La demanda colectiva que se inició en Estados Unidos por la criptomoneda $LIBRA cobró una nueva dimensión judicial. Pasó del fuero estadual al federal y, por si fuera poco, se unificó con otra demanda colectiva que por otro criptoactivo afrontan en Nueva York el “empresario” Hayden Mark Davis, su hermano, su padre y otros protagonistas del escándalo.

La reformulación tribunalicia llegó de la mano de uno de los acusados, Benjamin Chow, quien reclamó que la demanda colectiva (“class action”) por $LIBRA que tramitaba ante la Corte Suprema del estado de Nueva York pasara al fuero federal, con asiento en el Distrito Sur de Nueva York. Lo logró, basado en el principio de la “eficiencia judicial”. Es decir, evitar que los tribunales duplicaran los esfuerzos.

La jueza federal Jennifer Rochon admitió el planteo de Chow, le ordenó a la Corte estadual que paralizara su proceso y le remitiera las actuaciones, y quedó así a cargo de controlar las dos demandas colectivas que Davis, su familia y Chow, entre otros, afrontan por las llamadas “memecoins” $LIBRA y $M3M3, por cientos de millones de dólares.

Rochon asumió como propios varios de los argumentos para unificar las demandas. Convalidó que ambos reclamos deben avanzar juntos porque varios de los acusados son los mismos, el estudio jurídico que presentó ambas demandas es el mismo –Burwick Law- y porque la metodología cuestionada es, en principio, idéntica o muy similar.

En ambos casos, Burwick Law centró sus reclamos en los derechos afectados de los consumidores en base a engaños e incluyó al empresario Hayden Davis, a su padre y su hermano, a la firma KIP Protocol y a las plataformas Jupiter y Meteora entre los demandados; y en el caso de $LIBRA excluyó al presidente Javier Milei.

El estudio Burwick excluyó también de manera deliberada entre los demandados por $LIBRA a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a otros protagonistas argentinos. Entre ellos, a Mauricio Novelli, a Manuel Terrones Godoy, al colaborador de ambos en Tech Forum, Ariel Parkinson, y el entonces asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales, entre otros. ¿Por qué? Para evitar un eventual contrapunto dilatorio con el Estado argentino y sus funcionarios o agentes.

Presentada a mediados de marzo, la demanda colectiva por $LIBRA apunta contra lo que calificó como un “lanzamiento engañoso, manipulado y fundamentalmente injusto” de la criptomoneda. También identificó a Milei como una figura decisiva en las maniobras “fraudulentas” que desarrollaron Davis y otros para captar inversionistas, y mencionaron al jefe de Estado, por su nombre, en seis ocasiones a lo largo de las 45 carillas. “Estos esfuerzos promocionales aprovecharon el respaldo de alto perfil del presidente de Argentina, Javier Milei”, sostuvieron las demandantes en el segundo punto de su presentación, “lo que creó una apariencia de legitimidad y un valor de inversión significativo para el token”.

De acuerdo a la demanda, los compradores de $LIBRA fueron engañados por Davis, Peh, Chow y sus empresas, que “implementaron una estrategia de distribución de tokens intrínsecamente injusta y manipuladora, utilizando fondos de liquidez unilaterales en la plataforma de intercambio descentralizado Meteora”. Y eso, a su vez, “infló artificialmente el precio inicial del token $LIBRA, creando una ilusión de estabilidad y valor en el mercado donde realmente no existía”.

Cinco semanas después, en tanto, el estudio Burwick presentó una segunda demanda colectiva contra varios de esos mismos acusados –los Davis, Kelsier Ventures, Chow y Meteora-, pero por un criptoactivo anterior, llamado $M3M3, que lanzaron el 4 de diciembre pasado y que, al igual que ocurrió con $LIBRA, también colapsó, lo que dejó como saldo a unos pocos beneficiarios por montos millonarios y miles de perjudicados.

“Los acusados, de manera directa y a través de promotores pagos, influencers y socios públicamente presentaron $M3M3 como una inversión en una memecoin de confianza única que era ofrecida por líderes sofisticados y confiables del ecosistema Solana –los acusados Meteora y Chow–, en conexión con el lanzamiento de una plataforma innovadora de inversión específicamente diseñada para proteger a los inversores y ofrecer beneficios estables”, explicó Burwick Law, aunque sostuvo que fue un engaño. O, al decir de la demanda, “una estafa”.

¿Cómo se habría desarrollado esa “estafa” anterior a $LIBRA? Al decir de los acusadores, con las mismas prácticas: entrega de información privilegiada a determinadas personas, inflado inicial de la cotización para atraer incautos, retiro coordinado de fondos cuando $M3M3 alcanzó un cierto valor y abandono de la operatoria.

El monto de las pérdidas generadas a los inversores fue, sin embargo, distinto. Mientras que con el criptoactivo $M3M3, Davis, su familia y otros acusados causaron daños por al menos US$69 millones, dos meses y diez días después elevaron ese monto a US$251 millones aportados por más de 13.000 inversionistas, según los cálculos de la firma Nansen de investigación de blockchain.

Sin embargo, tanto con $M3M3 como con $LIBRA, en tanto, Davis, Chow y otros acusados incurrieron en las similares narrativas engañosas para promocionar los criptoactivos, de acuerdo a los demandantes. En el primer proyecto, sostuvieron que era una inversión “estable” y “segura”; en el segundo, con la ayuda del presidente Milei, que se trataba de “un producto legítimo destinado a impulsar el crecimiento económico en Argentina”.

En ambos casos, además, Meteora aportó la infraestructura tecnológica, abundó el estudio Burwick, y Hayden Davis y el equipo de Kelsier Ventures utilizaron “la imagen de personas influyentes”, que en el criptoactivo $LIBRA fue Milei, para captar inversionistas, bajo la falsa premisa de que ayudarían a “fortalecer la economía argentina desde la base, apoyando el emprendimiento y la innovación”.

En su primera presentación judicial, Chow rechazó las acusaciones. Planteó que eran un cúmulo de “inexactitudes” y falsedades, aun cuando tres días después del colapso de $LIBRA debió renunciar a su cargo en Meteora, plataforma que había cofundado. Lo hizo sin admitir errores, pero la firma reconoció “falta de criterio y cuidado” en “algunas” de las decisiones que había adoptado “durante el último par de meses”.

En ese contexto, la jueza Rochon –quien llegó al cargo en junio de 2022 tras ser propuesta por el presidente demócrata Joe Biden– admitió el pedido de Chow y le dio 60 días al estudio Burwick para unificar en un solo reclamo judicial sus dos demandas colectivas. Dispuso, también, que los acusados tendrán luego otros 60 días para presentar su primera línea de defensa en el fuero federal.