El fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declarar a cuatro mujeres que figuran, en documentos oficiales, como prestamistas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con garantías hipotecarias.

Se trata de Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, que le vendieron el departamento de Caballito en el que Adorni vive hoy y le prestaron 100.000 dólares cada una, y de Graciela Isabel Molina de Cancio y Victoria María José Cancio, que figuran como que le facilitaron 85.000 dólares y 15.000 dólares, respectivamente, a Adorni y su esposa, con una garantía hipotecaria sobre otro inmueble que el matrimonio ya tenía en la calle Asamblea. Tal como reveló , esta hipoteca fue formalizada el 15 de noviembre de 2025, el mismo día que la mujer de Adorni compró la casa del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.

Las declaraciones de las cuatro mujeres serán el jueves y viernes de esta semana en la causa que investiga al jefe de gabinete por presunto enriquecimiento ilícito.

El exfutbolista Hugo Morales, primer propietario del departamento de Caballito en el que vive Adorni, declaró hoy como testigo en este expediente. Morales sostuvo que en mayo de 2025 vendió el departamento por 200.000 dólares a Sbabo y Viegas.

Son las jubiladas que, préstamo mediante, luego le vendieron la unidad a Adorni, en noviembre de ese mismo año, por un monto declarado de 230.000 dólares. Estas mujeres jubiladas fueron, a un tiempo, vendedoras y prestamistas: le facilitaron al jefe de gabinete más del 85% del valor que él les pagó.

Morales, que declaró ante el fiscal Pollicita durante más de dos horas, vía Zoom, sostuvo que en la primera operación las mujeres estuvieron en todo momento acompañadas por dos “chicos”, a quienes no pudo identificar. Fuentes judiciales señalaron que esa es una de las pistas a seguir que dejó la declaración.

Morales, exjugador de fútbol de Lanús, Huracán y la Selección nacional, ratificó que él había comprado el departamento al mismo precio que lo vendió.

Tal como había adelantado , Morales dijo en Tribunales que la operación se hizo muy rápido a través de la inmobiliaria de la mujer de un amigo, también exjugador. Morales aportó los datos de esa inmobiliaria y unos chats que cruzó con las personas involucradas.

Morales había comprado el primer piso de Miró al 500 en 1996. El departamento, de cuatro ambientes y un amplio patio, estuvo alquilado durante los últimos diez años hasta que decidió venderlo. “Había que poner mucha plata, se levantaron los pisos, había que cambiar los cerramientos, y pintar. Nunca le había hecho mantenimiento y preferí sacármelo de encima rápido”, le contó Morales en las últimas horas a un allegado.

Ante el fiscal, el exjugador dijo que vendió el inmueble por el mismo precio que lo había comprado casi treinta años atrás, US$200.000, porque estaba apurado y porque actualmemte vive en la provincia de Corrientes. ¿Lo hizo mediante un boleto o una escritura? “En los audios aportados dice que hizo un boleto pero en su declaración habló de escritura”, dijo una fuente judicial.

Un mes después de haberle comprado el departamento a Morales, Sbabo, que en los registros públicos figura como empleada de una editorial, apareció en la nómina de beneficiarios de un programa impulsado por la Ciudad de Buenos Aires, “Pase Cultural”. Esa iniciativa otorga $60.000 mensuales para gastar en comercios y espacios culturales adheridos, y está destinada a jubilados y pensionados mayores que perciban un haber no superior a $600.000 mensuales, sin contar aguinaldo.

Los investigadores analizan si las dos mujeres fueron utilizadas por un inversionista inmobiliario que no quería dejar rastros ni pagar impuestos o si simplemente hicieron un negocio con la reventa.

Viegas, de hecho, fue una de las socias de la empresa Nazca Gold SRL, según documentos del 2017. Y figura como titular de un departamento y un local en la ciudad de Buenos Aires.

De la audiencia de Morales de hoy formó parte el abogado de Adorni en esta causa, Matías Ledesma.

Declaración clave

Mañana, a las 10:30, está prevista la declaración de Adriana Nechevenko, la escribana que intervino en la operación del departamento de Caballito, en la hipoteca del inmueble de la calle Asamblea y en la compra de casa de Indio Cua a nombre de Bettina Angeletti.

Luego de que se solicitara su procesamiento, la semana pasada, la exfiscal que tuvo a su cargo la investigación de la muerte de Alberto Nisman, Viviana Fein, solicitó ampliar sus declaraciones en la causa que revisa si ella fue responsable de irregularidades en el departamento donde fue hallado muerto el fiscal.

En un escrito presentado este martes, su abogado, Lucio Simonetti, solicitó una audiencia para poder volver sobre algunas de sus declaraciones. Dijo que hubo respuestas que fueron malinterpretadas.

“El motivo de dicho pedido radica en la necesidad de parte de mi defendida -señala el texto- de aclarar las afirmaciones que se realizan en el dictamen presentado el miércoles pasado, donde el agente fiscal solicita se dicte su auto de procesamiento por el delito de encubrimiento, a partir de que muchas de las respuestas que ella brindó ante las preguntas que le hizo el Ministerio Público Fiscal fueron malinterpretadas o tomadas fuera de contexto”.

En su pedido de procesamiento del miércoles pasado, el fiscal Eduardo Taiano -que investiga tanto la muerte de Nisman como la posible contaminación del departamento en el que fue encontrado el cuerpo- señaló a Fein como la responsable de un «desastre” en el inmueble de Puerto Madero, por el que pasaron aquella noche más de 80 personas.

Taiano le criticó no haber utilizado vestimenta adecuada al entrar al departamento; no haber levantado correctamente las huellas digitales y haber circunscripto la escena a resguardar solo al baño donde fue hallado Nisman. Muchas de las presuntas irregularidades quedaron capturadas en fotos y videos del procedimiento.

La exfiscal pidió su sobreseimiento, defendió su actuación aquella noche y afirmó que la acusación en su contra era vaga, desprovista de especificaciones que pudieran explicar cómo, con su acción u omisión, el curso de la investigación se habría visto afectado.

Sostuvo que no hubo demoras en su arribo a la escena y remarcó, además, que su presencia allí no era obligatoria y que, aun así, concurrió al lugar. Sobre la cantidad de personas que circularon aquella noche, afirmó que muchas de ellas habían ingresado antes de que interviniera como funcionaria en el procedimiento.

Sugirió, también, que con la acusación en su contra la Justicia busca autoexculparse por los pocos avances en la investigación principal.

“Como en aquella causa no se puede, ni siquiera con el grado de probabilidad que requiere la instancia, arribar a una conclusión coherente acerca de lo sucedido -sostuvo Fein- no puede dejar de suponerse que se pretenda buscar una respuesta a ese fracaso a partir de responsabilizar a aquellos que realizaron la investigación en un primer momento”.

En el caso de la muerte de Nisman, que ocurrió días después de haber denunciado a Cristina Kirchner por un presunto pacto con Irán, la investigación está abierta. La Cámara Federal confirmó un fallo de primera instancia que sostuvo la hipótesis del homicidio, pero resta que el expediente sea elevado a un tribunal oral, que se haga el juicio y que se dicte una sentencia. Todavía no hay indicios sobre posibles autores materiales.

El juez Julián Ercolini debe resolver la situación procesal de Fein.

Taiano le endilgó haber permitido un descontrol en el departamento de Puerto Madero cuando acababa de encontrarse el cuerpo de Nisman. “No se sabía quién era quién”, dijo.

Según Taiano, “la desidia de Fein fue tal” que saboteó el trabajo de los investigadores y el intento de rescatar evidencias vitales.

Taiano ya imputó por estos mismos motivos al exsecretario de Seguridad del kirchnerismo Sergio Berni y a su entonces colaborador Darío Ruiz.

Pero con Fein fue más allá. Taiano habló en esta causa de la inoperancia, la desidia y la indiferencia con que actuaron en el lugar los funcionarios que llegaron al departamento de la Torre Le Parc. “Sólo permite representarnos un alto grado de incompetencia de su parte”, dijo.

El fiscal insistió en que “no se tomaron los recaudos necesarios para la adecuada preservación de la escena” y en que “hubo un sinfín de irregularidades”.

“Ahora sabemos con exactitud y sin lugar a dudas que se pasaron por alto evidencias determinantes para la investigación, como por ejemplo la existencia de una tercera vía de acceso al departamento que nadie advirtió durante el procedimiento, o que no se tomó la temperatura del cuerpo ni del baño”, dijo el fiscal Taiano.

Esta causa se inició por una denuncia de la entonces diputada Elisa Carrió y se investiga si existió una maniobra de encubrimiento para alterar la escena del crimen.