POLITICA
Causa Spagnuolo: la Justicia rechazó los pedidos de nulidad de los dueños de la droguería Suizo Argentina

El juez federal Sebastián Casanello rechazó los pedidos de nulidad presentado por los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, en el marco de la causa que investiga presuntas compras irregulares de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Los planteos habían sido formulados por su abogado, Martín Magram, quien cuestionó el origen de la causa por el uso de grabaciones no autorizadas y sostuvo que los hechos ya habían sido juzgados en una investigación anterior que terminó archivada.
Leé también: Las últimas noticias de Javier Milei tras su gira en Estados Unidos y las nuevas medidas del Gobierno
La decisión de Casanello va en línea con la postura que había manifestado días atrás el fiscal Franco Picardi, quien se opuso a la nulidad. Ahora, la defensa podrá apelar ante la Cámara Federal.
El expediente se inició a fines de agosto a partir de una denuncia presentada por Alejandro Díaz Pascual, miembro de la asociación civil Arco Social. Allí se señalaban compras millonarias realizadas por la ANDIS a la droguería Suizo Argentina por unos $30.000 millones, sin licitación pública.
Leé también: Un documento prueba que Spagnuolo tenía US$80 mil que nunca declaró y ahora deberá explicar su origen
La denuncia involucró también al entonces titular de la agencia, Diego Spagnuolo, quien fue desplazado del cargo tras la filtración de audios en los que hablaba de supuestos pedidos de coimas. El material fue difundido por medios de comunicación y motivó la apertura del expediente.
Entre los argumentos de la defensa, Magram había advertido que el caso no podía avanzar porque ya existía una investigación previa cerrada por hechos similares, lo que a su criterio configuraba una situación de “cosa juzgada”. Esa causa fue archivada en febrero de este año.
También cuestionó con dureza los procedimientos ordenados por el juez. “La orden contenía muchísima información. Lo que se llevaron pone en jaque el funcionamiento de la firma”, había dicho el abogado tras los allanamientos realizados en la sede de la droguería.
Además, justificó la negativa de los Kovalivker a entregar las claves de sus teléfonos celulares, aludiendo a cuestiones de privacidad. “Un celular tiene información sensible. No es que no las entregan porque tengan algo que esconder. Están expuestos a un escarnio público con fotos de sus hijos o videos íntimos, como uno donde Eduardo Kovalivker lee poesía”, declaró.
Leé también: Caso ANDIS: los documentos que prueban como Spagnuolo entregó un celular sin chats antiguos de WhatsApp
Por ahora, la investigación se mantiene en una etapa preliminar. El análisis de los contratos continúa y no hay definiciones judiciales sobre la eventual existencia de irregularidades ni sobre el origen de los fondos involucrados.
En su presentación, Díaz Pascual también había vinculado a la droguería con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y con su primo Eduardo “Lule” Menem, funcionario cercano a Karina Milei.
Hasta el momento, el análisis de los contratos y la documentación secuestrada se encuentra en una etapa preliminar y no existen conclusiones definitivas sobre la existencia de irregularidades ni sobre la procedencia de los fondos involucrados. Desde la droguería Suizo Argentina, en tanto, aseguran que ninguno de los contratos presenta irregularidades y que la firma jamás ofertó con sobreprecios.
Agencia Nacional de Discapacidad, coimas, Sebastián Casanello
POLITICA
Los vuelos de Adorni: operativo en la TV Pública por la causa que investiga al jefe de Gabinete

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realiza un operativo este viernes en el edificio de la TV Pública en busca de información en el marco de la causa por los vuelos del jefe de Gabinete y vocero de Javier Milei, Manuel Adorni.
Los procedimientos apuntan a conseguir documentos del periodista amigo de Adorni Marcelo Grandio, quien tiene un contrato con la señal estatal y es presuntamente quien pagó el vuelo de regreso del funcionario libertario desde Punta del Este junto a su familia.
La acción de la PSA tiene lugar horas después de que el piloto al que le facturaron el vuelo en el que Adorni volvió a Buenos Aires, Agustín Issin Hansen, declarara como testigo durante casi cuatro horas en los tribunales federales de Comodoro Py, donde dijo que la reserva y el vuelo fueron pagados por Grandio.
También se da luego de que por la noche del jueves efectivos de la misma fuerza allanaran las oficinas de Alpha Centauri en el aeropuerto de San Fernando.
Noticia en desarrollo
Conforme a
POLITICA
Milei le habla sólo a su tribuna: reduce todo a la defensa de Adorni y malgasta el caso YPF

El fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York sobre el caso YPF es trascendental para la Argentina, no sólo porque libera al país de un pago de US$ 16.000 millones -que podrían haber trepado a 18.000 millones-, sino además por lo que representa en términos de soberanía. El oficialismo dijo celebrarlo como un hecho “histórico” pero lo utilizó políticamente con una mirada de vuelo bajo: buscó reanimar la disputa con el kirchnerismo y, sobre todo, correr del escenario el caso de Manuel Adorni, que suma complicaciones.
El apuro por darle sentido de cabotaje a una decisión judicial cuyo impacto supera la frontera local fue evidente apenas el círculo de Olivos tuvo el anticipo del tema. Fue evidente al punto de postergar unos minutos el acto oficial armado para exhibir el apoyo de Javier Milei al jefe de Gabinete, coronación de un par de días marcados por el alineado respaldo al jefe de ministros. El Presidente abrió el encuentro con una fuerte carga sobre Axel Kicillof y CFK: trató de “imbécil” al gobernador y mencionó como “corrupta presidiaria” a la ex presidente. Después agregó la cadena nacional, algo más medida en descalificaciones, pero igualmente básica y hasta contradictoria con el fondo de la cuestión. De hecho, la justicia de Estados Unidos finalmente tomó en cuenta criterios sobre la legalidad de la expropiación del 2012.
Resultó llamativa la reacción del Gobierno y no por la obviedad de la utilización política atada a la coyuntura -áspera para el Gobierno por el caso de Adorni y también por $LIBRA-, sino además porque se limitó al intento de mostrar el fallo como una desacreditación de lo hecho por el kirchnerismo, cuando, en rigor, también la ex presidente y Kicillof pueden celebrar esta decisión judicial. Nadie en la primera línea del oficialismo fue sobre la cuestión de fondo, que no es este juicio sino lo costoso y opaco -hasta oscuro- de aquella decisión de Cristina Fernández de Kirchner.
La disputa en tribunales de Nueva York estuvo originada y ceñida a la apuesta “buitre” de un grupo inversor. De hecho, el resonante fallo de estas horas desarma esas pretensiones y, en reducida cuenta, respalda que la expropiación se ajustó a la legislación argentina. La línea argumental de la Argentina -con sus más y sus menos según la época- se apoyó en ese punto y en dos más, que juegan asociados: el rechazo a la jurisdicción de Nueva York y la prevalencia de la ley sobre el estatuto de una empresa.
La reacción violeta -el mensaje presidencial y la actividad en las redes sociales- se ajusta al manual básico de campaña: reducir y forzar todo como consignas simples -ahora, cargadas de adjetivos insultantes- y utilizar el tema en función de su necesidad del momento, esta vez el oleaje del caso Adorni. Pero en esa simpleza, esta vez eligió un terreno no necesariamente adverso para el kirchenerismo, porque el fallo no va a contramano de este capítulo de su relato sobre la expropiación de YPF. Eso, claro, sólo en este punto: el rechazo a la demanda de Burford.
Curioso o fruto de una escasa visión de aquel momento de la gestión cristinista, la letra del mensaje violeta omitió los aspectos realmente cuestionables de aquella operación, una postal del doble discurso y de manejos cruzados por oscuridades. Por ejemplo, el costoso desenlace de la negociación con Repsol, que a pesar del discurso -se decía que era prácticamente gratis y hasta con algún resarcimiento por cuestiones ambientales- terminó generando una indemnización a US$ 5.000 millones en títulos públicos, que en la práctica habrían representado más de US$ 6.000 millones. Pero además, todo lo ocurrido fue cruzado por sospechas domésticas de arrastre, desconfianzas sobre el entramado que había dejado Néstor Kirchner -nunca desarmado- y conjeturas sobre la caja de YPF.

Milei prefirió forzar el análisis del fallo para presentarlo como un logro exclusivo de su gestión y un alivio frente a otra herencia K. En cadena nacional, felicito sólo a su equipo por el resultado judicial, algo que presentado así desconoce la serie completa en tribunales de Estado Unidos, que lleva más de diez años. Habló de una sentencia histórica fruto de “esta administración”. Y cargó sobre Kicillof y la ex presidente: “Nos sumieron en una aventura suicida que nos podría haber costado todo”.
El mensaje no se apartó un centímetro de la línea repetida para confrontar con el kirchnerismo. Está claro que tiene como objetivo cerrar filas, frente a la fisura en el discurso anticasta. De hecho, pudo haberse diferenciado con una mirada superadora que lo colocara por encima de CFK, desde otra perspectiva: sin llegar a la desproporción de considerar que existió algo así como una política de Estado, valorar cierta continuidad -con algunos vaivenes- en la estrategia judicial. Y celebrarlo de ese modo, en lugar de presentarlo como un éxito personal, que algunos voceros completan adjudicándolo mecánicamente a su alineamiento acrítico con Donald Trump.
El oficialismo, está visto, eligió el camino señalado y lo hizo en un contexto complicado para Olivos. Voceros formales e informales del Gobierno vienen repitiendo desde hace al menos dos semanas que Milei busca “recuperar el manejo de la agenda” pública, para correr el caso de Adorni, que según los relevamientos que consume el propio oficialismo -encuestas y estudios sobre redes sociales- tiene alta repercusión y significativa evaluación negativa.
En apenas tres días, fue desplegada una amplia exposición de funcionarios en respaldo del jefe de Gabinete. El miércoles, cinco ministros lo acompañaron en su reaparición con una conferencia de prensa, casi en paralelo con mensajes del Presidente y de Karina Milei. El jueves, fueron encuentros por separado con otros tres ministros y con Patricia Bullrich. Y el viernes, el acto oficial que lo mostraría junto a Milei fue potenciado por la noticia llegada desde Nueva York.
La intención de dar vuelta la página con esas muestras de sostenimiento político -que sumaron de manera inesperada el aire temáticodel fallo por YPF– enfrenta al menos dos problemas. El primero es la secuencia de novedades vinculadas con el propio Adorni. A la primera ola por la inclusión de su esposa en el vuelo a Nueva York -hace ya casi tres semanas- y el viaje familiar a Punta del Este, se agregaron cuestiones de otra naturaleza: la propiedad en un country de Exaltación de la Cruz y la confirmación de su mudanza a un departamento del barrio porteño de Caballito.
Algunos de estos temas empiezan a generar movimientos en el terreno judicial. En el caso del viaje a Punta del Este, procedimientos y testimonios que complican al funcionario por posible dádiva. También está dando sus primeros pasos la investigación sobre su patrimonio.
Los tiempos y el cuadro general no responden al menos exclusivamente a decisiones del oficialismo. El caso YPF es celebrado como oxígeno. Y si es sólo eso, malgastado.
POLITICA
Qué es la Ley Hojarasca de Milei y Sturzenegger y cuáles son los principales cambios que impone

La iniciativa de “ley Hojarasca”, impulsada por Federico Sturzenegger, propone la eliminación de más de 70 normas. En el documento, presentado en el Congreso, el Poder Ejecutivo justificó que buscará suprimir ciertas reglamentaciones porque las considera “obsoletas o superadas”.
En el proyecto, el Gobierno segmentó las leyes a dar de baja y las dividió entre: “Obsoletas o sin efecto por el avance de la tecnología, economía o paso del tiempo; las que afectan a libertades individuales; las englobadas por legislaciones posteriores más completas y modernas; las que cuya derogación implica un avance en la desburocratización; las que remiten a procesos inexistentes u organismos disueltos; y aquellas sobre organismos para integrantes del sector público, financiados con fondos públicos nacionales”.
“Existe una enorme cantidad de leyes que actualmente aparecen como vigentes pero que ya no tienen aplicación práctica alguna. Algunas nunca la tuvieron”, argumentaron desde el Poder Ejecutivo.
En 2024, cuando Sturzenegger impulsó el proyecto, el Gobierno declaró que la prioridad de la Ley Hojarasca era derogar aquellas legislaciones que “afectan las libertades individuales” y enumeró las que consideró más destacables para eliminar. Entre ellas, mencionó a la Ley 14.034, promulgada en 1951, bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, que establece: “Será reprimido con prisión de cinco a veinticinco años e inhabilitación absoluta y perpetua, el argentino que por cualquier medio propiciare la aplicación de sanciones políticas o económicas contra el Estado argentino“.
Al respecto, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado afirmó: “Esta ley prohíbe la defensa de los derechos humanos de la sociedad argentina en los foros internacionales”.
También intentará suprimir la Ley 18.312, de 1969, que impone la creación de un fondo para el desarrollo de la producción de papel prensa y de celulosa. En este caso, desde el Ejecutivo señalaron que “busca restringir la libertad de expresión”.
El Gobierno incluyó además dos legislaciones del gobierno de Alejandro Lanusse, que también consideró que atentan contra la libertad individual. Por un lado, agregó a la Ley 19.787, que, según el Ejecutivo, “restringe la elección de temas musicales en la programación de radios” y la Ley 20.120, que “hablita al Estado a prohibir reuniones privadas entre ciudadanos”.
Asimismo, también añadió la Ley 20.959, de 1975, que le otorga a senadores y diputados de la Nación libre circulación y libre estacionamiento. De esta manera, Sturzenegger apuntó: “Hay pocos ejemplos de privilegio tan claros como el que deja en evidencia esta norma, inaceptable en una sociedad democrática”.
Entre las más destacadas, el Gobierno también quiere eliminar la Ley 26.688, aprobada durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos, considerándolos bienes sociales. El Ejecutivo argumentó que la reglamentación de la legislación no impone acciones concretas.
Todas las leyes que el Gobierno buscará eliminar con el proyecto
ley Hojarasca,eliminación de más de 70 normas,pic.twitter.com/CkllI0gYd5,October 13, 2024,Conforme a
POLITICA2 días ago¡VERGÜENZA NACIONAL! Humillan a la Policía Federal mandándolos a un merendero antes de darles un aumento de sueldo digno
POLITICA3 días agoEl Presidente y Karina Milei volvieron a respaldar a Manuel Adorni tras la polémica por sus vuelos
POLITICA3 días agoManuel Adorni: “Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno, no tengo nada que esconder”
















