POLITICA
Caso Odebrecht | Revés para dos altos ejecutivos de la constructora brasileña por una resolución de la Corte argentina
La Corte Suprema de Justicia rechazó las presentaciones de dos acusados en la causa donde se investiga el supuesto de pago de coimas a funcionarios del kirchnerismo para asegurarse el contrato de las obras de soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, ahora abandonadas.
Los acusados buscaban impugnar la llegada a la causa de información que obtuvo Brasil en el caso del Lava Jato, donde arrepentidos admitían que efectivamente se habían pagado sobornos para la adjudicación de las obras en la Argentina.
Una de las presentaciones fue hecha por Luiz Antonio Mameri, uno de los ejecutivos de más alto rango de la constructora Odebrecht que se acogió al régimen de la “delación premiada” en Brasil y que planteó la nulidad de la incorporación de copias de su confesión en la causa que se tramita en los tribunales de Comodoro Py 2002.
La otra presentación la formuló Mauricio Couri Ribeiro, ex director superintendente de Odebrecht Infraestructura en la Argentina participó de lleno en las negociaciones de los proyectos, quien reclamó en la causa la nulidad del acuerdo de colaboración alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal argentino y el de Brasil.
Estos planteos ya habían sido rechazados en instancias anteriores, pero sus defensas llegaron en queja a la Corte Suprema. Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó las presentaciones por incumplimiento de las formalidades previstas en la acordada 4/2007.
La causa investiga posibles maniobras de fraude a la administración pública y presuntos pagos de sobornos del Grupo Odebrecht y sus socios locales a funcionarios integrantes de la estructura del Ministerio de Planificación Federal durante el Gobierno kirchnerista.
La Justicia sospecha que esos pagos se realizaron para obtener la adjudicación y continuidad en las distintas etapas de la obra del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, que benefició a un consorcio integrado –según su anterior denominación- por las firmas IECSA S.A., Constructora Norberto Odebrecht S.A., GHELLA Societa Per Azioni y COMSA S.A.
Desde hace años, el juez federal Marcelo Martínez de Gorgi tiene pisado el caso Odebrecht a pesar de los pedidos de la fiscalía para avanzar contra los empresarios acusados de los pagos de dinero a los funcionarios del Ministerio de Planificación.
La Cámara Federal instó en 2023 por tercera vez al juez federal Martínez de Giorgi a que defina si procesa o no a los exfuncionarios del kirchnerismo y a los empresarios. La obra del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento implicaba unos de US$1500 millones de inversión y se encuentra paralizada.
En 2021 llegó al país la información de arrepentidos brasileños que admitieron los sobornos y el caso siguió inmóvil. Los acusados son el exministro kirchnerista Julio De Vido y el empresario Ángelo Calcaterra, que con su exempresa IECSA, que integró el consorcio a cargo de la obra junto con la brasileña Odebrecht.
El fiscal del caso Franco Picardi viene instando al juez a que de una respuesta sobre las situaciones procesales de los acusados, para quienes reclamó la indagatoria por el pago de coimas.
Odebrecht admitió que pagó coimas en todo el continente para asegurarse la continuidad de sus obras. En la Argentina se planteó un acuerdo con los fiscales brasileños para incorporar esa información brindadas por arrepentidos de Brasil en el Lava Jato a la causa local.
Las demoras registradas en este expediente resultan llamativas en comparación con los avances registrados en las otras dos causas vinculadas al capítulo argentino del Lava Jato. En el caso de las planta potabilizadora de Aysa está en pleno juicio oral.
Los imputados son el exministro De Vido, que figura entre los que habrían recibido sobornos, mientras que Calcaterra y su mano derecha, Javier Sánchez Caballero, aparecen entre los acusados de haber abonado esas coimas, junto con ejecutivos de Odebrecht: Luiz Antonio Mameri, Mauricio Couri Ribeiro, Flavio Bento da Faria y Rodney Rodríguez de Carvalho, entre otros.
Las defensas de esos acusados habían planteado la nulidad de algunas de las decisiones tomadas en primera instancia. En particular, por el uso que se le dio a las pruebas aportadas desde Brasil y que incluyen la “delación premiada” de Mameri, exvicepresidente para América Latina de Odebrecht, que confesó cómo y a quiénes pagaron coimas para obtener negocios multimillonarios en la Argentina. La Cámara antes y la Corte rechazaron ahora esas nulidades.
Según Mameri, durante la primera etapa del proyecto, Sánchez Caballero les comunicó a los ejecutivos de Odebrecht en Buenos Aires cuáles eran las pautas para participar del proyecto. Y les informó que habían acordado con funcionarios de Planificación Federal que ganarían la licitación y que por eso deberían afrontar “pagos indebidos” a medida que comenzaran a cobrar las obras.
Aceptadas esas “reglas de juego”, como las calificó ante las autoridades brasileñas y reveló en 2017, Mameri admitió que autorizó “pagos indebidos” por US$2,9 millones entre enero de 2011 y enero de 2014, es decir, tras el inicio formal de la ejecución de las obras en 2010 y a medida que el consorcio debía cobrar sus primeros certificados.
Consultado entonces por , Sánchez Caballero rechazó la confesión de Mameri. “No lo conozco a ese señor”, replicó, para luego negar de manera enfática cualquier rol delictual. “Yo fui completamente ajeno a cualquier tipo de acción vinculada a eso”, remarcó.
Tras la muerte de Néstor Kirchner, sin embargo, Mameri detalló que cambiaron los intermediarios. Jorge “Corcho” Rodríguez se presentó ante el director de Infraestructura de Odebrecht en la Argentina, Rodney Rodrigues de Carvalho, como “interlocutor” de Roberto Baratta, el funcionario de máxima confianza de De Vido.
Según Mameri, el “Corcho” Rodríguez le explicó a su equipo en Buenos Aires que debía pagar “una contrapartida” por cada factura pendiente de cobro. Era, según los conminó, la única forma de que el ministerio priorizara su deuda. Sin embargo, esas confesiones no se pueden usar en la Argentina y ya se plantearon nulidades. Es porque en Brasil, Rodríguez consiguió anular las evidencias en su contra.
El presidente del Supremo Tribunal brasileño concluyó que no se garantizó la “cadena de custodia” el contenido de dos sistemas operativos de la multinacional y que, por tanto, no se puede usar en juicio. Son las evidencias que lo complicaban en dos causas. La Justicia de ese país bloqueó el uso en la Argentina de esas pruebas. Esa segunda etapa de “pagos indebidos” también fueron a través de la División de Operaciones Estructuradas, cuyo jefe máximo, Hilberto Mascarenhas da Silva -otro delator premiado-, se encargó de los detalles.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Facundo Manes habló de su nuevo espacio político: “Queremos discutir cómo generamos riqueza”
De cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, el diputado nacional Facundo Manes brindó precisiones sobre la propuesta política de su nuevo espacio “Para Adelante”, con el que competirá en los comicios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En este sentido, el dirigente político definió a su partido como “un espacio nuevo que nace con un desafío enorme, construir una alternativa en Buenos Aires, en la Ciudad, al gobierno de Milei, que lo representa Patricia Bullrich, y a La Cámpora“.
“Lo que realmente queremos en nuestro espacio es discutir cómo generamos riqueza y no cómo administramos pobreza“, remarcó el neurólogo, tras sostener que “es necesario construir una nueva alternativa en la política argentina”.
Durante una entrevista con Baby Etchecopar en Radio Rivadavia, Manes apuntó que “no tienen que estar los de antes, pero tampoco los de ahora, y tenemos que tener ideas superadoras, cómo generar riqueza, cómo generar bienestar“.
De cara a los comicios, el diputado proyectó que competirá con La Cámpora por el tercer senador y luego agregó: «El que no quiere ir a votar por lo de antes, que es el kirchnerismo, ni por lo de ahora, que vaya a votar por nosotros, por lo nuevo”.
“Este 26 de octubre la sociedad tiene una oportunidad de decirle: ‘Basta de este rumbo, queremos que termine el mandato, pero cambie, por favor’“, reiteró al considerar que ”el presidente tiene que cambiar porque la sociedad le dio una alerta hace unos días”.
Al hacer referencia a los cambios que deberían realizar el jefe de Estado, Manes sugirió que “debería cambiar el plan económico” e implementar cambios en el Gabinete. Asimismo, planteó que sería necesario reforzar el diálogo con los gobernadores y la escucha de la ciudadanía.
Desde hace varios días, el gobierno de Javier Milei comenzó a tender puentes con los gobernadores, mucho más allá de la mesa política federal, que hasta el momento está conformada por los mandatarios provinciales que alcanzaron una alianza electoral en sus territorios: Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco).
En representación del Ejecutivo nacional, el equipo de trabajo lo integran el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; y el titular de la flamante cartera del Interior, Lisandro Catalán. Este último tiene previsto reunirse esta semana con Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, que además es integrante de la agrupación Provincias Unidas, crítica de la gestión libertaria.
Por otro lado, Manes compartió su preocupación respecto al estado en el que se encuentra la salud mental de los argentinos durante los últimos meses. “Estamos rotos por dentro. Es momento para un psiquiatra general“, ironizó.
“Hoy hay una epidemia de salud mental en todo el mundo, pero en la Argentina es mayor por el declive crónico de la Argentina, la falta de oportunidades, los chicos no ven futuro y esto afecta a los adolescentes“, comparó el candidato a senador nacional al remarcar que sería una de las áreas que deberían tratarse con la intención de buscar una solución.
De esta manera, el neurólogo relacionó la situación con el aumento de la violencia política. “Los trolls agresivos, aumentan más la ansiedad, la angustia, el estrés“, explicó, para luego interpretar que ”cuando la gente se dé cuenta que el discurso violento de la política los complica más, van a estar más enojados con la política”.
El espacio fue lanzado por Manes en mayo y, más cerca de las elecciones, confirmó que Carla Pitiot, directora del Observatorio del Control Público y Vicepresidenta de Fundación Eforo, sería quien lo acompañaría en la boleta que competirá por las bancas en el Senado de la Nación.
De la misma forma, anunció que el presidente del GEN, Sergio Abrevaya, la abogada Viviana Dirolli, Martín Borgna, la investigadora del CONICET Mirna Biglione, y el músico Fernando Gril se postularían como candidatos a diputados nacionales por CABA.
POLITICA
Comisión de Presupuesto: diputadas de izquierda hablaron de un “genocidio en Gaza” y la reunión se levantó con escándalo
En medio de un fuerte escándalo, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados, José Luis Espert, levantó la reunión que se llevaba a cabo en la Cámara baja.
Dos diputadas de izquierda interrumpieron el encuentro para hablar de la flotilla humanitaria que se dirigía a Gaza, donde se encuentra una de sus compañeras de partido, y que fue interceptada por Israel.
En la reunión informativa se encontraba el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, para exponer sobre el proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el Gobierno.
En medio de debates sobre el tema del día, la diputada del FIT-Unidad Mercedes Mendieta le pidió una interrupción a Carlos Heller de Unión por la Patria, que tenía la palabra.
“Disculpen que pedimos esta interrupción, pero está pasando algo muy importante mundialmente. Nos estamos enterando que, en estos mismos momentos, el estado sionista de Israel y su ejército está interceptando la Flotilla Global Summud”, comunicó.
Se trata de una iniciativa internacional encabezada por la activista Greta Thunberg para terminar con el bloqueo israelí en la Franja de Gaza. La flotilla, que transportaba alimentos y medicamentos para la población civil, fue interceptada este martes por la Marina israelí. Las embarcaciones fueron abordadas con personal militar.
“Se encontraba a 70 millas náuticas de Gaza, llevando ayuda humanitaria, agua, medicamentos a un pueblo que está sufriendo un genocidio hace más de dos años por parte del estado sionista de Israel”, reclamó Mendieta.
La diputada sostuvo que se trata de “un hecho muy grave”. “Estamos hablando de 40 embarcaciones de población civil, de más de 300 personas tripulantes de 44 países que estaban por llegar a Gaza con esta ayuda humanitaria”, sumó.
Además, mencionó una convocatoria para las 18 en avenida de Mayo y 9 de Julio para marchar a Plaza de Mayo para “exigirle a los gobiernos la seguridad de toda la tripulación, invitando a los diputados a pronunciarse por la liberación de los compañeros”.
Espert le pidió que terminara su discurso porque no tenía nada que ver con el Presupuesto 2026. “Ya termino”, le respondió Mendieta. “No, no, suficiente”, retrucó el libertario, y le silenció el micrófono. Luego le pidió a Heller que continuara con su exposición.
Sin embargo, no fue posible. Rápidamente se percibieron gritos de diferentes diputados. Entre ellos, la integrante del FIT-Unidad Vilma Ripoll se levantó de su silla. “Se lo apagaron”, reclamó sobre el micrófono de su compañera. “Los compañeros que van a festejar Yom Kippur (Día del Perdón judío)…”, comenzó una frase, pero rápidamente fue cuestionada por el resto de los diputados.
Fue entonces que se enfrascaron en una discusión, y la libertaria Nadia Márquez se paró junto a otros de su bloque a contestar. “A vos no te importa, pero a mí sí. A mi compañera la secuestró un barco israelí”, gritó Ripoll.
Otro diputado le dijo: “Vilma, te fuiste al pasto”. Y ella respondió: “¿Qué pasto, papá? Sabes lo que es que la secuestren cuando iba a llevar ayuda a Gaza? Hay un genocidio».
Tras el comentario discriminatorio de la diputada de izquierda, Guberman se paró de su asiento y se retiró. “El secretario se retira, diputada Ripoll. Esto es lo que usted ha logrado con el licenciado. En una discusión de Presupuesto y Hacienda, eso es lo que ha logrado, una vergüenza”, señaló Espert. En medio de los gritos, intentó solicitarle a Heller que volviera a tomar la palabra, pero finalmente levantó la reunión.
De lejos, los gritos de parte de la oposición continuaron. Desde el sector de Unión por la Patria se escuchó un grito que dio fin a la transmisión: “Narco, no manejás nada”.
La reunión informativa estuvo llena de polémicas desde el comienzo, cuando el bloque de Unión por la Patria reclamó que Espert dé un paso al costado como presidente de la comisión por sus presuntos vínculos con un narco detenido en Viedma y que es reclamado por la Justicia de Estados Unidos. La iniciativa fue apoyada por otros bloques.
Las versiones surgieron luego de que el dirigente kirchnerista Juan Grabois denunciara penalmente al libertario. Allí lo acusó de haber recibido al menos US$200.000 del empresario Federico “Fred” Machado y “una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico”.
El jefe de la bancada kirchnerista, Germán Martínez, sostuvo que “es inentendible que Espert siga siendo presidente” de la comisión. Sin embargo, remarcó que no buscaban hacerse con el cargo, sino que consideraban que el oficialismo debía continuar en la presidencia, pero “hacerse cargo de que Espert no sea más su presidente”. “Queremos contribuir a un debate serio de la ley de presupuesto”, expresó.
A su reclamo se sumaron voces de Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Desarrollo y Coherencia, la izquierda y Democracia para Siempre. Espert no respondió a los pedidos y seguirá como presidente de la comisión.
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POLITICA
La extensión de la zona franca en Misiones abre un nuevo canal de acercamiento entre la Casa Rosada y el Gobierno provincial
A través de la resolución 1449/25, el ministro de Economía, Luis Caputo, aprobó la extensión de la zona franca en Misiones. Antes de la nueva normativa solo alcanzaba a Puerto Iguazú. Ahora se extendió a la capital, Posadas, y a Bernardo de Irigoyen, localidad que tiene una frontera seca con Brasil. Esto significa que de un lado de la calle es Argentina y del otro es territorio brasilero.
El planteo que avaló Caputo es un reclamo histórico de la provincia. Sergio Massa, siendo ministro de Economía, se había comprometido a avanzar en ese sentido. Pero no prosperó. Antes de su llegada a la cartera, el presidente Alberto Fernández había vetado una ley que se acercaba a ese objetivo.
El aval que dio el actual funcionario nacional es parcial. Y no satisface del todo el reclamo misionero. Pero es un avance.
En lo formal, la firma de Caputo se logró luego de dos cartas enviadas por el gobernador Hugo Passalacqua. La primera es de septiembre del 2024. La segunda está fechada el 14 de agosto de este año. Entre estos dos hitos y la 1449/25 hubo un sinfín de hechos que se concatenaron.
Hay que destacar que la decisión del ministro es política, no técnica. Aun cuando se considere la situación desventajosa en la que está Misiones frente a la normativa vigente en Paraguay y Brasil y a los altos costos que afronta en insumos, bienes y servicios en la tierra colorada. Basta con decir que es una de las provincias que no tiene gas natural.
Para hilvanar los sucesos hay que tener presentes los guiños que se fue haciendo Carlos Rovira, el hombre fuerte de la Renovación misionera, a la Rosada y viceversa luego de que se produjera una virtual ruptura en el alineamiento provincial con la administración de Milei.
Entre los últimos, cabe citar el ATN (Aporte del Tesoro Nacional) por $4 mil millones que llegó a Posadas antes de la votación en Diputados de los vetos al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad. Los legisladores misioneros que responden a Rovira votaron en contra del Gobierno nacional. Pero no levantaron la mano para el tratamiento sobre tablas del proyecto que limita al Ejecutivo en el uso de DNU (decretos de necesidad y urgencia). La iniciativa no reunió los dos tercios y no pudo incorporarse al debate. Este jueves hay una sesión clave en el Senado. Habrá que ver hasta dónde llega el acercamiento.
Una de las frases de cabecera de Rovira es “gobernabilidad con gobernabilidad se paga”.
Una solución parcial
Una Zona Franca tiene incentivos impositivos y regulaciones especiales que abaratan productos y servicios. Según el artículo 590 del Código Aduanero es “un ámbito dentro del cual la mercadería no está sometida al control habitual del servicio aduanero y su introducción y extracción no están gravadas con el pago de tributos, salvo las tasas retributivas de servicios que pudieren establecerse, ni alcanzadas por prohibiciones de carácter económico”.
La petición del Gobierno misionero era que este régimen se extendiera a toda la provincia. Sin embargo, la resolución 1449 autorizó la expansión de ya vigente en Puerto Iguazú a Posadas y Bernardo de Irigoyen.
Además, el anexo reglamentario de la normativa menciona que la extensión se concretará en “recintos” que deberán estar “deslindados y localizados en la zona de frontera” de ambas localidades. El temor que cunde entre comerciantes y empresarios misioneros es que se trate de una mera extensión del free shop ya existente en Puerto Iguazú. El local está en manos de un concesionario con sede en Buenos Aires que tiene varios free shop en toda la Argentina.
En la Zona Franca los productos, en su mayoría, solo están a disposición de los turistas. Los habitantes de esas ciudades tienen restricciones para comprar a fin de no afectar el comercio local.
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