POLITICA
Caso Maradona: cómo se gestó el documental del escándalo y cuándo podría definirse el futuro de la jueza Julieta Makintach
Corre el tiempo de descuento para la jueza del polémico documental del caso Maradona, Julieta Makintach. El 24 se cumple un mes desde que su abogado Darío Saldaño presentó la renuncia de la magistrada ante el jurado de enjuiciamiento.
Makintach había sido suspendia por la Suprema Corte de Justicia por tres meses cuando estalló el escándalo a fines de mayo. Luego, el jurado de enjuiciamiento dispuso en la primera audiencia su apartamiento preventivo. Así, no podrá regresar a sus funciones por tiempo indeterminado y más adelante se le aplicará un descuento del 40% de su salario.
En ese entonces, Saldaño presentó un escrito en el que calificó la medida como “excesiva e injustificada”, ya que rige la licencia que impuso la Suprema Corte hasta agosto y, además, la jueza espera que el gobernador Axel Kicillof le acepte la renuncia que presentó hace un mes.
“La situación de licencia implica, de hecho, la imposibilidad de intervenir en expedientes, dictar resoluciones o realizar cualquier acto propio de la judicatura”, señaló Saldaño en el escrito.
Además, la defensa de Makintach indicó que la renuncia al cargo “revela voluntad de apartarse de manera definitiva”.
El futuro de Makintach está en manos del gobernador, quien debe expedirse sobre la renuncia. Según pudo saber TN, la aceptación podría darse a mediados de agosto.
Pasada esa fecha, la renuncia perdería razón de ser, porque corre el plazo que rige para el enjuiciamiento. La feria judicial comenzó hoy y el jurado retomará la actividad en la semana del 4 de agosto. Para mediados de ese mes, el jurado estará en condiciones de declarar la admisibilidad de la acusación. Una vez que eso ocurra, la jueza ya no podrá renunciar y deberá someterse al jury.
En los últimos días, su abogado presentó ante el jurado un escrito que incluye la declaración de bienes de Makintach, que juró como jueza en marzo de 2017 e integra el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro.
La estrategia de Makintach apunta a dos frentes. Por un lado, la causa penal que enfrenta en San Isidro, en la que cambió de estudio jurídico. Ahora la defiende Nicolás Urrutia, el abogado de Jesica Cirio en el juicio de divorcio con Elías Piccirillo. Por otro lado, el jury, en el que la representa Darío Saldaño, conocido abogado de La Plata, que el año pasado protagonizó una polémica con Fernando Burlando por la desaparición de Loan Peña en Corrientes, y hace 20 años logró el sobreseimiento del expresidente Fernando De la Rúa y de Inés Pertiné.
El origen del documental “Justicia Divina”
Según un escrito que presentó ante la Fiscalía N° 1 de San Isidro, el guionista Juan Manuel “Chavo” D’Emilio relató cómo surgió la idea del documental “Justicia Divina”.
D’Emilio relató que conoció a Makintach en un cumpleaños de una amiga donde estaba también María Lia Vidal Alemán, íntima de la jueza. D’Emilio señaló que Vidal Alemán se presentó como “ama de casa y decoradora de interiores”.
La idea original, según Vidal Alemán, era realizar una entrevista a la jueza Makintach en su “rol de jueza y mujer”. D’Emilio, un “fanático” de Maradona y vinculado al “mundo de la creatividad, escritura y la industria audiovisual”, se mostró “entusiasmado”. La “idea creativa” era mostrar el juicio de Maradona “desde la perspectiva de un juez”, y se planeaba concretar la publicación de su imagen solo después de que el proceso judicial terminara y con su autorización formal.
El 21 de febrero, Vidal Alemán y D’Emilio registraron el nombre y la idea de “Justicia Divina” en la Dirección Nacional del Derecho de Autor. El guionista, entonces, comenzó a trabajar en la sinopsis y, con el inicio del juicio, en un “guion vivo” que se escribiría a medida que avanzaran las audiencias. El proyecto preveía seis capítulos, con títulos como “La justicia y los dioses” o “La justicia y la sentencia”.
En paralelo, D’Emilio contactó a Juan Arnal, dueño de la productora audiovisual “La Doble”.
Las primeras imágenes del documental se tomaron el domingo 9 de marzo en el Palacio de Tribunales, 48 horas antes del inicio del juicio. Allí se ve a la jueza caminando por pasillos y en el hall central. Durante la primera jornada del juicio, se registraron nuevas tomas en el despacho de la magistrada.
Arnal Ponti calificó de “imposible de disimular, esconder o camuflar” la cámara utilizada para filmar en plena audiencia.
El “guion vivo” y las imágenes de la polémica quedaron al descubierto durante la audiencia clave del jueves 15 de mayo. Julio Rivas, defensor del neurocirujano Leopoldo Luque, pidió identificar a D’Emilio y Vidal Alemán.
D’Emilio se presentó como “escritor y maradoniano”, mientras que Vidal Alemán como una “decoradora de interiores”. El guionista aseguró en su descargo que “siempre tuvo la certeza de que todo estaba permitido”.
Tras esta revelación, Fernando Burlando y Mario Baudry presentaron una denuncia que inició la causa penal. Pocas jornadas después, las imágenes y el guion completo de “Justicia Divina” salieron a la luz. El desenlace fue la anulación del juicio por la muerte de Maradona, luego de que los jueces a cargo del tribunal apartaran a la magistrada.
Julieta Makintach, Diego Maradona, juicio, renuncia
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POLITICA
Con audiencias semanales y lectura de acusaciones, se reanuda el juicio por la causa Cuadernos
El juicio por la denominada Causa Cuadernos, se reanudará el martes 3 de febrero, tras la feria judicial, con un ritmo de audiencias que buscará agilizar su desarrollo a pesar de su gran magnitud.
La causa que tiene a Cristina Kirchner como presunta jefa de una asociación ilícita, cohecho y maniobras de recaudación ilegal durante el período 2003-2015, contará con ampliaciones progresivas durante esta etapa, que incluirá algunas exposiciones presenciales, tras las quejas por las pocas audiencias que podrían demorar años la duración del proceso.
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El proceso está a cargo de los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero, Germán Castelli y Néstor Costabel, mientras que la acusación es liderada por la fiscal, Fabiana León.
Las sesiones serán virtuales, excepto las indagatorias, que serán presenciales. Los martes empezarán a las 13:30 y los jueves a las 9.
Según lo informado en la última audiencia antes de la feria judicial, el 3 de febrero será el turno de las defensas de la expresidenta, del exministro de Planificación Federal Julio De Vido; del exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión Roberto Baratta; del exasesor del secretario general de la Presidencia Julio Daniel Álvarez; del empresario Jorge Juan Mauricio Balán; y del financista Ernesto Clarens, titular de la firma Inverness S.A.
En tanto, el jueves 5 de febrero expondrán los abogados defensores de Nelson Javier Lazarte y José María Olazagasti, exsecretarios privados de Baratta y De Vido, respectivamente. Ese mismo día será el turno de los empresarios Gerardo Luis Ferreyra —exvicepresidente y accionista de Electroingeniería S.A. y representante de Grupo Eling S.A. y Vialco S.A.—; Juan Carlos Lascurain, expresidente de la Unión Industrial Argentina y dueño de Fainser S.A.; Carlos José Mundín, presidente de BTU S.A.; y Alberto Ángel Padoán, exdirectivo de Vicentin SAIC y expresidente de la Cámara de Comercio de Rosario.
El 10 de febrero se escucharán los planteos de las defensas de Rodolfo Armando Poblete y Benjamín Gabriel Romero, gerente general y titular de Hidrovía S.A.; del empresario Jorge Alberto Tasselli, presidente de Faraday SAICF y de General Plastic Corp S.A.; del exdirector ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, Oscar Alfredo Thomas; del presidente del Grupo Albanesi S.A., Armando Roberto Loson; y de Aznar.
Las audiencias continuarán el 12 de febrero, con las exposiciones de las defensas de Jorge Sergio Benolol (JCR S.A.); Guillermo Escolar (Cleanosol Argentina S.A.); Eduardo Luis Kennel, gerente administrativo financiero de José Chediack S.A.I.C.A.; Silvio Mion (Equimac S.A.); Roberto Juan Orazi, presidente de Hidraco S.A.; y Juan Bautista Pacella, representante de Constructora Dos Arroyos.
El tribunal informó que los días martes 17 y jueves 19 de febrero no habrá audiencias, y que el debate se retomará el 24 de febrero con los planteos de las defensas de Mario Ludovico Rovella, responsable de Rovella Carranza S.A.; Oscar Abel Sansiñena, representante de Cleanosol Argentina S.A. y del exsecretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime.
El juicio
El proceso comenzó el 6 de noviembre pasado, con la lectura del primer requerimiento de elevación a juicio formulado por el fiscal Carlos Stornelli, centrado en las imputaciones por asociación ilícita, cohecho pasivo y admisión de coimas atribuidas a los principales exfuncionarios acusados, entre ellos la expresidenta.
La lectura de esa primera acusación continuó durante las audiencias del 13, 20, 25 y 27 de noviembre, cuando se concluyó con ese tramo y se avanzó con el segundo requerimiento, que abordó imputaciones por cohecho activo, cohecho pasivo, admisión y recepción de dádivas.
El 27 de noviembre también se inició la lectura del tercer requerimiento de elevación a juicio, cuya exposición finalizó el 4 de diciembre, luego de que una de las audiencias fuera destinada a tratar un planteo de recusación presentado por la defensa de De Vido, que finalmente fue rechazado por el tribunal.
Posteriormente, en las audiencias de los días 9, 11, 16 y 18 de diciembre, se dio lectura al cuarto requerimiento de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal y se comenzó con la acusación de la Unidad de Información Financiera (UIF) en la causa conocida como “La Camarita”, vinculada a la presunta cartelización de la obra pública civil a través de la Cámara Argentina de Empresas Viales.
Finalmente, en la última audiencia realizada, el tribunal avanzó con la lectura del quinto requerimiento de elevación a juicio, correspondiente a la causa “Trenes”, que investiga supuestas maniobras ilícitas en la adjudicación de contratos ferroviarios, además de la presentación efectuada por la UIF en ese expediente.
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La acusación sostiene que la expresidenta y funcionarios de su gobierno llevaron adelante “un plan integral en el cual implementaron una logística ceñida a la recaudación de dinero que empresarios de la construcción, de energía y del transporte, entre otros/ entregaban a modo de contraprestación, a cambio de beneficios que le eran otorgados a las compañías que representaban”.
“El sistema de recaudación ilegal contó con, cuanto menos, dos canales independientes, aunque complementarios y funcionales entre sí. En el primero eran los propios funcionarios públicos los que recaudaban el dinero en efectivo garantizado por los empresarios“.
Cuadernos de la coima, cristina kirchner, Justicia
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Tierra de Fuego: un subsidio al gas envasado y la intervención del puerto ponen en jaque la alianza de Melella y Vuoto
USHUAIA -. En medio de la intervención del puerto de Ushuaia y las dificultades económicas en la provincia, se reactiva el conflicto entre dos aliados de Fuerza Patria en Tierra del Fuego. La decisión del gobierno de Gustavo Melella de retener un mayor porcentaje de los fondos que suelen coparticiparse a los municipios y el silencio del intendente de la ciudad capital, Walter Vuoto, respecto de la intervención del puerto, tensionan el vínculo entre ambos mandatarios.
En Tierra del Fuego, miles de familias carecen de conexión a la red de gas y dependen del gas envasado (también conocido como GLP). Debido a su elevado costo, el gobierno provincial ofrece un subsidio sobre este servicio a través del Fondo de Prestaciones Prioritarias (FPP), que se financia con parte de Ingresos Brutos, el mismo impuesto que se coparticipa en un 46% a sus tres ciudades: Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. Hasta este mes, la alícuota representaba el 7% del tributo en cuestión.
La semana pasada, a través de la resolución 40/2026, el ministro de Economía fueguino dispuso un aumento de dicho porcentaje que -según señalan en la municipalidad de Ushuaia- escaló al 8,75% y derivó en un recorte de los fondos que reciben las ciudades tanto para el pago de salarios como para inversión pública.
“Calculá que una familia en Ushuaia te puede usar hasta 30 garrafas por mes. Eso está subsidiado, financiado con Ingresos Brutos. La alícuota subió del 7% al 8,75% y ese 1,75% más implica cerca de $1500 millones que se le va a recortar a los municipios”, explicó a el secretario de Gobierno de Ushuaia, Sebastián Iriarte.
Hasta ahora, solo su municipio cuestionó públicamente los cambios impulsados por la administración provincial: a diferencia de Vuoto, ni Martín Pérez (Río Grande) ni Daniel Harrington (Tolhuin) salieron a cruzar al gobernador.
“Hoy la provincia decidió, por decreto, hacer un recorte de los recursos que recibe Ushuaia. Esta medida impacta de manera directa en la capacidad del Municipio para sostener servicios esenciales y políticas públicas destinadas a los vecinos y vecinas de la ciudad», aseguró el intendente de la capital provincial en su cuenta de X.
Y agregó: “Resulta particularmente llamativa la forma en que se adoptó esta decisión: sin instancias de consulta, sin diálogo previo y sin conversaciones con las autoridades municipales que gestionan cotidianamente la ciudad”.
En el gobierno de Tierra del Fuego desmienten que la medida haya sido inconsulta y apuntan contra la gestión de Ushuaia. “En el año 2022, se aprobó una ley que cada vez que hay un aumento del GLP que es el gas envasado, se puede aumentar el índice de fondos que vienen a la provincia previo a la distribución de la coparticipación”, dijo Melella a .
El mandatario provincial destacó que Ushuaia es el municipio más favorecido por el subsidio -3591 vecinos contra 1832 de Río Grande y 471 en Tolhuin- y que el aumento cuestionado no se utiliza para gastos generales de la provincia, sino que regresa como contraprestación para sus residentes.
“El monto que significa de quita en Ushuaia es de $32 millones por mes, para el municipio de Río Grande son $48 millones por mes, que tiene menos vecinos y no dijeron nada, y Tolhuin $4 millones y tampoco dijo nada. El municipio de Ushuaia debe estar con alguna complicación”, continuó el gobernador.
En la municipalidad de Ushuaia aseguran que la obra pública es una prioridad en el distrito y que el recorte que -según Iriarte, “deben ser como diez cuadras de asfalto”- podría afectar, entre otras cuestiones, la inversión en salud, educación y pavimentación de calles. Todo ello en un contexto en el que vecinos de la capital fueguina se quejan por el mal estado de las veredas y calzadas.
La semana pasada, maquinaria municipal trabajaba en el centro comercial para repavimentar algunas de las calles que recorren de manera asidua los turistas. Es una obra que -según los comerciantes y residente de la zona- se repite todos los años, mientras los senderos de zonas más alejadas continúan sin mejoras y desgastan el tren delantero y los neumáticos de sus vehículos.
La disputa entre Melella y Vuoto por los fondos abrió un nuevo foco de conflicto para los aliados de Fuerza Patria. En 2025, Melella, de origen radical y referente de FORJA en la provincia austral, y el intendente kirchnerista habían llegado a un acuerdo para trabajar en unidad para fortalecer el armado peronista en la provincia frente al crecimiento de La Libertad Avanza (LLA). En las últimas elecciones nacionales, el sello violeta cosechó un 39,66%, frente al 30,63 de Fuerza Patria.
El silencio por el puerto
Ahora, ese acuerdo empieza a mostrar signos de debilidad. A la batalla por el envío de fondos coparticipables se suma el silencio de la intendencia de Ushuaia tras la intervención del puerto provincial que opera sobre sus costas. Las instalaciones portuarias fueron intervenidas el 20 de enero por fallas en materia de infraestructura e irregularidades en el uso de los fondos de la Dirección Provincial de Puertos (DPP).
La decisión del gobierno nacional generó un inmediato rechazo de la gestión de Melella, que denunció una violación a autonomía provincial. “Esta intervención constituye un avasallamiento, sin ningún tipo de argumento ni hecho que la avale, a la autonomía de nuestra provincia, garantizada por la Constitución Nacional. El Puerto de Ushuaia es un pilar fundamental para nuestro desarrollo económico y logístico”, sostuvo el gobierno fueguino.
En los municipios de Río Grande y Tolhuin se hicieron eco de las críticas a la intervención libertaria. “Intervinieron el puerto de Ushuaia, sin claridad en los justificativos y atentando contra la autonomía provincial”, expresó Gonzalo Ferro, secretario de Gestión Ciudadana de Río Grande en una publicación que compartió luego el intendente Pérez. Harrington, en tanto, advirtió: “No creo que la intervención sea el camino. Creo que la soberanía y en administraciones estables que den previsibilidad, cuiden las instituciones y los recursos públicos”.
Vuoto, en cambio, no se refirió el tema en sus redes sociales. “La actividad turística depende 100% de ahí, ya sean los catamaranes o los cruceros, con lo cual o puede no operar el puerto. Pero también entendemos que había cosas que solucionar. Lo de la auditoría lo conocemos hace tiempo”, aseguró su secretario de gobierno durante la visita de a la municipalidad.
intervención del puerto de Ushuaia,January 28, 2026,fueron intervenidas,#PuertoDeUshuaia,pic.twitter.com/8FL0AAj7qD,January 22, 2026,Abigail Contreiras Martínez,Ushuaia,Gustavo Melella,Conforme a,Ushuaia,,Tierra del Fuego. Un puerto intervenido, protestas y empleo en recesión en una provincia dominada por la grieta entre el peronismo y Milei,,»Es un atropello». Tierra del Fuego lleva a la Justicia Federal la intervención del puerto de Ushuaia,,Denunciante y empoderado. Quién es el sindicalista que el Gobierno dejó a cargo de la operación del puerto de Ushuaia
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