POLITICA
“Amor, así perdemos guita”: Calvete le enseñaba a su pareja el reparto del dinero de la ANDIS

Miguel Ángel Calvete y su pareja Guadalupe Muñoz son, sin ser funcionarios, el centro de la presunta trama de corrupción en perjuicio de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) por más de $43.000 millones en un año, según el dictamen del fiscal Franco Picardi. De acuerdo a tres audios sumados a la causa, Calvete le enseñó a su mujer a sacar los porcentajes para no perder dinero. De “la torta”, ellos se quedaban con el 70% y se infieren que otros, con el 30%. «Si no, perdemos guita, amor”, le dice Calvete a Muñoz.
Para el fiscal, el rol de la mujer fue central. “Guadalupe Muñoz es pareja y colaboradora directa de Miguel Ángel Calvete en el desarrollo de sus actividades ilícitas. De las conversaciones obtenidas del teléfono de Calvete se logró determinar que él le envía la siguiente imagen con el detalle del dinero que habrían recibido diversas firmas por parte de la Andis», detalla el dictamen, junto al Excel donde “se anotaron en forma manuscrita diversos montos porcentuales (70, 30 y 1,7%), posiblemente vinculados a pagos, cobros o retenciones de estas firmas”.
Calvete y Muñoz “administraban los pagos efectuados por dichas empresas, participando activamente en la distribución de los fondos derivados de las operaciones investigadas, determinando los porcentajes a retener y el destino de los montos remanentes – los cuales, en algunos casos finalizaban en manos de funcionarios nacionales-”, señala el dictamen.
Y concluye: “Resultan relevantes los audios enviados por Calvete a Guadalupe el 11 de junio de 2025 a las 15 hs aproximadamente, en los cuales le indica el modo en que debía hacer la cuenta de porcentajes, y de los cuales también se desprende que una parte del dinero se lo quedaban ellos»:
- “Amor, ahí te equivocaste en la última columna, es el 30% del 15%, del 100% del 15%. ¿Me entendés? Por eso te decía, dividilo por 7 y multiplicalo por 3, porque acá a vos te está dando el 30% del 70, y es el 30%, es el 70 y el 30, que da el 100. Esa última columna tenés que rehacerla.”
- “Vos pensás que nueve, 862, más lo que te da 3000 y pico, da 11 y pico y te tiene que dar esa suma, te tiene que dar 14 y pico, es el 30%… .”
- “Siempre es el 70% del resultante de lo que dividís por 1.07, y es el 30% del resultante de lo que dividís por 1.07. No es el 30 del 70, si no, perdemos guita, amor.”
Calvete tiene 60 años, representó a los supermercados chinos, y fue concejal de Cambiemos en La Matanza. Durante la gestión de Javier Milei, su hermana y su hija, Ornella Calvete, fueron designadas en el Ministerio de Economía. Ornella Calvete renunció a comienzos de la semana pasada después de que trascendiera que la Justicia encontró 700 mil dólares en la casa, donde convive con su pareja, también funcionario de Economía, Javier Cardini. Amigo de Santiago Caputo, Cardini renunció el viernes último. Ya son trece los funcionarios que renunciaron por el escándalo Andis.
Muñoz, la pareja de Calvete, visitó dos veces a Spagnuolo, en su casa del country “Altos de Campo Grande” y fue la encargada de conseguirle dinero en efectivo para un viaje a Israel.
Según investiga la Justicia, Spagnuolo recibió de parte de Calvete y su pareja Muñoz, $5.000.000 cash. En una conversación de junio último, Calvete le pide a Muñoz “cinco palos”. Cuando ella le pregunta para quién es esa suma de dinero, él le responde: “El boludo del pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo en pesos”.
En el direccionamiento del sistema de compulsas de precios, la Justicia identificó a cuatro droguerías “receptoras de amplias sumas de dinero de manera indebida”: Profarma S.A, Génesis S.A., New Farma S.A. y Floresta S.A.
Para la Justicia, “de los mensajes remitidos por Muñoz a Calvete, se desprende que esta se encargaba de recibir los cheques provenientes de las empresas y de remitirlos a Alan Pocovi, con el objeto de que este procediera a movilizar los fondos».
En la causa, figura un recibo de más de 90 mil dólares con la firma de Muñoz y que Calvete le pide que lo guarde en la caja fuerte. Sin aclarar de quién, ni en concepto de qué.
Quién es quién en la causa Andis
Los acusados que son funcionarios
- Diego Spagnuolo
- Rol: Exdirector Ejecutivo de la ANDIS (máxima autoridad entre 2023 y 2025).
- Acusación: Habría permitido y supervisado el direccionamiento de compulsas a droguerías a cambio de beneficios económicos indebidos. Se le secuestró una máquina de contar billetes y se le encontraron U$S 82.000 no declarados.
- Daniel Garbellini
- Rol: Director de Acceso a Servicios de Salud (segundo de Spagnuelo).
- Acusación: Acusado de autorizar y ejecutar el direccionamiento. Fue señalado como “recaudador” entre las droguerías.
- Hasta ahora la causa no avanzó sobre Karina Milei y los Menem, Lule y Martín, señalados después de que trascendieran los audios atribuidos a Spagnuolo.
Los acusados que no son funcionarios
- Miguel Ángel Calvete
- Rol: Empresario, lobista e intermediario clave.
- Acciones: Habría impartido órdenes en la Andis y gestionado retornos. Es el intermediario que, según la Fiscalía, entregó cinco millones de pesos en efectivo a Spagnuolo. Fue grabado en videos entrando a su casa con una mochila.
- Guadalupe Muñoz
- Rol: Pareja de Miguel Ángel Calvete.
- Acciones: Se la considera la “cajera” del esquema; habría sido la encargada de movilizar el dinero en efectivo, recibir y remitir cheques de las empresas y administrar los fondos del entramado.
- Pablo Atchabahian (“Pablim”)
- Rol: Operador paraestatal.
- Acciones: Fue Director Nacional en la ANDIS previamente y, sin cargo formal en el período investigado, actuaba como operador externo junto a Calvete.
- Alan Pocovi: Habría recibido efectivo y transferencias para luego invertirlos en criptomonedas a través de una plataforma, actuando como recaudador.
- Sergio Mastropietro: Vinculado a la empresa de aviación privada Baires Fly. Habría recibido transferencias millonarias desde las droguerías bajo el concepto de “compra de kilómetros”.
Según la Fiscalía, la pareja de Calvete cumplía el rol de “mover” el dinero en efectivo, realizar transferencias bancarias, ingresar dinero en caja de seguridad de Calvete, pagar con cheques o recibir cheques. Sergio Mastropietro era la otra persona que administraba para Calvete considerables sumas de dinero; “tal como lo demuestra el intercambio de facturas y las interacciones entre ambos”.
“Calvete y Spagnuolo mantendrían, al menos, una relación comercial con Sergio Mastropietro, quien se encuentra vinculado a la firma Baires Fly S.A., firma de aviación privada que provee un servicio de vuelos privados disponible las 24 hs”, indica Picardi.
Mastropietro ingresó a “Altos de Campo Grande” -barrio privado en el que vive Spagnuolo-, junto a Calvete y su pareja Muñoz, los días 30 de marzo y 3 de mayo de 2025.
La “casona del terror” de la calle Defensa
Calvete y Muñoz tendrían como centro de operaciones la casona de la calle Defensa al 1364. Allí quedó detenido cuando la Justicia allanó el domicilio por la causa Andis. Pero fue por otro caso: Calvete había sido condenado por proxenetismo. Les cobraba sumas exorbitantes a mujeres que ejercían la prostitución en departamentos de su propiedad.
Esa casona parece maldita. Melody Rakauskas, la exsecretaria del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, a quien denunció por abuso sexual, contó que vivió allí unos años porque la propiedad era de su pareja Gustavo Cilia. “Cilia se la compró a Amado Boudou”, dijo en un posteo en sus redes sociales. Espinoza admitió en la causa por abuso sexual que tuvo oficinas en esa casona. Rakauskas contó que en la época que ella estuvo ahí, año 2016, había colchones en el piso y un caño de pole dance.
En el allanamiento a Calvete, la Justicia encontró una nota pegada en la cocina, que advertía a los empleados qué decir si alguien preguntaba por él, su pareja Muñoz o sus sociedades: “Acá no es”.
Corrupción, Miguel Angel Calvete, Diego Spagnuolo, Karina Milei
POLITICA
Sur Finanzas: después de múltiples allanamientos, detuvieron a cuatro personas

En el marco de investigación por presunto lavado de dinero que tiene bajo la lupa a la firma Sur Finanzas, el juez Luis Armella ordenó 14 nuevos allanamientos y hay cuatro personas detenidas.
Entre ellas, se encuentra Daniela Eliana Sánchez, secretaria de Ariel Vallejo, titular de la firma. El 1 de diciembre de 2025, la mujer le ordenó a Micaela Sánchez que envíe a una persona a recaudar dinero y que se borren archivos de la cámara de seguridad.
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Juan Soler, empleado de la financiera, detenido porque en una comunicación con Susana Hoffman, la jefa de Recursos Humanos de Sur Finanzas, ordenó que ingresen a las computadoras de los cajeros y desconecten los programas.
También fue detenido Cesar Zapaia, Oficial de cumplimiento de Lavado de Activo. La Justicia comprobó que en comunicación con otros integrantes de la empresa ordenó ocultar computadoras y teléfonos celulares antes de los allanamientos.
El cuarto detenido es Rolando Soloaga, jefe de choferes, quién escribió en un grupo de WhatsApp: “Buenas tardes muchachos espero que anden bien, a pedido del jefe vamos hacer unas guardias en el estacionamiento, es estar para que vean que estemos y no se roben nada al ver que no estamos trabajando, la grilla va hacer día x medio de 10 a 18 hs los equipos que ya estaban trabajando, donde también vamos hacer limpieza de nuestro lugar y las camionetas lo que haya que hacerle cómo sacarle el pegamento del ploteado a la 201, más tarde paso como están destinados los equipos para la semana que viene”.
Los allanamientos se dieron en el expediente que tiene como principal investigado a Ariel Vallejo, empresario con fuertes vínculos con el negocio del fútbol y señalado como financista de confianza del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
El foco central de la investigación es el vínculo entre Sur Finanzas y distintas instituciones deportivas a las que la firma habría asistido financieramente a cambio de intereses elevados.
En uno de los casos más relevantes, la Justicia detectó un envío de dinero a San Lorenzo con tasas que en la Justicia califican de “usurarias”. Según los elementos reunidos hasta el momento, el club no habría logrado devolver el dinero en los plazos pactados y, como consecuencia, terminó entregando derechos de televisación.
En ese punto, el expediente incorpora una afirmación clave: “La operatoria se ejecutó con el permiso y recomendación de la AFA”, según consta en la documentación judicial. Incluso, siempre de acuerdo a la causa, la propia AFA habría indicado a San Lorenzo que recurriera a Sur Finanzas para obtener el financiamiento.
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La investigación también logró establecer que la Liga Profesional de Fútbol depositó los fondos de televisión correspondientes al club en Neblockchain, que en rigor es Sur Finanzas. Esto solo puede ocurrir si la institución enviaba una nota formal solicitando ese mecanismo de pago.
La operatoria bajo análisis no se limita a un solo club: los investigadores trabajan sobre un universo de 17 instituciones, entre ellas Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Acassuso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.
Sur Finanzas, Justicia
POLITICA
Reforma laboral: cuánto cobrará un trabajador en caso de enfermedad o accidente

Tras la media sanción de la reforma laboral este miércoles en el Senado, el proyecto introduce cambios sustanciales en el régimen de licencias por enfermedad o accidentes no vinculados al trabajo.
El texto reduce los plazos de licencia paga y modifica los porcentajes de remuneración que percibirán los trabajadores afectados, estableciendo nuevas condiciones según el origen del evento y la existencia de cargas de familia.
“En caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración básica que perciba al momento de la interrupción de los servicios si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de 3 meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de 6 meses si las tuviera. La recidiva – reaparición de una enfermedad algún tiempo después de padecida- de enfermedades crónicas no será considerada una enfermedad distinta, salvo que se manifestara una vez transcurridos los 2 años”, remarca el artículo 208 del proyecto.
“Si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el 75% de tal remuneración, en cualquier caso, durante el mismo periodo de tiempo dispuesto en el párrafo precedente”, indica.
Y continúa: “La suspensión por causas económicas o disciplinarias dispuestas por el empleador no afectará el derecho del trabajador a percibir la remuneración parcial por los plazos previstos, sea que aquélla se dispusiera estando el trabajador enfermo o accidentado, o que estas circunstancias fuesen sobrevinientes”.
Ahora bien, si el trabajador tiene más de 5 años de antigüedad y no tiene cargas de familia, la licencia por enfermedad o accidente paga es de 6 meses; y si además tiene cargas de familia, la licencia paga se extiende a 12 meses.
A su vez, se modifica el porcentaje de remuneración: en el esquema actual se cobra el 100%, mientras que la reforma propone que, si el accidente o enfermedad tiene origen en una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implica un riesgo conocido, perciba el 50% de la remuneración; en cambio, si no hubo voluntad ni conciencia del riesgo, se percibe el 75% durante el período de licencia, ya sea de tres o seis meses.
Asimismo, el proyecto oficial especifica que el trabajador que no pueda asistir a su primer día de trabajo por enfermedad o accidente deberá informar inmediatamente la situación y el lugar donde se encuentra, salvo que se trate de un caso de fuerza mayor.
Por último, el texto establece que los certificados médicos que el trabajador presente para justificar inasistencias por enfermedad o accidente, deberán contener el diagnóstico médico, el tratamiento y la cantidad de días de reposo laboral indicados, y ser brindados por profesionales médicos habilitados para el ejercicio de la medicina y firmados digitalmente a través de las plataformas electrónicas autorizadas.
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POLITICA
La madre de Jeremías Monzón asistió al Congreso para presenciar el debate por la baja de la edad de imputabilidad

La Cámara de Diputados debate este jueves el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, en una sesión que busca otorgar media sanción a la reforma del Régimen Penal Juvenil.
La iniciativa fija en 14 años la edad mínima para juzgar delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro, estableciendo una pena máxima de hasta 15 años de prisión. Entre los presentes en el Congreso se encontró Romina, la madre de Jeremías Monzón, el adolescente de Santa Fe asesinado en diciembre de 2025 por menores que resultaron ser inimputables bajo la ley vigente.
Romina fue recibida anteriormente por Patricia Bullrich
Jeremías fue encontrado muerto el 22 de diciembre con más de 20 puñaladas en una antigua fábrica abandonada. La investigación determinó que los autores materiales fueron dos adolescentes de 15 y 14 años, mientras que su novia, M.A., fue imputada como coautora tras descubrirse que lo engañó para citarlo en el lugar del crimen.
Durante la manifestación frente al Congreso, Romina denunció la situación procesal de los responsables directos: “Lamentablemente, estoy de luto. Hace menos de dos meses, asesinaron a mi hijo, y dos de los tres menores están en libertad, sin siquiera tener un antecedente penal”.

Jeremías Monzón
A pesar de su apoyo a la reforma, la madre de la víctima reconoció que la aprobación del proyecto no tendrá impacto legal en el caso de su hijo. “Lamenté que no se hará justicia por mi hijo porque esta ley no es retroactiva. Esto va a ser un legado de nuestros hijos para que no siga pasando”, expresó.
Asimismo, cuestionó el enfoque actual del sistema judicial sobre la rehabilitación de los delincuentes juveniles: “Es tan necesario que esto cambie porque los liberan como si nada, y hablan mucho de la reinserción social de gente que decidió matar, a salir a robar. ¿Y quién habla de la reinserción social de las víctimas?”.
El debate actual retoma una discusión del año 2024, cuando el Ejecutivo propuso inicialmente bajar la edad a los 13 años, propuesta que perdió estado parlamentario pero sirvió de base para el dictamen actual.
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