POLITICA
Caso $LIBRA: cuando no investigar también es una decisión
La capacidad de investigar y sancionar casos de corrupción se pone verdaderamente a prueba cuando estos delitos alcanzan el corazón del poder político. Hoy el Ministerio Público Fiscal enfrenta una disyuntiva crítica: avanzar con decisión en la investigación del caso $LIBRA o dejarla derivar en una dinámica de dilaciones que conspiran contra el esclarecimiento de los hechos.
Las evidencias disponibles son de una contundencia que interpela directamente a las más altas esferas del poder. En este contexto, la inacción no es neutral: es una decisión. Y como tal, proyecta consecuencias concretas en términos de impunidad y deterioro de la confianza pública en el sistema de justicia. La responsabilidad de actuar recae, en última instancia, en el fiscal interviniente.
En los últimos años se ha consolidado en la sociedad una percepción inquietante: la corrupción como fenómeno naturalizado. Bajo esa lógica, crece el escepticismo respecto de la voluntad de los tribunales federales —en particular, los de Comodoro Py— para avanzar sobre los máximos responsables políticos, especialmente cuando se encuentran en la cúspide del poder.
Algo similar ocurre con el poder económico. Decisiones judiciales que reconvierten posibles sobornos en aportes de campaña, favoreciendo a actores empresariales relevantes, evidencian un sesgo preocupante en la interpretación de la ley. Lo mismo puede advertirse en resoluciones recientes vinculadas al endeudamiento con el FMI bajo hipótesis de fraude contra la administración pública. Allí se configura una zona gris donde la respuesta judicial pierde claridad.
Sin embargo, dentro del propio Ministerio Público existen fiscales y funcionarios comprometidos con la persecución del crimen económico, la corrupción y las redes mafiosas. Su labor demuestra que otra respuesta institucional es posible.
El contraste es evidente. El modelo de fiscal que posterga decisiones, ralentiza expedientes y evita acusar se vuelve incompatible con los desafíos que plantea el crimen organizado en la región. En distintos países de América Latina, investigar al poder no solo implica costos profesionales, sino riesgos personales extremos. En Guatemala, fiscales vinculados a investigaciones impulsadas por la CICIG han debido exiliarse tras avanzar sobre redes político-económicas. En Perú, fiscales que intervinieron en causas de alto impacto como Lava Jato han sido objeto de persecución y hostigamiento. En Paraguay, el asesinato del fiscal Marcelo Pecci —vinculado a investigaciones sobre narcotráfico y sus conexiones con el poder político— mostró de manera brutal hasta dónde pueden escalar esos riesgos.
Frente a ese escenario, la comparación resulta inevitable. Mientras en otros contextos quienes investigan al poder enfrentan amenazas directas a su vida o su libertad, en la Argentina el principal obstáculo muchas veces parece ser la propia inercia institucional: expedientes que se ralentizan, decisiones que se postergan, investigaciones que no se impulsan.
En la Argentina, la pasividad frente a la corrupción transmite un mensaje claro y preocupante. Un poder judicial que no investiga cuando está en condiciones de hacerlo no solo incumple su función, sino que debilita su propia legitimidad. La independencia judicial no se mide únicamente por la capacidad de resistir presiones, sino también por la decisión de actuar cuando el contexto resulta adverso al poder.
La función fiscal no es un ejercicio burocrático ni una carrera administrativa desprovista de tensiones. Es, en esencia, una tarea de confrontación con el poder cuando el poder vulnera la ley. Y exige una determinada convicción: sostener investigaciones bajo presión, resistir campañas de desgaste y asumir los costos personales que implica hacer cumplir la legalidad.
Esa es la ética que demanda el Estado de derecho. Quien no esté dispuesto a asumirla debería dar un paso al costado. La inacción desde una posición institucional clave no es inocua: también produce consecuencias.
Aunque ese vacío suele ser parcialmente cubierto por la sociedad civil y el periodismo de investigación —que han expuesto algunas de las tramas más complejas de corrupción—, la construcción de un Ministerio Público fuerte, con orientación estratégica en materia de política criminal, sigue siendo un desafío central.
El caso $LIBRA, en este sentido, marca un punto de inflexión. No solo por lo que se investiga, sino por lo que está en juego: la capacidad del sistema judicial de demostrar que, aun frente a la instancia máxima del poder, prevalece la aplicación oportuna de la ley penal.
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El autor es director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE)
caso $LIBRA,Escándalo cripto,Javier Milei,Conforme a,Escándalo cripto,,$LIBRA. Novelli tuvo un ida y vuelta frenético con un banco de Miami el día que se reunió con Milei y Davis en la Rosada,,»Me voy a ocupar yo». Los audios que revelan cómo Novelli se encargó en persona de los pagos en efectivo a Javier Milei,,$LIBRA. Mauricio Novelli pide “la nulidad absoluta” del peritaje que involucró a Milei
POLITICA
El juez que suspendió 82 artículos de la reforma laboral justificó su fallo: «Es necesaria para evitar que se provoquen daños»
El juez Raúl Ojeda suspendió la aplicación de 82 artículos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y defendió su decisión al sostener que se trata de una medida excepcional destinada a evitar daños hasta que salga la sentencia definitiva.
La medida se dio en el marco de una acción colectiva presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el Estado nacional y dispuso la suspensión provisoria de parte de la ley, al considerar que existen elementos suficientes para analizar su eventual inconstitucionalidad.
Según explicó el juez, este tipo de decisiones no requieren certeza absoluta sobre la validez del planteo, sino la verificación de una “apariencia razonable” del derecho invocado, junto con el riesgo de que la demora judicial pueda generar daños de difícil reparación.
“Es una medida extraordinaria para una situación extraordinaria. No hemos tenido leyes que creen situaciones extraordinarias como estas”, aseguró Ojeda en declaraciones a Radio Rivadavia.
El magistrado explicó que “en la medida cautelar uno tiene que evaluar si es posible que haya vicios de inconstitucionalidad en este caso”, y, en este caso, aseguró Ojeda, “hay principios del derecho del trabajo, de protección, de regresividad, que denotan en una primera mirada que se están vulnerando”.
Leé también: Un juez suspendió la aplicación de 82 artículos de la reforma laboral tras un reclamo de la CGT
“Ahora el Estado nacional debe contestar sobre la cautelar y defender los artículos que son objeto de la acción”, añadió el juez.
En el fallo emitido el 30 de marzo, el juez sostuvo que para dictar una cautelar no se requiere certeza absoluta sobre el derecho invocado, sino verificar que exista una apariencia razonable que justifique una tutela preventiva mientras se discute el fondo del asunto. Esa lógica es la que habilitó la suspensión provisoria de las disposiciones cuestionadas hasta que haya una sentencia definitiva.
Qué resolvió la Justicia y cómo sigue el caso
El fallo del fuero laboral dispuso la suspensión provisoria de 82 artículos de la ley 27.802 al hacer lugar a una medida cautelar innovativa presentada por la CGT, en el marco de una acción colectiva que cuestiona la constitucionalidad de la reforma.
En su análisis preliminar, el juez consideró que para dictar una cautelar no se requiere certeza absoluta sobre el derecho invocado, sino la verificación de una apariencia razonable que justifique una tutela preventiva mientras se discute el fondo del asunto.
Desde el gobierno, la cartera que conduce Sandra Pettovello informó que apelará el fallo para intentar revertir la cautelar y restituir la vigencia de los artículos suspendidos mientras se tramita el proceso principal.
En un comunicado, el ministerio sostuvo que existen sectores que “pretenden obstaculizar las reformas necesarias para superar el desempleo y el estancamiento”, y reafirmó su compromiso con la ley de Modernización Laboral.
reforma laboral, Justicia, CGT
POLITICA
Sigue en caída el envío de fondos a las provincias: perdieron $1.151.000 millones en el primer trimestre
CÓRDOBA.− Tal cual vienen planteando los gobernadores, el primer trimestre cerró muy mal para las provincias en términos de transferencias automáticas de Nación. La caída fue de 6,4% real interanual, lo que implica una pérdida de $1.151.364 millones en las cuentas de los 24 distritos del país.
Para las provincias, se trata del segundo peor primer trimestre desde 2018. El reparto de fondos nacionales quedó solo por encima de 2024. Los datos, sobre cifras oficiales, son de un análisis de la consultora Politikon Chaco.
Además, hasta el lunes los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) distribuidos se mantenían en $47.000 milllones. El monto supera en un 129% en términos reales a los distribuidos en febrero, cuando apenas se repartieron $20.000 millones. También la comparación interanual marca un alza de 98,5% (en marzo del 2025 los ATN entregados sumaron $18.000 millones).
En marzo, las transferencias automáticas a las provincias y CABA totalizaron $5,05 billones, el volumen nominal más bajo desde julio del 2025. Al medirlas en términos reales, mostraron un descenso del 4,3% respecto a igual mes del 2025 e incluso frente a febrero la baja fue fuerte, 9,9% real mensual. Estos giros llevan tres contracciones consecutivas y cuatro en los últimos seis meses.
Los envíos por coparticipación (90% del total que reciben las provincias) bajaron 7,4% real interanual, básicamente por una nueva merma del IVA (3,9%), Ganancias (12,7%) e impuestos internos (14,3%).
Por leyes especiales, las transferencias mostraron un incremento real del 28,6% interanual, apoyado en las subas de Combustibles Líquidos (35,5%) y Monotributo (58,2%), que compensaron holgadamente las bajas en Bienes Personales (8,3%) y en el IVA de la Seguridad Social (-3,9%). Los recursos por Compensación del Consenso Fiscal mejoraron 43,1% real interanual.
En lo que va del año, Salta presenta el descenso acumulado más bajo (2,8%) mientras que CABA exhibe el más fuerte (8,1%).
El mes pasado, la mayoría de los gobernadores −quienes vienen insistiendo en que el frente fiscal está complicado− “pisaron” la caja. Es decir, ajustaron al máximo los pagos. Están a la espera de cómo evoluciona la recaudación nacional y la propia con la mirada puesta en el pago del aguinaldo.
Como ya contó , desde la Casa Rosada les aseguran que a partir de mayo tendrán un repunte de la coparticipación vía Ganancias. Es que ese mes, como es habitual, ingresa la primera cuota anual de ese impuesto para empresas. En 2024, el salto de recaudación fue muy fuerte porque −por la devaluación de diciembre del 2023− el balance de las empresas creció. Pero el año pasado no sucedió lo mismo.
Hasta la mayor flexibilidad para endeudarse que les dio a las provincias el ministro de Economía, Luis Caputo, se complica en el actual contexto internacional. Después de varias salidas al mercado voluntario de crédito, ahora los gobernadores esperan a ver la evolución en el mediano plazo de las tasas.
Ayer, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, firmó un acuerdo con Nación para que la Anses pague $48.000 millones a la Caja de Jubilaciones provincial. “Es un acto de justicia para nuestros jubilados, después de años sin que esta deuda fuera reclamada como correspondía por los gobiernos anteriores”, aseguró el mandatario.
Por el convenio firmado con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, la Anses “reconoce y se compromete a pagar la deuda que mantiene con la caja previsional de la provincia, la cual asciende a más de $48.000 millones».
se mantenían en $47.000 milllones,Gabriela Origlia,Coparticipación,Conforme a,Coparticipación,,Quejas por los recursos. Crece el nerviosismo en el grupo de gobernadores aliados a Milei por las “promesas incumplidas”,,Superávit licuado. En 15 provincias los gobernadores enfrentan conflictos salariales y se les complica el frente fiscal,,Primer bimestre. El Gobierno volvió a recortar las transferencias a las provincias
POLITICA
Jorge Macri le exigió a Kicillof el pago de $27.000 millones por la asistencia de bonaerenses sin techo en CABA
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, exigió hoy al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el pago de una deuda superior a $27.000 millones de pesos por la atención de personas en situación de calle con domicilio bonaerense que reciben asistencia en CABA.
La normativa nacional y provincial establece que cada jurisdicción debe hacerse cargo de sus residentes, pero desde el gobierno porteño sostienen que la Provincia no cumple con esa obligación. En este sentido, el reclamo se apoya en el Decreto 373/2025 del Gobierno nacional, que modificó la Ley de Situación de Calle y Familias Sin Techo, y en la Ley 13.956 bonaerense, que creó el Programa de Asistencia Integral para Personas en Situación de Calle. De acuerdo con datos oficiales, actualmente la Ciudad asiste a 2.327 personas con domicilio en la Provincia de Buenos Aires en sus Centros de Inclusión Social.
Macri utilizó sus redes para pronunciarse con un mensaje directo a Kicillof: “Es hora de que los porteños dejen de pagar tu desgobierno. Dejá de mirar para otro lado y cumplí la ley: la Provincia tiene que dar alojamiento y asistencia a las personas en situación de calle de PBA. Es hora de que se hagan cargo”, manifestó.
El Gobierno porteño especificó que el costo mensual por persona asciende a $1.163.135, cifra calculada sobre insumos, recursos humanos y servicios provistos. Esto representa un gasto total de $27.066.151.450 de pesos desde la entrada en vigencia del decreto nacional en febrero de 2025. Este monto, según argumentan desde la sede de gobierno de la calle Uspallata, genera desbalance financiero para la Ciudad, ya que esos recursos podrían destinarse al fortalecimiento de otros servicios locales.
En una nota enviada al ministro de Economía bonaerense, Pablo López, los ministros porteños de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida, y de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo, solicitaron de manera formal “la inmediata transferencia de los recursos necesarios para saldar el monto actualizado de los costos, incluidos los que se generen en adelante, sin perjuicio de la deuda correspondiente a períodos anteriores”.
El pedido, se informó, recalca la vigencia tanto del Decreto 373/2025 como de la Ley 13.956, y reclama que la Provincia cumpla con su responsabilidad legal respecto a sus ciudadanos asistidos en la Ciudad.
“El cumplimiento de la ley y la adecuada distribución de responsabilidades entre jurisdicciones resultan fundamentales para garantizar una respuesta sostenible y equitativa frente a la problemática”, detallaron desde el gobierno porteño.
Según información oficial, CABA cuenta con 61 Centros de Inclusión Social en los que se asiste a 4.626 personas durante las 24 horas. Estos espacios ofrecen alojamiento, alimentación, acompañamiento psicológico, capacitación educativa y laboral, así como intermediación para la inserción laboral. Existen, además, centros destinados especialmente a familias, mujeres víctimas de violencia, personas con problemas de salud mental, personas en tratamiento por adicciones y hombres que conviven con mascotas.
“La ley no deja lugar a dudas: cada provincia es responsable de las personas en situación de calle dentro de su territorio. Además, la provincia también sancionó una ley para dar atención a personas en situación de calle. Kicillof no lo está cumpliendo”, sostuvo Mraida en sus redes. Y completó: “Nosotros no vamos a dejar de atender a ninguna persona en situación de emergencia. Pero tampoco vamos a naturalizar que otros no hagan su parte”.
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