POLITICA
Celulares bloqueados y sobres con dinero: cómo sigue la investigación por el caso de presuntas coimas en la ANDIS
Después de que los múltiples allanamientos realizados en la causa por presuntas coimas dieran resultados positivos, la Justicia se prepara para analizar los elementos secuestrados: celulares, documentación y sobres con dólares de los sospechosos, que podrían ser prueba de los supuestos acuerdos que habrían favorecido a la droguería Suizo Argentina.
Más de 10 domicilios fueron abordados por la Policía de la Ciudad el viernes pasado, luego de que el juez federal Sebastián Casanello autorizara los pedidos presentados por el fiscal Franco Picardi, a cargo del expediente que investigará los audios filtrados del ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en donde denunciaba presuntas maniobras irregulares y una recaudación ilegal en la compra y venta de medicamentos.
Para los investigadores, el primer paso será comprobar si efectivamente existió un delito. Por esto, en los próximos días el foco estará en la apertura y peritaje de los celulares personales de los sospechosos, entre ellos Spagnoulo, Daniel Garbellini, ex director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, y Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina.
Al tratarse de una investigación “en caliente”, por la celeridad con la que se trabajó desde que se conocieron los audios, las autoridades remarcaron que sería vital recuperar toda la información posible de los dispositivos electrónicos. Además de buscarse información extra que pudiera arrojar luz en otras cuestiones, uno de los objetivos sería localizar los audios originales.
Sin embargo, admitieron que ese paso podría demandar un tiempo extra, ya que el peritaje dependerá del desbloqueo de los teléfonos, una tarea con mayor dificultad, según el tipo de dispositivo y tecnología de cada aparato.
Hasta el momento, fuentes de la investigación confirmaron que tuvieron acceso al celular de Garbellini, debido a que él mismo decidió cooperar y entregar la clave de desbloqueo. No fue el caso ni de Spagnuolo, ni de Kovalivker.
Al ex director de la ANDIS le secuestraron dos celulares; uno, luego de que lo interceptaran mientras circulaba en un auto VW Nivus en un country de Pilar donde reside. El otro habría sido localizado en las inmediaciones de la casa.
Respecto al dueño de la Suizo Argentina, fue encontrado en una situación similar. Según relataron fuentes oficiales a Infobae, el empresario estaba a punto de marcharse en un automóvil junto a varios sobres que contenían dinero: 266 mil dólares y 7 millones de pesos.
Además de incautarse el efectivo, las autoridades tomaron posesión de su pasaporte y su celular. No obstante, el dispositivo todavía no habría sido desencriptado, ya que se trata de un modelo de alta tecnología que representa un mayor desafío.
En paralelo, otro equipo estará a cargo de revisar toda la documentación que se recuperó en los procedimientos. La misión será encontrar indicios o pruebas fehacientes que pudieran señalar la existencia de los supuestos acuerdos entre funcionarios o allegados al Ejecutivo y la droguería Suizo Argentina.
Para esto, será crucial el análisis de la documentación extraída de la sede de la ANDIS. Aunque en el repertorio informativo se sumarán los documentos encontrados en la casa de Nordelta de Kovalivker y en la propiedad del ex titular del organismo.
Otro de los puntos a dilucidar será el origen del dinero que tenía el dueño de Suizo Argentina cuando fue interceptado por las fuerzas de seguridad. Por el momento, el empresario no fue citado a declarar.
De hecho, el fiscal aún no habría citado a ninguna de las personas investigadas. La razón principal es la falta de carátula del caso. Aunque plantearían la posibilidad de que el Estado hubiera favorecido a la droguería, por medio de la compra de medicamentos por parte de otros organismos estatales, también estaría en análisis el supuesto acuerdo para que la empresa pidiera sobornos a los proveedores.
“La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice: ‘Escúchame, ahora tenés que poner, ya no es más el 5, vas a tener que poner el 8’, lo que cobran de medicamentos”, dijo el ex director de la ANDIS en los audios difundidos en los últimos días. Una maniobra que habría sido facilitada por Eduardo “Lule” Menem, según las acusaciones del propio Spagnuolo.
Sumada a la definición de la carátula de la causa, también está pendiente la formulación de los cargos que pudieran corresponder. Además, también está bajo análisis la situación del ex titular del organismo de Discapacidad, ya que apuntaron que podría ser señalado como testigo o encubridor.
No obstante, la imputación o no del ex funcionario estaría sujeta a las pruebas incriminatorias que pudieran encontrarse en las pericias. Lo mismo aplicaría a los casos de los demás sospechosos, por lo que todavía se demorarían algunos días en solicitar sus respectivas indagatorias.
Por último, en otra de las capas que la recién iniciada investigación por presuntas coimas se buscaría dar con el paradero de Jonathan Kovalivker, hermano de Emmanuel, también dueño y presidente de Suizo Argentina. En principio, su domicilio estaba en la lista de propiedades por ser allanadas, pero cuando las autoridades llegaron, él se había ido.
En el entramado empresarial, Emmanuel Kovalivker desempeña el cargo de accionista minoritario de la droguería Suizo Argentina, con el 0,015% del capital social, aunque su participación se caracteriza por ser activa dentro de la gestión del negocio. La estructura accionaria da cuenta de un marcado predominio familiar, donde Eduardo Jorge Kovalivker, padre de Emmanuel, concentra el 64,5% de la compañía, mientras que su hermano Jonathan Simón detenta poco más del 21%, además de ejercer la presidencia.
El peso político de los Kovalivker en el escenario nacional se fortaleció hace años por la amistad que la familia mantiene con Mauricio Macri. El vínculo más estrecho es el que tienen el expresidente y Jonathan, con quien incluso juega al pádel y almuerzan habitualmente en el restaurante Manso de Nordelta.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se pronunció este domingo sobre el traslado del empresario Lázaro Báez. La funcionaria ofreció detalles del operativo que movilizó al contratista, condenado por corrupción, desde la Unidad Penitenciara N°15 de Río Gallegos hasta la cárcel de Ezeiza por orden judicial, en respuesta a denuncias sobre su paradero.
En una entrevista con Luis Majul en LN+, la funcionaria desmintió las versiones y denuncias sobre una presunta desaparición del empresario. La familia de Báez realizó la denuncia, difundida en redes sociales por Diego Brancatelli, quien aseguró que los abogados desconocían la situación. Bullrich ofreció otra versión de los hechos.
Gustavo Barabino Winfo
“La Justicia le ordenó al Servicio Penitenciario el traslado de Lázaro al CP1, la cárcel de Ezeiza. Por una cuestión determinada, que la pista no estaba en condiciones, una parte del trayecto se hizo en un auto especial y la otra en avión. El abogado fue avisado”, explicó la ministra.
Subrayó que el movimiento del empresario entre las dos unidades penitenciarias se realizó de manera correcta. “Fue trasladado en regla de un penal a otro”, afirmó y añadió que el Gobierno esperó para responder a las acusaciones. “Ante las denuncias, esperamos -antes de desmentir- para demostrar que siempre generan mentiras”, sostuvo.
La decisión del regreso del empresario a la cárcel de Ezeiza la tomó el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez. El magistrado rechazó durante la semana una acción de hábeas corpus que presentó la defensa de Báez, que solicitaba la prisión domiciliaria por sus delicadas condiciones de salud.
Vázquez consideró que las actuales condiciones de detención del empresario no agravan su estado de salud. No obstante, solicitó la realización de los estudios cardiológicos requeridos en hospitales locales. Dispuso finalmente el traslado a Buenos Aires en función de su cuadro general.
gentileza
Desde Córdoba, donde acompañará al presidente Javier Milei este lunes en un acto de campaña, Bullrich también se refirió a las elecciones del próximo domingo 26 de octubre. La candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires cuestionó el accionar de algunos partidos que buscaron confundir al electorado.
“Apoyamos a nuestros candidatos en Córdoba, que están un poco preocupados porque acá ha habido una maniobra del sector del peronismo que puso una boleta casi idéntica a la de LLA”, dijo la funcionaria. “Acá en Córdoba hay un fake que se hace llamar ‘Partido Libertario’, con el mismo color que el nuestro, y la Justicia lo dejó pasar. Por eso hay que aclarar que LLA va en la 13° posición en la boleta de Córdoba», precisó.
Mauro V. Rizzi
La coalición de Fuerza Patria, liderada por Cristina Kirchner y Axel Kicillof, planea un reclamo ante la Justicia electoral para un conteo de votos diferenciado por provincias. Bullrich criticó la posibilidad de que otros partidos peronistas sumen sus votos al total del kirchnerismo sin una alianza formal.
“El que no es de Fuerza Patria… ¿quién lo suma? ¿Con qué criterio se puede sumar a alguien que va con otro partido que no es de Fuerza Patria? Hubieran hecho la alianza antes. Si no, se genera una situación desigual”, criticó.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.
ofreció detalles del operativo que movilizó al contratista, condenado por corrupción,Audiencia,Patricia Bullrich,Lázaro Báez,,»Solo se ejecuta cuando se necesita». Milei habló sobre el swap de monedas con Estados Unidos,,Tras un reclamo del PJ. La Justicia obligará a que los votos se cuenten por distritos y no a nivel nacional el domingo,,Duras críticas. La reacción del gobierno de Kicillof al swap con el Tesoro: “Este es un gobierno títere de EE.UU.”,Audiencia,,»Es fantástico». “Ozempic argentino”: el remedio “estrella” para bajar de peso y por qué es tan revolucionario, según un especialista,,Laurta fue trasladado a Córdoba. Qué se sabe del doble femicidio de Córdoba y cómo sigue la investigación hoy, lunes 20 de octubre,,En vivo. Elecciones Argentina 2025: encuestas, final de las campañas y el minuto a minuto
POLITICA
El oficialismo abrió una mesa de negociación para discutir el Presupuesto 2026 y la oposición reclama la presencia de Luis Caputo
El presidente de Diputados, Martín Menem, convocó a su oficina en el Congreso a Carlos Guberman, secretario de Hacienda, y a José Rolandi, vicejefe de Gabinete Ejecutivo y uno de los funcionarios de mayor contacto con los bloques parlamentarios. A ellos se sumó Bertie Benegas Lynch, presidente de Presupuesto y Hacienda. E invitó a los representantes de casi todos los bloques políticos. ¿El objetivo? Discutir la presentación del Presupuesto 2026.
En La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni aseguró que los funcionarios son quienes llevarán adelante la discusión presupuestaria con los diputados de la oposición. En la reunión en el despacho de Menem participaron Silvana Giudici y Daiana Fernández Molero del Pro; Pamela Verasay, Karina Banfi, Lisandro Nieri y Martín Tetaz de la UCR; Miguel Pichetto y Nicolás Massot de Encuentro Federal; Pablo Juliano y Manuel Aguirre de Democracia para Siempre; Eduardo Falcone del MID, Pablo Cervi y Martín Arjol de Liga del Interior y José Luis Garrido de Por Santa Cruz.
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En Unión por la Patria rechazaron cualquier tipo de invitación por fuera de la Comisión de Presupuesto y negociaciones paralelas. Germán Martínez, jefe de la bancada, señaló: “Nuestro ámbito para debatir el proyecto de Ley de Presupuesto para el 2026 es la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. No vamos a convalidar ninguna mesa paralela. El Presupuesto se discute a la luz del día en la Comisión de Presupuesto”.
El diputado Christian Castillo del Frente de Izquierda manifestó: “No recibimos invitación alguna al respecto. Saben que desde el Frente de Izquierda no seremos parte de la coalición que están impulsando Trump y sus enviados para sostener este plan de entrega nacional. No somos gatitos mimosos de la embajada ni del poder económico”, posteó en las redes.
Las posturas en la reunión
Los funcionarios escucharon varios planteos de los diputados. La postura de la oposición y de los gobernadores es que haya Ley de Presupuesto. También, que desde el Poder Ejecutivo se avale pedidos de los mandatarios provinciales para que las provincias puedan endeudarse por medio de créditos externos. Además exigieron la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, en el Parlamento. En este último punto, Martín Menem se comprometió a hacer las gestiones ante el Palacio de hacienda.
También pidieron asegurar las partidas presupuestarias destinadas a las tres leyes que sancionó el Congreso: Emergencia en Discapacidad; Financiamiento para el Hospital Garrahan y para las Universidades Nacionales. Pero no encontraron respuestas positivas: “Eso lo decide el Poder Ejecutivo”, plantearon en el oficialismo.
El oficialismo se llevó las intenciones de diferentes sectores de debatir el proyecto de Presupuesto, más allá del 4 de noviembre, la fecha que estableció el recinto para firmar los dictámenes correspondientes. Eso dependerá del avance de las conversaciones entre el Gobierno y la oposición.
El diputado cordobés Carlos Gutiérrez dijo: “Desde Provincias Unidas fuimos al diálogo convocado por el Gobierno Nacional para tratar el Presupuesto, con la mejor predisposición. Pero dialogar no es aceptar imposiciones: pedimos que se respeten las leyes aprobadas, que se incluyan los temas que afectan a las provincias —como las cajas de jubilaciones y los sectores productivos— y que se construya un presupuesto federal y realista. Si el Gobierno insiste en desconocer esos reclamos, lo único que demuestra es su desconexión con la realidad».
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Pablo Juliano de Democracia para Siempre, aseguró: “Me gustaría ver que la semana que viene haya la misma predisposición al diálogo, que no se vea interrumpido. Es obligación nuestra como legisladores conseguir una ley de Presupuesto para el año que viene y vamos a agotar todas las instancias”.
El debate del Presupuesto
Este martes a las 13 el Presupuesto nacional será defendido por el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, y por el de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Matías Fariña, ambos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, postergando, para dentro de una semana, al secretario Educación, Carlos Torrendell y el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.
Mientras que, para este miércoles a la misma hora, el presidente de Presupuesto, el libertario Bertie Benegas Lynch, convocó al secretario de Trabajo, Julio Cordero y a la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, María Gabriela Real.
El Presupuesto 2026 fija 4,8 billones de pesos en las partidas para las universidades nacionales. El artículo 30 de la propuesta oficial, el Ejecutivo busca derogar la obligación que tiene el Estado de invertir 6% del PBI en educación, que surge de la ley 26.206. El año pasado, la hoja de estimación de ingresos y gastos suspendía esta norma de 2006 y que se cumplió solo por 12 meses.
Mientras que, para este miércoles a la misma hora, el presidente de Presupuesto, el libertario Bertie Benegas Lynch, convocó al secretario de Trabajo, Julio Cordero y a la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, María Gabriela Real.
Presupuesto 2026, Martín Menem, Oposición
Cuatro exfuncionarios de la empresa estatal de energía que creó el kirchnerismo Energía Argentina S.A. (Enarsa) fueron condenados por fraude tras un juicio abreviado en el que reconocieron su responsabilidad en los hechos a cambio de penas de entre dos años y dos años y medio de prisión en suspenso. Aunque luego uno de los condenados desconoció el acuerdo y buscó apelar la condena ante la Cámara de Casación, pero le rechazaron el recurso intentado.
La maniobra consistió en que uno de los funcionarios contrató a la empresa de su esposa para controlar refinerías de combustible. El fallo fue dictado por el juez federal Néstor Costabel integrando el Tribunal Oral Federal N° 2 que homologó el juicio abreviado contra Claudio Miguel Fernández, Juan Carlos Teso, Alejandra Marcela Tagle y Rodrigo Maximiliano Palacios por defraudación por administración fraudulenta.
El mismo fallo declaró la prescripción de la acción penal y sobreseyó a Raúl Alberto Argañaraz, Ernesto Gabriel Mazzola y Juan Fernando Giovachini, al ser acusados de violación de los deberes de funcionarios públicos, que tiene una menor escala penal. Se llegó al juicio abreviado merced a un acuerdo entre la defensa y la fiscalía a cargo de Diego Luciani.
Los acusados contrataron a la empresa P&D Control Group S.R.L., para la inspección de plantas refinadoras, pero la firma estaba constituida por Paula Gabriela Merlo, esposa de Claudio Miguel Fernández, uno de los condenados. El concurso privado de precios COMB. 03/2010 culminó con la adjudicación arbitraria a P&D Control Group S.R.L. por un monto de $1.080.000 del año 2010, que excedió las condiciones de contratación y eludió el proceso competitivo.
El principal acusado en este juicio fue el extitular de ENARSA, Exequiel Espinosa, quien falleció el 30 de septiembre de pasado por una afección pulmonar en la clínica de Córdoba donde estaba internado. Espinoza era en aquel momento un hombre de confianza de Julio De Vido, el poderoso ministro de Planificación de Néstor y Cristina Kirchner.
La acusación giró en torno a maniobras irregulares en el proceso de contratación efectuado por Enarsa en 2010. La Fiscalía imputó a varios funcionarios por haberse interesado directamente en la adjudicación del servicio de inspección de plantas refinadoras a la empresa P&D Control Group S.R.L. Se comprobó que Claudio Miguel Fernández se interesó en la contratación con P&D Control Group S.R.L., una empresa constituida por su esposa, Paula Gabriela Merlo.
El juez Costabel, en su sentencia, resolvió condenar a Fernández a dos años y seis meses de prisión en suspenso y al resto de los acusados, Tagle, teso y Palacios a dos años. Los consideró coautores de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El tribunal consideró que todos actuaron de manera coordinada desde el interior de ENARSA para concretar la contratación irregular.
Dadas las características del hecho, la calidad de funcionarios públicos y el nivel educativo de los acusados se consideraron agravantes, pero se aplicó la ejecución condicional de la pena debido a la falta de antecedentes penales condenatorios. A los condenados se les impuso, por el término de la condena, la obligación de fijar residencia y someterse al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.
Pese a haber aceptado y ratificado el acuerdo de juicio abreviado, Rodrigo Maximiliano Palacios posteriormente desconoció sus términos y buscó recurrir la sentencia en Casación. Pero el recurso finalmente le fue negado por el juez Costabel.
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