de dichos funcionarios en el caso.
Concretamente, “deberá indagarse y acreditarse” qué conocimiento tenían Macri y Aguad “sobre la realización del ejercicio naval, de la importante envergadura que llevaba adelante el ARA San Juan” cuando se produjo el hundimiento.
ARA San Juan, juicio, Justicia
POLITICA
El kirchnerismo criticó los vetos de Milei y advirtió por un eventual “efecto Kueider”

El bloque de senadores kirchneristas cuestionó en duros términos los vetos de Javier Milei a las leyes previsionales y de emergencia en materia de discapacidad y envió un mensaje a los legisladores que no apoyen la insistencia de las normas, al asegurar que quienes cambien su voto serán “un nuevo [Edgardo] Kueider”, en alusión al exsenador por Entre Ríos expulsado de la Cámara alta por intentar pasar más de US$200.000 sin declarar en la frontera entre Brasil y Paraguay.
“Tienen que volver a votar estas leyes, si no lo hacen es que ahí tenemos un nuevo Kueider”, advirtió Mariano Recalde (Capital) durante una conferencia de prensa organizada por la bancada de Unión por la Patria del Senado, luego de leer los nombres de todos los senadores de la oposición dialoguista que ayudaron a sancionar las normas que el Poder Ejecutivo vetó este lunes en un extenso decreto.
Como se esperaba, el bloque que conduce José Mayans (Formosa) ratificó su intención de ratificar la sanción de las leyes. “Esperamos que [la insistencia] se trate pronto en la Cámara de Diputados”, afirmó Recalde, quien cuestionó el argumento de desequilibrio fiscal esgrimido por el Poder Ejecutivo en el decreto del lunes.
“Milei les robó a los jubilados prácticamente un 20% de poder adquisitivo y, además, le aumentó los gastos al eliminarle los descuentos que tenían en los medicamentos”, denunció el legislador al defender la ley que recomponía en un 7,2% los haberes previsionales y aumentaba a $110.000 el bono de $70.000 que reciben los jubilados que perciben la mínima.
Además del aumento jubilatorio, el Poder Ejecutivo vetó la prórroga de la moratoria previsional que había vencido en marzo último y la declaración de emergencia para las prestaciones en materia de discapacidad, que el Gobierno mantiene congeladas.
“El Presidente dice [en su decreto] que no hicimos la previsión presupuestaria, pero es el propio Gobierno el que no tiene Presupuesto, o sea que nos exige algo que ellos no hacen”, se quejó el puntano Fernando Salino, quien también replicó el argumento del Gobierno de que la sesión en la que se sancionaron las leyes fue inválida por la forma en que fue organizada. “El propio Presidente con su veto legitimó la sesión”, agregó Salino.
“Si el objetivo del plan económico es que los discapacitados no tengan la ayuda más elemental, obviamente que nosotros tenemos otros objetivos”, agregó el senador por San Luis, en respuesta a las acusaciones del Gobierno de que la sanción de las leyes tiene por objeto desestabilizar su equilibrio fiscal.
Por su parte, Mayans pidió la asistencia del ministro de Economía, Luis Caputo, al Senado para brindar explicaciones y puso especial énfasis en el uso que le está dando el Poder Ejecutivo al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), creado tras la absorción por parte del Estado de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP).
“El FGS perdió 6400 millones de dólares en un año y medio de gestión porque están aplicando sus fondos a la especulación financiera”, denunció Mayans.
Por último, la bonaerense Juliana Di Tullio aseguró que si el Congreso falla en su intento por insistir con las leyes, deberá ser la sociedad “la que le ponga un freno al Presidente”. “Si él veta, que lo vete el pueblo argentino en las urnas”, remató la senadora.
Gustavo Ybarra,Senado de la Nación,Unión por la Patria,Javier Milei,Conforme a,Senado de la Nación,,Ampliación de la Corte. Los senadores quieren que el Gobierno fije una posición oficial sobre la reforma,,El futuro de la Justicia. El Senado retoma el debate sobre la ampliación de los integrantes de la Corte Suprema,,En el Senado. El kirchnerismo perderá bancas, pero mantendrá su poder de veto para la Corte Suprema
POLITICA
Un aliado clave del Gobierno anunció que deja el Senado y advirtió sobre el “bloqueo institucional”

El senador del peronismo disidente y exgobernador de Salta, Juan Carlos Romero, anunció este martes que no será candidato en las próximas elecciones nacionales y, de esta manera, el Gobierno libertario perderá a su principal aliado: fue uno de los jinetes que creó el “grupo de los 39”, conformado por oficialismo y dialoguistas que acompañó al Ejecutivo en los primeros meses de gestión, con una Casa Rosada en desventajosa minoría en el Congreso.
“Dejo el cargo, pero no la política”, aseguró Romero en un acto realizado en el salón Arturo Illia de la Cámara alta y que contó con la presencia no sólo de su familia y colaboradores, sino también de legisladores como el diputado peronista Miguel Ángel Pichetto, y los jefes de bloque de la Eduardo Vischi (UCR) y Alfredo De Ángeli (Pro), entre otros.
En medio de su discurso, el salteño dejó una advertencia a futuro por el “bloqueo institucional” que abrazó al Congreso en los últimos meses. Como si fuese un consejo hacia el Gobierno, Romero deslizó: “No alcanza con tener razón, sino con encontrar una solución”.
Tras varias críticas contra el kirchnerismo -“modelo populista que arrasa”, enfatizó-, el justicialista revalidó la estrategia del grupo de los 39. Sin embargo, observó: “Ese espíritu se fue perdiendo y es una de las cosas que me frustran. Podríamos haber cubierto las vacantes de la Auditoría General de la Nación o las más de 150 vacantes en la justicia”.
La mención de Romero no es menor: en el Senado se acumula no sólo la problemática de la AGN -está acéfala de auditores legisladores y queda su presidente, el opositor pseudo K Juan Manuel Olmos-, sino la de vacantes judiciales que no precisan dos tercios. Caso distinto el de la Corte Suprema, otro tema más que sensible y sin definición que sí necesita dicha mayoría agravada.
“Hace 40 años perdí mi primera elección y no estuvo mal eso. Había un equilibrio entre las tres fuerzas: conservadores, el radicalismo y el justicialismo”, reflexionó. Seguido a ello, destacó el “consenso” para la reforma de la Constitución de Salta -y la nacional, de 1994-, así como el equilibrio fiscal en su distrito “incluso en épocas de crisis” y un porcentaje no menor del presupuesto provincial destinado a obras.
Corte Suprema y AGN
El proyecto de Romero de siete butacas es, hasta ahora, uno de los pocos que tiene un guiño inicial de varias bancadas en el Senado, en medio de un ida y vuelta poco claro -y un puñado de picardías- entre el oficialismo y la oposición.
“Si no están de acuerdo los tres miembros del tribunal, no hay mayoría y hay que citar conjueces. ¿Cuál es el riesgo? Uno, es el aumento o dilación de las soluciones; y la otra, más grave, al ser gente que viene de otros tribunales, puede llegarse a cambiar la jurisprudencia histórica de la Corte en diversos temas”, aseveró en una de las primeras reuniones de comisiones para tratar el tema.
El salteño también evaluó: “Que la decisión la tomen magistrados que no tienen tan viva la necesidad de la tradición en los fallos puede llevar a que terminemos cambiando, de un día a otro, jurisprudencias aceptadas”. Y finalizó: “Hay algunos que dicen que aumentar el número genera inseguridad. Es posible, pero más grave es el hecho de que se pierda una línea de trayectoria en los fallos que nos haga previsibles. Y, sin justicia previsible, vamos a tener un riesgo de inseguridad para mucha gente”.
Para la AGN, el texto de Romero disminuye el mandato de auditores, que pasarían de ocho a cuatro años, con posibilidad de reelección. También habla de las remuneraciones, siempre en el ojo de la tormenta: impone que no se perciba “un monto mayor a la dieta percibida” por los integrantes de la Cámara alta, hoy en más de $9,5 millones en bruto. La integración seguiría en siete: tres diputados, tres senadores y su titular. El kirchnerismo quiere nueve.
POLITICA
“Provincias Unidas”, el nombre del frente lanzado por los cinco gobernadores

CÓRDOBA.− A una semana de la presentación en sociedad del frente político constituido por cinco gobernadores, se resolvió su nombre: “Provincias Unidas”. Por ese se inclinaron Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz).
Barajaron otras denominaciones, pero finalmente se decidieron por ese por entender que representa mejor el planteo “federal”, que es el corazón de las coincidencias y que apunta a abrir una agenda común entre todos los distritos, más allá de los integrantes: distribución de fondos, infraestructura, educación.
Para las elecciones legislativas de octubre, cada uno de los gobernadores irá con el nombre del frente electoral que constituya en su provincia. No usarán en las boletas el de “Provincias Unidas”. Por eso, aclaran, a horas de cierre de inscripciones de las alianzas electorales, que el de ellos es un frente político.
La excepción podría ser Córdoba, donde el oficialismo provincial analiza si usa ese nombre en reemplazo del “Hacemos por Córdoba”. Incluso podría ser “Hacemos Provincias Unidas”. Llaryora y Juan Schiaretti están resolviendo qué harán, confiaron fuentes del sector a .
El resto de los distritos, en cambio, tendrían decido mantener los nombres con los que ya compitieron.
“Decidimos no tomar atajos, no hacer la simple ni la cómoda y dar una pelea en representación de una Argentina federal que necesita vocería en el Congreso. Y tomamos la decisión de competir en esta elección y conformar un frente común”, remarcó Torres el jueves pasado cuando anunciaron el frente.
Fuentes del espacio remarcaron las diferencias que los separan de otros intentos anteriores por representar a la “avenida del medio”, entre los que identificaron a la construcción que Sergio Massa, Miguel Pichetto, Juan Manuel Urtubey, Roberto Lavagna y Juan Schiaretti intentaron encarnar en 2015.
Por ejemplo, remarcaron que todos los miembros de Provincias Unidas “tienen votos” propios, porque ganaron en sus distritos.
Además, destacaron que Pullaro, Torres y Vidal “vienen de ganarle al peronismo kirchnerista luego de décadas gobernando de manera ininterrumpida, sobre todo en Santa Cruz y Chubut”.
Asimismo, indicaron que los cinco gobernadores “son nuevos” y están cumpliendo su primer mandato. Aunque provienen de distintos espacios, afirmaron que no son un “rejunte electoral” como experiencias pasadas.
frente político constituido,Gabriela Origlia,Juan Schiaretti,Córdoba,Ignacio Torres,Conforme a,Juan Schiaretti,,»Grito federal». Cinco gobernadores confluyen en un frente electoral nacional diferenciado de Milei y el kirchnerismo,,Contactos reservados. Los gobernadores no peronistas buscan organizar un bloque federal y ya conversan listas de candidatos al Congreso,,Las encuestas le sonríen a Milei, pero el mercado desconfía
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