Este lunes habló por primera vez Paula Hindoian, la mujer a la que el gobierno porteño acusó de “infiltrada” luego de que publicara una serie de videos del tenso cruce entre Jorge Macri y vecinos de Liniers. “No soy infiltrada y no soy kirchnerista. Soy una simple vecina: vivo en Liniers, nací en Liniers, amo Liniers y me interesa que esté bien”, afirmó a .

Las imágenes -que se volvieron virales en las redes sociales en los últimos días- muestran al jefe de Gobierno en un encuentro vecinal que giró en torno a la inseguridad. La reunión, que ocurrió el viernes 28 de noviembre y estuvo orientada a escuchar las inquietudes de la gente del barrio, terminó con algunos gritos y malas contestaciones del mandatario.

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Ante la consulta de este medio, desde el gobierno porteño dijeron que el contenido fue “editado y movido” con la intención de dañar su imagen y que “infiltraron la reunión a propósito”. Además, añadieron que fue propagado en redes por personas afines al kirchnerismo.

«Soy ‘anti k’, odio a los kirchneristas. Solamente empecé a grabar porque no podía creer lo que veía. Está todo compilado porque no entraba todo en TikTok, pero los videos están completos», afirmó Hindoian en diálogo con este medio. Los videos completos, a los que pudo acceder , muestran partes del encuentro entre Macri y los vecinos del barrio porteño.

En algunos de los videos, Macri, algo malhumorado, dice: “Lo único que te pido es que no interrumpas más hasta que te toque la palabra”. “A veces las soluciones no son las que te gustarían o las que se puedan implementar”, responde en otro tramo. Ante las acusaciones de los vecinos, expresa casi a los gritos: “Llamá a los medios de comunicación si querés, no me corras”.

El video que agrupaba los fragmentos fue subido originalmente por Hindoian en sus redes sociales. Ella misma puso en los comentarios que participó del cara a cara con Macri y que fue una de las que increpó al mandatario por los hechos de inseguridad.

“Tengo un contenedor en la puerta de mi casa que está lleno de basura y tengo un nene de 6 años con el que no puedo salir a pasear por el olor; al colegio de mi hijo los chicos no pueden ir solos porque les roban. Fui por eso, porque me comprometo”, añadió y marcó: “Me iba a quedar solo un rato porque tenía que ir a buscar a mi hijo al colegio y ahí empecé a escuchar las barbaridades que decía”.

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“El principio no lo grabé porque pensé que iba a ser solo eso, pero ya arrancó así. Cuando vi que seguía ahí sí arranqué a grabar. Cuando llegué a mi casa dije ‘esto lo tengo que compartir’ y puse las peores partes”, expresó y consideró: “Tengo un tema con los violentos. Macri es un tipo violento».

La mujer detalló que ésta no fue la primera vez que asistió a uno de estos encuentros, y que, de hecho, su participación se debió a los resultados positivos que había tenido en la primera oportunidad.

“Yo ya había ido a un encuentro con Ezequiel Sabor (secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano porteño) que se hizo en el colegio de mi hijo. Fue excelente, por eso volví a ir. Todos estuvimos en paz; le dije que pagaba ABL y no tenía nada y a la semana me habían arreglado la luminaria de la cuadra de mi casa. Cuando me llegó para ir a ésta dije voy a ir y se desmadró todo», dijo y cerró: “No es por un tema de política. Yo no tengo nada que ver, no gano con el jefe de Gobierno sea él o Larreta”.

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La Argentina reclamó una intervención “inmediata” de la Corte Penal Internacional (CPI) ante el “deterioro” de la situación en Venezuela y pidió avanzar con órdenes de arresto contra los principales responsables de los crímenes de lesa humanidad atribuidos al gobierno de Nicolás Maduro.

El cruce con Caracas marcó uno de los momentos más tensos en la apertura de la Asamblea de Estados Parte del tribunal, que se desarrolla en La Haya, Países Bajos.

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El representante argentino ante la CPI, Diego Emilio Sadofschi, sostuvo que “la situación en Venezuela, que se ha deteriorado aún más tras las fraudulentas elecciones de julio de 2024, exige una atención inmediata” y lamentó que “desde que la Oficina del Fiscal anunciara en noviembre de 2021 la conclusión del examen preliminar sobre la situación en Venezuela, ha habido pocos avances”.

Ante el plenario, advirtió que “las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y otros crímenes contra la humanidad que perpetra el régimen venezolano requieren investigaciones rigurosas pero expeditivas, incluyendo el dictado de órdenes de arresto contra sus principales responsables”.

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Según recordó, la Fiscalía abrió formalmente la investigación en 2021, tras años de denuncias elevadas por varios países, incluida Argentina. “No debemos permitir que la falta de resultados prolongue el sufrimiento de las víctimas”, planteó Sadofschi en su intervención, donde también subrayó que el avance del caso es clave para preservar la credibilidad del sistema internacional de justicia.

La respuesta venezolana fue inmediata. El embajador Héctor Constant Rosales acusó a Buenos Aires de “politizar de forma altisonante” la conferencia y de atacar “de manera inoportuna” la legitimidad del gobierno de Maduro.

También calificó de “vergonzosa” la conducta argentina en organismos multilaterales y señaló que el país “ha votado recientemente contra varias resoluciones de la ONU sobre derechos humanos”, incluida una adoptada el 20 de noviembre sobre tortura y tratos crueles. Esa posición, sostuvo, sitúa a la administración de Javier Milei como “un falso defensor de derechos humanos”.

El intercambio marcó el tono de una sesión ya cargada, en el inicio de una semana clave en la que la CPI examina el estado de sus pesquisas y el nivel de cooperación de los Estados Parte, en particular respecto de la ejecución de órdenes de arresto.

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En paralelo a las tensiones diplomáticas, la Fiscalía de la CPI anunció que cerrará su oficina en Caracas por la falta de “progreso real” en materia de “complementariedad”, el principio que obliga al país investigado a llevar adelante procesos serios antes de que intervenga el tribunal.

La Corte reiteró que el sistema judicial venezolano no demostró avances sustantivos y recordó que en 2023 ya había rechazado los intentos de Caracas de frenar el caso.

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Ante las críticas, Sadofschi aclaró que la decisión argentina de no bloquear el consenso en la Asamblea “no debe interpretarse como un gesto hacia Venezuela”, sino como una demostración del “compromiso” del país con la CPI y con el funcionamiento de la Asamblea, especialmente en las negociaciones vinculadas a los Estados en situación de impago.

La investigación sobre Venezuela fue abierta en 2018 y abarca presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017.

Venezuela, Javier Milei, Nicolás Maduro, Corte Penal Internacional

El gobierno de Javier Milei exigió una “acción inmediata” de la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela, ante el agravamiento de las violaciones a los derechos humanos cometidos por la narcodictadura de Venezuela, y solicitó que se ejecuten las órdenes de arresto que están requeridas para Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, principales jefes del régimen chavista.

El planteo, elevado por el embajador Diego Emilio Sadofschi, representante argentino ante la CPI en La Haya, marcó la apertura de la conferencia anual del tribunal, en la que se debatieron los avances y desafíos de las investigaciones internacionales y la cooperación de los Estados miembros.

Durante su intervención, Argentina se disoció del consenso general de la asamblea, reafirmando su posición crítica e históricamente sostenida frente a la falta de avances concretos en el caso venezolano.

Según remarcó Sadofschi, “la situación en Venezuela, que se ha deteriorado aún más tras las fraudulentas elecciones de julio de 2024, exige una atención inmediata”. El representante argentino sostuvo que, desde que la oficina del fiscal de la CPI anunció en noviembre de 2021 la conclusión del examen preliminar sobre la situación en Venezuela, “ha habido pocos avances”.

A continuación, denunció: “Las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y otros crímenes contra la humanidad que perpetra el régimen venezolano requieren investigaciones rigurosas pero expeditivas, incluyendo el dictado de órdenes de arresto contra sus principales responsables”.

Sadofschi argumentó que la actitud adoptada por Argentina –de no bloquear el consenso en torno a la declaración general de la asamblea– no debía ser interpretada como una concesión para Venezuela: “La decisión de Argentina de no bloquear el consenso en torno a esta cuestión, lejos de entenderse como un gesto hacia Venezuela, es en realidad una muestra del compromiso de la República Argentina con la Corte Penal Internacional y del valor que le otorga a la labor de esta asamblea, incluyendo no precluir las negociaciones en curso para establecer un procedimiento general relativo a la situación de estados parte en situación de atrasos en los pagos”.

En ese sentido, Sadofschi fue terminante: “Permítame enfatizar que Argentina no se siente ni puede ser considerada parte de la decisión que se adopte, disociándose de la misma, y le pido que quede registro de ello en los informes y actas de esta asamblea”.

Al pedir la palabra nuevamente, el embajador subrayó la firmeza de la posición argentina: “La Argentina es y ha sido siempre comprensiva ante las dificultades financieras que establecen los Estados partes de esta asamblea, pero no puede hacer caso omiso a la realidad de los crímenes que se cometen en ese país. En este marco, la actitud de Argentina de no interponerse a la voluntad de la Asamblea demuestra nuestro compromiso con la Corte Penal Internacional y una reafirmación del llamado a la Corte a tomar medidas concretas y urgentes ante la situación en Venezuela”.

La delegación argentina remarcó que evalúa imprescindible que la comunidad internacional acelere los mecanismos para la ejecución de las órdenes de arresto y no dilate la definición de responsabilidades en materia de crímenes de lesa humanidad. “La República Argentina sigue considerando prioritario que se avance en la investigación y se adopten medidas concretas para poner fin a la impunidad de los máximos responsables del régimen en Venezuela”, sostuvo el embajador ante los demás países presentes.

El planteo argentino suscitó la reacción del representante permanente adjunto de la dictadura chavista en La Haya, Héctor Constant Rosales, quien acusó al gobierno de Milei de “politizar la conferencia” y lo calificó como un “falso defensor de derechos humanos”.

Constant Rosales, que representa a un régimen que usurpó el poder al desconocer los resultados de las últimas elecciones presidenciales, invitó a “concentrarnos positivamente en los trabajos de esta Corte para garantizar que podamos avanzar constructivamente y con un espíritu de solidaridad en los temas que nos resultan comunes”.

Ante estas declaraciones, Sadofschi replicó tajantemente, rechazando “en todos sus términos” las expresiones agraviantes del delegado venezolano y subrayando que Argentina “no puede hacer caso omiso a la realidad de los crímenes que se cometen en ese país”.

Sadofschi insistió en que la postura argentina no implica un relajamiento en la exigencia de justicia internacional, sino una reafirmación del compromiso con la Corte, su proceso y los mecanismos multilaterales que hacen posible el avance de las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad. Hizo hincapié en que la situación en Venezuela representa un caso emblemático de inacción internacional que debe revertirse con medidas contundentes, como el dictado de órdenes de arresto contra los principales dirigentes chavistas. La Argentina pidió que su mensaje y disociación quedaran asentados en las actas e informes de la asamblea, subrayando que no puede ser incluida como parte de ninguna resolución que relativice la gravedad del caso venezolano.

La conferencia anual de la Corte Penal Internacional marca una semana clave donde los países miembros debaten los movimientos en expedientes judiciales críticos, como el referido a Venezuela, y discuten cómo mejorar los mecanismos de cooperación para la ejecución de órdenes de arresto contra acusados por crímenes de lesa humanidad.

El caso del gendarme argentino Nahuel Gallo

Fuera del discurso oficial del embajador ante la CPI, el contexto bilateral entre Argentina y Venezuela está atravesado, además, por la persistente preocupación por el caso del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Caracas. Gallo, miembro de la Gendarmería Nacional Argentina, fue arrestado bajo acusaciones infundadas y permanece privado de su libertad bajo condiciones inciertas. Autoridades argentinas y organismos de derechos humanos insisten en la urgencia de su liberación y en la necesidad de que la Corte Penal Internacional y la comunidad internacional presionen al régimen de Maduro y Cabello para garantizar su integridad y el regreso seguro a su país.