POLITICA
Caso Cuadernos | Las declaraciones de los arrepentidos que admitieron las coimas fueron aceptadas como prueba
Las declaraciones de los funcionarios del kirchnerismo que admitieron haber cobrado coimas y las de los empresarios que reconocieron haberlas pagado para mantener sus contratos de obra pública fueron incorporadas como prueba por el tribunal oral federal que juzgará a Cristina Kirchner junto con otros 73 imputados desde el 6 de noviembre. Aunque su validez se terminará de definir en el juicio oral.
La decisión la tomaron los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, que tienen a su cargo el caso de los Cuadernos, en una resolución de 244 páginas a la que accedió .
Los jueces además convocaron para este viernes a una audiencia clave, donde los empresarios acusados de haber pagado sobornos ofrecerán algunos millones de dólares como reparación integral del daño provocado, a cambio de ser sobreseídos y no enfrentar el proceso.
La audiencia, que es pública, se hará por Zoom. Cada empresario y su abogado tendrán diez minutos, en total, para exponer y en las siguientes 48 horas deberán, por escrito, formalizar su oferta económica y su pretensión.
Claro que esta oferta que escucharán los jueces debe ser además analizada por la fiscal del juicio, Fabián León, representante de los intereses de la sociedad en el proceso. La fiscal no anticipó su postura acerca de si admitiría o no este acuerdo.
La querella en este juicio, a cargo de la entidad antilavado del Gobierno, la Unidad de Información Financiera (UIF), que es el otro acusador público, se opondrá a esta solución, que solo cabe en las normas para los empresarios y no para los funcionarios, dijeron fuentes del organismo que dirige el exfiscal Paul Starc.
La opinión de la fiscalía puede ser determinante para que se admita o rechace esta solución, que dejaría a los empresarios fuera del juicio.
La admisión de las actas con las declaraciones de los arrepentidos como evidencia en el juicio es una buena noticia para la acusación, aunque se debatirá su validez en el juicio oral. Pero la fiscalía ya tiene asegurada la prueba en cuanto a que los pagos se efectuaron.
Además, no solo cuenta con los cuadernos de las coimas, que ya fueron peritados y se determinó que los escribió el chofer Oscar Centeno, sino que además cuenta con las declaraciones del propio chofer, autor de esos escritos, y los relatos de los empresarios y funcionarios que aparecen allí, confesando los cobros y los pagos.
Al incorporar las declaraciones de los arrepentidos, se desactiva -en parte- la resistencia de los empresarios a confirmarlas en caso de que sean citados a declarar en el juicio.
Varios ya intentaron desdecirse ante el tribunal oral con el argumento de que fueron presionados por el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli cuando realizaron estas declaraciones.
Pero en todos los casos, los jueces de instrucción, la Cámara Federal, el tribunal oral federal y la Cámara de Casación rechazaron sus quejas, porque cuando se hicieron esas declaraciones siempre estuvo presente el abogado defensor, que participó en el momento de la firma de estos acuerdos de imputados colaboradores.
Algunos dijeron que los pagos fueron forzados por las circunstancias, como en el caso de Techint, y otros dijeron que los pagos fueron aportes para la campaña electoral.
Ahora, en 244 páginas, los jueces del tribunal oral del caso Cuadernos enumeraron la prueba que se admitirá en el juicio y en uno de los párrafos señalaron: “Sin perjuicio de las oposiciones efectuadas por las defensas, incorpórense en forma completa los siguientes legajos de arrepentidos, conforme el art. 11 de la ley 27.304, quedando su utilidad probatoria, en definitiva, sujeta a la valoración que realicen las partes y el Tribunal en el debate”.
Y enumera una larga lista de 24 legajos de declaraciones de arrepentidos, a saber: Oscar Centeno (chofer y autor de los cuadernos), Juan Carlos de Goycoechea (Isolux), Ángel Calcaterra (Iecsa), Héctor Javier Sánchez Caballero (Iecsa), Armando Loson (Albanesi), Héctor Alberto Zabaleta (Techint), Carlos Wagner (expresidente de la Cámara de la Construcción), Jorge Neira (Electroingeniería), Claudio Glazman (Roggio), Aldo Roggio (Grupo Roggio), Juan Chediack (expresidente de la Cámara de la Construcción), Claudio Uberti (exfuncionario del Ministerio de Planificación), Jorge Balan (Electroingeniería), Benjamín Romero, José López (exsecretario de Obras Públicas), Marcela Sztenberg, Patricio Gerbi, Gabriel Pedro Losi (LOSI S.A.), Alberto Taselli (empresario energético), Miguel Aznar, Francisco Valenti (Impsa), Enrique Pescarmona (Impsa), Víctor Fabián Gutiérrez (exsecretario de Cristina Kirchner), Rodolfo Armando Poblete y Ernesto Clarens (financista).
Todos estos legajos se incorporan con sus copias digitales al sistema LEX100, algunos con documentación y soportes ópticos.
Más allá de las incorporaciones de estos legajos, los empresarios acusados están todos pendientes de la audiencia del viernes. Allí, la mayoría realizará una oferta económica de reparación integral del daño a cambio de su sobreseimiento en este caso.
No se trata de una admisión de responsabilidad, sino de un acuerdo, que asegura que tendrán validez las declaraciones que pudieron haber hecho como arrepentidos y se aseguran cerrar el caso en lo que a ellos respecta.
El artículo 59 inciso 6 del Código Penal prevé las figuras de la conciliación y de la reparación integral. La conciliación implica que el acusado acuerde con la víctima y pague un dinero, con el aval de la fiscalía.
En este caso buscan que se aplique una reparación integral, pero la fiscalía entiende que su aprobación es indispensable para que prospere.
Los empresarios están pensando en ofertar una suma de dinero que se acerque al monto de los embargos que les impusieron en esta causa cuando fueron procesados.
Se habla de una reparación integral, en total, de unos 40 millones de dólares, lo que aseguraría el recupero de buena parte del dinero destinado a coimas.
Además, el juicio oral que hoy tiene 75 imputados y es un monstruo casi inmanejable, quedaría reducido a la mitad de los acusados, con lo que se tornaría más ágil.
Sin embargo, no todos tienen esta mirada. Fiscales federales ajenos a la causa que conversaron con dijeron que no estarían de acuerdo con esta propuesta, pues no solo se trata de recuperar el monto del perjuicio, sino los daños provocados por el pago de los sobornos, una cifra superior a la que ofrecerían los empresarios.
Esta oferta económica que los empresarios ponen sobre la mesa tiene antecedentes. Cuando la causa de los Cuadernos de las Coimas estaba en sus albores, un audaz abogado se entrevistó con uno de los más experimentados fiscales federales y le propuso esta solución en nombre de uno de sus clientes.
El audaz abogado era el actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. El fiscal rechazó la idea y le propuso, en cambio, que su cliente firmara un juicio abreviado en el que admitiera su responsabilidad, acordara una pena en suspenso y pagara una reparación.
Pero Cúneo Libarona rechazó esta solución, ya que su cliente, como el resto de los empresarios, no podrían hacer más negocios con el Estado ni con particulares si arrastraran una condena, aunque fuera acordada con el fiscal.
Hay que ver si ahora una solución así puede prosperar.
prueba,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
El Senado dictaminó el nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años
Un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y de Presupuesto y Hacienda del Senado dictaminó esta tarde el proyecto que impone el nuevo Régimen Penal Juvenil, que tiene entre sus puntos principales la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
La iniciativa en cuestión ya fue aprobada por Diputados la semana pasada y el oficialismo pretende sancionar la ley el jueves de la semana próxima, en una sesión extraordinaria aún no convocada de manera oficial en la Cámara alta.
Al comienzo del plenario, el libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja) dejó la presidencia de Justicia por haber tomado el control de la de Acuerdos. Como el reglamento no permite comandar dos al mismo tiempo, se votó a su colega Gonzalo Guzmán Coraita (Salta). La de Presupuesto continúa, por ahora, en manos del jujeño Ezequiel Atauche.
El nuevo Régimen Penal Juvenil también establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Además, prevé una serie de penas alternativas para infracciones con condenas menores a los 10 años de cárcel, como la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la desactivación para conducir vehículos.
Por otra parte, se pondrá énfasis en la creación de institutos especiales para que los menores condenados tengan garantizado el derecho a ser educados, recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención deberá estar especializado en infancia y adolescencia. A su vez, quedará prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.
Con la iniciativa también se habilitará la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.
Otro de los ejes centrales del proyecto es el reconocimiento expreso de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. La ley garantiza su derecho a ser informadas, escuchadas, a contar con patrocinio jurídico, recibir asistencia psicológica y a participar en las instancias relevantes del proceso, incluidos mecanismos restaurativos cuando amerite.
Ya como titular de la comisión de Justicia, Guzmán Coraita destacó que la vigencia de este tema data de 1980 -última dictadura militar-, con “diversos intentos legislativos” para conseguir “una ley que una ley que respete estándares constitucionales”. Fue un mensaje escueto y leído, algo siempre criticado en el Senado que ya es habitual con el correr de los últimos años.
Por su parte, la cristinista Juliana di Tullio (Buenos Aires) criticó a la jefa de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich (Capital Federal), por haberle dicho ayer que no iban a haber invitados al plenario. Por supuesto que no objetó que familiares de víctimas lo hicieran durante la jornada de hoy. En tanto, Guzmán quiso amortiguar la penosa situación bajo el argumento de que se decidió “a último momento”.
Los testimonios oídos en el plenario fueron espeluznantes. El primero fue el de Laura Fernández, madre de Lara -17 años-, asesinada el 1 de enero de 2022 en Parque Barón, partido de Lomas de Zamora. “No me dieron la posibilidad de despedirme, de donar sus órganos”, manifestó.
Seguido a ello, detalló que el criminal, de 15 años, “se escapó del instituto de menores dos veces, y con 16 años tuvo un juicio abreviado, le dieron cinco años y, en 2029, esta persona va a estar en libertad”. Y añadió: “Se podría haber evitado todo esto. Sabemos que no es retroactiva -en referencia a la ley- para nosotros, pero queremos evitar que otros pasen por lo que estamos pasando. No tenemos cumpleaños, Navidades, Año Nuevo. Nos arruinaron la vida”.
En tanto, Nicolás Sabo, hijo del quiosquero Roberto Sabo -acribillado a sangre fría en noviembre de 2021-, aseveró que “un niño que agarra un arma deja de ser un niño”. Coincidió luego Karina Albarenga, progenitora de Lautaro Padín, quien murió tras un ataque en manada a la salida de una fiesta. Minutos antes de las 16, oficialismo y dialoguistas juntaron las firmas necesarias en ambas comisiones y se consiguió un dictamen de mayoría.
POLITICA
Uno por uno: el mapa de gobernadores que ayudaron al Gobierno para avanzar con la reforma laboral
Con la asistencia de seis gobernadores, en su mayoría de extracción peronista, el oficialismo logró abrir el recinto de Diputados para avanzar con su reforma laboral.
Consiguió 130 legisladores sentados en sus bancas a partir de la asistencia de los diputados que responden a los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz) Hugo Passalacqua (Misiones) y Raúl Jalil (Catamarca).
Salvo Orrego, que actualmente lidera el partido provincial Producción y Trabajo −aunque inició su militancia en el peronismo−, el resto de los mandatarios integran diferentes vertientes del PJ. Se trata, además, de gobernadores que en el pasado fueron beneficiados con aportes discrecionales desde el Tesoro Nacional.
A Jalil lo premiaron, además, con el traspaso a la provincia norteña de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). Se trata de una cuantiosa caja que retiene el 60% de las utilidades netas de las millonarias inversiones en reservas de oro, plata y el estratégico litio. De hecho, el hermano del gobernador, Fernando Miguel Jalil, es el actual presidente de la entidad.
La reforma de la Ley de Glaciares también es una zanahoria para este compendio de gobernadores, que podrían recibir millonarias inversiones mineras al acotar las zonas protegidas por la norma. Es un incentivo que tienta sobre todo a Orrego, quien gobierna en la mayor reserva de cobre del país.
Todo ello explica la asistencia perfecta de los referentes provinciales. Cuatro misioneros: Daniel Vancsik, Yamila Ruiz, Oscar Herrera y Alberto Arrúa; tres salteños: Bernardo Biella, Pablo Outes y Yolanda Vega; tres catamarqueños: Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega y Fernando Monguillot; tres tucumanos: Gladys Medina, Elia Fernández y Javier Noguera; dos sanjuaninos: Nancy Picón y Jaime Quiroga; y un santacruceño: José Garrido.
En total, estos mandatarios provinciales suman 16 diputados determinantes para inclinar el fiel de la balanza hacia un lado o el otro. Sin ellos, el oficialismo no hubiese podido iniciar la sesión.
El resto de los bloques que acompañaron al gobierno fueron la UCR, Pro y el MID. También hubo un solo representante de Provincias Unidas: el rionegrino Sergio Capozzi, que se diferenció de su bloque y sumó su aporte al quorum. Capozzi es un exdiputado de Pro que dio el salto a Provincias Unidas con una mirada más enfocada en una puja territorial.
Con la huelga general convocada por la CGT, la paralización del transporte asomó como un obstáculo adicional para garantizar la presencia de todos. De hecho, ningún libertario negó que hayan mandado autos a buscar legisladores para blindar la sesión.
Pese a este gesto inicial, algunos de estos mandatarios todavía no garantizan su apoyo a algunos puntos del texto. “Los números están justos”, señalaron en el oficialismo. El Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que propone financiar indemnizaciones con aportes patronales que hoy van a la Anses, no está asegurado. Tampoco el apartado que propone derogar una serie de estatutos profesionales.
Ningún diputado de Unión por la Patria (UP) ni de la izquierda contribuyeron al quorum. Fueron los primeros en levantar la voz para cuestionar la hoja de ruta de la sesión propuesta por el oficialismo: un debate limitado de tiempo y oradores.
Desde el centro político, el interbloque Unidos, conformado por Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal, tampoco decidieron contribuir para iniciar el debate.
No obstante, tres cordobeses aliados al gobernador Martín Llaryora se ausentarán hoy. Son Alejandra Torres, Ignacio García Aresca y Juan Schiaretti. Su faltazo ayuda al Gobierno a imponerse en votaciones ajustadas: baja el umbral para llegar a la mayoría y reduce el margen de la oposición.
@madorni,@diegosantilli,@RaulJalil_ok,pic.twitter.com/8UketA8Qiu,December 11, 2025,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Reforma laboral,Javier Milei,Conforme a,Cámara de Diputados,,¿Estás loca?». El momento en que la diputada Carignano desenchufa micrófonos para interrumpir la sesión,,Con el quorum al límite. El Gobierno logra avanzar con el debate para la reforma laboral: se esperan 13 horas de sesión,,Reforma laboral El artículo clave que el ministro Luis Caputo pide que no se toque y la oposición buscará voltear
POLITICA
Dura crítica del Gobierno a la CGT por el paro: “Lo que hacen es complicarles la vida a los trabajadores”
El Gobierno salió este miércoles al cruce de la CGT por el paro general convocado en rechazo a la reforma laboral y acusó a la dirigencia sindical de perjudicar a los propios trabajadores.
“Lo único que hacen los sindicalistas es complicarles la vida a los trabajadores”, lanzó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien calificó la medida de fuerza como “bastante perversa”.
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Adorni sostuvo que la modalidad elegida para la protesta afecta directamente a quienes quieren cumplir con sus tareas.
“El paro es bastante perverso, porque si te cortan el medio de transporte, por más ganas que tengas de trabajar, no podés hacerlo”, afirmó.
El funcionario insistió en que la interrupción del transporte público constituye un mecanismo coercitivo.
“No hay nada más extorsivo y en contra de la libertad que lo que están haciendo los sindicalistas”, expresó en declaraciones a La Casa Streaming.
Y fue más allá, al señalar que la dirigencia gremial acumula un “80% de imagen negativa” en la opinión pública “porque lo único que hacen es complicarle la vida al trabajador”.
Según manifestó, esa valoración social responde al impacto concreto de las medidas de fuerza. Para Adorni, el problema central radica en la imposibilidad de explicar “por qué se le impide el acceso a su lugar de trabajo” a quien desea concurrir.
En ese sentido, remarcó que el nivel de adhesión al paro resulta “bastante perverso” cuando está condicionado por la falta de transporte.
El jefe de Gabinete también cuestionó la oportunidad política de la huelga y la comparó con la actitud de las centrales obreras durante la gestión anterior.
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Recordó que en el gobierno de Alberto Fernández se registraron “200% de inflación” y un “60% de pobres”, y describió ese escenario como un “país devastado”. Sin embargo, señaló con ironía que en aquel período “no había paros” convocados por la CGT.
Para Adorni, resulta “extraño o inentendible” que los sindicalistas “se despierten” ahora, en el marco del debate por la reforma laboral que el oficialismo intentará aprobar en la Cámara de Diputados.
Las críticas oficiales fueron reforzadas por el secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari. A través de su cuenta en la red social X, escribió: “No hay nada más extorsivo que parar el transporte para que los trabajadores no puedan llegar a su lugar de trabajo”.
En el mismo mensaje agregó: “Es la evidencia empírica del fracaso del paro forzoso. Pasan los años. Siguen las mismas prácticas mafiosas…”.
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La CGT, por su parte, afirmó que el paro general de 24 horas registra un alto nivel de acatamiento. La medida fue convocada contra la reforma laboral que el oficialismo busca avanzar en Diputados y tiene fuerte presencia en las calles.
Aunque la central obrera no organizó una movilización propia, distintos espacios gremiales, movimientos sociales y partidos de izquierda realizan cortes, piquetes y concentraciones que se extenderán durante toda la jornada.
Frente al Congreso se concentran organizaciones como la UOM, la Unión Ferroviaria, el MAS, Izquierda Socialista, el Partido Obrero y el MTR, entre otras.
En el plano del transporte, no funcionan los trenes ni los subtes. En cambio, circulan taxis, aplicaciones de viajes y algunas líneas de colectivos.
Manuel Adorni, Javier Milei, CGT, paro general
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