La defensa de Cristina Kirchner presentó este lunes ante la Corte Suprema de Justicia el recurso de queja en el caso Vialidad con el que evita que quede firme la sentencia en su contra. Está condenada por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado con una pena de seis años de cárcel y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Además, la defensa de la exmandataria recusó a Manuel García-Mansilla, el cuatro miembro del Máximo Tribunal, que accedió a su cargo semanas atrás gracias a un DNU del presidente Javier Milei.

En sus redes sociales la exvicepresidenta escribió que el recurso se presentó «porque el Tribunal de Casación Macrista rechazó el Recurso Extraordinario interpuesto contra su fallo sin responder ni tratar las violaciones a los derechos y garantías constitucionales planteadas».

Además acusó a Javier Milei de presionar a los jueces, por haber dicho públicamente que va a ir presa. Hace pocos días el presidente de la Nación había señalado: “En el Congreso, el kirchnerismo intentó hacer un golpe desde la vía institucional. Cristina (Kirchner) está nerviosa, Casación le revocó el recurso y sabe que va a ir presa”.

Al manifestar su rechazo al criterio que la Cámara de Casación adoptó, que fue reiterar la confirmación de la sentencia condenatoria, la ex vice consideró que en ese fallo los jueces, «tampoco respondieron sobre la arbitrariedad manifiesta de sentencia, ni la refutación concreta y razonada que se hizo de cada uno de los “fundamentos” dibujados en las instancias previas».

La competencia de la Corte puede ser habilitada en casos excepcionales a través de un recurso denominado, justamente, extraordinario que está reservado únicamente a casos en donde se discuten cuestiones constitucionales. Los jueces del máximo tribunal entendieron que los cuestionamientos en la causa Vialidad son cuestiones de hecho, prueba y de derecho común que no es materia apelable ante la Corte Suprema.

Por ese motivo, la última instancia para reclamar sobre la confirmación de la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, con un daño ocasionado que se estimó en 85.000 millones de pesos, es el máximo tribunal. La presentación se conoce como “queja”, ante el rechazo de la Cámara de Casación de atender los reclamos presentados.

Este martes es la última instancia para que los imputados, al igual que el Ministerio Público Fiscal representado por el fiscal general, Mario Villar, formulen sus quejas. La defensa de la ex vice, a cargo de Carlos Beraldi, decidió presentar el recurso de queja este lunes previo a una conferencia de prensa que brindará a las 11 de la mañana.

La fiscalía ante la Casación, a cargo de Mario Villar, también presentará su queja: insiste en que la ex vicepresidenta debe ser condenada, además del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, por la acusación de asociación ilícita en carácter de jefa, lo que duplica su pena llevándola a doce años de prisión, junto con las multas económicas y la inhabilitación de por vida para el ejercicio de cargos públicos.

Los reclamos ingresarán a la Secretaría Penal donde se confeccionará un informe que será remitido a los cuatro ministros de la Corte: su presidente, Horacio Rosatti, su vicepresidente, Carlos Rosenkrantz y los otros dos integrantes, Manuel García-Mansilla y Ricardo Lorenzetti.

Frente a la conformación del máximo tribunal que deberá analizar el caso Vialidad, Cristina Kirchner tomó otra decisión: recusar al flamante integrante García-Mansilla.

Al respecto la ex Presidenta señaló que el abogado fue designado por Decreto «violando la Constitución Nacional, el referido personaje, en la audiencia pública oficial ante el Senado de la Nación celebrada el 28 de agosto del año pasado, había declarado, ante el requerimiento específico de una Senadora, que jamás aceptaría ser designado por decreto».

Basándose en ese primer aspecto, Cristina Kirchner entiende que «no sólo el incumplimiento de los procedimientos constitucionales y la falsa y mentirosa declaración en audiencia pública constituyen las causales planteadas», es decir, el apartamiento para intervenir en el estudio de la queja.

Las quejas que llegarán a la Corte -a excepción de la del Ministerio Público Fiscal- se oponen a la confirmación de la sentencia condenatoria por parte de la Sala IV de la Cámara de Casación,.

En aquel momento los camaristas Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, encontraron que los hechos atribuidos a Cristina Kirchner tenían sustento jurídico y convalidó los fundamentos del TOF 2. Los integrantes de la Sala IV expresaron que los hechos juzgados refieren a los procesos licitatorios de las 51 obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en Santa Cruz, entre 2003 y 2015, «en cuyo marco tuvo lugar una notable maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional».

La sentencia confirmada da por acreditada la maniobra en la que «integrantes de las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional, de la Dirección Nacional de Vialidad y de la Administración General de Vialidad Provincial de la Provincia de Santa Cruz, en connivencia con un empresario de la construcción dedicado a la obra pública», en referencia Báez.

Al respecto, añadieron que la finalidad fue «asegurarle un beneficio económico tanto a éste como a la sociedad conyugal integrada por los ex presidentes Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández de Kirchner».