POLITICA
Causa Vialidad: la Justicia ordenó decomisar todos los bienes de Cristina Kirchner y Lázaro Báez

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Buenos Aires dispuso el decomiso de bienes inmuebles y sumas de dinero por un valor actualizado de $684.990.350.139,86 en el marco de la causa por administración fraudulenta contra el Estado, según la resolución firmada el 18 de noviembre de 2025. La medida alcanza a Lázaro Antonio Báez, Cristina Fernández de Kirchner, otras personas condenadas y sociedades vinculadas, así como a Máximo Kirchner y Florencia Kirchner en calidad de titulares de bienes identificados en el proceso.
La sentencia, que adquirió firmeza el 10 de junio de 2025, había fijado inicialmente el decomiso en $84.835.227.378,04, monto que fue actualizado tras la intervención de peritos oficiales y fiscales, junto con el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El tribunal adoptó la metodología de actualización propuesta y requirió el pago del monto actualizado a los condenados, quienes no cumplieron con la intimación.
El decomiso dispuesto incluye bienes inmuebles de Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA, Loscalzo y Del Curto SRL, así como propiedades cedidas a Máximo y Florencia Kirchner. También se prevé la realización de bienes de Nelson Guillermo Periotti, José Francisco López, Mauricio Collareda, Raúl Gilberto Pavesi y Raúl Osvaldo Daruich en caso de que los activos decomisados inicialmente resulten insuficientes para cubrir el monto fijado.
El tribunal encomendó al Ministerio Público Fiscal la tarea de precisar las circunstancias jurídicas y fácticas relativas a las sumas y bienes derivados del delito, así como la identificación de los activos en los que esos valores hubieran sido incorporados o transformados. La Fiscalía individualizó bienes inmuebles adquiridos por los condenados entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, período delimitado por el tribunal como relevante para la maniobra delictiva.
Las defensas de los condenados, entre ellos Báez, Ganora, Pavesi y Fernández de Kirchner, así como los representantes de Máximo y Florencia Kirchner, solicitaron el rechazo del decomiso de los bienes identificados, argumentando falta de acreditación del nexo causal entre los activos y el delito, insuficiencia probatoria y vulneración de principios constitucionales. También cuestionaron la extensión de la medida a bienes adquiridos antes del ejercicio de los cargos públicos y la inclusión de bienes previamente investigados en otras causas con sobreseimientos firmes.
El tribunal consideró que la sentencia firme acreditó la existencia de beneficios económicos directos e indirectos para Báez y la familia Kirchner derivados de la adjudicación y ejecución irregular de contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz. Según la resolución, el decomiso alcanza los bienes que constituyen instrumentos, efectos o provecho del delito, incluso si se encuentran en poder de terceros, salvo que estos sean adquirentes de buena fe y a título oneroso.
La decisión se fundamenta en la normativa nacional e internacional, incluyendo la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, que establecen la obligación de recuperar activos provenientes de delitos de corrupción. El tribunal estableció que el decomiso puede recaer sobre bienes transformados, sustituidos o mezclados con activos de origen lícito, siempre que exista una vinculación razonable y temporalmente concomitante con el delito fuente.
El tribunal ordenó la inscripción de los bienes decomisados en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Comisados en Causas Penales y comunicó la resolución a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que determine el destino de los inmuebles, conforme al reglamento vigente. Se estableció que la finalidad prioritaria del decomiso es la reparación del daño causado a la administración pública y la sociedad, en línea con los estándares internacionales y la jurisprudencia local.
La resolución aclara que la Fiscalía mantiene la facultad de identificar nuevos bienes susceptibles de decomiso durante la ejecución de la sentencia, siempre que cumplan con los parámetros fijados por el tribunal. El proceso de realización de los bienes se realizará conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
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POLITICA
Los días en el Hospital de Ezeiza de Calvete y la foto que causó sorpresa

Miguel Ángel Calvete, uno de los principales apuntados por la Justicia en la presunta trama de corrupción dentro de la agencia Andis, pasa sus horas en el Hospital Penitenciario Central (HPC) de la cárcel de Ezeiza, donde está detenido, solo, y siendo sometido a diversos exámenes médicos, de acuerdo a distintas fuentes que lo trataron en el último tiempo.
Calvete está preso desde el 9 de octubre, día en el que los dos procesos judiciales que enfrenta convergieron en su casona de la calle Defensa, en el corazón de San Telmo.
El juez Sebastián Casanello, a instancias del fiscal Franco Picardi, allanó la casa, buscando pruebas que esclarecieran la red de corrupción que habría tejido junto con en la agencia de Discapacidad.
Y como Calvete -antiguo vocero de los supermercadistas chinos y exconcejal y aportante de Cambiemos- estaba condenado desde 2019 por el Tribunal Oral Criminal N° 8 de la Ciudad quedó detenido y a disposición de la Justicia.
Las fotos que recorren las redes, en las que sus ojos apenas se adivinan en la sombra que dejan sus párpados y pómulos inflamados, fueron tomadas durante el allanamiento. Calvete estaba en sus horas más oscuras, arrinconado por las denuncias y una de las personas que primero lo vio aquel día pensó que había sido víctima de una golpiza.
Sin embargo, luego se supo que el procedimiento policial coincidió con una intervención quirúrgica al que se había sometido justo antes para quitarse las bolsas en los ojos, según explicaron dos fuentes a .
Calvete, de 60 años, se encuentra “bien y estable” y los exámenes que enfrenta en el Hospital carcelario tienen que ver, explican cerca suyo, con sus “antecedentes psiquiátricos”, que incluirían un “apneas” y un presunto cuadro de “bipolaridad”.
Esa condición en su salud mental no se interpuso en la condena a cuatro años de prisión por explotación de la prostitución ajena, dictada por el juez Javier Anzoategui, que alcanzó también a su hermano, Alejandro Calvete, y a Ramiro Martin Rius, un exempleado del Consejo de la Magistratura porteño.
“De las escuchas surge que tanto Miguel Ángel como Alejandro disponían sobre los inmuebles que estaban bajo su órbita y se beneficiaban de los pagos que efectuaban las prostitutas en condiciones desventajosas”, dijo la fiscal María Luz Castany.
En el expediente por Andis, Calvete enfrenta otro tipo de acusaciones.
El fiscal Picardi sospecha que fue una pieza externa pero central en el engranaje de las compras direccionadas a droguerías y empresas del rubro de la salud.
Sin cargo ni designación oficial, contaba con sus propios operadores dentro del organismo, entre ellos Lorena Di Giorno y Eduardo Nelio González, ambos con usuario y acceso al sistema interno por el cual se realizaban las compras de medicamentos e insumos médicos.
Calvete guardaba una relación cercana con la cara más visible del escándalo y máxima autoridad del organismo en el periodo investigado, Diego Spagnuolo, a quien visitó en su casa en un country de Pilar al menos cinco veces y a quien recibió en su vivienda de San Telmo el día en que le habrían entregado los 5 millones de pesos que surgen en los chats.
Hacia afuera del organismo, Calvete tenía injerencia directa en Indecomm S.R.L, la firma de consultoría de la que era dueño, y Profarma, una droguería cuya directora, Ruth Noemí Lozano, también era accionista de Indecomm.
“Se advierte una interdependencia entre ambas sociedades, que funcionaban de manera complementaria en la provisión de medicamentos e insumos y en la gestión de cobros ante ANDIS, articuladas bajo la dirección de un mismo grupo de control”, explicó el fiscal en su dictamen.
La caída en desgracia de Calvete también significó la salida de su hija Ornella de una secretaría dentro del ministerio de Economía. Con Ornella, a quien le encontraron cerca de 700 mil dólares en un allanamiento, Calvete compartió directorio en distintas sociedades anónimas, como Cabañas del Nahuel S.A, de servicios inmobiliarios, o Construcciones y Contratos S.A, del rubro edilicio.
Al igual que el resto de los imputados que fueron indagados en la causa, Calvete eligió no responder preguntas ni declarar ante el juez y el fiscal.
El martes llegó a los tribunales de Comodoro Py en un camión celular de la Policía de la Ciudad, que tras su indagatoria lo llevó de vuelta a la alcaidía de la Comuna 4 donde estaba detenido antes de recalar en el Hospital de Ezeiza, donde hasta hace poco días estuvo también el exministro de Planificación Julio De Vido, que fue recientemente trasladado a la unidad 19 del complejo y que está preso por fraude al Estado en el marco de la tragedia ferroviaria de Once.
agencia Andis,tragedia ferroviaria de Once.,Federico González del Solar,Conforme a
POLITICA
Zamora le anticipó a Santilli su apoyo al Presupuesto, pero no dio señales sobre qué hará en el Congreso

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, le anticipó al ministro del Interior, Diego Santilli, su predisposición para apoyar la aprobación del Presupuesto 2026, pero le reclamó más fondos para las provincias y evitó dar definiciones sobre qué hará, a partir del 10 de diciembre, cuando asuma su banca de senador, desde donde conducirá un grupo de 10 legisladores, entre la Cámara alta y Diputados, que pueden ser clave para el equilibrio de fuerzas en el Congreso.
El encuentro era observado por el sistema político porque una ruptura del mandatario con el bloque de Unión por la Patria implicaría la pérdida de la primera minoría y que La Libertad Avanza se haga del control del Poder Legislativo.
La reunión, en la que también estuvo el sucesor de Zamora en el Ejecutivo provincial, Elías Suárez, se produjo en el marco de las recorridas por las provincias que viene desarrollando el titular de la cartera política para cerrar acuerdos con los 20 mandatarios que se reunieron con el presidente Javier Milei después de la victoria categórica en las elecciones del 26 de octubre.
Según lo que trascendió del encuentro, los tres participantes de la reunión “coincidieron en la importancia de que el Gobierno cuente con la aprobación del Presupuesto 2026, como herramienta fundamental de trabajo para la gestión nacional y el Congreso avance con la agenda de reformas que propuso Javier Milei”.

“También, durante el encuentro celebrado en la Casa de Gobierno provincial, dialogaron sobre la agenda de trabajo compartida entre la Nación y las provincias y enfatizaron la intención de potenciar el diálogo recíproco entre las provincias y el Gobierno Nacional”, se indicó.
Según pudo confirmar Infobae de fuentes cercanas a la administración santiagueña, en la reunión Zamora le transmitió que tiene “la voluntad” de apoyar la aprobación del Presupuesto, porque “es muy importante que cuente” con esa ley clave para la gestión nacional. Sería la primera vez que el Gobierno logre la sanción de esa norma que define los ingresos y egresos del Estado para todo el año.
De todos modos, el gobernador de Santiago del Estero le solicitó al ministro del Interior “que trate de hacer un esfuerzo en la búsqueda de consensos, porque hay cosas que deben incorporarse, como la iniciativa firmada en su momento por los 24 gobernadores sobre los fondos específicos”, como transferencia de combustibles líquidos y Aportes del Tesoro Nacional.

También le transmitió lo que, ayer, los gobernadores del Norte Grande, en una declaración oficial, acordaron reclamar a la Casa Rosada, sobre fondos reclamados por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y “la reducción del 1,9% al 1% como alícuota del ARCA, que no se encuentran previstas en el proyecto del presupuesto 2026″. “Esto no genera déficit fiscal, ya que se trata de fondos que pertenecen a las provincias”, le dijo.
Al salir del encuentro, Diego Santilli habló con los medios locales y reconoció que Zamora “es un gobernador que tiene muchas elecciones ganadas, muchos periodos de gobierno”. Describió que la reunión fue “importante” y que su objetivo “siempre es sumar”, porque “todos queremos ver a nuestro país crecer y queremos ver a nuestras provincias crecer”.
“Las agendas tenemos que poder, de alguna manera, encontrar un camino en común. Lo considero como una recorrida muy importante. Estoy recorriendo los veinte gobernadores que estuvieron presentes con el presidente y tratando de dialogar con todos los gobernadores de la República Argentina este camino”, afirmó el ministro del Interior.
En una declaración difundida por las redes sociales, el gobernador Zamora agradeció a Santilli “por visitarnos y escucharnos” y reconoció “un gesto que valoro muchísimo, ya que es necesario siempre el diálogo sincero y la búsqueda de coincidencias en beneficio de un país que debe salir adelante”.
“Finalizada la reunión, nos comprometimos desde nuestra provincia en avanzar en el análisis de reformas que serían impulsadas por el presidente de la nación, y sobre una agenda de trabajo compartida, bajo el diálogo recíproco entre las provincias y el Gobierno Nacional”, agregó.
Lo cierto, según pudo saber Infobae, Zamora espera que, más allá de la disposición que tuvo la Casa Rosada para convocar al diálogo político para conseguir el apoyo a las reformas, se empiecen a cumplir los compromisos tomados. “Hubo en estos dos años muchas promesas y pocas realidades”, admitieron las fuentes.
POLITICA
Un proyecto de un legislador cercano a María Eugenia Vidal podría favorecer al peronista Víctor Santa María en el reparto de terrenos públicos

Un legislador porteño afín a María Eugenia Vidal presentó un proyecto de ley para la cesión temporal de un predio de la ciudad de Buenos Aires a un club deportivo local con vínculos con el sindicalista peronista Víctor Santa María. El titular del Sindicato único de Trabajadores de Edificios (Suterh), dueño de varios medios de comunicación, y expresidente del PJ Ciudad también podría verse beneficiado por otras presentaciones a cargo de dirigentes del PJ local.
La iniciativa fue presentada por Sergio Siciliano, legislador del bloque oficialista Vamos por Más, el 11 de noviembre. Propone que se le otorgue permiso de uso a título precario y gratuito por 30 años de un predio en Núñez a la asociación civil Barrancas UMET Fútbol Club para “el desarrollo de la cultura física, moral e intelectual de sus asociados”. La entidad hoy mantiene un convenio con una universidad de Santa María.
El equipo en cuestión podrá utilizar el terreno para sus actividades deportivas a cambio del pago de tasas, impuestos y servicios públicos derivados de su uso durante el plazo estipulado. Una vez finalizado ese período, todas las mejoras o construcciones que hayan corrido por cuenta del club serán incorporadas, sin compensación alguna, al dominio de la ciudad, a menos que se avance con una prórroga de la cesión.
Víctor Santa María, el jefe de los porteros, maneja también el Grupo Octubre, que controla un conjunto de medios en forma directa o indirecta, como Canal 9, Los 40 Principales, Radio Continenal y AM750.
Barrancas Futbol Club (FC) nació en agosto de 2023 en el barrio porteño de Belgrano a instancias de un grupo de estudiantes universitarios que buscaba proyectarse al ámbito deportivo profesional, pero cuenta también con terminales políticas. Alex Campbell, que al igual que Siciliano, fue funcionario de Vidal durante su gestión al frente de la provincia de Buenos Aires y ahora ejerce como senador bonaerense de Pro, se presenta en Linkedin como uno de sus fundadores. En el equipo rechazan tener algún tipo de afiliación partidaria.
Campbell es actualmente vicepresidente de la fundación Hacemos Argentina, que conduce la exgobernadora de Pro y se focaliza en fortalecer la educación a nivel nacional. Es una agenda que comparten con Siciliano, que hasta el año pasado ejercía como rector de la Universidad de la Ciudad y ha presentado proyectos en la Legislatura vinculados a esta área y el cuidado de la salud mental.
Son justamente temas que amalgama Barrancas FC, que apuesta a garantizar el acceso a la educación superior de sus miembros. En sus orígenes, el club pretendía estrechar lazos con la Universidad de Belgrano, pero el recambio de autoridades en la casa de altos estudios los habría forzado a buscar socios alternativos. Fue en esa búsqueda que Santa María se acercó al club.
Según consigna en redes sociales, a mediados de febrero de 2024, el equipo firmó un “convenio marco de cooperación y asistencia” con la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), una institución fundada por el titular del Suterh. “Barrancas nace vinculado a una entidad universitaria y está concebido para estar vinculado siempre a una universidad. Hoy es la UMET la que ocupa ese lugar”, aseguraron a en el club porteño.
Según el acuerdo alcanzado, la institución de Santa María ofrece becas de estudio para los deportistas que integran el club “fomentando su ingreso, la permanencia y la graduación en carreras de nivel superior al mismo tiempo que su desarrollo como deportistas”. A cambio, la UMET se suma a lista de sponsors del equipo: su logo figura en el frente de todas las camisetas y su nombre pasó a integrar la denominación del club.
Ante la consulta de , Siciliano aseguró que no conoce personalmente a Santa María y que la decisión de promover la cesión temporal del terreno a la entidad deportiva no responde a ningún vínculo político. “A mí me importaba que a un club no solo le importara vender jugadores, sino también la formación de sus miembros”, explicó el legislador de Pro. Subrayó que solo el 8% de los chicos de clubes federados pueden “vivir de su sueño” -el deporte profesional- y que su intención solo es robustecer iniciativas como Barrancas UMET FC, que otorguen herramientas profesionales para una salida laboral alternativa a quienes apuestan a un futuro incierto en el mundo deportivo.
De cualquier modo, hoy el establecimiento de Santa María es un socio crucial del club que podría apuntalar su expansión en el terreno de Núñez, donde emplazar un espacio propio para el entrenamiento del plantel y su preparación para competir en el Torneo Promocional Amateur de la AFA. El crecimiento del club podría ayudar a visibilizar y promocionar el establecimiento educativo del dirigente gremial.
El proyecto de Siciliano deberá ser tratado por la Legislatura porteña en un proceso de doble lectura: se realizará una primera votación, luego se convocará a una audiencia pública para debatirlo y, en base a las observaciones ciudadanas, se avanzará con una segunda votación. Para aprobarlo, se requiere una mayoría especial de dos tercios, es decir, 40 votos.
A partir del 10 de diciembre, Pro contará con apenas una decena de legisladores. El bloque del PJ, con quien el titular del Suterh guarda un vínculo más estrecho, tendrá 20 representantes, entre ellos Matías Barroetaveña. El legislador tiene mandato hasta 2027 y, según figura en su cuenta de X y la página oficial del parlamento local, es Director del Centro de Estudios Metropolitanos, dependiente de la UMET.
El 21 de julio, Barroetaveña también presentó un proyecto para conceder permiso de uso a título precario y gratuito de un terreno bajo la Autopista 9 de Julio Sur a otro equipo local por 20 años. El beneficiario, en este caso, es la Asociación Civil Club Sportivo Barracas, presidida por Santa María, según consigna la página oficial del sindicalista y expresidente del PJ Ciudad.
De aprobarse el proyecto, extendería su dominio sobre un terreno cuya cesión temporal ya había sido impulsada por la exlegisladora Silvia Gottero, vicepresidenta tercera del Congreso Metropolitano del PJ Ciudad. A través de instituciones vinculadas a su figura, Santa María podría seguir nutriendo, así, su poderío en la ciudad.
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