El fiscal Gerardo Pollicita citó a declarar como testigo al contratista que hizo remodelaciones en la casa que Manuel Adorni y su mujer, Bettina Angeletti, tienen en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, comprada a nombre de ella en noviembre de 2024 y bajo estudio de la Justicia en la investigación contra el funcionario por enriquecimiento ilícito.

Se trata de Matías Tabar, quien estuvo a cargo de las refacciones realizadas y deberá aportar la información que tenga. El hombre está convocado para el viernes 24 de abril como parte de otra ronda de citaciones que incluye a las jubiladas que facilitaron la compra del departamento en el que vive Adorni, en Caballito.

El fiscal busca tener un panorama claro y exhaustivo de los movimientos y salidas de dinero del jefe de Gabinete desde un año antes de su llegada a la función pública.

De esa la lista de gastos forma parte la tasa de ingreso al club Indio Cua, un monto de 5000 dólares. El fiscal solicitó a la administración del country que informe cómo se canceló esa suma, si fue en efectivo, por transferencia, mediante un depósito o un cheque, quién realizó el pago y cuáles fueron las cuentas de origen y destino.

En esa línea, Pollicita también solicitó -y el juez Ariel Lijo aprobó ayer mismo- el levantamiento del secreto fiscal y bancario del jefe de Gabinete, de Angeletti y de la sociedad que ambos comparten, “AS Innovación Profesional”. El fiscal dispondrá así de información sobre cuentas, tarjetas, plazos fijos, deudas tributarias, etc.

Antes que el contratista Tabar, están citadas las dos jubiladas que le vendieron el departamento de Caballito a Adorni y le postergaron, sin intereses, el pago de 200.000 dólares, una cifra que representó más del 85% del valor declarado de la operación.

También están convocadas otras dos mujeres -una expolicía y su hija- que le hicieron un préstamo a Adorni de 100.000 dólares en efectivo, con una hipoteca sobre un departamento de Parque Chacabuco del jefe de Gabinete.

Estas últimas mujeres fueron presentadas a Adorni por la escribana que intervino en las operaciones, Adriana Nechevenko, según la declaración que ella misma brindó en sede judicial, este miércoles y jueves.

CÓRDOBA.- El presidente Javier Milei reconoció un primer trimestre “difícil” y pidió “paciencia”. Lo mismo vienen escuchando los gobernadores de sus interlocutores de la Casa Rosada, quienes les plantean que en mayo habrá una mejora. Las cuentas de las provincias están bajo estrés: entre enero de 2024 y febrero pasado, dejaron de percibir por la caída de las transferencias nacionales el equivalente a US$18.000 millones.

Ese monto combina la baja de la coparticipación por contracción de la recaudación nacional y las restricciones de los giros nacionales.

Un informe del Iaraf, que dirige Nadin Argañaraz, muestra que la reducción de recursos nacionales afectó a todas las jurisdicciones. El mayor impacto provino de la poda de transferencias no automáticas, aunque la menor recaudación también recortó los envíos automáticos.

El Iaraf plantea que hay un “cambio estructural en la relación fiscal entre Nación y provincias». Por un lado, la fuerte reducción de transferencias no automáticas indica su “menor uso” como herramienta de financiamiento. Por otro, la caída de la recaudación afectó el principal canal automático de distribución de recursos.

Así, las provincias enfrentan un escenario más restrictivo. El doble ajuste reduce el margen fiscal y obliga a replantear estrategias. La proyección implícita es clara: sin una recuperación sostenida de la recaudación o un cambio en la política fiscal nacional, el nivel de transferencias difícilmente vuelva a los valores previos en el corto plazo.

El resultado es un “reordenamiento del federalismo fiscal argentino, en el que la Nación reduce su peso como financiador directo y las provincias asumen una mayor carga del ajuste, con impactos que, aunque desiguales, alcanzan a todo el territorio».

La magnitud del ajuste se refleja en la baja acumulada de $36 billones para el consolidado de las 23 provincias, medida a precios constantes de febrero de 2026 y comparada con el promedio mensual de 2023. De ese total, 57% es explicado por menores transferencias no automáticas ($20,5 billones menos) y el resto, por la baja de los giros automáticos.

En el primer caso, el achicamiento, en términos absolutos, Buenos Aires concentró la mayor pérdida, con una caída acumulada de $10,56 billones. Muy por detrás se ubicaron Santa Fe, con $1,05 billones menos, y La Rioja, con $938.000 millones (se cortaron los giros compensatorios por la pérdida de un punto de coparticipación en los ’80). Córdoba también registró un descenso significativo, del orden de $842.000 millones, mientras que Mendoza perdió cerca de $689.000 millones.

En el extremo opuesto, los distritos que menos recursos perdieron en términos absolutos fueron Chubut, con una caída de $44.600 millones; Tierra del Fuego, con $185.000 millones, y Jujuy, con $191.000 millones.

La lectura cambia cuando se observa el impacto por habitante. Entonces fue La Rioja la más afectada, con una pérdida de $2,31 millones por persona, seguida por Tierra del Fuego, con $1,01 millones, y Santa Cruz, con $957.000. En contraste, las menores caídas per cápita se registraron en Chubut, con $74.000; Córdoba, con $174.000, y Mendoza, con $183.000.

El segundo canal de ajuste fueron las transferencias automáticas. En este caso, la disminución acumulada fue de $15,6 billones y está relacionada directamente con la evolución de la recaudación que lleva ocho meses consecutivos de contracción.

Entre las razones, el informe menciona que “un factor relevante que afectó negativamente la recaudación del IVA fue la medida de administración tributaria relacionada con la restitución de los certificados de exclusión” en 2025. A esto se sumaron reducciones en la carga tributaria de impuestos como Ganancias, cargas internas y Bienes Personales.

En términos absolutos, Buenos Aires volvió a liderar las pérdidas, con $3,56 billones menos, seguida por Santa Fe, con $1,47 billones, y Córdoba, con $1,42 billones. En el otro extremo, Tierra del Fuego registró la menor caída, con $176.000 millones, seguida por Chubut, con $235.000 millones, y Santa Cruz, con $238.000 millones.

El análisis por habitante vuelve a mostrar un patrón distinto. Los fueguinos aparecen como los más afectados, con una pérdida de $966.000 por habitante, seguidos por los catamarqueños, con $929.000, y los formoseños, con $891.000. Las menores caídas los registraron los porteños con $106.000; los bonaerenses con $203.786, y los mendocinos, con $302.000.

Al sumar ambos componentes, el resultado es un ajuste generalizado en todo el país, aunque con magnitudes dispares. Buenos Aires fue la provincia más afectada, con una pérdida acumulada de $14,1 billones. Le siguen Santa Fe ($2,53 billones), y Córdoba ($2,11 billones). Más atrás se ubicaron Mendoza ($1,6 billones), y Entre Ríos y Tucumán, con pérdidas en torno a $1,2 billones.

En el otro extremo, Chubut registró la menor caída, con $279.000 millones. Después vienen Tierra del Fuego, con $362.000 millones, y La Pampa, con $553.000 millones.

Cuando se mide el impacto por habitante, el ranking vuelve a liderarlo La Rioja, con una pérdida de $3,08 millones per cápita, seguida por Tierra del Fuego ($1,98 millones) y Formosa ($1,77 millones). En cambio, las menores caídas fueron para Chubut ($463.000), Mendoza ($485.000) y Córdoba ($533.000).

En este escenario de ajuste generalizado, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aparece como la única jurisdicción con resultado positivo. La explicación radica en el cumplimiento por parte de Nación de la medida cautelar de la Corte Suprema que elevó su coeficiente de coparticipación, lo que compensó la caída en los envíos automáticos.