Un testigo paraguayo, cuya familia controla una de las financieras más importantes de Asunción, entregó documentación al fiscal del caso AMIA Sebastián Basso, en la que figurarían triangulaciones de fondos millonarios hacia terroristas de Hezbollah, que están acusados de participar en el atentado a la mutual judía en 1994. Este dinero estaba destinado a Ali Hussein Abdallah, quien le dio cobertura –según el expediente- en la Triple Frontera a uno de los 10 libaneses e iraníes que serán juzgados en ausencia: Salman Raouf Salman, acusado de coordinar el grupo operativo que llevó adelante la detonación, que provocó 85 muertos.

El 12 de marzo pasado, David Rachid Lichi cruzó la frontera desde Paraguay hacia la Argentina y se encontró en Clorinda, Formosa, con el fiscal Basso, a cargo de la causa AMIA. Este hombre, que vive en Asunción y pertenece a una familia de peso y tradición en el Partido Colorado, había enviado un mail a los investigadores unos días antes en el que prometía entregar documentación relevante sobre terroristas de Hezbollah que estaban acusados de participar en el ataque a la mutual judía el 18 de julio de 1994.

Ese día de intenso calor en Formosa, David Rachid entregó dos bultos con documentos originales –entre los que figuran chequeras, boletas de depósito y documentación relevante- que contenía información de la firma Sociedad Anónima Financiera e Inmobiliaria (SAFIO). Los titulares de esa empresa eran su abuelos Ale Rachid y Adela Lichi, y luego de que fallecieron, esa compañía pasó a estar al mando, desde 1982, de sus tíos Fohad Rachid Lichi, director de SAFIO, y Bader Rachid Lichi, exsenador del Partido Colorado.

En esos documentos, según investiga la Justicia paraguaya y están en poder de la fiscalía de AMIA, constarían transferencias por unos 12.000.000 de dólares que realizó entre 1989 y 2000 Fohad Rachid Lichi a Ali Hussein Abdallah, quien era buscado por la Justicia argentina en relación con el atentado a la AMIA, pero antes de que el juez Daniel Rafecas pidiera su captura internacional falleció en El Líbano durante la pandemia en 2020.

David Rachid Lichi aseguró, en diálogo con , que entre los documentos que también entregó a la Justicia argentina figuran depósitos que su tío Fohad Rachid realizó en 1994 a Abdallah por 2.000.000 de dólares en esa época. “Eran desde su cuenta personal, no de la financiera. Y se concretaban casi a diario por montos que iban desde 10.000 a 300.000 dólares y se hacían a través del ABN AMRO, que después fue absorbido por Sudameris”, detalló David desde Asunción.

De acuerdo a la investigación que lleva adelante el fiscal Basso, Abdallah fue quien le facilitó a Salman Raouf Salman un domicilio en Ciudad del Este, para poder acceder a alidad paraguaya. Abdallah era propietario de dos departamentos en el Edificio Progreso, ubicado en Monseñor Rodríguez y Pampliega, en Ciudad del Este. En el sexto piso, depto. “C” fijó residencia Salman. “De esa forma, al lograr una nueva identidad falsa, le facilitó un desplazamiento sigiloso y oculto ante las autoridades para transitar por distintas partes de Latinoamérica”, señala la acusación de Basso.

Salman Raouf Salman, alias Samuel Salman el Reda, está acusado de ser el encargado de la coordinación de la fase final del atentado a la AMIA. Se le imputó coordinar el grupo operativo que llevó adelante la detonación. Forma parte del lote de diez libaneses e iraníes que serán juzgados en ausencia por haber organizado el ataque a la mutual judía.

Entre la información que dio el testigo paraguayo a las autoridades argentinas se confirmaría la hipótesis que manejan los investigadores de la causa AMIA, de que Abdallah fue clave –según señalaron fuentes de la causa a – para que Salman se estableciera en Ciudad del Este, la Triple Frontera, antes de que se concretara el atentado.

La documentación que analizó la fiscalía de la causa AMIA, que fue la que entregó el empresario paraguayo David Rachid Lichi al fiscal Basso en Clorinda en marzo pasado, también contenía información –según advirtieron fuentes judiciales- sobre maniobras financieras que Fohad Rachid Lichi realizó con Abdallah en Panamá en esa fecha. Eso también tiene relevancia para la causa en Argentina.

Un día después del atentado a la AMIA, el 19 de julio de 1994, un avión de la empresa Alas Chiricanas explotó en el aire, mientras hacía el trayecto de la provincia de Colón al aeropuerto internacional de Panamá. La investigación que se realizó en ese país nunca avanzó, pero siempre existió la sospecha de que se trató de un atentado de Hezbollah. En la detonación de la aeronave fallecieron 18 personas, 12 de ellas de la comunidad judía.

Según publicó Infobae en 2020, el FBI determinó que el atentado lo llevó adelante Alí Jamal, que iba sentado en la tercera fila y activó un explosivo con su radio Motorola. El año pasado, el FBI ofreció una recompensa por información sobre un ciudadano de origen libanés, con ciudadanía venezolana. Se trata Ali Hage Zaki Jalil, de unos 52 años, que viviría en la isla Margarita. Según la información difundida por la agencia estadounidense, se trata de un piloto de aviones, aficionado al paracaidismo, con antecedentes penales por tráfico de armas.

“En la documentación que entregué a la Justicia figura una maniobra financiera que llevó adelante Abdallah en Panamá, a través de un crédito de 2.000.000 de dólares en el banco Santander, que tiene relación con Fohad Rachid con una serie de hipotecas”, aseguró David Rachid Lichi.

El fiscal Basso le dio aviso a los fiscales paraguayos de la documentación que le habían entregado. El tema excedía el caso puntualmente del atentado a la AMIA, y contenía información relevante sobre el supuesto financiamiento de organizaciones terroristas como Hezbollah en la Triple Frontera. A partir de este caso, en Paraguay, el fiscal Francisco Cabrera inició pesquisa y se creó un Equipo Conjunto de Investigación, en el que colabora la Justicia argentina.

David Rachid entregó esa documentación al fiscal Basso porque, según admitió, desconfía de los fiscales de Paraguay porque tienen influencias políticas para no investigar. “Hay mucha corrupción”, apuntó. El primo del denunciante, con quien –según admitió a este diario está enemistado y dice sufrir una persecución- es Jalil Rachid, que fue fiscal y actualmente es el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (SENAD). El lunes este funcionario salió a despegarse de este caso, al señalar que él nunca había participado de las actividades de la financiera SAFIO, que fundó su familia.

El interés de que estas supuestas maniobras de financiamiento del terrorismo se investiguen tienen un origen en una disputa familiar. David Rachid alega que a su madre Watfa Lichi le falsificaron la firma para ceder su parte accionaria de la empresa que ahora controla Fohad Rachid, su tío. Él se crio con su abuela Adela Lichi en su casa, que está ubicada al lado de la empresa. “Cuando me despojaron de lo que me correspondía entré a la oficina de mi abuelo por un conducto que daba a la casa. Y ahí encontré todos estos documentos que se escondieron por años. Por eso, estoy vigilado todo el tiempo y temo por mi vida, debido a que esta familia es muy poderosa en Paraguay”, afirmó David Rachid Lichi a través de una comunicación telefónica con .