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Caso Jorge D’Onofrio: Imputan a exfuncionarios de Transporte y al presidente de CECAITRA

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Los recientes allanamientos dispuestos la semana pasada a la falsa Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA), han motivado que el fiscal de la UFIJ 11 de La Plata a cargo de Álvaro Garganta, impute formalmente a los involucrados en la causa IPP-00-056058-23/00 caratulada “Quattrochi, Mario y otros s/ Fraude en perjuicio de la Administración Pública”. Los delitos que se le imputan son: fraude en perjuicio de la administración pública; asociación ilícita; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; cohecho; y exacciones ilegales.

En el despacho de fiscal dictado el día miércoles, se ha encomendado a la dirección de Delitos Económicos – Unidad Operacional de Control del Narcotráfico y el Delito Complejo Central de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la notificación de los involucrados acerca de su situación procesal. Se ha tenido en especial consideración para el avance de la investigación y la imputación, la connivencia del exministro Jorge D’Onofrio y su banda, por la cual permitía que una falsa cámara de empresas, que funciona bajo la denominación CECAITRA, constatara infracciones de tránsito a través de equipos de fotomultas sin cumplimentar el procedimiento legal reglamentario que se exige indefectiblemente para que las infracciones sean válidas. De esta manera, permitía labrar infracciones de tránsito, que luego eran resueltas con gestores y jueces de faltas provinciales, a cambio de montos en negro que iban del 25 al 50 por ciento y repartidos entre los corruptos mencionados: la banda de transporte y las autoridades de CECAITRA.

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Este nuevo hecho, se suma a la investigación del fiscal Álvaro Garganta, iniciada en octubre del 2023, por el cual funcionarios públicos pertenecientes a la administración pública provincial, bajo la cabeza del exministro Jorge D’Onofrio, valiéndose de las potestades propias de su función, actuaron en connivencia con terceros ajenos a dicho organismo, quienes captaban como «gestores» a deudores de infracciones de tránsito ofreciéndoles reducciones del 50 por ciento del monto adeudado, apropiándose de un monto remanente; todo ello sin respetar el debido proceso legal y con el consiguiente perjuicio para las arcas municipales y provinciales. Esto fue posible fundamentalmente gracias al acceso al Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito (SACIT).

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Posteriormente, otro de los hechos probados por el fiscal, habría consistido en las irregularidades en el procedimiento de adjudicación de las concesiones para la explotación del servicio de Verificación Técnica Vehicular (VTV), las que habrían sido otorgadas a siete empresas que previamente habrían contratado los servicios de la empresa Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA, en la que tendrían participación societaria -interpósita persona- los funcionarios del ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires investigados. Este arreglo fue implementado con una excesiva comisión del 8,5 por ciento más IVA del valor total de cada pago realizado.

Vale recordar que la veracidad de la denuncia motivó la salida del entonces Jorge D’Onofrio y todo su gabinete. A raíz de ello, y de acuerdo a toda la prueba recopilada en el transcurso de la investigación, el fiscal dictó la imputación formal sobre varios funcionarios y directivos del ámbito.

Entre los imputados vale destacar al exministro Jorge D’Onofrio, en carácter de partícipe necesario de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados (hecho 1), y autor del delito de cohecho pasivo (hecho 2). Misma suerte corrió el exjuez de Faltas provincial de La Plata, Mario Quattrochi, en carácter de autor de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados (hecho 1).

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La lista de exfuncionarios imputados incluyó al extitular de la dirección Provincial de Política y Seguridad Vial del ministerio de Transporte, Pablo Javier Sanguinetti, en carácter de partícipe necesario de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados (hecho 1); el extitular de la dirección de Informática de la DPPSV, Tomás Uthurriague, en carácter de partícipe necesario de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados (hecho 1); y el presidente de la empresa Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA, Sebastián Desio, en carácter de partícipe necesario del delito de cohecho pasivo (hecho 2), entre otros.

También resultó imputado Bernardino Antonio García, presidente de la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA), en carácter de partícipe necesario del delito de exacciones ilegales agravada (hecho 3).

Los delitos que se imputan a los funcionarios mencionados serán merituados en concurso real, es decir que consisten en varios hechos que constituyen varios delitos, cuyas escalas penales son:

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1) Asociación ilícita: tres a diez años de prisión, artículo 210 del Código Penal;

2) Fraude en perjuicio de la administración pública: dos a seis años, artículo 174 inciso 5 del Código Penal;

3) Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados: dos a seis años, artículo 268 del Código Penal; y

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4) Exacciones ilegales agravadas: dos a seis años, artículo 268 del Código Penal.

Según pudo saber este medio, atento a las penas previstas y teniendo en cuenta el concurso real para las mismas, no serían excarcelables, lo que complica la situación procesal de los imputados.

CECAITRA, un controlador sin control

Allanamientos recientes en el marco de la causa que involucra al exministro de Transporte bonaerense incluyeron la sede de CECAITRA y el domicilio de su presidente, Bernardino Antonio García. Se sospecha que la cámara habría emitido multas ilegales desde al menos enero de 2022, lo que pone en duda la validez de muchas sanciones aplicadas a conductores.

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El titular de la UIF se reunió con autoridades de Estados Unidos para intercambiar datos sobre la causa AFA

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El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, mantuvo un encuentro con autoridades fiscales de los Estados Unidos (EE.UU), con quienes intercambió información relevante en la causa que involucra un supuesto desvío de fondos al exterior por parte de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

Según trascendió, el funcionario se encontró en Washington con integrantes de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés), con el objetivo es analizar y detectar transacciones financieras y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos nacionales e internacionales.

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La AFA giró USD 8 millones a cinco empresas fantasma: una de ellas se disolvió hace una semana

La visita de Starc a EE.UU, se aceleró, tras revelarse una serie de transferencias millonarias de la AFA, hacia una empresa radicada en Miami, que pertenece al empresario teatral Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, que son investigados por lavado de dinero por la Justicia argentina.

En tanto, el titular de la UIF viajó para tener mayores detalles sobre las sociedades y operaciones con las que se habrían realizado las maniobras que están bajo la lupa de la Justicia local y que involucran a los directivos de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y a su mano derecha Pablo Toviggino.

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Industria del juicio: denuncian un armado de demandas laborales para perjudicar a una empresa en Río Negro

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Una empresa que brinda servicios de limpieza denunció un mecanismo recurrente de demandas laborales millonarias en el Centro Atómico Bariloche (CNEA), donde afronta un juicio por más de 1000 millones de pesos ante reclamos de 49 trabajadores que se “autodespidieron” y exigen indemnizaciones.

Lo que sucede en San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro, se considera un caso típico de la industria del juicio en la Argentina que atormenta a los empresarios y ahora afecta a La Mantovana, una empresa especializada en servicios generales con más de 55 años de trayectoria, cuyo conflicto laboral, que pasó al ámbito judicial, está ahora a consideración del Supremo Tribunal de Justicia de la provincia.

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En el área jurídica de la empresa explicaron que todo comenzó cuando La Mantovana perdió en 2024 una licitación en el CNEA tras haber prestado el servicio de limpieza durante 5 años, con empleados encuadrados en el Sindicato de Obreros de Maestranza (SOM).

El Centro Atómico Bariloche (CNEA), en el centro de un conflicto laboral de una empresa de limpieza

Al finalizar ese proceso, los 49 trabajadores reclamaron despido indirecto (figura prevista en la ley en caso de incumplimientos graves del empleador), pidieron dirimir qué convenio colectivo de trabajo les corresponde y exigieron el reconocimiento de diferencias salariales conforme al régimen del Sindicato de Comercio a pesar de que, según la compañía, no existe ninguna actividad comercial en el centro científico y ese convenio no resultaría adecuado para aplicar al personal.

La demanda inicial ascendía a $200 millones, cifra que, por la actualización de intereses impuesta por la justicia, trepó a $1.080 millones en octubre del año pasado.

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El conflicto por una costumbre no escrita: cada vez que una compañía pierde una licitación en el Centro Atómico Bariloche, el personal debe ser absorbido por la nueva prestataria, aunque los pliegos no imponen esa obligación. Según fuentes empresariales, “cada 2, 4 o 6 años, depende cuándo se retire el concesionario, el personal cobra la indemnización por la antigüedad y sigue trabajando para el nuevo prestador del servicio”. Así, los empleados perciben compensaciones por el despido, pero mantienen su puesto tras el traspaso.

Ricardo Apcarian, Cecilia Criado, Sergio Ceci, Liliana Piccinini y Sergio Barotto, miembros del Supremo Tribunal de Justicia de Río Negro

Esta tradición en el CNEA cobró una dimensión particular con la última licitación del servicio de limpieza. La Mantovana fue descalificada en el rubro sostenibilidad laboral por aplicar el convenio del SOM y proponer la respectiva obra social, frente a la exigencia, informal pero históricamente aplicada en la empresa, de utilizar el convenio mercantil, más antiguo y amplio. Finalmente, la empresa Linser ganó la licitación, aunque su oferta en la licitación resultó un 20% más cara que la anterior, de acuerdo con la información que surgió de ese proceso.

Tres días antes de la finalización formal de la concesión de La Mantovana, los 49 empleados firmaron el alta temprana como trabajadores en Linser, pese a que aún no había comenzado sus tareas en el CNEA, y algunos días después recién se dieron por despedidos. “Incumplieron su obligación y el principio más importante del contrato de trabajo, que es la buena fe, porque se inscribieron como personal de otro empleador y todavía trabajaban para La Mantovana”, explicaron abogados de esta compañía.

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Es decir, comenzaron con las acciones legales por despido indirecto y reclamo de indemnizaciones, a pesar de que no existió una interrupción laboral real.

Javier Milei retuiteó en 2025 un mensaje que decía: “Se viene la motosierra para la industria del juicio y los caranchos” (Foto: Reuters/Cristina Sille)

La fuente consultada aseguró que los 49 empleados se dieron por despedidos invocando que no les dieron continuidad laboral, algo incorrecto, según afirmó, porque primero tendrían que haber intimado a la empresa e incluso resaltó que les exigieron que retomen sus tareas en el CNEA y “nunca quisieron ir a trabajar”.

Incluso cuando la nueva concesionaria comenzó a prestar el servicio, los 49 empleados iniciaron juicios contra La Mantovana y por primera vez reclamaron diferencias salariales porque consideraron que tendrían que haber estado encuadrados en el convenio de Comercio y no del SOM, aunque el CNEA no ejerce la actividad mercantil.

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“Los empleados declaran que ellos sabían que iban a continuar trabajando porque hace 20 años que vienen haciendo lo mismo y siempre mantienen su empleo”, señalaron en el sector jurídico de La Mantovana, donde calificaron la situación como “un armado” frecuente propiciado, entre otros, por un abogado que habitualmente lleva adelante estos reclamos y que “tiene siempre los mismos juicios por los mismos empleados contra todas las concesionarias que pasan por el CNEA”.

La empresa La Mantovana, en medio de un conflicto laboral en donde se muestra la industria del juicio

La empresa en conflicto rechazó resolver las demandas con arreglos expeditivos y decidió aportar documentación ante la Cámara Primera del Trabajo de Bariloche. Según registros consignados en la sentencia, se presentaron recibos, nóminas, certificaciones y pruebas de protocolos de transición, en un expediente que fue unificado por acumulación de causas.

El 15 de septiembre de 2025, finalmente, el tribunal dictó sentencia de primera instancia, desestimando la multa prevista en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (que establece las obligaciones del empleador al finalizar la relación laboral), aunque admitió parcialmente otros rubros reclamados en materia salarial e indemnizatoria.

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El monto central de condena certificado asciende a más de $814 millones, mientras que el depósito inicial fue cubierto con un seguro de caución por $1.036.655.091,31, que incluye honorarios, IVA, caja forense y tasa de justicia. Este procedimiento sigue en trámite ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, al que la empresa dirigió un recurso de casación reclamando la revisión del fallo.

Los abogados de a Mantovana afirmaron que su estrategia fue “enfrentar el sistema de acuerdos forzados y litigar con prueba completa». “Está acreditado el encuadre, las certificaciones y las altas previas en el nuevo empleador con cobertura ART -agregaron-. No vamos a convalidar una matriz de reclamos seriales que castiga a quien cumple. Confiamos en que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro ponga las cosas en su lugar”.

South America / Central America

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Javier Milei recibió en Casa Rosada a dos argentinos que fueron rehenes de Hamas

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El presidente Javier Milei, recibió en Casa Rosada a dos argentinos que fueron rehenes de Hamas durante más de dos años. Se trata de David y Ariel Cunio, quienes habían sido secuestrados por la organización extremista en un kibutz de Israel el 7 de octubre del 2023.

Los hermanos Cuneo, fueron liberados el 14 de octubre del 2025, luego de los intensos bombardeos y ataques terrestres del ejército israelí sobre la Franja de Gaza, que dejaron miles de muertos y heridos.

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Javier Milei y Luis Caputo celebraron el dato de la inflación de diciembre: “Este es el único camino”

Del encuentro en la casa de Gobierno, participaron además del libertario, el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; y la fundadora y directora ejecutiva de la agencia de noticias Fuente Latina, Leah Soibel.

Vale destacar que los hermanos Cunio son dos de los 20 rehenes con vida que fueron liberados el 14 octubre de 2025 y entregados a la Cruz Roja, luego de una incursión de Hamas en Israel, que desencadenó dos años de guerra en Palestina.

 

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