POLITICA
Causa Maradona: diputados libertarios denunciaron a la jueza Julieta Makintach y exigen un juicio político

Luego de que la jueza Julieta Makintach fuese apartada del juicio por la muerte de Diego Maradona, llegó la primera denuncia en su contra. La presentaron diputados libertarios, que además piden que sea sometida a juicio político.
Se trata de los legisladores bonaerenses Agustín Romo, Florencia Retamoso y Fernando Compagnoni. Buscan determinar si sus conductas frente al tribunal “encuadran hechos que ameritan la acción de remoción por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”.
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Entre los motivos de enjuiciamiento, los legisladores libertarios señalan: “Incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones”. Además, sostienen que incurrió en “el incumplimiento de los deberes inherentes al cargo”.
También le adjudican la realización de “hechos o desarrollo de actividades incompatibles con la dignidad y austeridad que el cargo judicial impone”. Y sostienen que cometió “graves irregularidades en los procedimientos a su cargo”.
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Como medida de prueba, los diputados pidieron que “se ordene el secuestro y resguardo forense de los dispositivos móviles (institucionales y personales) de la Jueza Julieta Makintach, a fin de garantizar la integridad de la prueba digital». En la misma línea, solicitaron que se secuestre el material audiovisual registrado durante las audiencias, “a fin de garantizar la integridad de la prueba digital”.
En tanto, exigieron que se designe un perito especializado en informática forense para la extracción, análisis y resguardo de la información contenida en los dispositivos, “asegurando la cadena de custodia y la confidencialidad de los datos”.
En este sentido, propusieron la realización de un informe pericial, con especial énfasis en el análisis de comunicaciones y registros digitales a fin de determinar la existencia y contenido de comunicaciones relevantes mantenidas por la Jueza Julieta Makintach a través de llamadas, mensajes de texto, aplicaciones de mensajería instantánea (WhatsApp, Telegram, Signal u otras), correos electrónicos u otras vías digitales, que pudieran evidenciar influencias externas, presiones indebidas o cualquier otra circunstancia que haya comprometido su desempeño durante el juicio.
Makintach, que podría ser apartada del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 3 de San Isidro, reconoció haber cometido una equivocación, pero dijo que en ningún momento del juicio se mostró parcial.
“No hay sospechas que puedan comprometer mi honor y mi prestigio”, dijo la magistrada.
Y agregó: “Quizás me equivoqué, pero hace tiempo que el paradigma habla a través de sus sentencias no funciona. Busco acercar la justicia a la sociedad. Ese era mi noble propósito”.
maradona, juicio político
POLITICA
Revés para Julia Mengolini: Javier Milei podrá avanzar en el juicio contra la periodista por injurias

La Cámara de Casación dejó libre el camino para que avance un juicio correccional por injurias del presidente Javier Milei contra la periodista Julia Mengolini, al declarar inadmisible por una cuestión técnica su recurso, sin debatir el fondo del asunto.
Milei denunció a Mengolini por injurias porque la periodista había sugerido que mantenía una relación incestuosa con su hermana.
“Es un señor que vive con ocho perros y está enamorado de su hermana. No porque no quiera formar familia, porque está enamorado de su hermana. Hay una sola cosa que permanece como un tabú: el tabú del incesto”, dijo Mengolini en Duro de Domar, por C5N en mayo de 2023.
En esta causa la justicia falló en favor de la periodista y desestimó el caso por inexistencia de delito, pero la Cámara Federal revocó esa decisión y ahora la Casación rechazó el recurso de Mengolini para revisar el caso. Por ello es que sigue vigente el fallo de la Cámara Federal que ordenó seguir adelante con el juicio.
La injuria es un delito correccional que se castiga con una multa. Para evitar el juicio, Mengolini puede aún acudir en queja a la Corte Suprema.
Hoy los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, declararon inadmisible el recurso de casación de la defensa de Mengolini.
El camarista Javier Carbajo y su colega Mariano Borinsky rechazaron el recurso, tras tener por presentados como amigos del tribunal a la Asociación Civil Pro-Amnistía y al Centro de Estudios de Libertad de Expresión.
El juez Gustavo Hornos votó en disidencia y se pronunció por admitir el recurso y analizar el caso de libertad de expresión en particular cuando hay un periodista siendo enjuiciado por un presidente.
El caso se originó a partir de la querella promovida el 1 de julio de 2025 por el presidente Javier G. Milei, patrocinado por su abogado Francisco Oneto, en la que atribuyó a Mengolini la comisión del delito de injurias.
Según la querella, las manifestaciones habrían afectado su honor y reputación al imputársele “conductas incestuosas”.
La defensa sostuvo en primera instancia que no había delito al entender que las expresiones estaban amparadas por una cláusula que excluye expresiones supuestamente injuriosas cuando se tratan de asuntos de interés público.
El 3 de octubre de 2025, el juez federal Sebastián Casanello hizo lugar a la excepción de falta de acción por atipicidad y dictó el sobreseimiento de Julia Mengolini, al concluir que sus palabras e encontraban comprendidas por el debate público y, por ende, estaban amparadas por la libertad de expresión.
Contra esa decisión, Milei apeló y la Sala I de la Cámara Federal revocó el sobreseimiento de Mengolini al entender que el debate no era en torno a asuntos de interés público, por lo que ordenó que siga el juicio.
La defensa planteó un recurso de casación, que fue declarado hoy inadmisible por Carbajo y Borinsky.
En su voto, el juez Borinsky, al que adhirió Carbajo, dijo que el recurso no se dirigía contra una sentencia definitiva y entendió que no era admisible.
Hornos, en disidencia, consideró que correspondía analizar los argumentos de Mengolini y dictar sentencia sobre el fondo de la cuestión.
Ahora la causa seguirá adelante hasta el juicio o con un recurso ante la Corte.
Hornos sostuvo que, si bien la decisión impugnada no era formalmente una sentencia definitiva, el caso involucraba cuestiones federales de particular trascendencia, vinculadas con la tutela reforzada de la libertad de expresión cuando se trata de asuntos de interés público y de figuras públicas.
Señaló que el asunto trascendía una mera cuestión procesal, pues el juicio podía generar “un efecto inhibitorio” en el debate democrático.
Destacó los estándares fijados por la Corte Suprema de Justicia y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión y recordó que el derecho penal es el último recurso en conflictos entre honor y discurso público.
Por eso entendió que se debía hacer una audiencia y luego pronunciarse sobre el fondo del problema.
Mengolini,Hernán Cappiello,Conforme a
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Se complica el inicio de clases en la Provincia: Baradel se suma al paro contra Kicillof

El conflicto docente en la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo y amenaza con afectar el arranque del ciclo lectivo. A la medida anunciada por la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) se agregaron otros sindicatos del sector —incluido el Suteba que lidera Roberto Baradel— lo que configura el primer paro conjunto contra la gestión de Axel Kicillof.
Tras dos semanas de negociaciones sin acuerdo en la paritaria, los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense —FEB, Suteba, Amet, Sadop y Udocba— confirmaron una huelga para el 2 de marzo, fecha prevista para el inicio de clases. La medida impactaría sobre millones de estudiantes de todos los niveles educativos en el distrito.
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El conflicto se activó luego de que la FEB, conducida por Liliana Olivera, rechazara la propuesta oficial de incremento salarial y anticipara medidas de fuerza. La decisión del sindicato —el segundo en cantidad de afiliados en la provincia— terminó arrastrando al resto de las organizaciones.
Entre ellas, Suteba, el gremio mayoritario liderado por Roberto Baradel y tradicionalmente alineado con el gobierno bonaerense. La presión interna y el posicionamiento del resto de los sindicatos empujaron a la conducción a sumarse a la protesta.
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En la presentación formal de los reclamos, los gremios incluyeron en primer término demandas dirigidas al Gobierno nacional, como la restitución del Fondo de Incentivo Docente (FONID), la convocatoria a la paritaria nacional, el incremento del presupuesto educativo y el rechazo a iniciativas vinculadas a la denominada “libertad educativa”. También solicitaron la regularización de transferencias de fondos adeudados a la provincia.
Sin embargo, el eje de fondo es el reclamo salarial a la administración bonaerense. Los sindicatos consideran insuficiente la oferta presentada en la última negociación y exigen una mejora que permita recomponer los ingresos del sector.
La propuesta oficial, presentada días atrás, contemplaba un aumento del 3% para febrero, lo que llevaba el salario inicial de un maestro a poco más de $760.000 y superaba el $1,5 millón para quienes cumplen jornada completa. Ante el rechazo, las conversaciones quedaron en pausa, con pocos días hábiles por delante para intentar reactivar el diálogo.
Mientras tanto, el Gobierno provincial dispuso el pago de un 1,5% a cuenta de futuros aumentos, una decisión que también alcanzó al resto de los empleados estatales que permanecen sin acuerdo paritario.
El sistema educativo bonaerense, uno de los más extensos de la región, abarca más de 20.000 establecimientos entre gestión estatal y privada y demanda una porción significativa del presupuesto provincial, en su mayoría destinada al pago de salarios.
La actual directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi —quien asumió recientemente en reemplazo de Alberto Sileoni— podría enfrentar así un inicio de gestión atravesado por medidas de fuerza.
Hasta ahora, la administración de Kicillof había logrado sostener cierta estabilidad en el vínculo con los gremios docentes, aunque en el último tiempo comenzaron a aparecer tensiones. Ya en diciembre pasado, la FEB se había desmarcado de un acuerdo salarial aceptado por el resto de las organizaciones, y durante el año anterior se registraron protestas que incluyeron paros y sanciones por ausencias.
En este contexto, también inciden factores internos dentro de los sindicatos. En el caso de Suteba, la conducción de Baradel enfrenta presiones de sectores opositores y de las bases, en un escenario atravesado por una próxima elección interna.
Desde los gremios advierten que la medida de fuerza podría revisarse si en los próximos días surge una propuesta superadora. De lo contrario, no descartan profundizar el plan de lucha con nuevas acciones que impacten en el calendario escolar.
Roberto Baradel, Axel Kicillof, inicio de clases
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Capuchetti citó a indagatoria al exdiputado kirchnerista Marcos Cleri, vinculado a la acusación contra Milman

La jueza María Eugenia Capuchetti citó a indagatoria al exdiputado kirchnerista Marcos Cleri en la causa que investiga por falso testimonio a su exasesor, Jorge Abello, en el marco de una serie de hechos laterales que rodearon al atentado a Cristina Kirchner en 2022.
Cleri quedó involucrado en la investigación por un mensaje de texto que habría recibido de Abello, aunque eso pudo ser constatado por la Justicia.
La cita estaba prevista para el mediodía de este viernes, pero fue postergada porque Cleri no contaba con el patrocinio de ningún abogado defensor. Según indicaron fuentes al tanto del caso, finalmente se le asignó como abogado al defensor oficial Hernán Silva, pero aún no se fijó fecha para la nueva audiencia.
La causa por la que será indagado Cleri es una deriva de lo que se conoció como la “pista Milman”: 23 días después del ataque a la expresidenta, Abello -que por entonces era asesor de Cleri- se presentó ante la jueza Capuchetti y declaró que, dos días antes del ataque, había escuchado decir al diputado de Pro Gerardo Milman decir en un bar frente al Congreso la siguiente frase: “cuando la maten, estoy camino a la costa”, en presunta alusión a Cristina Kirchner.
No hubo testigos que pudieran ratificar la veracidad de esos dichos, que eran el sostén del caso, y la jueza Capuchetti terminó por archivar la investigación contra Milman. En paralelo, se abrió esta otra causa que puso bajo la lupa a Abello por presunto delito de falso testimonio. Comenzó a tramitar en el Juzgado Federal 11, pero el juez Sebastián Casanello, a cargo en ese entonces del juzgado, declaró la incompetencia por conexidad y el expediente acabó en el juzgado de Capuchetti.
El exasesor Abello fue indagado por la jueza en octubre, pero su situación procesal no fue resuelta aún. Interviene la fiscalía de Carlos Rívolo.
En la declaración de 2022 por la que se lo hoy se lo investiga en Comodoro Py, Abello sostuvo también que el día del ataque a la expresidenta, recordó lo que había escuchado en el bar por boca de Milman y le envió un mensaje de texto a su jefe Cleri para ponerlo en autos. Ese contacto, sin embargo, no pudo ser corroborado por los peritajes que la Justicia realizó en el teléfono de Cleri.
Capuchetti, confirmada
La Cámara Federal ratificó a la jueza al frente del caso, al rechazar este jueves una recusación en su contra, presentada por la defensa de Abello.
En su escrito, el defensor de Abello, Federico Paruolo, sostuvo que María Eugenia Capuchetti no debía intervenir en el caso, ya que el presunto falso testimonio habría sido prestado ante su propio juzgado, lo que -según el planteo de la defensa- podría convertirla en “sujeto pasivo” del hecho investigado.
El juez Leopoldo Bruglia sostuvo sin embargo que las hipótesis delictivas de esas dos causas difieren y que la jueza no es damnificada personal. “La actuación de la magistrada de grado no encuadra en el supuesto de apartamiento”, señaló.
Con la recusación resuelta por la Cámara, se allana el camino para que se resuelva la situación procesal de Abello.
Federico González del Solar,Conforme a
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