POLITICA
CFK no podrá volver a cobrar la pensión de Néstor Kirchner y ANSES le pedirá que devuelva $1.000 millones
La jueza federal Karina Alonso Candis rechazó el pedido de medida cautelar presentado por Cristina Elisabet Fernández de Kirchner para que se le restablezca de manera anticipada la asignación mensual vitalicia que percibía como viuda del ex presidente Néstor Carlos Kirchner, beneficio que había sido suspendido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, el Gobierno mediante una decisión del ente previsional, que depende del Ministerio de Capital Humano, le reclamará a la ex vicepresidenta que reintegre lo cobrado con anterioridad. Se estima que la suma estaría en el orden de los 1.000 millones de pesos.
La decisión del Juzgado Federal de la Seguridad Social 1 de la Ciudad de Buenos Aires, se enmarca en la causa “Fernández Cristina Elisabet c/ ANSES s/ Nulidad de Acto Administrativo”, donde la ex mandataria reclamó la nulidad de las resoluciones que dieron de baja tanto su pensión como la que le correspondía por su propio mandato presidencial.
El planteo de Fernández de Kirchner se centró en la urgencia de recuperar el cobro de la pensión, argumentando que la demora en la resolución definitiva del proceso judicial podría afectar sus derechos a la seguridad social y su subsistencia.
En su presentación, invocó el artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reconoce el derecho a la seguridad social, y sostuvo que la medida cautelar no resolvía el fondo del asunto, ya que existía una sentencia firme previa que le reconocía el beneficio. Según la ex presidenta, solo restaba que la ANSES cumpliera con esa decisión judicial, por lo que solicitó que se le restituyera el pago de la asignación mensual vitalicia otorgada en su carácter de causahabiente de Néstor Kirchner desde el 14 de diciembre de 2010. “Se verifican en autos los supuestos de verosimilitud del derecho y de peligro en la demora ante la falta de otra forma de subsistir”, sostuvo la parte actora, ofreciendo caución juratoria como contracautela.
La ANSES, en su respuesta, solicitó el rechazo de la medida cautelar. Argumentó que el beneficio previsto en la ley 24.018 para presidentes, vicepresidentes y sus viudas es una asignación graciable, es decir, un reconocimiento excepcional que no depende de aportes previsionales, sino que se otorga como contraprestación al honor y buen desempeño en el cargo. El organismo sostuvo que la medida cautelar pretendida se confundía con el objeto principal de la demanda y que no se verificaban los requisitos legales para suspender el acto administrativo cuestionado.
Además, la ANSES remarcó que la sentencia firme invocada por Fernández de Kirchner en una causa anterior solo se refería a la compatibilidad entre beneficios y no a la nulidad de las bajas, que es el objeto de la presente causa. “La medida solicitada por quien acciona afecta el interés público, ya que se estaría ordenando el pago de un beneficio de significativa consideración económica y se vulnerarían las políticas de veracidad y transparencia en la gestión de los asuntos públicos, dos aspectos cruciales en la lucha eficiente contra la corrupción, todo lo cual afectaría los recursos del Estado”, advirtió el organismo previsional.
La ANSES también señaló que la cuestión resultaba abstracta a raíz de la condena penal recaída en la causa “Fernández de Kirchner Cristina Elisabet y otros s/ infracción a los artículos 173, 174 y 210 Código Penal”, y citó los artículos 12 y 19 inciso 4 del Código Penal, que prevén la suspensión del goce de jubilaciones y pensiones para quienes hayan sido inhabilitados penalmente, salvo que existan parientes con derecho a pensión, situación que no se da en este caso.
Al analizar el caso, la jueza Alonso Candis explicó que las medidas cautelares tienen como finalidad asegurar la eficacia de la resolución definitiva del proceso principal, y que para su otorgamiento deben verificarse dos requisitos: la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. La magistrada consideró que, en este caso, la determinación de la verosimilitud del derecho requería un análisis más profundo de las normas jurídicas y de los hechos, lo que excede el marco de una medida cautelar. “La verosimilitud del derecho debe surgir de manera manifiesta de los elementos obrantes en la causa, resultando improcedente el análisis exhaustivo de las relaciones que vinculan a las partes, cuya naturaleza y extensión han de ser dilucidadas con posterioridad”, citó la jueza, apoyándose en doctrina y jurisprudencia de la Cámara Federal de la Seguridad Social.
La resolución también destacó que el acto administrativo de la ANSES goza de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, según el artículo 12 de la ley 19.549, lo que impide suspender sus efectos salvo norma expresa en contrario. En ese sentido, la jueza recordó que la Corte Suprema ha establecido que “medidas como las requeridas no proceden, en principio, respecto de actos administrativos o legislativos habida cuenta de la presunción de validez que ostentan”.
Otro de los fundamentos centrales del fallo fue que la medida cautelar solicitada coincidía con el objeto principal de la demanda, lo que está expresamente prohibido por el artículo 3 inciso 4 de la ley 26.854, que regula las medidas cautelares contra el Estado nacional. La jurisprudencia citada por la jueza indica que no debe existir identidad de contenidos entre el objeto de la demanda y el de la medida cautelar, ya que ello implicaría un anticipo de la decisión final del proceso. “Dentro de las medidas precautorias, la innovativa es una decisión excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, ya que configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, lo que justifica una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión”, sostuvo la magistrada, citando fallos de la Corte Suprema y de la Cámara Federal de la Seguridad Social.
Por último, la jueza consideró innecesario analizar en esta instancia la aplicación del artículo 19 inciso 4 del Código Penal, que prevé la suspensión de beneficios previsionales en caso de inhabilitación penal, ya que el rechazo de la cautelar se fundaba en los argumentos previamente expuestos.
La resolución concluyó con el rechazo de la medida cautelar solicitada por Fernández de Kirchner y la imposición de costas por su orden, en atención a la especial naturaleza del conflicto y a que la parte actora pudo considerarse asistida de mejor derecho para su planteo cautelar.
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POLITICA
La exprocuradora Gils Carbó reaparece como defensora de uno de los empresarios kirchneristas en el caso de los cuadernos de las coimas
La ex procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó reapareció como la abogada designada por el empresario kirchnerista Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, para que lo defienda en el caso de los cuadernos de las coimas.
La aparición de Gils Carbó, aceptando su designación como abogada, se produjo este miércoles al atardecer, al filo del comienzo del juicio oral y público que tendrá lugar mañana desde las 9.30 por Zoom, dijeron fuentes judiciales a .
Gils Carbó fue la procuradora general de la Nación desde agosto de 2012 a propuesta de Cristina Kirchner hasta finales de 2017, cuando renunció en medio de una oleada de críticas del gobierno de Mauricio Macri.
Desde entonces Eduardo Casal, procurador adjunto más antiguo, es el procurador general de la Nación interino.
Especialista en derecho comercial y en quiebras, Gils Carbó fue fiscal ante la Cámara Comercial. Entre los juicios más resonantes en los que intervino estuvo la causa Papel Prensa y el concurso de la Sociedad Comercial del Plata.
Como procuradora general de la Nación recibió críticas por su actuación motivada por razones políticas a la hora de trasladar fiscales, o designarlos de manera interina para manejar causas sensibles. Recibió denuncias, pero en todas fue sobreseída.
Siempre negó que sus decisiones tuvieran una motivación política por sus simpatías por el kirchnerismo. Ahora reapareció públicamente como abogada de Gerardo Ferreyra, el dueño de la empresa Electroingeniería. Se trata de un empresario kirchnerista que integró en los años setenta el Partido Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP).
Ferreyra pasó nueve años preso durante la última dictadura en Córdoba y regresó luego a la cárcel durante seis meses por la causa de los cuadernos de las coimas. A pesar de que fue tentado para que declarara como “arrepentido” y pudiera salir excarcelado, siempre se negó a hablar y soportó el encierro hasta que fue excarcelado.
Ferreyra fue detenido por orden del fallecido juez Claudio Bonadio el 1 de agosto de 2018 y liberado el 4 de febrero de 2019 por indicación de la Cámara Federal. Como vicepresidente de la empresa, intervino en múltiples entregas de dinero a funcionarios, actuando en la mayoría de los casos como coautor junto a Osvaldo Antenor Acosta y Jorge Neira.
Los pagos se realizaron a Roberto Baratta o a Daniel Muñoz. Las sumas de dinero entregadas por Ferreyra, o bajo su indicación, son de las más altas en la causa, superando los cientos de miles y, en varios hechos, los millones de dólares, para garantizar que los funcionarios actuaran en beneficio de electroingeniería o Vialco SA.
Ferreyra figura en la causa con pagos de 4.500.000 USD (21/07/2010), 2.500.000 USD (23/07/2010), 4.500.000 U$S (30/07/2010), cerca de 4.000.000 USD (07/10/2010). Otros pagos asociados rondaron los 850.000 USD , 3.000.000 USD, 3.500.000 USD, 380.000 USD y 800.000 USD en distintas fechas, y dos hechos por cerca de 250.000 USD en 2015.
Claudio Uberti relató una entrega anterior (2006) de “10 palos en Euros” de Ferreyra a Néstor Kirchner. La entrega fue en el estacionamiento de la confitería Selquet, de Núñez, supuestamente según la acusación fiscal, y Ferreyra habría sacado de su auto, un Fiat Mondeo la plata. Uberti llevó esta valija a Néstor Kirchner a la quinta de Olivos.
En una de las causas, su empresa Vialco SA fue imputada por pagos a Ernesto Clarens por un total de $2.670.000 pesos. Ferreyra también se ocupó de hacer llegar bolsos de más de diez kilos con dinero al departamento de Uruguay y Juncal, uno de los lugares más utilizados por la asociación para acopiar dinero, dice la acusación del fiscal Carlos Stornelli.
Ferreyra presentó un descargo escrito donde negó los pagos y su participación en la asociación ilícita, las pruebas y los requerimientos de elevación a juicio que le recriminan múltiples hechos de cohecho activo.
Su directivo, Jorge Guillermo Neira, reconoció haber efectuado pagos por orden de Ferreyra. Explicó que Gerardo Ferreyra le avisaba a él que pasarían a buscar una carpeta con dinero, indicándole el horario y el lugar.
Neira asistía al lugar y se encontraba con Baratta, quien era quien retiraba la plata. Neira no hablaba con Baratta. Detalló que en tres o cuatro ocasiones, Ferreyra le acercó una carpeta con dinero que estaba cerrada con cinta adhesiva.
En una sola ocasión, Ferreyra le acercó un bolso tipo mochila cerrada, cuyo contenido no verificó, pero que tenía un volumen más grande que el de las carpetas, y también se lo entregó al señor Baratta.
Neira reconoció que Ferreyra le dijo que lo que había entregado “era dinero”. También afirmó que no le constaba que fueran dólares los que llevó, sino que le decían que eran pesos, por instrucción de Ferreyra. Ratificó que las entregas que realizó fueron en las oficinas de la calle Lavalle N° 462 y 25 de Mayo N° 489 (ambas sedes de la compañía), y que jamás se trasladó con esas sumas de dinero a ningún domicilio que no fueran esos dos de la compañía.
Primero Neira negó los hechos a decir que eran “falsos, incoherentes y delirantes” y afirmó. “Jamás entregué dinero a ninguna persona”. Sin embargo, al ampliar su descargo, ratificó lo que declaró como arrepentido sobre las entregas que realizó y mencionó las cuatro entregas de sumas millonarias en dólares.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
La UCR debate su interna tras perder peso en el Congreso: “Llegó la hora de lavarle la cara al radicalismo”
La Unión Cívica Radical atraviesa una de las crisis políticas más visibles de los últimos tiempos, luego de quedar reducida a un puñado de diputados y otros tantos senadores en el futuro Congreso que funcionará a partir del 10 de diciembre. El resultado electoral potenció las diferencias que se arrastran de larga data.
En lo inmediato, el radicalismo deberá renovar autoridades, ya que los mandatos del Comité Nacional se vencen el próximo 15 de diciembre. El presidente actual de la UCR es Martín Lousteau y según confiaron en su entorno a TN, “no está en sus planes” ir por la reelección. Y ahí se abre un fuerte debate por la sucesión -y sobre todo- el rol que debe tomar el partido con el actual gobierno de Javier Milei.
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“El radicalismo tiene una conducción que tomó un camino errado”, apuntó a TN una dirigente radical del interior del país. La referente de peso de la UCR sostiene que Lousteau debió ser vocero de la representación general, de los gobernadores, intendentes, diputados y eso no ocurrió. “La institución del partido como herramienta está débil”, aseguró.
Otro referente de larga trayectoria en el partido señaló: “Hubo dos visiones para dónde debió ir el radicalismo. Algunos se aferraron al partido, una cuestión ideológica cerrada, perdiendo de vista la visión de la sociedad. No interpretaron lo que estaba pasando con Milei”.
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“El clima social era no ir para atrás, no había chance de una visión de medio tampoco”, cuestionó un dirigente cercano a un gobernador del norte. Los mandatarios provinciales tuvieron diferencias con la gestión de Lousteau, incluso esto se vio reflejado en las elecciones, donde algunos de ellos sellaron alianzas con los libertarios, como el mendocino Alfredo Cornejo.
“Lousteau termina enredándose con el kirchnerismo y ahí nos deperfilamos todos”, expresó otra voz crítica del presidente de la UCR. Y se diferenció: “Intentamos acompañar al gobierno con criterio, ser pro reforma, sin dejar de ser visibles. Es el camino que la sociedad eligió”.
La UCR que viene y “lo urgente”
“Antes que quién, tenemos que tener claridad sobre qué queremos representar. Ese es el primer debate que hay que saldar. A dónde ir y dónde se quiere parar”, graficó a este medio alguien con peso específico en el partido. “No podemos opinar de una manera y el presidente del partido de otro”, enfatizó.
“Hay que ser inteligentes en esa representación que tenemos y no tener que estar explicándole a la sociedad todo el tiempo qué somos y por qué”, expresó a TN alguien con diálogo con todos los sectores del radicalismo. Y reclamó: “Menos interna y más escuchar a la calle”.
Otra de las máximas es cuidar lo que le queda al radicalismo, que no es mucho en términos del Congreso, pero sí tiene representación en todo el país, con dirigentes de peso. “Tenemos 5 gobernadores que hay que cuidar, no importan las alianzas en cada provincia”, remarcó un histórico de la UCR a este medio. E indicó: “Estamos de acuerdo en que no hay cacería de brujas”.
Claro que habrá mínimos reparos respecto de las próximas autoridades y el perfil de conducción. “El presidente del partido tampoco puede ser radical con peluca”, aclararon, aunque hicieron hincapié en la necesidad de que tenga capacidad de diálogo “con todos los sectores”, incluido el Gobierno. “No puede haber una conducción del partido que está todo el tiempo cascoteando lo que la sociedad ha elegido contundentemente”, remarcaron.
Los nombres que suenan para conducir la UCR
Todavía no hay nombres concretos en carrera pero sí algunos rumores y versiones, incluso dentro de las propias filas radicales. Uno de ellos es el exdiputado nacional Mario Negri, que es alguien que tiene diálogo y estima con las distintas corrientes del partido. “Si es la expresión del consenso hay que verlo, pero no es delegado del comité nacional”, sostuvo alguien que sí integra institucionalmente la UCR.
Los gobernadores Gustavo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), se han opuesto a Lousteau durante los 2 años al frente de la UCR y podrían ser candidatos porque son delegados. Y ya hay un sector que impulsa que el próximo presidente del partido sea un mandatario provincial, donde tampoco descartan a Maximiliano Pullaro (Santa Fe), aunque algunos lo miran con desconfianza por su decisión de integrar Provincias Unidas.
También podría ser la actual vicepresidenta del radicalismo, Pamela Verasay (cercana a Cornejo), aunque también dependerá articulación entre los sectores al momento del reparto de cargos. Verasay también podría encabezar el bloque de diputados de la UCR en el Congreso.
“Tampoco sirve dejar sectores afuera de cargos. Hay que reconstruir al radicalismo que se equivocó, no hay que eliminar a nadie”, aclararon. Ya no cuentan en esa discusión a Facundo Manes, que pegó el portazo en la última previa electoral y además su hermano Gastón renunció a la Convención nacional.
Una de las convicciones es que en el caso de elegir una nueva conducción, podrían volver los llamados radicales con peluca, aquellos que decidieron apoyar abiertamente a Milei en el Congreso y habían sido marginados del partido. “Queremos un partido más amplio, con otra visión”, explicaron.
El rol de la UCR en el Congreso que viene
Otra de las discusiones más inmediatas que tiene el radicalismo por delante es la del rol en el Parlamento, donde perdieron muchas bancas. “Ahí vendrá el golpe duro al ver el decaimiento de la UCR en el Congreso”, afirmó un dirigente con peso provincial.
“Encima que somos pocos, estamos divididos”, destacó alguien que actualmente ocupa una banca en el Congreso. “La mayoría nos vamos a unir, pero no todos. Tiene que ver con dónde estar parado. No quiero que el bloque tenga el perfil opositor tirapiedra”, analizó.
El nuevo perfil que podría tener el bloque de diputados está asociado al que mantienen los gobernadores. “El objetivo es que podamos transitar este centro, que es el que eligen los gobernadores y es el que eligen también aquellos legisladores que no tienen jefes provinciales”, manifestaron a este medio. Y una puerta abierta a la actual conducción: “Losuteau será bienvenido si lo entiende”.
UCR, Elecciones, radicalismo
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Patricia Bullrich encabezó su primera reunión como jefa designada de la bancada de LLA en el Senado
La ministra Patricia Bullrich confirmó hoy que será jefa de bloque del oficialismo en el Senado, tal como lo adelantó , y encabezó una reunión con los miembros de la futura bancada que, según aseguró en un posteo en la red social X, tendrá 21 integrantes.
Sin embargo, los números de Bullrich no cierran. El bloque oficialista tendrá 20 integrantes a partir del 10 de diciembre. Es la cifra que surge de sumar, a los 12 libertarios electos el 26 de octubre, los siete que ingresaron en 2023 y la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, que firmó el miércoles su pase oficial de Pro a La Libertad Avanza (LLA).
La diferencia radica en la figura de la chaqueña Silvana Schneider, que el oficialismo cuenta como propia, pero que en realidad es radical y ocupó el segundo lugar en la lista de LLA en Chaco.
De hecho, Schneider es la actual vicegobernadora de Leandro Zdero y ya le comunicó al jefe del bloque radical, Eduardo Vischi (Corrientes), que se sumará a la bancada del centenario partido.
“Es una radical de pura cepa; hoy habló con Peteco (Vischi) y le confirmó que se sumará al bloque”, le dijo a un integrante de la bancada radical.
Según pudo saber este diario, Schneider fue invitada a la reunión en Casa Rosada de los senadores electos con el presidente Javier Milei. Sin embargo, no pudo asistir porque está reemplazando al gobernador Zdero, que se encuentra de viaje por el exterior.
Tras el encuentro con el jefe del Estado, los senadores electos y los que ya están en funciones desde hace dos años se reunieron a solas con Bullrich como una suerte de primus inter pares.
La lista de senadores oficialistas a partir del 10 de diciembre estará compuesta por Bartolomé Abdala e Ivanna Arrascaeta (San Luis), Carmen Alvarez Rivero (Córdoba), Romina Almeida y Joaquín Benegas Lynch (Entre Ríos); el actual jefe de bloque, Ezequiel Atauche y Vilma Bedia (Jujuy), Nadia Márquez y Pablo Cervi (Neuquén), Agustín Coto y Belén Montes de Oca (Tierra del Fuego) y Juan Cruz Godoy (Chaco).
Junto a Bullrich fue elegido por la Capital Federal el economista Agustín Monteverde, que compartirá bancada con el formoseño Francisco Paoltroni, Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán (Salta), Bruno Olivera Lucero (San Juan), Juan Carlos Pagotto (La Rioja) y Lorena Villaverde (Río Negro).
Gustavo Ybarra,Conforme a
La exprocuradora Gils Carbó reaparece como defensora de uno de los empresarios kirchneristas en el caso de los cuadernos de las coimas
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