POLITICA
Causa AFA: los argumentos del juez para procesar y embargar a Tapia y Toviggino por presunta evasión fiscal
El juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, procesó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, y su mano derecha, el tesorero de la institución, Pablo Toviggino, en la causa por presuntos desmanejos de fondos. Los acusa de retención indebida de impuestos y aportes previsionales.
Además, el magistrado sumó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir el equivalente de $350 millones cada uno.
Las razones por las que el juez procesó a Chiqui Tapia, presidente de la AFA
El juez determinó:
- Durante la totalidad del período investigado, Tapia tuvo el cargo de Presidente del Comité Ejecutivo, máximo órgano de gobierno de la Asociación del Fútbol Argentino, cuyas atribuciones responden a la administración de dicha Asociación y su representación en asuntos administrativos y judiciales, así como también la aprobación de la Memoria, el Balance General y el inventario y cálculo preventivo de recursos y gastos para cada ejercicio.
- Del mismo modo, presidió el Consejo Directivo de la Asociación de Fútbol Argentino, órgano responsable de atender y resolver sobre los asuntos de la agenda diaria de la Asociación de tipo administrativo. Cabe aclarar que las decisiones de índole administrativa no deben ser sometidas a consideración del Comité Ejecutivo.
- Tal rol, además, implica la ejecución de las decisiones tomadas por la Asamblea y el Comité Ejecutivo, velar por el funcionamiento eficiente de los demás órganos de la A.F.A.
- Asimismo, se encuentra dentro de sus responsabilidades la representación legal de la Asociación resultando ser quien ostenta la firma en su nombre. En tal sentido, es el Presidente quien posee la potestad de celebrar acuerdos, librar órdenes de pago y firmar balances, solicitar préstamos, contraer obligaciones y realizar operaciones de trámite corriente con instituciones de crédito.
Según la investigación, en las memorias y balances aportados por la Inspección General de Justicia desde los ejercicios 2017 en adelante, aparece la firma de Chiqui Tapia en carácter de Presidente; mientras que del padrón aportado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, Tapia aparece al menos 18 veces informado como cotitular de cuenta y/o vinculado a las cuentas bancarias de la AFA.
El expediente retoma la declaración de una gerenta de la institución madre del fútbol argentino, que confirmó que es Tapia quien administra la Clave Fiscal. Mónica Viviana Bouvet, titular de la Gerencia de Administración y Control, expresó en sede judicial: “El Presidente es el administrador, yo tengo clave de subadministradora”. No escapa al conocimiento de esta judicatura, además, que Claudio Fabián Tapia ha sido indicado como apoderado y autorizado para operar por las entidades bancarias en las que la Asociación del Fútbol Argentino registra cuentas, más allá de registrar solicitudes de apertura de nuevas cuentas en entidades bancarias y financieras.
Bouvet agregó: “Las tres autoridades principales son Presidente, Secretario y Tesorero. Esos tres cargos firman los estados contables”.
Con las declaraciones y pruebas presentadas en la causa, el juez Amarante concluyó que Tapia tenía conocimiento de:
- La condición de agente de retención de la Asociación de Fútbol Argentino
- Que efectivamente se efectuaban las retenciones relativas al Impuesto a las Ganancias e Impuesto al Valor Agregado, así como también aquellas relativas a las contribuciones con destino del Sistema Único de la Seguridad Social a las que se encontró obligada la contribuyente en su carácter de Agente de retención
- El consecuente deber de depositar ante el fisco, en tiempo oportuno, los montos retenidos; por lo que es posible estimar que voluntariamente se sustrajo al cumplimiento de las obligaciones en cuestión.
Los argumentos del juez para procesar y embargar a Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA
El juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, argumentó en su fallo por qué el procesamiento y embargo también incluye a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA:
- Toviggino revistió el carácter de Vocal titular del Comité Ejecutivo, siendo éste el máximo órgano de gobierno de la Asociación de Fútbol Argentino, cuyas atribuciones responden -entre otras- a la administración de la A.F.A. y su representación en asuntos administrativos y judiciales, así como también la aprobación de la Memoria, el Balance General y el inventario y cálculo preventivo de recursos y gastos para cada ejercicio.
- Revistió además el cargo de Tesorero del Consejo Directivo de la Asociación (al menos a partir de la asamblea del día 19 de mayo de 2020), órgano responsable de atender y resolver sobre los asuntos de la agenda diaria de la Asociación de tipo administrativo. Cabe aclarar que las decisiones de índole administrativa no deben ser sometidas a consideración del Comité Ejecutivo.
- Tal rol, de conformidad con lo establecido por el estatuto, lo situó como responsable del área económico-financiera de la Asociación del Fútbol Argentino, supervisando la ejecución de las decisiones económicas y financieras de la Asamblea, el Comité Ejecutivo y del Presidente, ello a través de las áreas técnicas dentro de la administración de la Asociación que a él responden.
- Asimismo, es responsabilidad del Tesorero la elaboración y presentación del Balance General e inventario, cuentas y demostración del estado de caja.
Como en el caso de Tapia, la firma de Toviggino aparece en las memorias y balances aportados por la Inspección General de Justicia respecto de los ejercicios con cierre el 30 de junio de 2023 e idéntica fecha del año 2024, siempre en carácter de Tesorero, cargo en el que fue renovado hasta el ejercicio 2028, según acta de asamblea del 17 de octubre de 2024.
“Por otro lado, del padrón aportado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, Pablo Ariel Toviggino aparece al menos 12 veces informado como cotitular de cuenta y/o vinculado a las cuentas bancarias de la Asociación de Fútbol Argentino», aseguró Amarante en su fallo.
Leé también: Mansión de Pilar atribuida a Toviggino: el fiscal presentó un argumento contundente y opinó que la causa no puede seguir en el juzgado de Campana
Finalmente, el juez explica que Tovigginio fue indicado como apoderado y autorizado para operar por las entidades bancarias en las que la Asociación del Fútbol Argentino registra cuentas, además de registrar solicitudes de apertura de nuevas cuentas en entidades bancarias y financieras.
Las medidas dispuestas por el juez para Chiqui Tapia, Toviggino y otras autoridades de la AFA
El juez dispuso una serie de medidas que tanto Tapia como Toviggino deberán cumplir tras el procesamiento y el embargo
- La obligación de no ausentarse de sus respectivos domicilios por un término mayor a las 72 horas sin poner en conocimiento dicha circunstancia al Tribunal.
- La prohibición de modificar sus lugares de residencia sin notificarlo al Tribunal.
- La obligación de comparecer ante este Tribunal cada vez que se les requiera.
- La obligación de mantener una fluida comunicación con sus defensas a los fines de cumplir con las eventuales citaciones que este Tribunal pudiese disponer.
Amarante procesó y embargó además a los exintegrantes del Comité Ejecutivo de la AFA Víctor Blanco Rodríguez, expresidente de Racing; Cristian Ariel Malaspina, presidente de Argentinos Juniors; y Gustavo Roberto Lorenzo, director general de la institución. Sin embargo, les levantó la prohibición para salir del país.
AFA, Chiqui Tapia, Pablo Toviggino
POLITICA
Un peculiar festejo en la Casa Rosada: los granaderos tocaron canciones de Abba para celebrar el cumpleaños de Karina Milei
La reunión semanal de la mesa política se extendió más de lo usual, hasta pasadas las cinco de la tarde. En una Casa Rosada ya semi-vacía, con empleados y policías enfilando hacia la salida vestidos de civil, la banda del regimiento de Granaderos apareció en pleno Patio de las Palmeras.
El cierre intempestivo de todos los accesos, por parte de la Casa Militar, hacía presagiar algo importante, aunque el presidente Javier Milei había dejado la casa pasado el mediodía, luego de la reunión con el embajador norteamericano Peter Lamelas.
De repente, fue una Karina Milei maquillada y muy sonriente quien se ubicó frente a la banda musical, dispuesta a asistir al festejo que le prepararon sus colaboradores, al que se sumaron dirigentes de su confianza que habían participado de la reunión, Martín y Eduardo “Lule” Menem, Diego Santilli y Pilar Ramírez, que llegó especialmente para el homenaje musical, a cuento del cumpleaños número 53 de El Jefe.
Formada como para un acto oficial, la banda tocó la Avenida de las Camelias, para luego quedar inmersa en el mundo de uno de los grupos favoritos de Karina Milei: el cuarteto sueco ABBA. Mamma Mía, Dancing Queen y Chiquitita fueron los hits de los ochenta, que la homenajeada siguió con sus pies haciendo ritmo, ante la sonrisa cómplice de sus acompañantes.
Luego de las primeras restricciones, hubo una contramarcha. Por orden de la mano derecha de Karina Milei, Mara Gorini, los periodistas pudieron seguir las alternativas desde el primer piso de la Casa Rosada.
Todo terminó de modo armónico, sin problemas, aunque hubo varios de quienes participaron de la reunión de mesa política que no se quedaron al festejo. Mientras la senadora Patricia Bullrich se iba por la explanada de la calle Rivadavia, el asesor presidencial Santiago Caputo subía raudo las escaleras hacia su despacho, también en el primer piso de la casa.
El otro gran ausente fue el jefe de gabinete Manuel Adorni, complicado por las causas judiciales en su contra vinculadas con su viaje a Punta del Este y distintas propiedades a su nombre, que aparecieron en las últimas semanas. Karina Milei no pareció alterada por las ausencias: durante la tarde, bolsas de ropa de marca entraron y salieron, llevadas y traídas por los funcionarios que querían hacerle un regalo.
Para los granaderos, la cosa no terminó allí. Cruzando la reja por la calle Balcarce, continuaron con la música en plena Plaza de Mayo, para alegría de los turistas, aunque apelaron a marchas militares, más afines a su repertorio habitual en la semana en la que se rememora un nuevo aniversario de la guerra por las Islas Malvinas.
Jaime Rosemberg,Karina Milei,ABBA,Conforme a,Karina Milei,,»Va a tocar darte las gracias». Con una frase, Milei volvió a mostrar su apoyo a Adorni en el cierre de una semana complicada,,Vuelven los brotes verdes. Milei se refugia en su núcleo duro y contraataca,,La interna con Karina Milei. El Gobierno pospone los cambios en la SIDE y Santiago Caputo retiene un área clave
POLITICA
Tres senadoras cercanas al Gobierno proponen eliminar un capítulo de la Reforma Laboral ligado a las indeminzaciones
La reforma laboral todavía no está cerrada en el Senado. Tres legisladoras presentaron un proyecto para eliminar uno de sus puntos más sensibles: el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el esquema que reemplaza el pago tradicional de indemnizaciones.
La iniciativa fue impulsada por Carolina Moisés (Convicción Federal), Alejandra Vigo (Provincias Unidas) y Flavia Royón (Primero los salteños). Moisés ya había rechazado la reforma en febrero, mientras que Vigo y Royón la apoyaron en general, pero votaron en contra del capítulo vinculado al fondo.
En el proyecto, las senadoras cuestionan de fondo el diseño del FAL. Sostienen que no se trata de un sistema de seguridad social, sino de un mecanismo de capitalización privada financiado indirectamente con recursos públicos.
El principal argumento apunta al impacto fiscal. Según explican, el esquema permite a los empleadores compensar sus aportes con una reducción de contribuciones patronales —del 1% para grandes empresas y del 2,5% para pymes—, lo que implica que el costo de las indemnizaciones deja de recaer en las empresas y pasa a ser absorbido por el Estado a través de una menor recaudación.
Ese punto conecta directamente con la preocupación de los gobernadores, ya que la caída de ingresos afecta los fondos coparticipables. Las tres senadoras tienen vínculo político con mandatarios provinciales: Royón y Moisés con el salteño Gustavo Sáenz, y Vigo con el cordobés Martín Llaryora.
En términos concretos, el proyecto advierte que el costo fiscal del fondo podría alcanzar los 3,28 billones de pesos, equivalente a aproximadamente el 0,32% del PBI, o unos 2200 millones de dólares al tipo de cambio actual.
Además del impacto en las cuentas públicas, las legisladoras cuestionan el efecto sobre el mercado laboral. Señalan que el FAL elimina el carácter disuasorio de la indemnización por despido, al diluir ese costo en aportes mensuales subsidiados. Según su planteo, esto podría incentivar la rotación de personal y debilitar la estabilidad del empleo.
La reforma también enfrenta cuestionamientos en la Justicia
El frente judicial es otro de los focos de conflicto para la reforma laboral. La CGT presentó una demanda para frenar varios artículos al considerar que afectan derechos laborales y sindicales, y que vulneran principios constitucionales.
En ese marco, un juzgado del fuero laboral dictó una medida cautelar que suspendió provisoriamente algunos puntos de la reforma. El objetivo, según el fallo, es evitar efectos que podrían ser difíciles de revertir si la ley se aplica antes de una resolución definitiva.
El Gobierno apeló la decisión a través del Ministerio de Capital Humano.
A su vez, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, encabezado por Ricardo Gil Lavedra, presentó una acción de amparo contra artículos de la ley que modifican la Ley de Contrato de Trabajo.
El eje del planteo apunta contra la posibilidad de pagar indemnizaciones en cuotas. “Se genera una desigualdad irritante sobre un crédito laboral que tiene carácter alimentario”, advirtió Gil Lavedra.
reforma laboral, Senado, modificación
POLITICA
Defensa de la propiedad privada: el Gobierno envió al Senado un proyecto que establece el juicio sumarísimo para los desalojos por usurpaciones
Mientras todavía resuenan los escándalos por la criptomoneda $Libra y los avatares turísticos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Gobierno envió al Senado el proyecto de ley que intenta reestablecer y reforzar la protección de la propiedad privada y la seguridad jurídica mediante la modificación de una serie de leyes sancionadas durante el kircherismo.
La iniciativa es de amplio espectro, como suele ocurrir con los proyectos del Gobierno de Javier Milei, y contiene también una modificación al Código Procesal Civil y Comercial que establece la aplicación del juicio sumarísimo en el caso de juicios por desalojo de viviendas y propiedades rurales.
La misma inmediatez se establecería de sancionarse la norma en los casos en que el propietario reclame la restitución de un bien usurpado u ocupado por la fuerza. En este caso, los jueces deberán tramitar en un plazo de cinco días el pedido ante la intrusión de inmuebles urbanos y rurales.
También introduce modificaciones al régimen de expropiación. En lo que pareciera un giro inspirado en la controvertida enajenación de YPF dispuesta por el gobierno de Cristina Kirchner, la administración libertaria ahora intenta endurecer los requisitos para poder tomar posesión de bienes de terceros por parte del Estado.
Así, el proyecto incorpora la exigencia de aprobar la declaración de utilidad pública previa a la expropiación, la que a su vez deberá cumplir con requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad que la iniciativa propone de manera taxativa.
Además, el legislador y la administración nacional estarán obligados a justificar que la expropiación es el medio menos restrictivo para alcanzar el interés público. Para evitar maniobras devaluatorias, el texto obliga a adoptar el valor del bien sujeto a expropiación al momento anterior a cualquier acto del Estado o la administración pública que hubiese podido influir en su cotización. También incluye el pago del lucro cesante en la indemnización
En los fundamentos del proyecto, que todavía no tiene giro a comisiones para su discusión, el Poder Ejecutivo sostiene que la iniciativa apunta a “eliminar restricciones ilegítimas que limitan el contenido esencial del derecho de propiedad, fortalecer su protección y profundizar en el camino de promover la seguridad jurídica”
En una crítica velada al kirchnerismo, el Poder Ejecutivo sostiene que en los últimos años en la faz legislativa “se pueden observar regulaciones que no respetan correctamente el derecho de propiedad”, situación que “ha generado limitaciones inconstitucionales e inseguridad jurídica”.
Basada en seis ejes, el proyecto también introduce severos cambios en otras tres leyes emblemáticas del kirchnerismo, como son las restricciones al acceso a la propiedad para extranjeros, el impedimento para disponer de un bien rural afectado por un incendio, limitación introducida en la ley de manejo del fuego, y el programa de regularización urbana de barrios de emergencia y villas.
Así, sobre la última norma, en los fundamentos del proyecto se critica el régimen impulsado por el kirchnerismo y aprobado en el gobierno de Mauricio Macri, destacando que desde su sanción, hace siete años, sólo se ha regularizado el 0,8% del suelo de los barrios populares.
Ahora, el gobierno libertario propone una descentralización del régimen, dejando en las provincias y los municipios la facultad de establecer los mecanismos de regularización dominial.
Por otra parte, se eliminan las restricciones al acceso a la propiedad de tierras por parte de ciudadanos extranjeros por considerarlas una “limitación irrazonable que, lejos de constituir una verdadera protección, conllevó un condicionamiento y desincentivo de la inversión internacional, sobre todo en el ámbito agropecuario”.
El proyecto limita el impedimento y sólo permite el control de aquellas operaciones en las que se vean involucrados Estados extranjeros o entidades vinculadas con otros Estados.
En ese sentido, también elimina la prohibición por 20 años de vender inmuebles rurales afectados por incendios, limitación incorporada en la ley de manejo del fuego e inspirada en las sospechas del kirchnerismo en que los siniestros tenían por objeto desforestar los terrenos para aplicarlos a un negocio más rentable, como la siembra de soja.
Ahora, el Gobierno propone cambios aduciendo que la necesidad de “reestablecer el equilibrio entre la protección ambiental y el derecho de propiedad”. Lo hace proponiendo acotar la prohibición de venta a aquellos terrenos que se encuentren alcanzados por las leyes de protección de bosques nativos y de defensa de la riqueza forestal.
Gustavo Ybarra,Conforme a
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