POLITICA
Causa Polo Obrero: volvieron a rechazar la millonaria oferta de un imputado para quedar fuera de la investigación
La Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó este viernes el rechazo del ofrecimiento de reparación económica presentado por uno de los acusados por supuesto desvío de fondos públicos del Plan Potenciar Trabajo, el empresario Leandro Kebleris quien intentó pagar una suma millonaria a cambio de quedar fuera de la investigación. Se trata de la misma causa en la que ya fue enviado a juicio el líder del Polo Obrero Eduardo Belliboni,
El ofrecimiento de reparación integral del daño fue hecho por Kebleris, procesado como supuesto partícipe necesario de las maniobras de desvío de fondos públicos a raíz de la emisión de dos facturas que según la acusación fueron falsas y sirvieron para justificar gastos inexistentes con fondos públicos.
De esta manera la Sala I del tribuna respaldaron el criterio del juez Sebastián Casanello, quien había considerado inadmisible ese mecanismo en una causa por fraude contra la administración pública.
Casanello, al igual que ahora los camaristas había desestimado la propuesta de pago de 87.963.534 pesos presentada por la defensa del imputado para intentar cerrar su situación procesal sin llegar a juicio. El fallo señaló que aceptar ese planteo implicaría reducir el alcance del daño investigado a una mera cuestión patrimonial, cuando en realidad se trata de un delito que afecta bienes jurídicos de carácter público y colectivo.
Kebleris, uno de los procesados como partícipe necesario en el presunto desvío de fondos del programa Potenciar Trabajo, había ofrecido pagar esa suma al Ministerio de Capital Humano como reparación integral del daño. El objetivo de este planteo era evitar el debate oral y lograr la extinción de la acción penal en su contra sin reconocer hechos ni responsabilidades.
Los jueces sostuvieron que el dinero presuntamente desviado estaba destinado a programas sociales y que el perjuicio no afecta únicamente al ministerio que administraba los fondos, sino también a los contribuyentes y beneficiarios del programa. Por ese motivo, concluyeron que el daño investigado no puede considerarse reparado mediante el pago de una suma de dinero.
El tribunal también tuvo en cuenta que el Ministerio Público Fiscal y los organismos querellantes —la Oficina Anticorrupción, el Ministerio de Capital Humano y la Unidad de Información Financiera— se opusieron a la propuesta y alertaron que su aceptación podía afectar la consistencia de la acusación. Además, el expediente principal ya fue elevado a juicio oral respecto de otros 16 imputados, por lo que aceptar una reparación individual implicaría fragmentar la evaluación del perjuicio investigado.
Kebleris aparece imputado junto a Anahí Rivero por haber puesto a disposición del Polo Obrero y de la Cooperativa de Trabajo El Resplandor la firma Coxtex S.A., una sociedad que, según la investigación judicial, no tenía actividad real, estructura operativa ni capacidad económica. Para los investigadores, la empresa funcionó como una usina de facturación apócrifa utilizada para simular gastos vinculados al programa Potenciar Trabajo.
En octubre de 2021, Coxtex S.A. emitió dos facturas por más de cinco millones de pesos al entonces Ministerio de Desarrollo Social. Los comprobantes consignaban supuestas compras de materiales e insumos que, de acuerdo con los peritajes judiciales, nunca existieron. Ese mecanismo habría permitido desviar fondos públicos que debían destinarse a proyectos socio-productivos hacia actividades de militancia, campañas electorales y gastos corrientes de la organización piquetera.
La Fiscalía sostuvo que la maniobra no fue individual ni aislada, sino que involucró a múltiples actores y distintas etapas de ejecución. Según la acusación, no resulta admisible evaluar el daño de manera fragmentada ni circunscribirlo a un solo imputado, especialmente cuando el expediente mantiene abiertas líneas de investigación sobre otros responsables y otros tramos del presunto esquema delictivo.
Por qué se rechazó la reparación y quiénes intervinieron
Con el rechazo del acuerdo de reparación confirmado por la Cámara, el expediente avanza hacia la instancia de juicio oral en lo que respecta a Kebleris, mientras continúa el proceso principal que investiga el presunto desvío de fondos del programa social.
Ese avance procesal se inscribe en una investigación de mayor alcance. El expediente central ya fue elevado a juicio oral respecto de Eduardo Belliboni y otros 15 imputados, acusados de haber participado en un esquema de fraude y extorsión vinculado al manejo de recursos del programa Potenciar Trabajo destinados a unos 85.000 beneficiarios.
Ese presupuesto era administrado desde el ex Ministerio de Desarrollo Social por la Secretaría de Economía Social, a cargo del líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico.
Casanello profundizó la pesquisa sobre la estructura que permitió la maniobra y citó a indagatoria a las dos personas señaladas como facilitadores profesionales en el armado de sociedades apócrifas.
El 21 de noviembre de 2024, la Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos de la cúpula del Polo Obrero, encabezada por Belliboni, pero agravó el encuadre penal del caso. Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens consideraron que los hechos investigados configuran los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas coactivas y extorsión, lo que incrementó la expectativa de pena.
El tribunal concluyó que los dirigentes de la organización se valieron de su posición dominante para exigir aportes de dinero y asistencia a movilizaciones a beneficiarios del ex programa Potenciar Trabajo, personas en situación de extrema vulnerabilidad, bajo la amenaza de perder el plan. Los camaristas remarcaron que no se trató de hechos aislados ni de decisiones individuales, sino de un esquema que beneficiaba a la conducción del movimiento, que concentraba y administraba los fondos recaudados.
En la causa madre, la Cámara también ordenó profundizar la investigación sobre la eventual responsabilidad de funcionarios públicos y aclaró que la pesquisa no apunta a criminalizar la protesta social, sino a determinar si una política pública fue utilizada para financiar actividades partidarias en perjuicio del Estado y de los beneficiarios.
El rol de las empresas pantalla y el circuito investigado
Desde el juzgado se reconstruyó la ruta del dinero y el funcionamiento de las denominadas empresas pantalla, consideradas piezas indispensables para ejecutar la defraudación documentada en el expediente. La hipótesis judicial sostiene que sin ese entramado societario no hubiera sido posible ocultar el verdadero destino de los fondos públicos ni mantener durante años un esquema de rendiciones adulteradas.
Para acelerar las investigaciones, Casanello separó la causa principal del tramo vinculado a las empresas pantalla utilizadas para emitir facturas apócrifas. Ese mecanismo fue negado por los dirigentes del Polo Obrero, aunque sus argumentos fueron refutados tanto por el magistrado como por la Fiscalía. Como resultado de esa decisión, el expediente central quedó a la espera de la fecha de juicio oral.
La investigación específica sobre las empresas pantalla determinó que Coxtex S.A. no fue la única firma utilizada. El expediente describe un circuito más amplio que incluyó a Ediciones e Impresiones Rumbos SRL, Urban Graphics, Ricoprint, Monfrini y Miniso Trade, todas señaladas por emitir documentación falsa para simular adquisiciones y encubrir el desvío de fondos públicos.
Según consta en la causa, entre junio de 2020 y diciembre de 2022, el Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor firmaron cinco convenios con el Estado por más de 361 millones de pesos para administrar el programa Potenciar Trabajo.
La ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y la titular de la cartera de Capital Humano, Sandra Pettovello, denunciaron la utilización política de los programas sociales por parte de los piqueteros.
Datos de la acusación y el avance hacia el juicio
A pesar de los argumentos presentados por los imputados, el magistrado estableció que una porción sustancial de los recursos fue administrada de manera indebida. Los investigadores documentaron que más de 361 millones de pesos fueron desviados mediante la simulación de gastos, el uso de facturas apócrifas y la omisión de rendiciones obligatorias, un perjuicio que podría ampliarse a medida que avance la pesquisa.
Al elevar a juicio oral a Belliboni y a otros 15 imputados, Casanello refrendó la acusación fiscal, que sostuvo que el Estado fue engañado a través de rendiciones adulteradas, la utilización de empresas ficticias, la simulación de operaciones inexistentes y la circulación de cheques destinada a dificultar el rastreo del verdadero destino del dinero. También se indicó que parte de los desembolsos ni siquiera fue rendida, lo que permitió eludir controles y facilitar nuevos giros de fondos públicos.
Con la feria judicial en su tramo final, el expediente volverá a activarse en los tribunales de Comodoro Py. La Justicia deberá definir las responsabilidades de los acusados de haber diseñado las empresas pantalla y de haber ejecutado la operatoria de facturación apócrifa utilizada para desviar fondos públicos, recursos que debían llegar a los sectores más vulnerables de la sociedad y que, de acuerdo con la investigación, terminaron financiando actividades ajenas al fin social del programa. Son los mismos sectores que los referentes piqueteros afirmaban defender.
POLITICA
El Senado busca endurecer las penas por falsas denuncias: podrían llegar hasta los seis años de prisión
“Jornadas contra las Falsas Denuncias” es el título del evento que servirá para presentar nuevamente el proyecto impulsado por la senadora Carolina Losada, con el respaldo del oficialismo y de otros sectores de la oposición dialoguista. La actividad se desarrollará el martes en el Salón Azul de la Cámara alta y se enmarca en el respeto al Tratado Internacional de la Convención de Belém do Pará, con rango constitucional, sobre la violencia contra la mujer.
La iniciativa fue presentada en 2023, logró dictamen de mayoría de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, liderada por el senador Juan Carlos Pagotto en 2025. Pero nunca llegó al recinto para su debate final y perdió estado parlamentario. Ante la renovación del Cuerpo, el pasado mes de diciembre, Carolina Losada decidió volver a presentarla, lo que hará este martes 7 de abril.
La diferencia en esta nueva oportunidad es que el proyecto ya contó con el respaldo del Ministerio de Justicia durante su debate, cuando participó el entonces ministro Mariano Cúneo Libarona. Además, tiene el acompañamiento de Patricia Bullrich para ser tratado en este período de sesiones ordinarias como parte de la agenda legislativa del oficialismo.
“Me resulta una saludable iniciativa que, no tengo dudas, el país y nuestra sociedad necesitan. El delito de falsa denuncia, contemplado en el actual artículo 245, tiene una pena de dos meses a un año de prisión; es decir, un delito prácticamente insignificante dentro del Código Penal. No tiene agravantes y contempla una multa desactualizada e insignificante”, señaló el exministro Cúneo Libarona ante la atenta mirada de los senadores de la comisión en noviembre de 2024.
En declaraciones periodísticas, la senadora radical se mostró preocupada por el crecimiento de denuncias de supuestos abusos de padres a hijos. “Sucede en todo el país. Es vergonzoso que alguien le mienta a la Justicia de esa manera; no queda otra que pensar que hay un gran negocio detrás. Al no haber números oficiales, muchos desestiman esta problemática”, afirmó.
La falsa denuncia es un delito doloso que consiste en acusar falsamente a una persona ante la autoridad competente. Sus consecuencias afectan la seguridad jurídica y generan incertidumbre, ya que cualquier ciudadano puede ser denunciado sin haber cometido delito alguno.
En casos de denuncias falsas por abuso sexual, el acusado queda envuelto en un proceso penal que implica una carga muy gravosa. Además de tener que demostrar su inocencia, puede perder el contacto con sus hijos, ver afectada su situación laboral y enfrentar graves estigmas sociales de manera injusta.
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El debate que viene
El proyecto propone modificaciones en los artículos 117, 245 y 275 del Código Penal. En el caso del artículo 245, establece: “Se impondrá prisión de uno a tres años al que denuncie falsamente a una persona, determinada o indeterminada, ante la autoridad. Si la falsa denuncia se da en el contexto de delitos de violencia de género, contra menores o contra la integridad sexual, la pena será de tres a seis años”.
En cuanto al artículo 275, referido al falso testimonio, se dispone: “Será reprimido con prisión de uno a cuatro años el testigo, perito o intérprete que afirme una falsedad o niegue o calle la verdad, total o parcialmente, en su declaración, informe, traducción o interpretación ante la autoridad competente”.
En sus fundamentos, Losada también se refiere a las denuncias difundidas por medios de comunicación o redes sociales. Señala que, en muchos casos, la condena social ante hechos aberrantes —denunciados formalmente o no— se produce rápidamente, aun sin pruebas suficientes ni proceso judicial. Esto deriva en exclusión, rechazo y, en ocasiones, escraches públicos injustos frente a hechos falsos que hoy no tienen una sanción penal adecuada.
Además, se proponen cambios en el artículo 117 bis del Código Penal para agravar las penas en casos de difusión de datos falsos e injurias en contextos de violencia de género, abuso, acoso sexual o violencia contra niños, niñas y adolescentes.
Casos testigos de falsas denuncias
Para fundamentar la iniciativa, la senadora citó casos concretos ocurridos en los últimos años. Entre ellos, el de Agustín Muñoz, un joven rionegrino acusado falsamente por una amiga de abuso sexual “en un momento de bronca”, que en 2018 se quitó la vida. La vergüenza, la depresión y el miedo derivados de esa situación no pudieron ser reparados por una simple disculpa.
Otro caso es el del médico obstetra Pablo Ghisoni, quien estuvo preso por una falsa denuncia de abuso sexual realizada por su hijo mayor, Tomás. En 2025, el joven confesó que la acusación fue falsa y que había sido manipulado por su madre, Andrea Vázquez. Tras pasar tres años detenido, Ghisoni fue absuelto por la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires.
Había sido acusado de abuso sexual agravado por el vínculo y la convivencia en hechos contra sus dos hijos, ocurridos en distintos períodos entre 2010 y 2016.
“La historia de Pablo es terrible. Toda la manipulación y las mentiras que vivió las escuchamos en una de nuestras jornadas. Su absolución llegó después de años de sufrimiento que nadie debería atravesar. Su caso expone el enorme daño de las mentiras y la urgencia de actuar. Necesitamos que este año todos los senadores acompañen para que sea ley el aumento de penas”, concluyó Losada.
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POLITICA
Domingos en Olivos: Milei rediseña sus tertulias, con cambios de nombres, un sobreviviente y “menos ruido”
Primero multitudinarios, luego concurridos, más tarde íntimos. Puntual y metódico, el presidente Javier Milei sigue destinando los domingos por la tardecita a intercambiar opiniones, compartir una cena informal y pasar un momento de relax musical junto a invitados especiales, con la discreción que otorga la bucólica privacidad del quincho de la quinta de Olivos. Claro que tanto la cantidad de invitados como los temas tratados y la duración de los encuentros fueron cambiando con el correr de los meses y el natural devenir de la gestión.
“Al principio éramos un montón”, relata uno de los protagonistas de los encuentros, que como el resto de los consultados pide reserva de su nombre.
Economistas (muchos), funcionarios (unos pocos), periodistas, filósofos y encuestadores conformaban el selecto grupo que, en los primeros meses del mandato presidencial, compartía en el microcine de la quinta alguna extensa presentación operística, y continuaba con una charla sobre distintos temas, casi ninguno de ellos −coinciden varios de los presentes− referidos a la coyuntura, sin chances de críticas u observaciones sobre el rumbo político o económico decidido por el anfitrión.
Risotto, pollo, ensaladas, milanesas y ravioles estaban a disposición para la elección de los visitantes, sin alcohol a la vista. Las reuniones duraban varias horas, y se extendían, en algunos casos, hasta más allá de la medianoche.
“Era una experiencia súper interesante, escuchar a gente de distintos lugares te enriquece. Hablaba el Presidente, pero también hablaban los demás”, comenta uno de los invitados que frecuentó la quinta durante los primeros dos años de la gestión libertaria. Los economistas Juan Carlos de Pablo, Miguel Boggiano y Claudio Zuchovicki, todos de buena y añeja relación con Milei y predilección por óperas como Carmen, La Traviata o Aída, se transformaron en animadores de las tertulias.
También asistían −según recuerdan varios de los presentes− funcionarios como la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello (supo tener un espacio asignado en la quinta por si debía quedarse más tiempo) o el asesor Demian Reidel, quien luego espació sus presencias al compás de sus vaivenes en la gestión, como asesor y como titular de Nucleoelétrica, cargo que dejó el mes pasado.
Distintos tropezones dejaron afuera, por razones judiciales, a funcionarios como Diego Spagnuolo −procesado por el caso Andis− y el joven libertario Iñaki Gutiérrez, quien bajó el perfil tras el incidente vial protagonizado por su pareja, Eugenia Rolón.
Por el lado de los periodistas, Ezequiel Burgo −autor de un libro en conjunto con De Pablo− tuvo algún paso por Olivos, al igual que otros colegas como Esteban Trebucq, Horacio Cabak, Marina Calabró o Jonatan Viale, entre muchos otros y siempre según habitués de las reuniones. Incómodos, la mayoría de los periodistas que disfrutaron esas veladas prefieren no ser mencionados.
El encuestador Juan Mayol, de la encuestadora Opinaia, es otro de los que solía asistir, al igual que el hiperoficialista filósofo Alejandro Rozitchner, que de modo amable ante la consulta de este diario se negó a revelar “información de la intimidad”, en referencia a lo que allí se charlaba (y se charla). Ninguno de los presentes recuerda haber visto a El Jefe, Karina Milei, en esos encuentros. “Es un espacio de Javier”, dice uno de sus allegados.
“Muchos de los que iban hace unos meses hoy se la pasan criticando a Milei en sus medios”, se queja uno de los comensales, y acto seguido acusa a la prensa de “buscarle el pelo al huevo” con sus críticas al oficialismo. Las distancias de varios de ellos con el Gobierno se ensancharon en los últimos tiempos, aunque el propio Milei, cuando esos encuentros se hacían de modo habitual, autorizó a uno de sus partenaires a blanquear que había participado de “una juntada con gente con la que hay afinidad, en la política o la economía”.
Por razones personales −algunos expresaron disidencias con el rumbo económico, otros simplemente se alejaron motu proprio−varios de los comensales habituales comenzaron a dejar de ser invitados hacia fines del año pasado. “El Presidente nos dijo a algunos de nosotros que 2025 había sido un año muy estresante para él, y que necesitaba menos ruido”, cuenta uno de los protagonistas de las reuniones en la quinta que fue excluido de las últimas convocatorias, pero que iría…“si me vuelven a invitar”.
Cerca del Presidente aseguran que, si bien las reuniones dominicales se espaciaron, “él se ve con mucha gente, sin necesidad de juntar una multitud”. El 1 de marzo pasado, sin ir más lejos, ministros y legisladores oficialistas (más algunos aliados) llegaron “en masa” a la quinta presidencial, invitados por el Presidente luego de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Y excompañeros de tertulia, como Reidel, son reivindicados con invitaciones como la que el físico recibió días atrás, para participar de una reunión en Casa Rosada.
Quedó firme e inalterable el vínculo de Milei con De Pablo, como el propio Presidente reconoció en el reciente homenaje a Adam Smith, en el Palacio Libertad. “Con el profe comparto todos los domingos, así es que en este tiempo he aprendido muchísimo de economía aplicada a la fuerza, creo que todos estamos haciendo un upgrade considerable”, dijo al pasar el Presidente, con el economista y prolífico autor sentado a su lado en el escenario. “Uno de los gigantes que a mí me ayudó fue usted”, le dijo un emocionado Milei al veterano economista.
“Tienen un vínculo muy estrecho, se respetan. Y Javier le tiene afecto como se le tiene a un padre”, dice un referente libertario que conoce de sobra el vínculo del Presidente con De Pablo, sobreviviente de aquellas tertulias multitudinarias de principios de mandato.
en los primeros meses,April 4, 2026,reivindicados,reciente homenaje,Jaime Rosemberg,Conforme a
A tres meses de su captura en un roperativo militar encabezado por Estados Unidos, el ex presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, volvió a pronunciarse públicamente desde su detención con un mensaje cargado de tono religioso y político.
Lo hizo junto a su esposa, Cilia Flores, en el marco de la celebración de la Semana Santa.
El comunicado fue difundido a través de redes sociales este domingo y estuvo centrado en la necesidad de retomar el diálogo, la unidad nacional y la reconciliación en el país caribeño, que atraviesa una fuerte reconfiguración política desde su detención en enero pasado.
“Este domingo de resurrección es para decir con fuerza que esta es la victoria de la vida y la verdad. No gana la muerte: gana Cristo. No gana la mentira, gana la verdad. No gana el odio, gana el amor”, expresó la pareja, en conjunto.
Las palabras del ex mandatario hacen reiteradas alusiones a la resurrección de Jesucristo, en una clara referencia al significado religioso de la fecha. En ese marco, también pidió bendiciones para Venezuela y el resto del mundo, invocando valores como la fe, la esperanza y el amor en un contexto de crisis.
El mensaje se conoce en un escenario completamente distinto al que existía hasta comienzos de año.
El 3 de enero de 2026, Maduro fue capturado en Caracas durante un operativo militar estadounidense y trasladado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico y otros delitos federales.
Desde entonces, el poder en Venezuela quedó en manos de la dirigente chavista Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada en medio de cuestionamientos sobre la legalidad del proceso y el fuerte respaldo de Washington.
En paralelo, la situación judicial de Maduro sigue su curso en Estados Unidos.
Un juez federal rechazó recientemente un pedido para desestimar la causa en su contra, en la que enfrenta acusaciones por conspiración para narcoterrorismo, tráfico de drogas y uso de armas.
Días atrás, tras una audiencia en Nueva York, el exmandatario ya había enviado otro mensaje en el que se mostraba “firme y sereno”, insistiendo en la necesidad de paz y unidad nacional, en lo que fue su primera comunicación pública desde la captura.
El nuevo pronunciamiento refuerza esa línea discursiva, en un intento por mantener presencia política pese a su detención y el nuevo escenario institucional en Venezuela.
Mientras tanto, el país continúa bajo la conducción interina y con la mirada puesta en una eventual transición política que, según distintos actores internacionales, debería derivar en elecciones.
La entrada Preso y acorralado, Nicolás Maduro reapareció con un mensaje de Pascuas y llamó al diálogo se publicó primero en Nexofin.
Captura de Nicolás Maduro,Cilia Flores,Nicolás Maduro,Pascuas 2026
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