POLITICA
Causa AMIA | Investigan documentos que aportó un testigo paraguayo sobre el financiamiento a Hezbollah en la Triple Frontera
Un testigo paraguayo, cuya familia controla una de las financieras más importantes de Asunción, entregó documentación al fiscal del caso AMIA Sebastián Basso, en la que figurarían triangulaciones de fondos millonarios hacia terroristas de Hezbollah, que están acusados de participar en el atentado a la mutual judía en 1994. Este dinero estaba destinado a Ali Hussein Abdallah, quien le dio cobertura –según el expediente- en la Triple Frontera a uno de los 10 libaneses e iraníes que serán juzgados en ausencia: Salman Raouf Salman, acusado de coordinar el grupo operativo que llevó adelante la detonación, que provocó 85 muertos.
El 12 de marzo pasado, David Rachid Lichi cruzó la frontera desde Paraguay hacia la Argentina y se encontró en Clorinda, Formosa, con el fiscal Basso, a cargo de la causa AMIA. Este hombre, que vive en Asunción y pertenece a una familia de peso y tradición en el Partido Colorado, había enviado un mail a los investigadores unos días antes en el que prometía entregar documentación relevante sobre terroristas de Hezbollah que estaban acusados de participar en el ataque a la mutual judía el 18 de julio de 1994.
Ese día de intenso calor en Formosa, David Rachid entregó dos bultos con documentos originales –entre los que figuran chequeras, boletas de depósito y documentación relevante- que contenía información de la firma Sociedad Anónima Financiera e Inmobiliaria (SAFIO). Los titulares de esa empresa eran su abuelos Ale Rachid y Adela Lichi, y luego de que fallecieron, esa compañía pasó a estar al mando, desde 1982, de sus tíos Fohad Rachid Lichi, director de SAFIO, y Bader Rachid Lichi, exsenador del Partido Colorado.
En esos documentos, según investiga la Justicia paraguaya y están en poder de la fiscalía de AMIA, constarían transferencias por unos 12.000.000 de dólares que realizó entre 1989 y 2000 Fohad Rachid Lichi a Ali Hussein Abdallah, quien era buscado por la Justicia argentina en relación con el atentado a la AMIA, pero antes de que el juez Daniel Rafecas pidiera su captura internacional falleció en El Líbano durante la pandemia en 2020.
David Rachid Lichi aseguró, en diálogo con , que entre los documentos que también entregó a la Justicia argentina figuran depósitos que su tío Fohad Rachid realizó en 1994 a Abdallah por 2.000.000 de dólares en esa época. “Eran desde su cuenta personal, no de la financiera. Y se concretaban casi a diario por montos que iban desde 10.000 a 300.000 dólares y se hacían a través del ABN AMRO, que después fue absorbido por Sudameris”, detalló David desde Asunción.
De acuerdo a la investigación que lleva adelante el fiscal Basso, Abdallah fue quien le facilitó a Salman Raouf Salman un domicilio en Ciudad del Este, para poder acceder a alidad paraguaya. Abdallah era propietario de dos departamentos en el Edificio Progreso, ubicado en Monseñor Rodríguez y Pampliega, en Ciudad del Este. En el sexto piso, depto. “C” fijó residencia Salman. “De esa forma, al lograr una nueva identidad falsa, le facilitó un desplazamiento sigiloso y oculto ante las autoridades para transitar por distintas partes de Latinoamérica”, señala la acusación de Basso.
Salman Raouf Salman, alias Samuel Salman el Reda, está acusado de ser el encargado de la coordinación de la fase final del atentado a la AMIA. Se le imputó coordinar el grupo operativo que llevó adelante la detonación. Forma parte del lote de diez libaneses e iraníes que serán juzgados en ausencia por haber organizado el ataque a la mutual judía.
Entre la información que dio el testigo paraguayo a las autoridades argentinas se confirmaría la hipótesis que manejan los investigadores de la causa AMIA, de que Abdallah fue clave –según señalaron fuentes de la causa a – para que Salman se estableciera en Ciudad del Este, la Triple Frontera, antes de que se concretara el atentado.
La documentación que analizó la fiscalía de la causa AMIA, que fue la que entregó el empresario paraguayo David Rachid Lichi al fiscal Basso en Clorinda en marzo pasado, también contenía información –según advirtieron fuentes judiciales- sobre maniobras financieras que Fohad Rachid Lichi realizó con Abdallah en Panamá en esa fecha. Eso también tiene relevancia para la causa en Argentina.
Un día después del atentado a la AMIA, el 19 de julio de 1994, un avión de la empresa Alas Chiricanas explotó en el aire, mientras hacía el trayecto de la provincia de Colón al aeropuerto internacional de Panamá. La investigación que se realizó en ese país nunca avanzó, pero siempre existió la sospecha de que se trató de un atentado de Hezbollah. En la detonación de la aeronave fallecieron 18 personas, 12 de ellas de la comunidad judía.
Según publicó Infobae en 2020, el FBI determinó que el atentado lo llevó adelante Alí Jamal, que iba sentado en la tercera fila y activó un explosivo con su radio Motorola. El año pasado, el FBI ofreció una recompensa por información sobre un ciudadano de origen libanés, con ciudadanía venezolana. Se trata Ali Hage Zaki Jalil, de unos 52 años, que viviría en la isla Margarita. Según la información difundida por la agencia estadounidense, se trata de un piloto de aviones, aficionado al paracaidismo, con antecedentes penales por tráfico de armas.
“En la documentación que entregué a la Justicia figura una maniobra financiera que llevó adelante Abdallah en Panamá, a través de un crédito de 2.000.000 de dólares en el banco Santander, que tiene relación con Fohad Rachid con una serie de hipotecas”, aseguró David Rachid Lichi.
El fiscal Basso le dio aviso a los fiscales paraguayos de la documentación que le habían entregado. El tema excedía el caso puntualmente del atentado a la AMIA, y contenía información relevante sobre el supuesto financiamiento de organizaciones terroristas como Hezbollah en la Triple Frontera. A partir de este caso, en Paraguay, el fiscal Francisco Cabrera inició pesquisa y se creó un Equipo Conjunto de Investigación, en el que colabora la Justicia argentina.
David Rachid entregó esa documentación al fiscal Basso porque, según admitió, desconfía de los fiscales de Paraguay porque tienen influencias políticas para no investigar. “Hay mucha corrupción”, apuntó. El primo del denunciante, con quien –según admitió a este diario está enemistado y dice sufrir una persecución- es Jalil Rachid, que fue fiscal y actualmente es el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (SENAD). El lunes este funcionario salió a despegarse de este caso, al señalar que él nunca había participado de las actividades de la financiera SAFIO, que fundó su familia.
El interés de que estas supuestas maniobras de financiamiento del terrorismo se investiguen tienen un origen en una disputa familiar. David Rachid alega que a su madre Watfa Lichi le falsificaron la firma para ceder su parte accionaria de la empresa que ahora controla Fohad Rachid, su tío. Él se crio con su abuela Adela Lichi en su casa, que está ubicada al lado de la empresa. “Cuando me despojaron de lo que me correspondía entré a la oficina de mi abuelo por un conducto que daba a la casa. Y ahí encontré todos estos documentos que se escondieron por años. Por eso, estoy vigilado todo el tiempo y temo por mi vida, debido a que esta familia es muy poderosa en Paraguay”, afirmó David Rachid Lichi a través de una comunicación telefónica con .
Germán de los Santos,Terrorismo,AMIA,Conforme a,Terrorismo,,»Izquierda radical». Qué es Antifa, el grupo extremista norteamericano al que Trump quiere declarar como “terrorista”,,“Enfermo y peligroso”. Trump advierte que designará al movimiento Antifa como organización terrorista tras el asesinato de Charlie Kirk,,“Horrible, malvado y retorcido”. Stephen King difundió información falsa sobre Charlie Kirk y tuvo que pedir disculpas
POLITICA
Sebastián Amerio: “Con la reforma del Código Penal venimos a terminar con años de gobiernos que defendían a los delincuentes”
El Gobierno Nacional anunció el envío al Congreso del proyecto de Reforma Integral del Código Penal, una iniciativa que busca transformar de raíz el sistema de justicia penal argentino y endurecer las sanciones a los delitos más graves. El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, subrayó la trascendencia de esta medida, enmarcada en el denominado Plan Tolerancia Cero, y afirmó que responde al mandato social de combatir la inseguridad.
El proyecto presentado agrava las penas para delitos considerados especialmente graves, como homicidios, robos, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. Además, introduce un cambio sustancial al eliminar la prescripción en casos de abuso sexual y homicidio agravado, lo que implica que estos delitos no podrán quedar impunes por el paso del tiempo.
La iniciativa se tratará en sesiones extraordinarias durante el verano próximo y forma parte del paquete de reformas que el gobierno de Javier Milei presentará para su debate en el Congreso Nacional. Este mediodía, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la futura senadora Patricia Bullrich brindaron detalles de la propuesta referida al Código Penal.
Según el comunicado difundido por el Ministerio de Justicia en redes sociales, “el castigo no puede verse condicionado por el tiempo, porque implica un acto de injusticia con las víctimas”.
Sebastián Amerio, por su parte, remarcó que la reforma representa un quiebre con políticas anteriores: “Con esta reforma, vinimos a terminar con años de gobiernos que defendían a los delincuentes. Nosotros defendemos a las víctimas”, dijo el secretario de Justicia al referirse a la iniciativa.
El funcionario también explicó que el nuevo Código Penal garantiza el cumplimiento efectivo de la pena en el 82% de los delitos. Actualmente, cuando la condena no supera los tres años, el condenado no cumple prisión efectiva. Con la reforma, se elevan los mínimos de las penas, lo que impide que los delincuentes recuperen la libertad de manera anticipada.
El texto oficial detalla que las condenas perpetuas dejarán de tener un límite temporal. Así, quienes sean condenados por homicidio agravado enfrentarán prisión perpetua, es decir, permanecerán en la cárcel de por vida. Esta disposición busca reforzar la protección de las víctimas y garantizar que los crímenes más graves reciban una respuesta proporcional.
La iniciativa se integra con otras reformas estructurales del sistema penal, como la implementación del Sistema Acusatorio y la reducción de la edad de imputabilidad. El Gobierno sostiene que, con este paquete de medidas, se cumple el mandato social de poner fin a la inseguridad y de orientar el sistema penal hacia la protección de las víctimas, desplazando el foco de los derechos de los criminales.
Amerio enfatizó la importancia de la actualización normativa, al señalar que el Código Penal vigente fue redactado hace un siglo y responde a una realidad social y criminal muy distinta a la actual. “Hoy estamos dando un paso muy importante enviando el nuevo Código Penal al Congreso”, afirmó el secretario de Justicia al presentar el proyecto.
Con la remisión de esta reforma al Congreso, el Gobierno Nacional busca consolidar un nuevo paradigma en materia penal, en el que la severidad de las penas y la efectividad de su cumplimiento sean ejes centrales para enfrentar la criminalidad y responder a las demandas de la sociedad.
El juez federal Luis Armella ordenó hoy un allanamiento en la sede central de la financiera Sur Finanzas, vinculada al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. Según confirmaron fuentes judiciales a , en total son 19 los operativos ordenados por la Justicia por una causa en la que se investiga una maniobra de lavado de dinero en el Club Atlético Banfield. Ese expediente se alimentó en las últimas horas con la información que aportó la DGI en una denuncia por lavado y evasión.
Efectivos de la Policía Federal (PFA) llegaron esta mañana a la sede central de Sur Finanzas, en Seguí al 700, en el centro de Adrogué. En ese lugar hubo otro allanamiento hace una semana por la causa Andis.
“En total son 19 objetivos, incluyendo la sede del club Banfield”, dijo una fuente judicial.
Los allanamientos se realizan en otro expediente, a cargo del juez Armella, donde investiga una presunta maniobra de lavado de activos por parte de Oscar Tucker y Federico José Spinosa, en representación del Club Banfield. Según consta en la causa, supuestamente sumaron al patrimonio del club un préstamo con Auriga League S.A. por 2.000.000 de euros, sin devolver la plata.
Vencidos los plazos sin pagar, se renegoció un mecanismo de repago de la obligación vinculada a la transferencia del jugador Agustín Urzi, que le daba a Auriga el derecho al 30% del precio neto de la transferencia del jugador, desde Banfield al club Juárez, de México.
Hubo otro acuerdo posterior del 31 de enero de 2024, donde se habría ratificado el préstamo y la participación del 30% en futuras transferencias y la garantía de 1.000.000 de euros incluso si la transferencia no se realizaba.
La denuncia de la DGI tramita en el otro juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena. El desarrollo de la causa se demoró por un pedido de incompetencia de la fiscal Cecilia Incardona, que actúa en los dos expedientes. En las próximas horas, el juez Villena deberá responder ese pedido de incompetencia y luego avanzar con las medidas de prueba que pidió la DGI.
Entre las pruebas que aportó esa repartición, hay un listado de transferencias sospechosas de unas 250 personas jurídicas que se hicieron a través de la plataforma de Sur Finanzas PSP. Allí aparecen varios clubes de Primera y del Ascenso.
reveló que el ranking de los clubes lo encabezan San Lorenzo, con $660 millones, Racing Club, con $100.005.990, y Argentinos Juniors, con con $200 millones transferidos. También están mencionados otros clubes como Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón y Defensores de Glew. En la mayoría de los representantes del Ascenso no figura el monto transferido.
Algo similar ocurre con el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, integrado poe el club Banfield y a la firma Banfileños SA, donde aparecen el expresidente de esa institución Eduardo Juan Spinosa, Federico José Spinosa, Ignacio Javier Uzquiza y Oscar Fabián Tucker. Todas esas personas ya estaban siendo investigadas en el expediente radicado en el juzgado federal N°2 de Lomas de Zamora. Con ese dato, Incardona pidió el viernes a la tarde que la causa pase a ese juzgado.
la financiera Sur Finanzas,información que aportó la DGI,por un pedido de incompetencia de la fiscal Cecilia Incardona,lo encabezan San Lorenzo, con $660 millones,,Nicolás Pizzi,Ignacio Grimaldi,AFA,Sur Finanzas,Conforme a,,Un monotributista y una jubilada. Carrió denuncia por lavado de dinero a dos supuestos testaferros de Chiqui Tapia,,El archipiélago opositor. Ventajas y retos para Milei,,Solo en Off. La “guerra de las milanesas” entre Milei y Macri se cobra una nueva víctima,AFA,,Un monotributista y una jubilada. Carrió denuncia por lavado de dinero a dos supuestos testaferros de Chiqui Tapia,,Análisis. Milei vs. Tapia, Villarruel y los K,,»La billetera del fútbol». Los millones que transfirieron los clubes a través del financista cercano a Tapia: San Lorenzo, a la cabeza
POLITICA
El Gobierno terminó de redactar la reforma laboral y se prepara para intensificar la búsqueda de apoyos
A nueve días del inicio de sesiones extraordinarias, el equipo técnico del Gobierno Nacional concluyó la redacción del proyecto de Reforma Laboral y activa la búsqueda de apoyos legislativos para aprobarla durante el mes de diciembre, según confirmaron fuentes a Infobae. Como anticipó este medio, el borrador final llegó esta mañana a los despachos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.
“El proyecto de modernización laboral ya está terminado. Lo tienen sólo Manuel Adorni, Martín Menem y Patricia Bullrich”, confesó una importante fuente al respecto. Si bien el tema despertó tensión con los sindicatos y las cámaras empresariales, el diseño final estuvo a cargo del Poder Ejecutivo que decidió imprimirle su propia impronta.
La culminación de la letra final tuvo lugar a días de la última reunión formal del Consejo de Mayo, en la que el representante de la Confederación General del Trabajo (CGT), el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, rechazó el articulado tras sostener que “atentaba contra los derechos de los trabajadores”. En la puja anotaba su nombre también Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), en representación de las empresas, quien reclamaba un mayor endurecimiento de la “modernización” del sistema laboral.
A partir del 10 de diciembre, período en el que la administración libertaria llamará a sesiones extraordinarias, hasta el 31 del mismo mes, la Cámara de Senadores se dispondrá a iniciar el tratamiento para dar luz verde al proyecto que -a priori- cuenta con algunos sectores detractores. De esta forma, la titular de la bancada de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, activó las comunicaciones con los espacios aliados para la aprobación de la reforma, pero también del Presupuesto 2026.
Según supo Infobae, el capítulo de reforma en la que trabajó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y sus equipos podría incluir alguno de los siguientes títulos: ultra actividad; relación de los convenios; cargas fiscales; peajes, financiamiento sindicatos y cámaras; derechos colectivos; trabajo individual y autónomos; democracia sindical y derivaciones varias. Además, la inclusión de un apartado que apuesta a facilitar la creación de nuevo empleo joven con “flexibilidades” laborales. “Varios de los puntos que circulan están contemplados”, se sinceró una importante voz con acceso al despacho presidencial.
Hasta el momento, la prórroga del tratamiento legislativo continuará hasta el 31 de diciembre, con un parate de dos semanas durante el mes de enero, y se reactivará el 19 del mismo mes hasta el 28 de febrero. Si bien Martín Menem tenía intenciones de sesionar de corrido todo el verano, la preocupación por el quórum de los primeros días del 2026 torció el debate y habrá un breve período vacacional.
El debate legislativo veraniego configurará una de las pruebas de fuego para los libertarios que aspiran a hacer pasar la Ley de Leyes, el proyecto “modernización” laboral, la reforma tributaria y el endurecimiento del Código Penal, entre otros puntos. La idea es pública, pero la convocatoria aún se encuentra en elaboración y podría publicarse antes de que termine la semana.
Con el proyecto definido y el Presupuesto 2026 como obsesión, las terminales del Ejecutivo buscan apoyos. El vicepresidente de La Libertad Avanza, Martín Menem, intenta arrebatarle la primera minoría al peronismo en la Cámara Baja antes de 3 de diciembre, fecha en la que jurarán los nuevos diputados, en la búsqueda de voluntades legislativas.
Por su parte, el tándem federal compuesto por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, hace lo propio con los representantes provinciales y se preparan para culminar las primeras rondas de intercambios con los 20 gobernadores aliados. En agenda, tienen previstas reuniones con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para este jueves a las 12, y con el pampeano, Sergio Ziliotto, el próximo viernes a las 9.
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