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Causa D’Onofrio: investigan el supuesto desvío de $1900 millones de las fotomultas a una universidad nacional

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El escándalo vinculado al exministro de Transporte bonaerense Jorge D‘Onofrio, en el que se investigan supuestas irregularidades en los contratos de la VTV y el sistema de fotomultas, generó numerosas denuncias que se convirtieron en al menos tres expedientes que se tramitan en la Justicia federal.

En uno de estos casos se investiga si una serie de municipios desviaron millones de pesos de las fotomultas a la Universidad Nacional de San Martín, que no habría estado registrada como proveedora para intervenir en el proceso. Se trata del expediente que lleva adelante el Juzgado Federal de Tres de Febrero, que conduce Juan Manuel Culotta.

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Según pudo saber TN, la Justicia investiga los convenios que 11 municipios firmaron con esa casa de estudios para la administración del cobro de multas por infracciones de tránsito. Entre las jurisdicciones están La Matanza, Roque Pérez, Olavarría, General San Martín y San Isidro, entre otras.

Investigan el supuesto desvío de $1900 millones de las fotomultas a la Universidad de San Martín

La normativa establece que de la generación de una multa, el 20% corresponde a la Provincia de Buenos Aires y el resto a los municipios que a su vez deben contratar a las empresas privadas que presten el servicio de cámaras. Sin embargo, la Justicia investiga si estos 11 municipios desviaban la plata de la fotomulta a la Universidad de San Martín para que luego esta le pague en “negro” a las firmas proveedoras del servicio.

El juez Culotta ordenó allanamientos sobre las firmas prestadoras del servicio de fotomultas Secutrans S.A., de Leandro Camani, y Tránsito Seguro S.A., de donde se llevó documentación vinculada a los contratos con los municipios y la Universidad de San Martín. Se cree que, tan solo en 2024, se habrían desviado unos $1900 millones. También se llevó adelante una orden de presentación sobre la casa de estudios, de la que se obtuvieron varias cajas con papeles.

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La Justicia investiga si después de cobrar ese dinero la universidad se lo giraba a las empresas Secutrans y Transito Seguro. La normativa establece que es el municipio el que debe darle el dinero de manera directa, sin intermediarios.

La primera de las firmas tiene contratos importantes en municipios como Hurlingham, General Pueyrredón y San Isidro. De hecho este último suspendió por 180 días el sistema de fotomultas por presuntas inconsistencias en los convenios heredados con universidades públicas; una de estas, la de San Martín.

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Foto: fotomultas Córdoba.
Foto: fotomultas Córdoba.

“Lo que señala el denunciante es que la Universidad de San Martín no sería proveedora registrada, ni tiene por qué serlo, por lo que no está claro cuál es su aporte en el proceso ya que las cámaras eran aportadas por las empresas”, dijo una fuente judicial.

Según la denuncia, los contratos entre las Universidades Nacionales con empresas privadas como Secutrans S.A. son nulos, ya que el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto 1023/2001, y modificado luego por el Decreto 204/2004, en su artículo 25, inciso D apartado 8, “dispone que en las contrataciones directas entre organismos del Estado, está expresamente prohibida la subcontratación del objeto del contrato en servicios de seguridad, logística o salud, siendo que esta prohibición fue ratificada por el Decreto n° 641/2018″.

Asimismo, se menciona que el Decreto 1091/2024 “termina para siempre con la contratación de universidades para hacer fotomultas”.

TN consultó a autoridades de la Universidad de San Martín pero no obtuvo respuesta.

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La respuesta de Secutrans

En diálogo con TN, desde Secutrans afirmaron que la compañía “no tiene ningún convenio con la Universidad Nacional de San Martín”. Y agregaron: “Los únicos municipios en los que estuvo fue a través de licitación pública y no tuvo contacto con la Universidad”.

A su vez en el entorno de Camani aseguran que Secutrans nunca se allanó y que se realizó el procedimiento sobre otra firma que tiene un nombre similar. “Es imposible que Secutrans haya cobrado plata en negro”, afirman.

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Desde la Universidad de San Martín explicaron a TN que la casa de estudios tiene un Programa de Formación y Gestión de la Seguridad Vial aprobado por su Consejo Superior y que por tal motivo varios municipios de la Provincia de Buenos Aires solicitaron la suscripción de convenios de colaboración para el desarrollo del programa e implementación del Plan de Seguridad Vial Municipal a fines de mejorar la gestión para reducir siniestros.

En este sentido, desde la casa de estudios sostuvieron que el trabajo de la facultad con los municipios se basó en lo siguiente:

-Campañas de concientización y capacitaciones en distintos municipios

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-Gestión administrativa para la provisión de equipos, instalación y mantenimiento preventivo, correctivo y actualización tecnológica para fotomultas.

Por otra parte explicaron que la Universidad no tiene la obligación de estar inscripto en ningún registro de proveedores, ya que la UNSAM desarrolla la gestión administrativa para la gestión de las fotomultas, subcontratando a la empresa Tránsito Seguro S.A. para el aporte de la tecnología necesaria. Esta empresa está debidamente inscripta y tiene los permisos correspondientes para la prestación de los servicios realizados.

Estas empresas no son las únicas investigadas. En otro expediente que lleva adelante el fiscal Álvaro Garganta y el juez de Garantías Juan Pablo Massi están en la mira los supuestos beneficios que la gestión de D‘Onofrio le habría concedido a una empresa a cargo de las fotomultas en cinco municipios de la provincia de Buenos Aires.

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Se trata de la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA), una asociación civil que agrupa a pequeñas y medianas empresas del sector, con 155 cámaras en La Matanza, Moreno, Tigre, Brandsen y Campana. El fiscal Garganta pidió allanar esta firma, ya que tendría probado que desde el 3 de enero de 2022 efectuó fotomultas irregulares, con cámaras que no tendrían autorización para funcionar.

Desde CECAITRA le dijeron a TN que cuando se instalaron esas cámaras la reglamentación era diferente a la actual, lo que no las convierte en equipos que estén operando de manera ilegal y que están a total disposición de la investigación.

El caso D‘Onofrio también tiene una pata vinculada al supuesto lavado de dinero. Allí, el juez Alvaro Gonzalez Charvay investiga un supuesto cobro de coimas por parte del exministro y de la exconcejal Claudio Pombo de proveedores de concesiones de la VTV. Una de las firmas en la mira es Franutec S.A.

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Esta firma recibió la adjudicación de las zonas 5,9 y 16 de la provincia de Buenos Aires, es decir, los partidos de Moreno, Lobos, General Rodríguez, Mercedes, Ezeiza, entre otros.

Jorge D'Onofrio, fotomultas, universidad nacional de san martín

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El Senado debatirá pliegos militares y la designación de la ex legisladora Crexell como embajadora en Canadá

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La comisión de Acuerdos del Senado, que comanda el libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja), analizará este jueves un ramillete de ascensos militares, entre los cuales se encuentran los principales jefes de las tres fuerzas, y el pliego que propone la exlegisladora Lucila Crexell (Neuquén) como embajadora -política- argentina en Canadá.

Sobre el último caso, la oposición kirchnerista busca pegar a Crexell -desde hace largos meses- a un supuesto cambio de parecer ante el debate de la ley Bases de 2024. De hecho, hubo una denuncia que ya fue descartada por la justicia, por lo que el camino para firmar un dictamen y avanzar con este asunto estaría liberado, siempre que haya anuencia entre oficialismo y dialoguistas.

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La resistencia del kirchnerismo con Crexell viene de otras épocas, ya que la exsenadora estuvo 12 años en la Cámara alta y, a diferencia del cristinismo, incomodó a diferentes gobiernos. De hecho, una de las opiniones más formadas sobre el trámite de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y los vicios de las diferentes administraciones fue estudiado al detalle por Crexell, quien se opuso a la norma 70/23. Recién meses después ocurrió lo de la ley Bases. Los olvidos, casi siempre, son selectivos.

Según la perspectiva de la principal bancada opositora y, como ejemplo, dicho bloque tendría que haber denunciado también a todos los legisladores y “compañeros” que votaron la reforma judicial de la era de Alberto Fernández -se aprobó en el Senado cristinista y quedó noqueada en Diputados-, con una escandalosa creación de decenas de juzgados por todo el país para sumar adhesiones en pleno recinto y a la vista de todos. La miembro informante de ese papelón fue la ultra K María de los Ángeles Sacnun, quien sonó como una eventual candidata de dicho espacio nada menos que para la Corte Suprema.

El titular de la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, el libertario Juan Carlos Pagotto (Prensa Senado)

En el expediente ya desestimado contra Crexell, el fiscal que intervino expresó que “más allá de las especulaciones que puedan generarse, no es posible establecer la relación causal entre su propuesta de designación y la decisión de su voto, pues tampoco es posible esclarecer la motivación última que habría impulsado a la senadora para finalmente definir su voto en el sentido que lo hizo”.

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Seguido a ello, se señaló que “el comportamiento de los funcionarios públicos que realizan negociaciones en miras a lograr la sanción de un paquete de leyes enviado al Congreso” tampoco “puede catalogarse como un quehacer ilícito, si a la par no se comprueba que tengan lugar otros actos concretos que complementen esa actividad dentro de los parámetros de los tipos penales referidos”, razones por las cuales, se interpretó que “no se advierte que se esté ante el delito de cohecho denunciado como así tampoco se considera que las conductas traídas a conocimiento constituyan comportamientos tipificadores de delito alguno previsto en el código de fondo”. Por estos motivos, el juzgado Criminal y Correccional Federal 6 rechazó la acusación.

Militares

Durante la reunión de Acuerdos también se analizarán las propuestas para promover al grado inmediato superior, con fecha 15 de diciembre de 2025, al general de división Oscar Santiago Zarich. Es quien reemplazó como jefe del Ejército al actual ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti.

Las otras subas de jerarcas apuntan al de la Armada, Juan Carlos Romay, y al del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Alejandro Dalle Nogare. Ambos son vicealmirantes. Además de esto, aparecen expedientes más que demorados de fines de 2021 y 2022.

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Premio consuelo

Tras aterrizar hace menos de cuatro meses con llamativas ganas de sumar espacios y poder y, tras quedarse sin presidencia provisional de la Cámara alta, el libertario fueguino Agustín Coto asumiría esta tarde como presidente de la importante comisión de Asuntos Constitucionales. El convite para votar autoridades será media hora antes de Acuerdos, es decir, a las 14.

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El video completo: qué dijo Manuel Adorni en la conferencia de prensa

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En una conferencia de prensa marcada por la tensión y el tono confrontativo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, rompió un silencio de casi dos meses para responder sobre los diversos cuestionamientos que pesan sobre su gestión, sus viajes familiares en aviones privados y la composición de su patrimonio. Acompañado por figuras clave del Gobierno, como Santiago Caputo y varios ministros, el funcionario se escudó en las causas judiciales vigentes para eludir explicaciones detalladas sobre los hechos que son objeto de denuncias penales.

El eje central de su descargo fue la defensa de su vida privada. Ante las consultas sobre el financiamiento de sus traslados y la propiedad de ciertos bienes inmuebles, Adorni sostuvo que sus ingresos derivan de sus 25 años de trayectoria en el sector privado y cuestionó la legitimidad de las preguntas periodísticas. “Sos apenas un periodista, no un juez. No tenés por qué juzgar lo que hago con mi dinero”, sentenció el vocero presidencial.

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En su conferencia de prensa Adorni confrontó a los periodistasPresidencia

Durante su alocución, el funcionario dejó una serie de definiciones contundentes sobre los temas que dominan la agenda mediática y judicial:

Manuel Adorni: “A mi patrimonio lo construí en el sector privado, no tengo nada que esconder”

El jefe de Gabinete fue particularmente duro con el periodismo, acusando a los trabajadores de prensa de mentir sobre el respaldo político que recibe dentro del oficialismo. Aseguró que las versiones sobre una supuesta falta de apoyo del gabinete son falsas y exigió disculpas públicas, manteniendo un cruce verbal que culminó con su retiro abrupto de la sala. Además de las controversias personales, intentó desviar el foco hacia la agenda gubernamental, destacando el envío de un paquete de leyes al Congreso y la postulación de magistrados para cubrir vacantes judiciales.

La Justicia, mientras tanto, continúa analizando los expedientes a cargo de los jueces Ariel Lijo y María Servini. Las investigaciones se centran en el uso del avión presidencial para traslados de su esposa a Nueva York y el financiamiento de vuelos privados a Punta del Este, cuyas facturas vinculan a proveedores del Estado. Adorni cerró su exposición reiterando su voluntad de no interferir en el proceso judicial, mientras enfrenta una presión pública sin precedentes desde su llegada a la Casa Rosada.

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Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA

el funcionario se escudó en las causas judiciales vigentes,sus ingresos derivan de sus 25 años de trayectoria en el sector privado,Audiencia,Foco,Manuel Adorni,,Cambios en la figura del femicidio. Milei se reunió en Olivos con Mahiques para definir nuevas modificaciones en el Código Penal,,ARA San Juan. Revelan numerosas fallas durante el juicio: un incendio y 33 tareas de mantenimiento pendientes,,Tenso descargo de Adorni. Ataques a la prensa, pocas precisiones y una estrategia articulada con Santiago Caputo,Audiencia,,Según un experto internacional. Por qué Irán mantiene el control sobre el estrecho de Ormuz, pese a que “el régimen fue decapitado”,,»No entran más». Monteoliva anunció la restricción de concurrencia administrativa a quienes produjeron incidentes en el Congreso,,Rica en vitaminas y minerales. La semilla que ayuda a refrescarse y cuida la masa muscular

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El Gobierno envió al Senado los primeros 62 pliegos para cubrir vacantes en la Justicia

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El Gobierno sigue revisando los pliegos para cubrir vacancias judiciales, pero en las últimas horas, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmó el envío de los primeros 62 pliegos, que llegarán a la Secretaría de Legal y Técnica, que encabeza María Ibarzabal.

“Hoy iniciamos el proceso formal para enviar al Senado de la Nación los primeros 62 pliegos de jueces, fiscales, defensores y conjueces destinados a cubrir vacantes en los fueros: penal, penal económico, civil (familia), comercial, contencioso administrativo y seguridad social”, explicó el ministro.

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Mahiques indicó que se trata de cargos que hace años se encuentran sin titular, lo que impacta directamente en el funcionamiento del sistema judicial. “Con la decisión política del presidente Milei, cubrir estas vacantes no es una opción: es una condición básica para que la Justicia funcione como corresponde”, remarcó el funcionario.

El ministro de Justicia, Juan bautista Mahiques, confirmó el envío de 62 pliegos para cubrir vacantes en el poder judicial. (Foto: captura X @juanbmahiques)

Por la mañana, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, había anticipado que serían remitidos “hoy mismo” a la Cámara Alta, en la Casa Rosada admiten que el proceso de selección definitiva no está “tan avanzado” y que puede enviarse en los próximos días. “No está todo cerrado”, agregan.

El ministro coordinador informó en conferencia de prensa que el Ministerio de Justicia enviaría 60 pliegos y que luego seguiría remitiendo los restantes. Lo presentó como parte de una estrategia para recomponer “el funcionamiento del sistema judicial”, en un contexto de fuerte crecimiento de las vacantes.

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Cerca del ministro de Justicia aseguran, de todos modos, que la intención es enviar los pliegos cuanto antes. Se trata del área que interviene en la revisión final de los expedientes antes de que sean formalmente girados para la firma de Javier Milei y que responde políticamente al asesor presidencial Santiago Caputo.

Juan Bautista Mahiques reemplazó a Mariano Cúneo Libarona como ministro de Justicia (Foto: Consejo de la Magistratura).
Juan Bautista Mahiques reemplazó a Mariano Cúneo Libarona como ministro de Justicia (Foto: Consejo de la Magistratura).

La definición es mandar los mejores candidatos, no hacerlo rápido”, expresan en Nación. Es por eso que hay diferencias entre el anuncio político y el estado administrativo de los pliegos. Según fuentes oficiales, hay algunas candidaturas para jueces, fiscales y defensores oficiales que siguen abiertas y bajo análisis.

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Hay en la actualidad 364 cargos vacantes sobre 1002 en la justicia federal y nacional, lo que equivale a más de un tercio del total. En tribunales advierten además que, si no hay nombramientos, el nivel de vacancias podría seguir creciendo en los próximos meses, con impacto en fueros sensibles de la Capital y del interior del país.

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En el Gobierno remarcan que una parte de esa demora se explica por una decisión tomada al comienzo de la gestión. En diciembre de 2023, Javier Milei retiró del Senado todos los pliegos que habían sido enviados por la administración anterior y, desde entonces, no remitió nuevas propuestas para cubrir cargos federales. Eso hizo que el volumen de vacantes siguiera creciendo por jubilaciones, renuncias y fallecimientos.

La revisión actual quedó en manos de Mahiques, que asumió hace pocas semanas en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona. En su entorno aseguran que está terminando de ordenar el universo de ternas disponibles y que busca definir qué nombres enviará primero al Senado. El ministro estuvo reunido este martes con Milei en la quinta de Olivos para la revisión de la reforma del Código Penal.

Gobierno, pliegos, Senado

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