La Inspección General de Justicia (IGJ) rechazó este miércoles el pedido de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) que lidera Claudio “Chiqui” Tapia para trasladar su sude social a Pilar, bajo jurisdicción bonaerense y fuera del alcance de la propia IGJ.

El organismo de control tomó la decisión luego de que funcionarios visitaran el lugar al que la AFA pretendía mudarse y concluyeran que allí no había oficinas ni instalaciones de la asociación. Se sostuvo que nunca hubo un traslado real de domicilio de la AFA, sino un intento por cambiar de jurisdicción.

La AFA procura dejar de estar en la jurisdicción de la IGJ y someterse al control del gobierno bonaerense que comanda Axel Kicillof, de quien Tapia es funcionario (el gobernador lo nombró presidente de la Ceamse).

Además, el organismo de control que lidera Daniel Vítolo sostuvo que aun están pendientes de evaluación una reforma estatuaria y detalles sobre los balances contables de la AFA, correspondientes a los ejercicios de 2017 y 2024.

“La AFA ha fijado para ese cambio de domicilio una sede social falsa, en un espacio física y territorial en el cual se ha verificado de modo incontrastable que allí la AFA no está, no se encuentra, no tiene instalación alguna, ni funciona tampoco en ese predio la administración y gobierno de la entidad”, dice un comunicado del organismo.

Noticia en desarrollo

En la intimidad de la Casa Rosada, el gobierno nacional no dudó en definir el paro de la Confederación General del Trabajo (CGT), previsto para este jueves, en vísperas de la discusión por la reforma laboral en la Cámara de Diputados, como “sin sentido”. Y consideraron que para garantizar una imagen de país paralizado, los dirigentes gremiales debieron recurrir a la adhesión de los sectores del transporte.

Así lo describieron a fuentes del oficialismo, que coincidieron en relativizar el impacto de la medida de fuerza y declararon que se “trata de un paro de la agenda de la CGT, que atrasa”.

La decisión de convocar al cuarto paro nacional de actividades desde que comenzó la administración de Javier Milei, se tomó el lunes durante una reunión por Zoom del consejo directivo de la central obrera. Y, pese a los cuestionamientos de sectores más críticos e intransigentes, se impuso “una lectura mayoritaria de no convocar nuevamente a la calle”. Fue tras la desdibujada marcha de la semana pasada durante la sesión en el Senado, para focalizar el plan de lucha en los centros productivos con una paralización total.

Poco después de conocerse el anuncio de la confirmación del paro, en las filas gubernamentales agregaron que “es decisión de ellos no querer generar trabajo”.

En el corazón libertario se muestran convencidos de que la medida tuvo que contar con el apoyo de sindicatos de Transporte para conseguir impacto.

“Tienen que parar el transporte, porque sino no hay adhesión. Evidenciarían que no tienen poder de convocatoria”, dijo una de las fuentes consultadas por este diario.

“Lo que va a haber el jueves es una adhesión forzada”, apuntaron en un pronóstico en el que hubo coincidencias respecto de que muchos trabajadores deberán acatar el paro, más allá de que no quieran, por la falta de transporte.

“Si no hacen paro de transporte, tendrían una imagen como la de la vez pasada. Los trabajadores no se oponen a la reforma”, desafió un funcionario del palacio gubernamental. “A nosotros no nos mueve el paro de la CGT, pueden hacer lo que quieran. Solo dejan en evidencia que no juegan a favor de generar más trabajo”, deslizó otro hombre de Balcarce 50.

Entre esas adhesiones del área de transporte sobresalió el comunicado de respaldo de la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), conducida por el ferroviario Omar Maturano e integrada por La Fraternidad, la Unión Transporte Automotor (UTA), Carga y Descarga y Estaciones de Servicio, un bloque no alineado con las actuales autoridades cegetistas y ligado a la figura del gastronómico Luis Barrionuevo.

La figura de Maturano es eje de varias críticas en el gobierno nacional, porque su gremio está dentro del período de conciliación obligatoria con la Secretaría de Trabajo desde el 14 de febrero pasado y hasta el 27 próximo.

“Si van al paro incumplen la conciliación obligatoria, la idea es ir a fondo con lo que marca la ley”, desafió una fuente del Poder Ejecutivo. Y remarcó que una de las multas que comprende el incumplimiento es la quita de la personería jurídica.

“Si para, lo vamos a multar y se le quitará la personería jurídica”, aseguró otra de las voces consultadas. “Existe la herramienta para hacerlo. Si él juega a fondo, nosotros jugamos a fondo”, completó. “Esa es la idea”, ratificó otro.

En la Casa Rosada hablan también de la posibilidad de una “multa millonaria” y que no temen que la eventual quita de la personería jurídica podría terminar judicializándose. “Si se tiene que hacer, se hará”, definieron.

La huelga y el derecho a no pagar

El Gobierno ya dejó trascender en las últimas horas que tiene decidido descontar el día de trabajo a los empleados estatales que adhieran al paro de este jueves, aunque admitieron que el hecho de que no haya transporte complicará asistencias en algunos casos de quienes sí quieran ir, pero no puedan hacerlo. “Será una cuestión de organizarse y cumplir. La decisión de no pagar a quienes adhieren ya está tomada”, dijeron.

“El derecho a huelga está garantizado, pero también el derecho del empleador a no pagar a quien no venga a trabajar”, expresaron en el palacio gubernamental.

La conferencia de la CGT llegó en simultáneo con una jornada marcada por el conflicto que desató el cierre de la firma de neumáticos Fate. Allí, el Gobierno también eligió apuntar a los gremios, a la par del empresario miembro de la familia de la compañía, Javier Madanes Quintanilla. “Es el combo sindicatos troskos y empresaurius”, dijeron sobre el modo de la administración de la compañía.