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Causa Seguros: inhibieron otra vez los bienes de Alberto Fernández, de su amigo Martínez Sosa y de su ex secretaria María Cantero

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El juez federal Sebastián Casanello resolvió volver a inhibir los bienes de Alberto Fernández y de los brokers que intervinieron en la presunta maniobra defraudatoria alrededor de los contratos que organismos del Estado firmaron con Nación Seguros SA, por los que se pagaron más de 3.000 millones de pesos en concepto de comisiones. Así, el magistrado dictó la inhibición general de bienes sobre el amigo del ex presidente, Héctor Martínez Sosa y de su esposa y ex secretaria privada de Fernández, María Cantero.

En este expediente, que instruyó el juez Julián Ercolini, el ex Jefe de Estado está imputado por administración fraudulenta en perjuicio del Estado y de llevar adelante negociaciones incompatibles con la función pública.

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Un cuestionado decreto firmado por Fernández, 45 contratos, 25 intermediarios de Seguros, comisiones millonarias, una cooperativa que funcionó como financiera y un posible direccionamiento de los contratos, son parte de las piezas que componen lo que la justicia denominó una “estructura criminal” para desviar fondos públicos a privados. Cada eslabón compone las acusaciones por las que el ex presidente de la Nación deberá rendir cuentas ante la justicia federal.

Para la justicia, la decisión del ex Jefe de Estado al firmar ese decreto “vedó la posibilidad de realizar licitaciones públicas que fomenten la competencia y transparencia en torno a esas contrataciones”.

Un total de 40 personas fueron indagadas en el marco de esta causa, tras haber sido imputados por “haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en Nación Seguros”.

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Los brokers de seguros, sostiene la causa,“con la connivencia de Alberto Fernández, habrían operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros; como así también en la inclusión de empresas coaseguradoras por parte de ésta”.

Pese a que se habían levantado las inhibiciones, la fiscalía apeló dicho criterio y ahora el juez Casanello, en una resolución a la que accedió Clarín, sostuvo: “Toda vez que los imputados ya fueron convocados a prestar declaración indagatoria por un hecho de criminalidad económica -particularmente corrupción-, y en base a las consideraciones allí realizadas sobre la prueba de cargo, hay motivo bastante para sospechar que han participado en la comisión de un delito”.

Esa sospecha, continuó explicando el magistrado, “obliga al tribunal a asegurar la eficacia del juicio». «Por consiguiente, habiéndose admitido el dictado de medidas precautorias aún sin llamado a declaración indagatoria, debe concluirse que en este caso el primer requisito sobre la verosimilitud del derecho se encuentra sobradamente satisfecho”, dice el texto.

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Por otro lado, se analizó que este caso “se vincula con un temor grave y fundado -derivado de circunstancias objetivas– de que merced al lapso que demande la tramitación del proceso, se pueda frustrar el cumplimiento de la sentencia”.

En función de esos criterios, se volvió a inhibir los bienes de Alberto Fernández, Héctor Martínez Sosa, María Cantero, Alberto Pagliano, Pablo Torres García, Oscar Castello, Ernesto Mercuri, entre otros, incluyendo a las compañías que intervinieron como brokers de seguros.

El juez determinó que deberán embargarse todas las cuentas corrientes y cajas de ahorro de las personas físicas involucradas (no así de las personas jurídicas), “afectándose sólo un 20% de los fondos de las cuentas sueldo (conforme el decreto n° 484/87) y sin embargarse los fondos correspondientes a haberes jubilatorios”.

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Por otro lado, se ordenó el embargo de “deberán embargarse los plazos fijos y demás inversiones, tanto de las personas físicas como jurídicas previamente mencionadas”.

La medida cautelar incluye la determinación de franjar “el acceso a las cajas de seguridad, tanto de las personas físicas como jurídicas previamente mencionadas” y en este mismo sentido Casanello solicitó que se “informen todos los productos y/o servicios que registren las personas físicas o jurídicas mencionadas, tanto los referidos en los puntos precedentes como otros no especificados allí”.

El amigo presidencial

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Para la justicia federal, hubo un “direccionamiento indebido: las empresas y productores afines a Martínez Sosa, Castellón y Torres García pasaron a percibir más del 87% del monto abonado por Nación Seguros por las comisiones de las pólizas emitidas durante el período en que se habría desarrollado la maniobra”.

Sobre broker amigo del ex presidente, Ercolini escribió: “que a Martínez Sosa lo uniría una íntima y añeja amistad con Fernández, además de su relación con la secretaria presidencial Cantero, y habrían existido numerosos obsequios y préstamos de los miembros de la pareja para con el entonces presidente de la Nación, entre ellos dinero, joyas y el uso de inmuebles por parte de empleados de ambas partes”.

En lo que refiere a Castello, el juzgado advirtió “aportes económicos para la campaña presidencial de Alberto Fernández, provenientes de su firma Castello Mercuri S.A.

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El juez también afirma que Torres García y Martínez Sosa, junto a Castello, “habrían ejercido su influencia sobre Alberto Pagliano (presidente de Nación Seguros) en los negocios de la aseguradora. Por su parte, Fernández y Pagliano compartirían experticia en materia de seguros, por haberse desempeñado previamente en ese rubro”.

Héctor Horacio Martínez Sosa, dijo el magistrado, “aparece vinculado a los siguientes intermediarios, con un total de 2.297.820.134,36 pesos o 68,3% del universo de comisiones de la maniobra (equivalentes a su vez al 59,6% liquidados por Nación Seguros a todos los intermediarios por todas las pólizas emitidas a entes estatales entre el 10 de diciembre de 2019 y el 09 de diciembre de 2023.

Corrupción K,Alberto Fernández,Seguros

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«El anarquista de la molotov»: detuvieron a otro de los manifestantes por los incidentes frente al Congreso

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Luego de los incidentes frente al Congreso, la Policía Federal detuvo este domingo a Milton Tolomeo, señalado como “el anarquista de la molotov”. Fue atrapado en Avellaneda tras un allanamiento en su casa.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, celebró la captura en sus redes sociales: “El anarquista de la Molotov, preso. Desde las 7 de la mañana, para contarte que detuvimos al violento que fue al Congreso a provocar caos”.

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Leé también: El Gobierno identificó a 17 manifestantes que causaron incidentes fuera del Congreso durante la reforma laboral

“En su casa encontramos bidones con combustible, la ropa utilizada durante el ataque, guantes térmicos y material vinculado a grupos anarquistas violentos. Dijimos que lo íbamos a atrapar, y lo hicimos. En la Argentina, las hacen, las pagan”, detalló en X.

La policía encontró bidones con combustible y la ropa que usó el manifestante durante la marcha. (Foto: PFA)

La investigación avanzó a partir del análisis de los videos de los incidentes ocurridos el miércoles pasado, cuando un grupo de manifestantes atacó con bombas molotov a las fuerzas de seguridad en medio de la protesta contra la reforma laboral.

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Tolomeo no figuraba en las listas preliminares de sospechosos ni en los videos difundidos inicialmente por el Ministerio de Seguridad, donde se identificaron a cuatro personas. Tampoco aparecía en la nómina de 17 implicados que se conoció el viernes.

Sin embargo, los peritos lograron establecer su participación directa en el lanzamiento de artefactos incendiarios tipo “molotov” contra el personal de las fuerzas federales. La detención se concretó este domingo por orden del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 6.

Durante el allanamiento en la casa de Tolomeo, los efectivos secuestraron bidones con combustible, la ropa que habría usado durante el ataque, guantes térmicos y material vinculado a grupos anarquistas.

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El Gobierno había pedido celeridad en la identificación de los responsables de los destrozos y ataques durante la marcha, y los calificó como “terroristas”. Con esta detención, ya son tres los acusados que quedaron a disposición de la Justicia.

Molotov, Congreso, Incidentes

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Detuvieron al manifestante que arrojó una molotov durante la marcha contra la reforma laboral

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El Gobierno confirmó del manifestante que arrojó al menos una bomba molotov en las inmediaciones del Congreso de la Nación durante la marcha contra la reforma laboral el miércoles. Se trata de Milton Tolomeo, que fue identificado por las autoridades como el “anarquista de la Molotov”.

“Todos lo vimos cuando lanzaba la bomba con un único objetivo: sembrar el caos y desestabilizar el orden institucional. Dijimos que lo íbamos a encontrar y lo encontramos”, celebró la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

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En un video que compartió este domingo por la mañana en su cuenta de la red social X, la funcionaria detalló que la detención se realizó este sábado por la noche en el partido bonaerense de Avellaneda, y que a partir de ahora el delincuente quedará “aislado en alto riesgo”.

“En su casa encontramos bidones con combustible, la ropa utilizada durante el ataque, guantes térmicos y material vinculado a grupos anarquistas violentos“, añadió en el comunicado y cerró: ”Dijimos que lo íbamos a atrapar y lo hicimos. En la Argentina, las hacen, las pagan».

La ministra ya había difundido en sus redes sociales los datos de las primeras cuatro personas identificadas por los incidentes: Matías Enzo Roldán (27 años), Federico Alberto Mazzagalli (de 42), Patricio Hernán Castellán (de 33) y Denis Alejandro Figueredo (20 años).

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Tolomeo asistió a la movilización convocada por la CGT y distintos sectores sociales y políticos y fue captado por las cámaras de distintas señales de televisión en el momento en que levantaron un muro improvisado y se dispusieron a armar bombas caseras que lanzaron a los uniformados.

En primer lugar, los encapuchados comenzaron a arrojar palos, piedras y otros objetos contra el cordón de seguridad dispuesto en la zona. Los efectivos, ubicados detrás de vallas metálicas y escudos, respondieron con carros hidrantes, gas pimienta y gases lacrimógenos para contener el avance.

Manifestanates arrojan bombas molotov

En medio de los disturbios, el grupo de hombres levantó una especie de barricada con elementos de la vía pública y se organizó detrás de ese improvisado muro para preparar las bombas Molotov.

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Tras los disturbios, 71 personas terminaron detenidas, de las cuales al menos 54 habían sido liberadas el jueves. Según informaron fuentes oficiales a , 51 detenciones estuvieron a cargo de fuerzas federales y 20 de la Policía de la Ciudad. Los liberados corresponden a esta última jurisdicción.

Los 14 que continuaban detenidos por la policía porteña se reparten entre 10 hombres en el Centro de Admisión y Derivación de Suárez 2050, en Barracas, y cuatro mujeres en la alcaidía femenina de la avenida Scalabrini Ortiz 1350, en Palermo. Por su parte, Nación había detenido a 51 personas: 24 manifestantes en el Congreso y 27 en controles en estaciones de tren cuando se dirigían a la movilización.

En tanto, el Gobierno denunció por hechos de terrorismo a 17 manifestantes que provocaron destrozos en las calles alrededor del Congreso.

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manifestante,anarquista de la Molotov,pic.twitter.com/cG2F98Xck9,February 15, 2026,Actualidad política,Congreso Nacional,Conforme a,,»Es volver atrás». Reforma laboral: Recalde cuestionó el límite a las licencias,,Contra el columnista. Otro ataque del Presidente a Fernández Díaz,,En la provincia de los Menem. Villarruel se fotografió con un gobernador kirchnerista en su visita a un festival,Actualidad política,,»Es volver atrás». Reforma laboral: Recalde cuestionó el límite a las licencias,,¿Con qué necesidad?,,La calidad de nuestra clase dirigente

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Efecto Santa Fe: policías y penitenciarios de Río Negro rechazaron un aumento en cuotas y amenazan con acampar por tiempo indeterminado en Viedma

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Tras el caso de la violenta protesta policial y posterio aumento salarial en la provincia de Santa Fe, el gobierno de Río Negro también podría enfrentar un frente de tormenta luego de que un sector de la Fuerza rechazó los anuncios de recomposición salarial atados a la inflación.

La medida, que buscaba descomprimir las tensiones con el personal policial provincial, para algunos no fue suficiente. Por ende, representantes de los uniformados entregaron ayer por la tarde un petitorio en General Roca y se anunció un acampe policial para este miércoles frente a la Casa de Gobierno en Viedma, convocado por el Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario de Río Negro, para exigir una mejor recomposición salarial y denunciar la precarización de los haberes.

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La decisión reflejó el hartazgo del sector ante lo que consideraron el estancamiento del diálogo con las autoridades provinciales, y anticipa una profundización del conflicto si no se obtienen respuestas inmediatas.

Protestas Policía de Río Negro

Qué exigen los policías rionegrinos

El pliego salarial elevado al gobierno provincial por parte del Consejo demanda un haber inicial de $1.800.000, objetivo considerado justo y necesario para garantizar la seguridad alimentaria del personal. Además, remarcó la urgencia de que el gobernador Alberto Weretilneck los reciba Consejo y escuche las reivindicaciones.

Junto a los reclamos salariales, la crisis habitacional se suma al conflicto. Según Rubén Muñoz, referente del CBPPRN, muchos agentes están bajo riesgo de ser desalojados por atrasos en el pago de alquileres y que algunas familias, en situaciones extremas, no logran asegurar la alimentación básica.

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El pliego salarial elevado al gobierno provincial demanda un haber inicial de $1.800.000

En esta etapa, el Consejo de Bienestar Policial estableció contactos con la agrupación ASSPUR (Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro) para coordinar acciones conjuntas, ampliando el frente de protesta entre distintos sectores estatales.

La convocatoria al acampe, según destacó Muñoz en diálogo con FM de la Costa, es por una “necesidad urgente” y del reclamo colectivo de los uniformados rionegrinos por una recomposición de los haberes “real y no con ítems en negro que perjudican, desfinancian y que además vulneran los derechos de nuestros retirados”.

El Consejo anticipó que la permanencia frente a la Casa de Gobierno será indefinida hasta que el gobernador acceda a negociar y a dar respuestas efectivas a la crisis socioeconómica que atraviesa la fuerza.

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Qué ofreció el Gobierno rionegrino

Según el anuncio del Gobierno, la Policía y el Servicio Penitenciario Provincial recibió en febrero una mejora del 6,79 %, ya que al ajuste por inflación (5,2 %) se suma un adicional específico del 1,5%, dando como resultado un haber inicial de $1.417.366 para el personal de seguridad. Este incremento también se aplicará al personal en situación de retiro y pensionadas, según informó el Ministerio de Seguridad de Río Negro.

La propuesta oficial contempla un incremento del 5,2 % de un agente de la administración central por encima de $1.100.000 en febrero. El esquema de aumentos operó bajo un criterio de actualización automática basada en la evolución del índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional y local.

La propuesta oficial contempla un incremento del 5,2 % de un agente de la administración central por encima de $1.100.000 en febrero

Para las fuerzas de seguridad, el incremento también se aplicará sobre el “valor punto policial” y sobre los adicionales relevantes, asegurando que “incida de la misma manera en el haber neto de bolsillo de todas las jerarquías policiales”. Además, el ingreso mínimo para otros escalafones de la fuerza quedará en $1.254.000.

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La variación del IPC correspondiente a los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026, definió la tabla salarial policial para febrero. Por otro lado, en mayo de 2026 se asignará un nuevo incremento, con la variación del IPC correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2026. Así quedarán los aumentos para este mes:

  • Suma fija no remunerativa y no bonificable de 250.000 pesos que se abonará en dos cuotas de 125.000 pesos cada una, a pagarse el 20 de Febrero y el 20 de Marzo respectivamente.
  • Incremento adicional únicamente para personal Policíal y Servicio Penitenciario Provincial del seis por ciento (6%), a abonarse en cuatro cuotas del 1,5% cada una, junto con los haberes de los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2026.
  • Aumento del 100% al ítem de ayuda escolar. Se abonó con los haberes de febrero de 2026. Hijo: 80.000 pesos e hijo con discapacidad, 160.000 pesos.
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