POLITICA
Caso $LIBRA: un grupo de diputados opositores reunió datos en Estados Unidos y busca probar que se trató de una estafa
La oposición desafía el bloqueo que impuso el oficialismo sobre la comisión investigadora del caso $LIBRA y avanza en silencio en su pesquisa para determinar las presuntas responsabilidades políticas en la maniobra. Con el aporte de especialistas en criptoactivos, el testimonio de los damnificados y la información que logran recabar de la Justicia de los Estados Unidos armaron un cuadro de situación que, a priori, abona sus sospechas de que la criptomoneda $LIBRA fue una estafa con importantes conexiones locales involucradas.
La comisión investigadora se creó en abril pasado en la Cámara de Diputados luego de que estallara el escándalo que salpicó al presidente Javier Milei tras haber promovido el criptoactivo en sus redes sociales. El oficialismo, con el argumento de que no hubo estafa sino “un problema entre privados” que en nada involucra al presidente, logró bloquear la comisión investigadora, que aún no tiene autoridades designadas. Esta acefalía le ha impedido a la oposición solicitar medidas de prueba e hincar más a fondo en la investigación.
Los opositores buscan mantener a flote la pesquisa y, para ello, se dividieron las tareas. El diputado Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), quien volvió hace pocos días de los Estados Unidos donde se interiorizó de la pesquisa judicial, armó un cronograma del escándalo en el que observó conexiones por demás sugestivas gracias a las revelaciones que aportó Fernando Molina, experto informático que declaró dos veces en la Cámara de Diputados.
Una fecha clave de esa cronología, señala Agost Carreño, es el 30 de enero pasado: ese día el presidente Milei recibió en la Casa Rosada a Hayden Davis, el empresario norteamericano responsable del criptoactivo, quien apareció acompañado junto a otros dos protagonistas clave de $LIBRA, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.
Apenas 42 minutos después de ese encuentro, Davis transfirió medio millón de dólares un tercero no identificado. El rastreo de ese giro lo hizo Molina, quien detectó que el 3 de febrero el norteamericano hizo otra transferencia de 1,9 millones de dólares desde una billetera bajo su control.
“Lo sugestivo es que, al día siguiente, Novelli abrió cajas de seguridad en una sucursal del Banco Galicia con su madre y hermana. Allí deposita el contenido de dos bolsos, presuntamente dinero en efectivo”, señala Agost Carreño.
Posteriormente, el 13 de febrero –un día antes del lanzamiento del token $LIBRA que luego sería promovido por Milei- Davis realiza una tercera transferencia de US$ 1,2 millones. El 14 de ese mes, a las 18:30, Kelsier Ventures LLC (la firma de Davies) creó el contrato del token y, minutos después, se habilitó el pool de liquidez al que solo pueden acceder quienes tienen el número del contrato. El propio Davis, en declaraciones a la justicia de su país, admitió que las primeras compras son por montos inusualmente altos.
A las 19, el presidente Milei posteó que el proyecto $LIBRA, lanzado por Davis, serviría para fondear PyME. El final de la historia es conocido: pocos minutos después el token alcanzó valores históricos y después se derrumbó.
La historia no termina aquí, según los legisladores. Según reveló la periodista Irina Hauser, quien también testimonió ante la comisión, dos días después del escándalo la madre y la hermana de Novelli se presentaron en la sucursal del Banco Galicia y, al parecer, se retiraron con el contenido de sus cajas de seguridad.
El objetivo de los legisladores es tratar de identificar quiénes armaron el pool de liquidez del token $LIBRA, es decir, qué billeteras invirtieron dinero para permitir su lanzamiento y, luego, retiraron el dinero provocando el desplome de su precio. Sospechan que allí podría haber nombres importantes que, por alguna razón, el Gobierno no quiere que se develen.
“De lo contrario no se entiende por qué Milei no formuló denuncia alguna y hace silencio de radio sobre el caso”, insisten.
¿Hay posibilidades de saber quiénes conocían de antemano el número de contrato del token $LIBRA y lucraron con él hasta su desplome? La diputada Sabrina Selva (Unión por la Patria), que mantiene contacto con los damnificados por la maniobra, cree que sí. Reveló, por caso, que por pedido de uno de los querellantes la empresa Binance Exchange envió en mayo pasado un informe al fiscal Eduardo Taiano –que investiga el caso- con datos que revelarían algunas de las billeteras que inyectaron fondos al token $LIBRA antes de su lanzamiento.
Taiano le dio intervención a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), dirigida por Horacio Azzolin, para que considere cuán factible es ir detrás de estas billeteras “privilegiadas”.
“Es fundamental para la investigación conocer la identidad de quiénes están detrás de esas billeteras y sus movimientos. Es información muy sensible, de difícil acceso, por eso es imprescindible que esta comisión funcione sin los bloqueos que nos impone el oficialismo. Ya con poco hemos podido avanzar mucho: la maniobra fraudulenta está comprobada y el rol del presidente fue clave”, enfatizó el diputado Fernando Carbajal (Democracia para Siempre).
Selva coincide. “El oficialismo se pone muy nervioso con este tema. Es raro que Milei nunca haya apuntado públicamente contra Davis ni contra Novelli ni los demás involucrados. Buscan tapar todo y por eso el oficialismo, con Martín Menem a la cabeza, quiere clausurar cuanto antes la tarea de la comisión”, advirtió.
El problema son los tiempos. El bloque libertario y sus aliados miran el calendario y aseveran que está por vencer el plazo de 180 días para el funcionamiento de la comisión, tal como dispone la resolución que la creó.
“Ese plazo lo propusieron los bloques opositores, así que corresponde presentar el informe final y terminar con la labor –sentenció Silvana Giudici (Pro)-. Esta comisión estuvo mal formulada desde el principio, no hay delito comprobado y aun así quieren hacer daño. Donde sí hay delito es en el escándalo del fentanilo contaminado; yo propuse crear una comisión investigadora y todos hacen silencio de radio, empezando por el peronismo”.
Los opositores, urgidos por ganar más tiempo, insisten en que la comisión investigadora $LIBRA no está constituida formalmente pues no tiene autoridades, por lo que el plazo aún no ha comenzado a correr.
“Hay una mayoría parlamentaria que ya votó a favor de investigar el caso $LIBRA, y esa voluntad del Congreso debe respetarse –enfatizó el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica-. No podemos aceptar que la Cámara se convierta en un refugio de encubrimiento, por más maquillaje de funcionamiento que se intente mostrar. Estamos ante un escándalo institucional que involucra posibles violaciones a la Ley de Ética Pública, denuncias de cohecho y tráfico de influencias, y que ya ha sido objeto de múltiples presentaciones judiciales, incluidas tres denuncias penales impulsadas por la Coalición Cívica. No vamos a resignarnos al silencio cómplice ni al bloqueo.”
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Caso ANDIS: la Justicia sigue la ruta de las presuntas coimas e investiga una serie de financieras
La causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) avanza sobre uno de los aspectos más sensibles del expediente: el circuito financiero que habría permitido mover, ocultar y canalizar fondos provenientes tanto de presuntas coimas como de sobreprecios en contrataciones públicas.
Con el secreto de sumario ya levantado y una agenda de indagatorias que se extenderá hasta los primeros días de diciembre, la Justicia profundiza ahora la trazabilidad del dinero y apunta a un grupo de intermediarios, financieras y empresas presuntamente utilizadas para blanquear operaciones.
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Según el dictamen del fiscal Franco Picardi, una de las pistas centrales involucra al lobista Miguel Ángel Calvete, señalado por haber intervenido para que un conjunto reducido de droguerías se quedara con contratos millonarios en el organismo.
La fiscalía sostiene que Calvete le entregaba “sumas importantes” a Alan Pocoví, figura clave en la presunta operatoria de lavado.
“Se advierte que Alan Pocoví y Miguel Ángel Calvete movilizaban en forma regular importantes sumas dinerarias en moneda local y estadounidense, y que parte de los fondos recibidos por Alan Pocoví serían invertidos en criptomonedas mediante la aplicación ‘NEBLOCKSHAIN’”, describe el dictamen.
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La investigación indica además que Guadalupe Muñoz —pareja de Calvete— cumplía un rol operativo en el circuito: recibía cheques provenientes de las empresas y los remitía a Pocoví para que éste “procediera a movilizar los fondos”.
Ese flujo de dinero llevó a los investigadores a la empresa Neblockchain S.A., que —según una de las líneas que se analizan— sería en realidad Finanzas Sur, firma vinculada al empresario Ariel Vallejo. El martes fue allanada en busca de documentación relacionada con esta operatoria. Por ahora, advierten fuentes judiciales, se trata de “pistas” sin conclusiones firmes.
Pocoví habría colocado dentro de Finanzas Sur parte de la plata de las coimas y de los sobreprecios. Todo forma parte de un incidente dentro del expediente que es reservado.
Otro de los nombres bajo análisis es el de Sergio Mastropietro, también mencionado como posible engranaje para lavar parte de los fondos. Según el expediente, Mastropietro visitó junto a Calvete y Muñoz el country de Diego Spagnuolo, entonces director de la ANDIS y una de las figuras centrales de la causa.
El 27 de agosto, Mastropietro le envió a Spagnuolo una imagen con información de una cuenta bancaria a nombre de Baires Fly S.A., firma vinculada a él. En paralelo, las droguerías Prolite Orthopedics S.R.L., Probock S.R.L. y Droguería Profarma S.A. transfirieron millones de pesos a Baires Fly, por un total cercano a los $100 millones. Poco después, Mastropietro le mandó a Calvete tres facturas —una por cada firma— donde figuraba la descripción “por compras de kilómetros nacionales para ser utilizados en aeronaves de empresas”.
Se cree que se trató de una maniobra de posible lavado de dinero.
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Mientras la trama financiera se reconstruye, la agenda judicial avanza. Esta semana declararon —sin responder preguntas— Spagnuolo y Daniel María Garbellini, ex número dos del organismo. El 28 de noviembre será el turno de Lorena Di Giorno, antes de una secuencia intensa de citaciones previstas para diciembre, que incluye a Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Patricio Gustavo Rama, Ruth Noemí Lozano y Andrés Horacio Arnaudo. La etapa cerrará con Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta, convocados entre el 1 y el 5 de diciembre.
La causa tiene dos ejes: el presunto direccionamiento de contrataciones por unos $40.000 millones en favor de Profarma, Génesis, New Pharma y Floresta, y un esquema de coimas que habría funcionado dentro y fuera de la estructura formal del organismo. La investigación detectó incluso accesos irregulares al sistema de contrataciones por parte de personas ajenas al organismo.
Además, la Justicia determinó que un grupo de personas ajenas al organismo tenía posibilidad de “intervenir” en las licitaciones. Tal es el caso de Luciana Ferrari, exempleada del laboratorio Roche.
Durante la gestión de Pablo Atchabahian en ANDIS en el período 2018-2019, esta mujer prestó funciones como Directora de Prestaciones Médicas, y hasta hace muy pocos días trabajaba en el laboratorio Roche S.A.Q.E.I.
“Ella era una operadora externa, puesto que sin estar designada en ANDIS, cumplía órdenes de Pablo Atchabahian y de Daniel Maria Garbellini, dentro de la agencia”, señaló el dictamen.
La investigación determinó que cumplía funciones de forma ilegal durante el periodo investigado en ANDIS: gestionaba y agrupaba “tickets” en el sistema SIIPFIS, para luego llamar a compulsas; recibía información anticipada sobre las compulsas de compras de prestaciones PACBI; y compartía información sobre droguerías y acuerdos entre ellas con Daniel María Garbellini.
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Otro capítulo involucra a los lobistas Calvete y Pablo Achavajian, quienes, según las conversaciones incorporadas al expediente, habrían dado indicaciones sobre proveedores, sanciones y montos a liberar. En paralelo, imágenes de cámaras de seguridad y registros de visitas muestran a Spagnuolo ingresando con una mochila a la casa de Calvete en un intercambio que, para la fiscalía, involucró la entrega de al menos $5 millones en efectivo.
La causa comenzó tras audios viralizados en agosto en los que una voz atribuida a Spagnuolo hablaba de un presunto sistema de retenciones del 8% en compras públicas y mencionaba la participación de Eduardo “Lule” Menem y la droguería Suizo Argentina. “A mí me están defalcando la agencia”, decía, y aseguraba contar con “todos los WhatsApps de Karina (Milei)” como respaldo.
Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo
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El juez Mariano Borinsky pidió que se completen las vacantes en la Corte Suprema y se designe a un Procurador General
El juez de la Cámara de Casación Penal Mariano Borisnky se refirió a la necesidad de cubrir las dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia así como también el cargo de Procurador General de la Nación que todavía no fue designado. Además, destacó los principales puntos que tiene el nuevo Código Penal que el Gobierno buscará aprobar con la nueva conformación del Congreso de la Nación.
En diálogo con A Confesión de Parte, con Romina Manguel, por FM Milenium el magistrado, que forma parte de la máxima instancia penal federal del país, señaló: “La necesidad de cubrir las vacantes en la Corte Suprema es fundamental para que pueda trabajar como la Constitución lo marca”.
Además de la conformación del máximo tribunal, remarcó: “Es importante que se complete el cargo de Procurador General de la Nación, que está vacante hace nueve años. Hay un procurador interino que es el más antiguo, pero un cargo tan sensible no debería quedar sin definición.”
Con la agenda judicial otra vez en el centro del debate político, Borinsky explicó el impacto que tiene la falta de definiciones institucionales. “El jefe de los fiscales es el que fija la política criminal”, sostuvo, al subrayar la incidencia que tiene esta figura en el funcionamiento cotidiano de la Justicia. En tanto, indicó que la estabilidad institucional pasa hoy por designar a los integrantes que restan para completar el máximo tribunal, como así también al titular del Ministerio Público Fiscal. Según sus palabras, “el cargo de Procurador General es fundamental para que Argentina tenga una política criminal clara y actualizada”.
Al analizar el funcionamiento del sistema, Borinsky fue contundente: “La Corte Suprema debe estar completa para dictar las políticas y los fallos que marcan el rumbo de la justicia en la Argentina. Cuando faltan integrantes, no solo se ralentiza la actividad, sino que también se debilita la confianza pública”.
Consultado sobre el impacto de la presencia de un magistrado especializado en materia penal entre los supremos, Borinsky fue categórico: “Siempre es importante un penalista en la Corte. No solo es clave para los temas que marcan la agenda pública actual, sino porque históricamente las Cortes tuvieron penalistas argentinos entre sus miembros”. Además, argumentó que la complejidad de los delitos federales y la sensibilidad de los grandes casos hacen indispensable esa visión: “En las máximas instancias de todos los países existe al menos un penalista, por la importancia que tiene el derecho penal en la sociedad contemporánea”.
En el mismo diálogo, el juez vinculó la discusión institucional con la reforma legal que impulsa el oficialismo. “Un código de 1921 no refleja los intereses y valores fundamentales de la sociedad de hoy. El nuevo Código Penal busca actualizar nuestro sistema con las problemáticas criminales del siglo XXI”, afirmó. Para Borinsky, la iniciativa busca no solo endurecer penas en delitos económicos y de corrupción, sino incorporar de manera expresa figuras que antes no tenían entidad, como la violencia de género, el cibercrimen, los delitos ambientales o el financiamiento del terrorismo.
Justamente, Borinsky analizó: “Pasamos de un código de 312 artículos a uno de casi 900. Triplica el contenido para sistematizar y clarificar. Las actuales leyes dispersas generan dificultades, hasta para los mismos jueces y periodistas, porque no se sabe con certeza qué está prohibido y qué permitido”.
Por otro lado, el camarista rechazó la visión de polarización ideológica: “La discusión ya no es entre mano dura y garantismo, todos los jueces aplican la Constitución. Lo esencial ahora es la aplicación efectiva de la ley penal, que las sentencias se cumplan”.
Para cerrar, el juez reiteró la urgencia de fortalecer la institucionalidad judicial y avanzar en la modernización del sistema penal. “La Justicia necesita instrumentos jurídicos y recursos, pero también definición política e institucional. No se puede discutir una mejora real del sistema si no se resuelven las vacantes y no se dota de herramientas legales a los jueces, fiscales y defensores”, completó el magistrado.
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La mayoría de los funcionarios e intendentes electos asumirán como legisladores bonaerenses, pero habrá dos casos polémicos
El recambio legislativo en la provincia de Buenos Aires se concretará el mes que viene y exhibirá quiénes de los diputados y senadores bonaerenses electos que ejercen otros cargos tomarán sus nuevas responsabilidades, y quiénes no. Para ocupar bancas en la Legislatura bonaerense, fueron elegidos 12 candidatos que antes fueron elegidos para un cargo ejecutivo o son funcionarios. Entre las filas del peronismo, La Libertad Avanza y la alianza electoral Somos Buenos Aires se cuentan diez intendentes que ganaron escaños de diputados o senadores, a los que se suman la vicegobernadora Verónica Magario y el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis. Según relevó , diez ejercerán sus nuevos cargos en las bancas obtenidas y dos de las candidaturas quedarán como testimoniales.
Todo indica que Katopodis no asumirá como senador provincial por la primera sección electoral, tramo de la boleta que encabezó en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. Permanecerá en el gabinete del gobernador Axel Kicillof. “No tomamos decisiones personales, ni antes ni después de la elección, sino en equipo, con Axel y viendo qué es mejor para el conjunto”, evaluaron cerca del exintendente de San Martín.
El intendente de José C. Paz, Mario Ishii (Fuerza Patria), también ganó una banca de senador provincial por la primera sección electoral. Según pudo saber , dejará la intendencia (gobernó entre 1999 y 2007, y desde 2015 hasta la actualidad) para asumir la banca. Su reemplazante, por orden, al encabezar la lista de concejales de 2023 (cuando Ishii ganó su último mandato) debería ser Roberto Caggiano, pero fuentes distritales del oficialismo y la oposición aclararon que no será quien finalmente asuma al frente de la municipalidad. A Ishii lo reemplazaría Lorena Espina, que fue segunda en esa lista de ediles.
Por La Libertad Avanza, fue elegido senador provincial el actual intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. El jefe comunal asumirá como senador y en su reemplazo, quedará como intendente Rodrigo Aybar Perlender, que fue el primer candidato de la lista de concejales de Valenzuela en 2023, pero ahora es secretario de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda en el Ministerio de Economía, que conduce Luis “Toto” Caputo.
El intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni, asumirá como diputado provincial por la segunda sección electoral en representación de Fuerza Patria. En su reemplazo, asumirá Luis Mariano Martín, que acompañó al frente de la boleta de concejales a Nanni cuando el jefe comunal logró su reelección, en 2023. Martín ya ejerce como intendente interino por una licencia por vacaciones que tomó Nanni, quien luego solicitará la licencia por los dos años de mandato que le quedan en el municipio.
En la tercera sección electoral, ganó una banca de diputada la vicegobernadora Magario, que no asumirá la nueva función (en su lugar, jurará como diputada provincial María Silvina Nardini, dirigente de Ensenada que responde al intendente Mario Secco). Los que sí tomarán los cargos de diputados provinciales que obtuvieron en los comicios son los intendentes de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y de Quilmes, Mayra Mendoza. El reemplazante de Cascallares es Juan Fabiani (primer concejal en 2023 y actual secretario de Gobierno local). La jefa comunal quilmeña será reemplazada en la comuna por la concejala Eva Mieri, quien estuvo detenida por atacar con estiércol la casa del diputado José Luis Espert, quien luego pidió licencia al revelarse sus lazos con Federico “Fred” Machado, investigado en Estados Unidos por lavado de dinero y narcotráfico.
Por fuera del peronismo y de La Libertad Avanza, en la tercera sección se produce la particularidad de que Nicolás del Caño (Frente de Izquierda-Unidad) fue elegido diputado provincial y también, en octubre, diputado nacional. Asumiría este último cargo, mientras que en la Legislatura tomaría su lugar Christian “Chipi” Castillo.
El intendente de Junín, Pablo Petrecca, ganó una banca de senador provincial por la cuarta sección electoral desde la boleta de la alianza Somos Buenos Aires y asumirá su nuevo cargo. En la intendencia, lo reemplazará el actual presidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Fiorini. El jefe comunal peronista de Alberti, Germán Lago, también ganó una banca de senador provincial que asumirá, y dejará la intendencia en manos del médico Jorge Gaute, que lo acompañó como primer concejal y es su secretario de Salud.
Por la quinta sección electoral, el único intendente que consiguió una banca es el de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, que será senador provincial. La intendencia del distrito que tiene como ciudad cabecera a Mar del Plata quedará a cargo del concejal de Pro Agustín Neme.
Por la sexta sección, asumirá una banca de diputado el intendente peronista de Daireaux, Alejandro Acerbo. Lo reemplazará en la municipalidad la concejala María Serra.
En Bolívar, el recambio legislativo generará un enroque entre la intendencia y la Cámara de Senadores bonaerense. El intendente Marcos Pisano asumirá como senador, mientras que el exintendente Eduardo “Bali” Bucca, que terminará su mandato de senador, tomará a su cargo la intendencia por haber sido el primer candidato a concejal en la boleta de Pisano en las elecciones de 2023.
Los intendentes que se postularon a concejales desde Fuerza Patria, no asumirán. Fueron candidatos testimoniales Juan José Mussi (Berazategui), Fernando Espinoza (La Matanza), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Secco, Fabián Cagliardi (Berisso), Andrés Watson (Florencio Varela), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) y Pablo Zurro (Pehuajó).
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