Luego de haber transcurrido el primer día del 2026, el Gobierno nacional tuvo su primera renuncia. Se trató de Nahuel Sotelo, que estaba a cargo de la Secretaría de Culto y Civilización. Hasta el momento, no se dio a conocer quién sería el reemplazante del ex funcionario libertario.

Fue por medio de la publicación del Decreto 937/2025 en el Boletín Oficial, que el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno establecieron: “Acéptase, a partir del 2 de diciembre de 2025, la renuncia del señor Nahuel Sotelo Larcher al cargo de secretario de Culto y Civilización del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto”, informaron.

La dimisión del ex secretario había sido anticipada hace varios meses, después de que haya sido elegido para formar parte de la lista de candidatos a diputados de la provincia de Buenos Aires que presentó La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas.

En este sentido, los resultados que posicionaron a la lista libertaria como la segunda fuerza más elegida en la provincia de Buenos Aires le abrieron la posibilidad al representante de Las Fuerzas del Cielo a volver a ocupar una banca legislativa.

Por este motivo, el documento informó que Sotelo dejó vacante el cargo de la Secretaría de Culto y Civilización desde el 2 de diciembre, debido a que ya estaba programado que jurara como diputado provincial al día siguiente en la Legislatura bonaerense.

“Una vez más vuelvo a jurar como en el 2021, cuando daba una lucha, casi en soledad, por la defensa de las ideas de la libertad“, manifestó en su momento el ex secretario a través de una publicación en su perfil personal de Instagram. Asimismo, había compartido un video del momento en el que juró por: ”Dios, Patria, Vida y Libertad».

Sin embargo, el legislador hizo una comparación entre el panorama que había en el recinto legislativo antes de que Milei asumiera la Presidencia. “Hoy somos muchos más los que podemos parar el delirio del gobernador Kicillof”, recordó, para luego agregar: “A la provincia de Buenos Aires le hace falta libertad”.

La llegada de Sotelo como secretario de Culto y Civilización había marcado un cambio estratégico del Gobierno nacional, ya que fue elegido para asumir el rol de recomponer el delicado vínculo que, en ese momento, mantenía el Ejecutivo nacional con el difunto papa Francisco. Su nombramiento se había dado en agosto de 2024, poco después de que el mandatario y el líder religioso mantuvieran un desacuerdo político.

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Desde el Boletín Oficial, el Decreto 768/2024 también se había consagrado la designación de Sotelo como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario. La función implicaba, según se desprendía del texto y de las palabras del propio funcionario, la responsabilidad de “reencauzar el vínculo con el líder religioso” en una etapa de distanciamiento y expectativas cruzadas sobre el viaje del pontífice a la Argentina.

Entre los puntos clave de su gestión, el ex secretario había manifestado que se abocaría a “seguir expandiendo la agenda de la presidencia y ser un mero instrumento de ello”. Incluso, insistió en el valor de fortalecer los lazos entre el Gobierno y los diferentes cultos que conviven en el país.

“Tengo buena relación con muchos de los cultos que se practican en el país. Mi intención es fortalecer esos vínculos con el gobierno. Tenemos un Presidente que es muy espiritual y eso ayuda a la relación que podamos construir de acá a futuro con los diferentes líderes religiosos”, sostuvo.

Al detallar sus objetivos internacionales, el flamante secretario de Culto y Civilización enfatizó: “Además de la responsabilidad de Culto, también mi trabajo será velar porque los principios e ideas de la presidencia se vean reflejados en los documentos internacionales”.

Tras subrayar que “Javier Milei ha sido claro en lo que piensa y hoy es un faro para el mundo libre”, había asentado: “Mi tarea es dejar en claro cuáles son estas ideas en el ámbito internacional y de Derechos Humanos, causas que han sido muchas veces tergiversadas y llevadas a lugares en los que no creemos, como por ejemplo la Agenda 2030, agenda que el Presidente ya ha dejado claro que no comparte”.

A través de un decreto publicado en el primer Boletín Oficial del año, el Gobierno promulgó la Ley de Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. La oficialización se da luego de que el Senado las sancionara el 26 de diciembre, con 46 votos a favor, 25 votos en contra y una abstención.

La normativa contempla gastos totales por $148 billones, con un superávit primario del 1,2% del PBI, una inflación proyectada del 10,1% para todo el año, un dólar a $1423 para diciembre de 2026 y un crecimiento del 5% del PBI.

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En tanto, la ley de Inocencia Fiscal, también promulgada este viernes 2, busca incentivar el uso de los dólares del colchón.

Los puntos claves del Presupuesto 2026

El Presupuesto 2026 incluye los siguientes puntos claves:

• Prevé un crecimiento económico de 5% del Producto Bruto Interno (PBI);
• Una inflación anual de 10,1%.
• El dólar a $1423 para finales de diciembre del próximo año.
• El superávit primario será de 1,5% del PBI y el financiero, de 0,2%.
• Las exportaciones se incrementarán 10,6% a finales del año que viene.
• Asigna $4,8 billones a las Universidades nacionales;
• Eleva el gasto en jubilaciones, 5%; en Salud, 17% y en Educación, 8%.

Inocencia Fiscal: la otra Ley promulgada en el primer Boletín Oficial del año

En paralelo, el Gobierno oficializó el Régimen Penal Tributario y Procedimiento Tributario, conocido como ley de Inocencia Fiscal, que busca incentivar el uso de ahorros en dólares fuera del sistema bancario

La norma parte de la premisa de que el contribuyente debe ser considerado cumplidor salvo prueba en contrario. Además, no elimina impuestos ni borra antecedentes fiscales, ni tampoco modifica la Ley de Prevención del Lavado de Activos ni las atribuciones de la Unidad de Información Financiera (UIF).

La ley permite a los contribuyentes usar sus ahorros hasta un máximo de $100 millones sin enfrentar sanciones. En este sentido, quedan excluidos de este beneficio quienes tengan ingresos anuales superiores a $1.000 millones, un patrimonio mayor a $10.000 millones o sean considerados grandes contribuyentes nacionales.

Gobierno, Javier Milei, Presupuesto 2026, boletin oficial

La CGT buscará este primer mes de 2026 torcer el destino de la reforma laboral de Javier Milei: intentará forzar cambios en el proyecto y, de todas formas, presionará para que fracase su sanción legislativa.

Será una carrera contrarreloj en la que también incidirá la interna sindical. El ala dialoguista, mayoritaria en la cúpula cegetista elegida el 5 de octubre, negociará en varios frentes sin acelerar los tiempos de un nuevo paro general, pero el sector duro no aceptará una versión atenuada de la reforma laboral y apurará la realización de las protestas para desgastar al Gobierno, en una decisión teñida por la carrera hacia 2027.

El triunvirato de la CGT tiene un claro signo dialoguista, ya que esa es la impronta de Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), pero, sobre todo, el mismo sesgo negociador es característico de quienes impulsaron sus designaciones en el máximo peldaño cegetista, que, aun en un segundo plano, ejercen una influencia decisiva en la estrategia que lleva adelante la central obrera.

A Argüello lo apadrina Hugo Moyano (Camioneros), Sola fue promovido por “los Gordos” Héctor Daer (Sanidad) y Armando Cavalieri (Comercio) y Jerónimo logró su encumbramiento gracias al apoyo de Gerardo Martínez (UOCRA) y un sector liderado por Sergio Sasia (Unión Ferroviaria). En todos los casos, se trata de dirigentes de estirpe dialoguista que estuvieron aliados en la anterior conducción de la CGT, aunque Daer mantuvo (y mantiene) una postura más intransigente contra el Gobierno, que, según sus rivales internos, obedece al hecho de que es uno de los principales pilares sindicales de Axel Kicillof.

De los 36 sindicatos que integran el Consejo Directivo de la CGT, hay 10 más identificados con posturas ultraopositoras, como, por ejemplo, los alineados con el kirchnerismo (UOM y bancarios), los del transporte (Dragado y Balizamiento, Aeronavegantes y La Fraternidad) y algunos que mantienen una feroz disputa con el Gobierno como UATRE, cuya poderosa obra social está intervenida por la administración Milei.

¿Quiere decir que los 26 sindicatos restantes de la cúpula de la CGT sostienen una postura dialoguista a rajatabla? Todos los dirigentes más moderados buscan negociar, pero ninguno da muestras de querer inmolarse en ese intento si finalmente no logra resultados. Uno de los ejemplos es el de UDA, que lidera Sergio Romero, de buena llegada al Ministerio de Capital Humano, pero que este año se convertirá en combativo si no hay mejoras para los salarios docentes o se confirman las medidas del Gobierno que jaquean el financiamiento educativo.

Por eso será clave lo que suceda este mes de enero con la reforma laboral. La CGT, con mayoría dialoguista, buscará todos los caminos posibles para introducir cambios en el proyecto oficial porque algunos artículos dinamitan el poder sindical, su financiamiento o afectan derechos de los trabajadores. Eso quiere decir que se reforzarán las reuniones con gobernadores y legisladores con el fin de asegurar que Milei no tenga los votos suficientes en el Congreso para sancionar la iniciativa tal como está.

De la misma forma, la dirigencia cegetista apelará a sus fluidos contactos con el sector político del Gobierno (el asesor presidencial Santiago Caputo y los Menem, Martín y Lule, alineados con Karina Milei) para tratar de que la reforma laboral sea menos “hostil” hacia el gremialismo.

Aun así, parece imposible que la CGT avale la reforma laboral aunque quede una versión pasteurizada, de la misma forma que no lo hizo cuando se sancionó la Ley Bases, pese a que la presión sindical había conseguido, a través de las gestiones del diputado Miguel Angel Pichetto, que el Gobierno accediera a eliminar 42 artículos del capítulo laboral del proyecto que eran objetados por los gremialistas, como una forma de garantizar la aprobación parlamentaria de la iniciativa.

Lo más probable es que, aunque la CGT consiga desactivar varios artículos de la reforma laboral que rechaza, igual se decida avanzar en marzo hacia otro paro general para descomprimir las tensiones internas y graficar el rechazo conceptual del sindicalismo a cualquier intento de modificar las leyes laborales.

Por algo en la movilización cegetista del 18 de diciembre a la Plaza de Mayo sus cotitulares anticiparon que si el Gobierno no accedía a negociar la reforma laboral iban a concretar otra huelga general. Fue una amenaza dirigida a los funcionarios libertarios y, a la vez, una forma de atajar eventuales reclamos a viva voz de los manifestantes de un paro contra Milei, algo que habría puesto en aprietos a esta CGT de signo dialoguista.

Sin embargo, el factor político-electoral pesará en este tablero dominado por la reforma laboral. Hay dirigentes de la CGT que están apostando al proyecto presidencial de Kicillof y actuarán en sintonía con ese objetivo, lo que implica multiplicar las protestas sindicales y ganar la calle para debilitar a Milei.

En estas filas se visualiza el mes de marzo como decisivo: prevén que, tras el efecto apaciguador del receso veraniego, habrá más cierre de empresas y despidos de trabajadores, lo que configurará un escenario ideal para embestir contra el Gobierno.

Los dirigentes menos entusiasmados con el proyecto Kicillof Presidente, de todas formas, tampoco se mantendrán pasivos si la Casa Rosada decide imponer en el Congreso una reforma laboral sin cambios.

En ese caso, los dialoguistas y los duros se unificarán sin matices. Unos y otros buscarán hacer todo lo posible para cerrarle el paso al plan reeleccionista de Milei y soñar juntos con el regreso al poder en 2027.

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