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Causa D’Onofrio: PBA auditará cómo los municipios reparten los millonarios fondos de las multas

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La provincia de Buenos Aires acaba de tomar una medida que tendrá alto impacto sobre los fondos millonarios que se recaudan a diario por las multas en todo el territorio bonaerense. El ministerio de Transporte, a cargo de Martín Marinucci, ordenó una auditoría de las cuentas bancarias de todos los municipios para determinar cómo se distribuía ese dinero entre la Provincia, los municipios, las empresas de fotomultas y algunas universidades. Según pudo saber Infobae, se investiga una maniobra para manipular los porcentajes que recibían cada una de las partes. La decisión es una consecuencia directa de la investigación judicial sobre el caso que tiene en la mira a Jorge D’Onofrio, antecesor en el cargo.

Desde este lunes, todos los Municipios comenzaron a recibir una breve nota de dos carillas para que actualicen la información sobre las cuentas del Banco Provincia donde se deposita el dinero que recauda la Provincia, los porcentajes que debería recibir cada parte, los CBU correspondientes, y la denominación de cada CBU. “Esa información se manda regularmente a través de un formulario. Comenzamos a detectar que los formularios no se cargaban en el sistema de manera correcta o que los CBU no se correspondían con los CUIT del formulario”, explicó una fuente que conoce la maniobra en detalle.

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“Se requiere a usted tenga a bien informar a esta Dirección Provincial, la distribución actualizada de los fondos correspondientes, especificando detalladamente la DENOMINACIÓN e IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA de los beneficiarios, con indicación precisa de los PORCENTAJES de distribución aplicables», dice esa nota.

Los Municipios tienen apenas 72 horas hábiles para contestar con los datos actualizados.

Martín Marinucci, ministro de Transporte bonaerense

La Auditoría responde a la investigación judicial que lleva adelante el fiscal Álvaro Garganta, que acumuló varias de las causas que se abrieron en los últimos meses. El principal imputado es el ex ministro D’Onofrio, pero también hay otros ex funcionarios de su gestión.

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Durante la investigación judicial, el fiscal detectó al menos tres maniobras bien diferenciadas. El sistema de recaudación más importante se concentró en el sistema de multas: esa maniobra involucraba a un grupo de ”gestores”, que ofrecían “descuentos” de hasta el 50%, y a varios jueces de Faltas.

Otra maniobra apunta a las irregularidades en las adjudicación de las concesiones para la explotación del servicio de Verificación Técnica Vehicular (TVT).

El último hecho por el que fue imputado D’Onofrio tiene que ver con la contratación de la empresa CECAITRA, una asociación civil que nuclea a pequeñas y medianas empresas del sector y que tiene al manos 155 cámaras en La Matanza, Moreno, Tigre, Brandsen y Campana, entre otros municipios.

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El presidente de CECAITRA junto a la ex concejal Claudia Pombo, cercana a D'Onofrio

La Auditoría del Ministerio apunta a la distribución de los fondos obtenidos por las multas. En la práctica, los municipios reciben entre 24 y 30% por cada infracción, la Provincia un 20%, y el resto de los ingresos se reparte entre fundaciones y universitarias contratadas para operar el sistema, y empresas encargadas de proveer los radares.

Los porcentajes, en cada caso, se establecen en contratos privados, que luego son informados a la Provincia. La distribución de los porcentajes suele variar a medida que pasan los años. “Las Universidades suelen cobrar más en los primeros dos años pero muchas veces esos porcentajes no se impactaban en el sistema del Ministerio”, explicó una fuente que conoce los detalles de la maniobra.

El Ministerio entregó el edificio de la polémica

Una de las irregularidades que se detectaron con el avance de la causa judicial tiene que ver con el alquiler de un edificio donde funcionaban las oficinas de la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial del Ministerio de Transporte. La Justicia detectó que el inmueble, ubicado en la calle 6 entre 44 y 45 de La Plata, fue adquirido en 2024 por la empresa Mobmenza Desarrollos SRL, creada apenas 24 horas antes por una empleada doméstica y un empleado del Ministerio de Seguridad bonaerense.

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Sebastián Desio (en el centro) junto al juez de Faltas Mario Quatrocchi. Ambos están imputados

Los investigadores consultaron los registros de la ANSES y terminaron descubriendo, tal como adelantó Infobae, que la mujer trabajaba en la casa de Matías Desio, hermano de Sebastián Desio, el empresario beneficiado con un contrato millonario para tramitar las VTV. De hecho, los aportes de la empleada los hacía Carolina Bucchino, esposa de Matías Desio.

El edificio está vacío hace tiempo, con una consigna policial, pero recién el martes pasado se hizo la entrega a sus dueños. El acta de ese acto administrativo lleva la firma de Bucchino, como apoderada de la empresa.

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Manuel Adorni se muestra activo tras su reaparición: recibió a Bullrich y Mahiques y espera por Santilli y Pettovello

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El día después de su reaparición en las conferencias de prensa, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se muestra activo y protagoniza una serie de reuniones individuales con ministros y legisladores con las que intenta dejar atrás los trascendidos de su salida al cargo. Esta mañana, recibió en su despacho ubicado en la planta baja de Casa Rosada a Patricia Bullrich, la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Senadores, con intención de mostrarse cercano a la exfuncionaria luego de los ruidos internos a raíz de su silencio virtual en el marco de la coordinada defensa en redes del Gobierno.

La reunión con Bullrich tuvo lugar a las 11, y culminó pasado el mediodía. “Todo amor”, resumió una importante fuente a este medio al término del intercambio. Al término, recibió al flamante ministro de Justicia, Juan Mahiques, con quien conversó sobre el envío de los pliegos de los 62 jueces al Congreso de la Nación.

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El ministro coordinador utilizó sus redes sociales para viralizar el retrato de las dos instancias. “En la primera foto, se lo ve cercano a la senadora que estuvo en el ojo de la tormenta semanas atrás, cuando desde el interior de la administración libertaria la señalaban por no haber salido a respaldar con suficiente fuerza a Adorni en medio de la polémica por los viajes y las presuntas propiedades sin declarar.”

“Junto a Patricia Bullrich con quien conversamos acerca de la agenda legislativa que se viene y sobre muchos temas más. Genia total”, sintetizó el exvocero presidencial. Lo cierto es que hay quienes admiten que semanas atrás, hubo un cruce de reclamos que tomó temperatura, pero que finalmente desescaló con el pasar de los días.

Por su parte, la legisladora esta vez se mostró en sintonía y destacó la coordinación de la agenda que el Ejecutivo prepara el año 2026. “Se viene el primer paquete de reformas que anunció el Presidente en la apertura de sesiones y que explicó ayer el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Este va a ser el Congreso más reformista de la historia. Vamos a trabajar sin pausa para cambiar la Argentina. ¡Vamos, Manuel!“, se expidió.

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Activo desde el fin de semana, el ministro coordinador estuvo a cargo de la coordinación de la conferencia de prensa que brindó el pasado miércoles, una idea que propuso para intentar aclarar su situación y dejar atrás el tema. Bajo esos fines, intercambió contactos virtuales con el asesor presidencial, Santiago Caputo, quien puso a disposición sus equipos y trabajó en el reajuste de la comunicación desplegada hasta entonces.

En paralelo a lo discursivo, el oficialismo se esmera por correr de agenda el tema que persiste en los principales medios de comunicación desde hace semanas. “Para eso, el plan del funcionario es mostrarse activo, con una serie de reuniones que estilaba encabezar desde su desembarco en la Jefatura de Gabinete, y que este jueves protagoniza.”

Luego de Bullrich, que se retiró de Balcarce 50 a las 12, el exlegislador electo se prepara para recibir a las 14 a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y a las 15 al ministro del Interior, Diego Santilli. Dos de los nueve integrantes del Gabinete que estuvieron ausentes de la conferencia del pasado miércoles de la que participaron Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Mario Lugones (Salud), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Luis Caputo (Economía) y Alejandra Monteoliva (Seguridad). También confluyeron en la misma sala el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

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Al término de la declaración, recibió a Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado). Para este viernes, la agenda continuará con encuentros con Luis Caputo (Economía) y Alejandra Monteoliva (Seguridad), pero además con una nueva foto con el libertario y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, cuando lo escolte en la inauguración del Centro de Formación de Capital Humano a cargo de Pettovello.

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$LIBRA: Mauricio Novelli pide “la nulidad absoluta” del peritaje que ordenó la Justicia

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Mauricio Gaspar Novelli, el lobista que relacionó a Javier Milei con los creadores de la criptomoneda $LIBRA, pidió mediante un escrito la nulidad del peritaje a su teléfono celular que ordenó el fiscal Eduardo Taiano y que derivó en numerosas relevaciones del caso en el que se investiga una presunta mega estafa.

A través de un escrito de casi 40 páginas, Novelli solicita “la nulidad absoluta” de la pericia realizada por los peritos informáticos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip). Pide, además, que se realice una auditoría técnica o contraperitaje integral, independiente y exhaustivo, a cargo de un organismo distinto a Datip.

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El registro de las llamadas y mensajes del celular de Novelli revelaron contradicciones en las explicaciones públicas que había dado Milei sobre su papel en la gestación, el lanzamiento y el colapso de la criptomoneda $LIBRA. La información que arrojan los peritajes del Ministerio Público Fiscal permitió una reconstrucción de los diálogos entre Novelli, el Presidente y Karina Milei en las horas críticas de que lo que parecía un negocio perfecto y que terminó en un desastre financiero y una crisis política.

La presentación por escrito de Novelli se realizó a través de su abogado defensor, Daniel Rubinovich.

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Vialidad: la fiscalía busca impedir nuevas movilizaciones a la casa donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria

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Los fiscales generales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al tribunal que controla el cumplimiento de la condena en la causa Vialidad que exhorte a la ex presidenta Cristina Kirchner a adoptar conductas destinadas a impedir episodios que puedan afectar el orden público y la seguridad.

Según el planteo del Ministerio Público Fiscal, algunas situaciones registradas frente a su domicilio no se ajustan a las condiciones fijadas para mantener el beneficio del arresto domiciliario.

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El pedido fue presentado ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, que supervisa la ejecución de la pena. Los fiscales señalaron que determinadas convocatorias y movilizaciones en las inmediaciones de la vivienda donde la ex mandataria cumple la condena, en el barrio porteño de Constitución, deberían ser evaluadas por el tribunal.

En particular, hicieron referencia a lo ocurrido el 24 de marzo, cuando militantes y vecinos se acercaron al domicilio de la expresidenta, en la calle San José al 1100. Para la fiscalía, ese tipo de concentraciones no debería repetirse porque podría entrar en conflicto con las reglas establecidas al concederse la modalidad de prisión domiciliaria.

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Cristina Kirchner cumple la condena desde el 15 de junio del año pasado, cuando la Corte Suprema confirmó la sentencia dictada en la causa Vialidad. La resolución incluyó la pena de prisión, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de 685.000 millones de pesos, que debe ser afrontado en forma solidaria con otros condenados en el expediente por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

En el dictamen presentado ante el tribunal, Luciani y Mola recordaron que el 17 de junio de 2025 se resolvió concederle el beneficio de cumplir la pena bajo arresto domiciliario. Aquella decisión incluyó una serie de condiciones. Entre ellas, la obligación de “abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”.

Esa pauta, señalaron los fiscales, fue reiterada en los controles periódicos que el tribunal realiza sobre la ejecución de la pena. Las resoluciones de supervisión se dictaron el 17 de septiembre y el 17 de diciembre de 2025, y el 17 de marzo de este año. Hasta ahora, el TOF 2 consideró en general cumplidas las reglas, con excepción de una modificación adoptada el 19 de noviembre, cuando se detectó el ingreso de personas al domicilio sin requerimiento ni autorización previos.

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Sin embargo, el Ministerio Público planteó que existen circunstancias que deben ser analizadas nuevamente. “Entendemos que, en cumplimiento de nuestro deber de velar por la legalidad del proceso, corresponde poner de manifiesto ciertas circunstancias que ameritan ser ponderadas por el Tribunal a los efectos de que, en lo sucesivo, no se desnaturalicen ni los fundamentos en virtud de los cuales el Tribunal en pleno concedió el arresto domiciliario”, sostuvieron en la presentación.

En ese marco, los fiscales señalaron que, según publicaciones difundidas en medios de comunicación y redes sociales abiertas, la convocatoria del 24 de marzo no habría sido completamente espontánea. “Siempre según las publicaciones difundidas en medios de comunicación y redes sociales abiertas al público, esa convocatoria no fue totalmente espontánea. Es decir, al menos en parte, no se trató de ciudadanos que motu proprio se autoconvocaron en el domicilio”, indicaron.

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Para respaldar esa afirmación, acompañaron imágenes y registros de convocatorias realizadas por agrupaciones políticas a través de redes sociales. A su entender, ese punto cobra relevancia porque el tribunal tuvo en cuenta determinadas condiciones al momento de otorgar el arresto domiciliario.

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A partir de lo ocurrido, la fiscalía planteó interrogantes sobre el contexto en el que se desarrollaron esas concentraciones. “Nos preguntamos y se cierne una legítima duda sobre si, bajo tales condiciones, las condiciones de seguridad sobre las que la propia defensa basó su solicitud de arresto domiciliario y el Tribunal ponderó al concederle un beneficio extraordinario, se encuentran completamente aseguradas, y cuál es el rol que, en ese marco, cabe a la propia condenada”, señalaron.

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Los fiscales también pidieron que el tribunal analice con especial atención las imágenes, convocatorias y movilizaciones registradas. Según sostuvieron, esos episodios podrían haber generado tanto riesgos para la seguridad personal de la expresidenta como alteraciones en la dinámica del barrio donde se encuentra la vivienda.

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En ese sentido, afirmaron que la situación “permite avizorar una alteración de la circulación y normal orden del barrio en el que se encuentra emplazada la vivienda, que, en suma, entra en contradicción con el núcleo de las resoluciones adoptadas por el Tribunal”.

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Por último, el Ministerio Público solicitó que se exhorte formalmente a Cristina Kirchner a adoptar medidas para evitar que vuelvan a producirse episodios similares. En el escrito, pidieron que se la intime a que “en lo sucesivo adopte las medidas que estime corresponder a los efectos de evitar situaciones que alteren el orden público y la seguridad como las que han sido descriptas, bajo apercibimiento de serle revocado el beneficio concedido”.

cristina kirchner, Diego Luciani, Sergio Mola, Vialidad

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