POLITICA
Caso Libra: la comisión cerró su investigación y presentará el informe final el 18 de noviembre

Tras casi tres meses de trabajo, los diputados de la oposición avanzaron con la investigación del caso Libra y encontraron, según relató el diputado Juan Marino, indicios que “refuerzan la hipótesis de que el presidente Javier Milei habría incurrido en mal desempeño en el uso de sus atribuciones”.
Marino presentó además un informe técnico de parte del experto en blockchain Fernando Molina, donde figura el total de billeteras virtuales, más de 140 mil que operaron con la criptomoneda Libra, y se registró que hubo 36 que tuvieron una ganancia superior al millón de dólares.
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A pedido de la diputada Mónica Frade y con el respaldo del resto de los integrantes, la Comisión resolvió presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema contra la decisión de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, que había rechazado el pedido de auxilio de la fuerza pública.
Además, se avanzará con denuncias penales contra el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, el fiscal Eduardo Taiano y varios funcionarios del Poder Ejecutivo: el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, la jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, Florencia Zicavo, los representantes de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva y Sergio Morales, y el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc. A todos ellos se los acusa de mal desempeño, falta de colaboración e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El diputado Maximiliano Ferraro dijo: “Durante estos tres meses, luego de destrabar el bloqueo inicial del oficialismo, llevamos adelante 11 reuniones de trabajo, dispusimos medidas de prueba, recibimos documentación de plataformas exchanges, organismos públicos y especialistas, y consolidamos todo en un expediente de 10 cuerpos que reúne la totalidad de las actuaciones, el que será remito en copia íntegra al Juzgado Federal a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi y al fiscal Eduardo Taiano”.
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La defensa de La Libertad Avanza
Por su parte desde el oficialismo participó de la reunión la diputada Alida Ferreyra, quien no integra la misma, y leyó un documento, firmado por el bloque que conduce Gabriel Bornoroni, donde expresó que “el proceso llevado a cabo por la comisión investigadora es nulo”. Además, manifestó que se entorpeció la investigación judicial y no se respetó el rol del Congreso. “Se vulneraron las garantías individuales intentando querer citar por la fuerza pública a personas para que concurran a declarar ante la comisión”, agregó.
La diputada Ferreyra planteó: “El desarrollo irregular e ilegítimo de la comisión ha demostrado que un conjunto de diputados, arrogándose la representación de toda la Cámara, intentó vulnerar garantías individuales al pretender aplicar la fuerza pública para la comparecencia de funcionarios que, ni siquiera están acusados en el caso en cuestión de qué se trata”.
Por supuesto se generó una discusión, la diputada Sabrina Selva respondió: “Los diputados del oficialismo se ausentaron de la comisión, y no obstruimos la investigación judicial, al revés, colaboramos con la justicia”. Mientras que Mónica Frade dijo que “hay un reglamento que sería importante que el oficialismo, cada tanto, lo lea”, descartando además intromisión de la comisión con la investigación del Poder Judicial.
Sabrina Selva previamente aclaró que la comisión identificó un conjunto de transferencias de criptomonedas que coinciden en montos y fechas con los pagos reportados en un presunto “acuerdo de cooperación” para monetizar la imagen del presidente Javier Milei, revelado por el periodista Hugo Alconada Mon. Donde se mencionó un borrador de acuerdo que estipulaba un pago inicial de 300.000 dólares y pagos mensuales de 250.000 dólares a cambio de la representación exclusiva del Estado argentino en asuntos de blockchain.
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A raíz de un oficio enviado por la comisión, Binance confirmó la existencia de una billetera perteneciente a Mauricio Novelli y entregó sus movimientos. Recibió aproximadamente 300.000 dólares criptos entre el 19 y 30 de noviembre de 2024, y 250.000 el 17 de enero de 2025. Estas transacciones se correlacionan directamente con los montos y el cronograma del acuerdo reportado.
Agregó Selva que “la comisión pudo verificar que Mauricio Novelli recibió al menos 30.897 dólares de esos fondos, por parte de esa billetera, el 26 de noviembre de 2024. Esa billetera que había recibido los 550.000 dólares distribuyó el resto de los fondos a billeteras radicadas en múltiples exchanges internacionales, incluyendo OKX, Bybit, Bitget y Binance”.
La Comisión consideró que estas transferencias podrían corresponder a los pagos realizados por Hayden Davis (CEO de Kelsier Ventures) en virtud de dicho acuerdo. En consecuencia, se resolvió librar nuevos oficios a estos exchanges para identificar a los destinatarios finales de los fondos y continuar con la trazabilidad del dinero.
Participaron de la última reunión, además, los diputados Esteban Paulón y Margarita Stolbizer (Encuentro Federal); Carolina Gaillard, Julia Strada, Florencia Carignano, Itai Hagman y Rodolfo Tailhade de Unión por la Patria; Mariela Coletta (UCR); Christian Castillo (Frente de Izquierda) y Yolanda Vega (Innovación Federal).
En abril de este año el Congreso aprobó la creación de una comisión investigadora a raíz de la promoción de la criptomoneda Libra por parte del presidente Javier Milei, el pasado 14 de febrero, a través de su cuenta en la red social X, sosteniendo que sería para financiar empresas argentinas.
Hubo además pedidos de informes al Poder Ejecutivo y la interpelación del por entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos. No concurrieron al Congreso para ser interpelados los ministros de Economía, Luis Caputo, ni el de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Tampoco lo hizo, ante las reiteradas citaciones, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
criptomonedas, Libra, Diputados
POLITICA
El juez Mario Fera: “La reforma laboral introduce la posibilidad de negociar cuestiones que hasta ahora la ley no permitía”

El juez Mario Fera analizó el impacto inicial de la reforma laboral durante una entrevista en Infobae a la Tarde, detallando la aparición de fallos judiciales adversos y el nuevo escenario para empleadores y trabajadores tras los cambios normativos
En una charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Marcos Shaw, Fera remarcó la magnitud del cambio: “La primera modificación integral de la ley laboral, ni más ni menos que desde 1975, es un hecho histórico”. Reconoció que “todo cambio normativo, y cuando es importante, abre posibilidades de judicialización”.
La reforma laboral y la judicialización: fallos recientes y nuevas controversias
Fera confirmó: “Ya se están conociendo los primeros fallos, no solo en la Capital Federal, sino también en distintas provincias del país, respecto de distintos artículos que tratan distintos temas”. Subrayó que la cuestión de las tasas de interés fue uno de los puntos más conflictivos: “Uno de los temas que generó mayor polémica en los últimos años en los juicios laborales son las tasas de interés que se aplicaron y que dieron por resultado, en algunos casos, montos que no estaban con posibilidad de pagar, sobre todo las pequeñas y medianas empresas”.
El juez explicó que la nueva ley establece “la aplicación del índice de precios al consumidor publicado por el INDEC, con un 3% adicional”, pero advirtió sobre la diferenciación en la aplicación según si el crédito es nuevo o pendiente de sentencia definitiva. “Se generó esto, algunos fallos judiciales ya, de algunos jueces provinciales y de una sala de la Cámara Nacional de Apelaciones que integro, donde consideran que esta diferenciación entre créditos nuevos y créditos pendientes judicializados no tiene una explicación razonable”.
Fera aclaró, ante la consulta sobre la retroactividad, que “el criterio predominante es el que señala que el momento que determina la aplicación de la ley es el momento del despido”, y explicitó: “Si el juicio está en trámite, por más que esto haya pasado antes, la ley establece específicamente en materia de intereses que la nueva tasa de interés se aplica aun a los juicios en trámite y pendientes de sentencia definitiva”.
Cambios en contratos, vacaciones y banco de horas: impacto en empleadores y trabajadores
Durante la entrevista, se abordó la aplicación de la ley sobre contratos vigentes y nuevas formas de negociación. Fera precisó: “La opinión predominante en la doctrina es que es para los contratos ya vigentes, porque la ley se aplica a partir del momento siguiente a la promulgación”. Sin embargo, advirtió que “la ley en esto establece la necesidad de que haya un acuerdo de partes. No es algo que pueda hacer de una manera unilateral el empleador, sino que tiene que acordarlo”.
El magistrado señaló que la ley “introduce la posibilidad de negociar cuestiones que hasta ahora la ley no permitía negociar porque justamente consideraba comprendidas dentro del orden público laboral”. Destacó que esto genera controversia, ya que “desde algún sector de la doctrina ya es objeto de cuestionamiento, porque todos dicen: ‘Bueno, esta supuesta negociación y acuerdo no va a ser tal’, porque la mayoría de la población trabajadora no tiene poder de negociación”.
Consultado sobre la implementación, Fera relató: “Ayer tuvimos un evento, creo que fue el primero y el más significativo hasta ahora en el ámbito del Colegio Público de la Abogacía… nucleamos a casi trescientas personas en un auditorio y más de veinte expositores, entre los cuales estuvo el presidente de la Unión Industrial, el secretario general de la CGT, abogados de gremios y del sector empresario, camaristas del trabajo y referentes del mundo laboral”. Allí, se debatieron “cuestiones que hacen al contrato individual de trabajo”, incluyendo el “trabajo de plataformas, que ahora con esta nueva ley estarían fuera de la ley de contrato de trabajo y serían considerados trabajadores autónomos”.

El traspaso del fuero laboral y la industria del juicio: incertidumbre y mitos
Sobre la transferencia del fuero laboral a la Ciudad de Buenos Aires, Fera detalló: “No es un traspaso sino una transferencia de competencias de los juicios laborales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad, que todavía no está creado en materia laboral”. Señaló que la puesta en marcha depende de “tres condiciones acumulativas” y que “una parte de lo que hoy es la competencia judicial, los juicios individuales de derecho del trabajo entre particulares, pasarían a la ciudad de Buenos Aires ciento ochenta días después de que el convenio entre en vigencia”.
Respecto al discurso oficial sobre la “industria del juicio”, Fera fue tajante: “Es una expresión, como decir una mala palabra. Es un eslogan, nunca comprobado”. Agregó que “abusos en el mundo del derecho y en el mundo judicial existen, pero no al punto de considerar la existencia de una industria del juicio”. Aclaró que el problema central en la litigiosidad radica en “la indexación de los créditos, que como consecuencia de incrementos indemnizatorios llamados multas, sumados a tasas de intereses altas, generaron créditos dificilísimos de pagar para una empresa que justo estaba atravesando un momento de emergencia”.
Fera subrayó la necesidad de prudencia: “Tenemos que tener una visión, inclusive quienes estamos dentro del ámbito judicial, muy institucionalista y poco apresurada. No ser apresurados en la evaluación aislada de los aspectos de la ley, sino tratar de comprender el fenómeno como una gran modificación que está proponiendo el Estado y que puede tener algunos aspectos cuestionables, pero que también son sujetos a la interpretación”.
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Diputados: el Gobierno retrasa la conformación de la Comisión de Juicio Político mientras avanza el caso $LIBRA

Mientras la Cámara de Diputados avanzó esta semana en la integración de casi 20 comisiones, una de las más sensibles quedó fuera del cronograma: Juicio Político. El órgano, clave para investigar eventuales responsabilidades del Presidente, la vicepresidenta, el jefe de Gabinete, los ministros y los jueces de la Corte Suprema, sigue sin conformarse en un contexto atravesado por el avance del caso $LIBRA.
En el oficialismo aseguran que la constitución se formalizará en el corto plazo, aunque por ahora los nombres se manejan con hermetismo. La definición, según pudo saber de fuentes oficiales, quedará políticamente en manos de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y del titular de Diputados, Martín Menem.
“Alguien de suma confianza”, resumió un dirigente libertario sobre el perfil que buscan para presidir la comisión. Entre los nombres que circulan aparece el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, aunque la decisión no está cerrada. En el oficialismo evalúan inclinarse por un diputado con formación jurídica, lo que acota el abanico de opciones.
La comisión arrastra, además, un antecedente conflictivo. Durante los dos primeros años de gestión de Javier Milei, nunca llegó a activarse plenamente.
Si bien se integró, la designación de autoridades quedó trabada luego de que el oficialismo impulsara inicialmente a Marcela Pagano para presidirla y, posteriormente, su postulación fuera objetada por el propio entorno presidencial. El conflicto derivó en un enredo administrativo que nunca se resolvió.
Menem intentó desconocer la integración de Pagano al sostener que su incorporación no se había formalizado, una interpretación que fue rechazada por la mayoría de los integrantes de la comisión. La disputa terminó favoreciendo al oficialismo y el cuerpo nunca se puso en funcionamiento.
El reglamento de Diputados no establece plazos para la conformación de las comisiones, lo que le deja al oficialismo margen para dilatar su puesta en marcha. Aun así, en La Libertad Avanza (LLA) reconocen que buscan anticiparse a un eventual movimiento de la oposición.
Los bloques opositores podrían revocar la delegación que le otorgaron al presidente de la Cámara en la sesión preparatoria y, mediante una resolución, forzar la integración de la comisión y emplazarla a reunirse. Aunque ese escenario hoy aparece lejano, en el oficialismo prefieren evitarlo: avanzar con la integración, pero mantener el control político del cuerpo.
La comisión debería estar integrada por 31 miembros. Con la actual correlación de fuerzas, 13 corresponderían a LLA, 12 a Unión por la Patria (UP), tres al interbloque Unidos y tres a Fuerzas del Cambio (Pro, UCR y MID). De ese modo, el oficialismo podría reunir una mayoría ajustada de 16 votos con el respaldo de sus aliados.
En la oposición ya suenan algunos nombres: Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica); Mariela Coletta y Juan Brugge (Provincias Unidas); y, por UP, Germán Martínez, Cecilia Moreau, Guillermo Snopek, Eduardo Valdés, Vanesa Siley y Ramiro Gutiérrez.
En paralelo, Diputados avanzó entre lunes y martes con la constitución de comisiones. El dato saliente fue que el oficialismo logró quedarse con la presidencia de dos áreas que hasta ahora controlaba la oposición: Salud y Discapacidad.
Se trata de comisiones que el año pasado representaron un frente de conflicto para el Gobierno. Desde allí se impulsaron proyectos luego vetados por Milei y ratificados por el Congreso con mayoría agravada, como la emergencia en discapacidad y la ley de salud pediátrica, conocida como “ley Garrahan”.
En Salud, el tucumano Pablo Yedlin (UP) fue reemplazado por el libertario Manuel Quintar, de Salta. En Discapacidad, Daniel Arroyo (UP) dejó la presidencia en manos de Gerardo Huesen (LLA), también tucumano.
Los libertarios también se aseguraron el control de Energía y Combustibles, con el mendocino Facundo Correa Llano, y de Legislación General, que quedó a cargo de Santiago Santurio.
A su vez Pro, en tanto, retuvo la comisión de Educación, encabezada por Alejandro Finocchiaro, un aliado del oficialismo. También quedó en manos de un aliado, el santacruceño José Garrido, la presidencia de Industria.
Por su parte UP mantuvo la conducción de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y Previsionales (Ariel Rauschenberger), Cultura (Lorena Pokoik), Economía (Julia Strada) y Personas Mayores (Pablo Todero). Mientras que Provincias Unidas se quedó con Transporte (Jorge Rizzotti), Pyme (Pablo Farías) y Comercio (Juan Brugge).
caso $LIBRA,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a,Cámara de Diputados,,Insólito. Un diputado de Pro compró un rifle de aire comprimido, lo envió al Congreso y activó un operativo de seguridad,,Denunciarán al fiscal. Los diputados acusaron a Milei de ser partícipe necesario de la presunta estafa con $LIBRA,,Caso $LIBRA. La oposición evalúa reactivar la comisión investigadora en Diputados y apunta a los gobernadores
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Qué respuesta dio el diputado que pidió un rifle de aire comprimido por delivery al Congreso

La mañana de este miércoles en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación dio un giro inesperado cuando el personal de seguridad detectó un rifle de aire comprimido en el escáner de paquetería que ingresaba al Congreso. El paquete, dirigido al despacho de Javier Sánchez Wrba, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del bloque Pro, generó una inmediata activación del protocolo de seguridad.
El incidente se desencadenó cuando un repartidor, con la apariencia habitual de quienes realizan entregas, intentó ingresar el paquete al edificio. El personal de seguridad observó a través de la pantalla del escáner la silueta de un arma, lo que motivó la rápida intervención de los custodios. El joven quedó demorado y el edificio ralentizó su rutina habitual. El nombre de Javier Sánchez Wrba figuraba en el exterior del paquete, lo que llevó a la seguridad a contactarlo de inmediato.
Al ser notificado, el diputado bonaerense se presentó en el ingreso del anexo y explicó ante los periodistas acreditados que el objeto era un rifle de aire comprimido adquirido para uso recreativo. “Es un rifle de aire comprimido que compré para el campo”, afirmó Sánchez Wrba, y agregó: “Lo iba a retirar personalmente, pero por un error lo mandaron a la oficina”.
La situación se vio reflejada en redes sociales, donde la noticia circuló rápidamente y motivó comentarios de otros diputados, como Esteban Paulón, quien realizó una publicación en la plataforma X que aludía al episodio sin mencionar directamente al legislador del Pro. Ante la repercusión, Sánchez Wrba remarcó: “Es un rifle de aire comprimido, ¿cómo se les ocurre que se van a vender armas de fuego por Mercado Libre?”.

La presidencia de la Cámara, consultada por Infobae, se refirió a la actuación del equipo de seguridad y buscó disminuir la tensión generada, indicando que el arma “es un juguete y se lo llevó el diputado”.
En respuesta formal al episodio, Javier Sánchez Wrba dirigió una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, donde aclaró que la compra del aire comprimido se realizó por Mercado Libre y que, por un error logístico, el envío se dirigió a su despacho y no a su domicilio. “Por medio de la presente, me comunico con usted para hacerle saber que compré por MercadoLibre un aire a comprimido de venta libre y de uso recreativo, el cual por error me fue enviado a mi despacho y no a mi domicilio”, señala la nota firmada por Sánchez Wrba, en un documento al que tuvo acceso Infobae.
El diputado adjuntó la factura de compra del producto y dejó constancia de su disposición para cualquier requerimiento adicional que permita despejar malos entendidos. En el texto presentado, Sánchez Wrba sostuvo: “Me encuentro a disposición por cualquier otra prueba que requiera para que no existan malos entendidos; así como puede consultar libremente con el comercio que emitió la factura y que envió la compra”.
Al esclarecer la situación, el legislador tomó el paquete y lo trasladó a la cochera del anexo, donde lo depositó en el baúl de su vehículo.
Este caso no fue el único episodio reciente relacionado con objetos prohibidos que ingresan por error a las instalaciones del Congreso. Hace dos semanas, en el Senado, se vivió una situación similar cuando el senador Eduardo “Wado” de Pedro, del bloque Justicialista, olvidó un cuchillo de asado en su mochila, la cual fue retenida por la seguridad. El propio senador aclaró el hecho y prometió salames quintero de Mercedes como gesto de agradecimiento al personal de seguridad.
Las autoridades parlamentarias reiteraron la importancia de los controles y protocolos de seguridad, al tiempo que minimizaron la gravedad del suceso, sosteniendo que el rifle de aire comprimido corresponde a un objeto de uso recreativo y de venta libre. El episodio, que interrumpió la rutina habitual en el Congreso, se resolvió con la presentación de la documentación respaldatoria y la aclaración pública por parte del diputado involucrado.
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