POLITICA
CFK sigue dominando la agenda, con un interrogante: ¿existe real voluntad política de desplazarla?

Cristina Fernández de Kirchner sigue al tope del temario político -y de la agenda pública, en sentido más amplio- como efecto inicial de su prisión domiciliaria. No es el motor de protagonismo que hubiera preferido, pero la condena en una causa por corrupción de alguien que ejerció dos veces la presidencia tiene naturalmente alto y persistente impacto mediático. La cuestión, en términos políticos, es otra: el kirchnerismo busca aprovechar la situación al máximo y, hasta ahora, el interrogante es si en la otra vereda existe real voluntad de colocar las piezas en su lugar y desplazarla del juego de poder.
A partir del sacudón provocado por el fallo de la Corte Suprema, “centralidad” es el término más gastado para describir el lugar de la ex presidente. Por lo pronto, desde Olivos navegan entre la intención de sostenerla como “enemigo” excluyente y la preocupación por los días que transcurren sin poder imponer un tema significativo, algo asociado ligeramente a la lógica de debilidad o fortaleza. Y eso resulta más relevante porque el movimiento de CFK alcanza para contener de momento las internas del peronismo, con el agregado de una especie de bajo perfil y hasta silencio en otros espacios. Llamativo frente al contrapunto entre la épica K de la “proscripción” y el escarnio de la ex presidente, especialmente en redes sociales y con fuerte trazo mileista.
Frente a ese cuadro, el kirchnerismo operó con rapidez y sentido obvio. En el discurso, sostuvo la figura de la ex presidente como víctima de persecución político-judicial, aunque trató de evitar que pudiera ser interpretado como una actitud apenas defensiva, con tono de derrota. Al revés, utilizó la condena firme para intentar revertir el cuadro de liderazgo en crisis, exhibido en capítulos anteriores como su coronación al frente del PJ -cargo despreciado por ella misma- y la frustrada candidatura a diputada provincial por la tercera sección electoral de Buenos Aires.
Al menos hasta las elecciones de la provincia, en septiembre, y los comicios nacionales, en octubre, seguramente estará a la vista la tensa convivencia entre quienes sólo suscriben la consigna de la proscripción, en esta coyuntura, y el núcleo K que apuesta a consolidar la jefatura política desde el departamento de San José al 1100. En otras palabras: se verá si se trata o no de un proceso de final de ciclo. En lo inmediato, el foco está puesto en la pulseada bonaerense, que combina relaciones sin retorno -entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner-, pragmatismo para no despreciar la franja de votantes que mantiene CFK y apuesta a la unidad, compartida también por el massismo, además de los cálculos de los intendentes, especialmente del GBA.
Hasta el momento, Olivos mostró cautela. Una actitud que, de entrada, estuvo vinculada a la necesidad de tomar distancia del clima que venía envolviendo a la decisión judicial, habida cuenta de las especulaciones sobre la apuesta a confrontar con CFK como candidata, trasladada como mensaje a la Corte por distintas vías. Esos trascendidos generaron malestar y descalificaciones desde el Gobierno y sus redes, a pesar de que las versiones fueron alimentadas desde la cercanía del Presidente.
Esa página quedó atrás rápidamente. CFK juega al límite con las restricciones de la prisión domiciliaria. Ya está a la vista una especie de nueva fase de mensajes que, en estos días de muy alta exposición, potencian su intención de mantenerse como contrafigura de Milei y de los integrantes más destacados de su gabinete, con Luis Caputo en primera línea y últimamente, otra vez con cargas sobre Patricia Bullrich.
El Presidente expuso un mensaje que, como línea central, estuvo dirigido a dar por cerrado el ciclo de CFK. Eso, como parte de un discurso que al mismo tiempo la coloca en la mira. Parece una etapa para medir la estrategia, algo que por supuesto tiene un desafío crucial en el corto plazo: la elección bonaerense, es decir, la batalla en simultáneo con CFK y Kicillof. Antes, claro, se anota el desenlace de las negociaciones con el PRO, tal vez además con una franja de la UCR.

El punto, como dato llamativo en el micromundo de la política, es que esas conversaciones -las públicas- entre LLA y el PRO fueron suspendidas esta semana. El oleaje del caso de CFK fue mencionado como motivo del aplazamiento de la nueva cita entre el operador libertario Sebastián Pareja y el triángulo negociador que integran Cristian Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro. Por supuesto, los contactos no están cerrados, pero la foto fue postergada.
El contexto más amplio de esa relación sigue siendo incierto. Milei volvió a dedicarle párrafos ácidos a Mauricio Macri en el marco de una entrevista que tuvo como frases para el título las referencias a CFK. El ruido por la ex presidente también tapó las críticas a la gestión nacional -algunas económicas, pero sobre todo políticas- desplegadas en un documento de la Fundación Pensar.
El tema de los acuerdos, al menos legislativos y sin descuidar a los gobernadores, asoma como una cuestión abierta y de arrastre para el oficialismo. Y ahora aparece con una asignatura de mayor gravitación en el camino de “recuperar” el manejo de la agenda política. Pesan las necesidades propias y las movidas ajenas, con distinto grado de alcance en la heterogénea franja opositora.
En los días previos a la ratificación de la condena de la ex presidente, el temario político anotaba como un renglón principal el plan “Dólares del colchón”. Una medida que vino muy conversada y muchas veces anticipada, que requiere para apostar a la confianza pública dos elementos de entrada: el apoyo de gobernadores, aún incompleto, y la aprobación sin mucha demora del proyecto que modifica aspectos centrales de leyes tributarias, en especial los que hacen a la categoría de evasión y a las prescripciones.
El oficialismo no avanzó hasta el momento con el trámite del plenario de comisiones de Diputados para abordar esa iniciativa. Le cuesta lograr número para contar con dictamen. Y cumplido ese paso, es un interrogante que pasaría en el recinto. El ejercicio para lograr avances requiere acuerdos con aliados y dialoguistas. Ese tejido sería crucial además frente a los proyectos de recomposición de jubilaciones y sistema nacional de discapacidad. Con impulso opositor más duro y algunos acompañamientos que encendieron alarmas en el Gobierno, los textos fueron votados en el Cámara baja y esperan turno en el Senado, tal vez para fin de mes. Una pulseada difícil que, en caso de éxito opositor, pondrá otra vez a prueba al oficialismo: garantizar blindaje legislativo para el veto que prometió Milei.
En cualquier caso, serán vitales para Olivos las conversaciones con los jefes provinciales. En una movida opacada también por el tema CFK, Guillermo Francos recibió a una especie de delegación de gobernadores, que ratificaron los planteos de conjunto en el marco de la baja de fondos por coparticipación federal. Están expuestos en la demanda desde el reparto de fondos discrecionales hasta la coparticipación de rubros del impuesto a los combustibles. El lunes, los gobernadores volverán a reunirse en el CFI y es posible que vuelva a registrarse asistencia total.
Con ese cortinado de fondo, resulta claro que “recuperar” la iniciativa o manejar la agenda requiere ejercicio efectivo, además de discurso. No parece que alcance con tratar de reanimar el Consejo de Mayo, convocado después de casi un año para su primer encuentro, la semana que viene.
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POLITICA
El Gobierno prepara la denuncia contra los detenidos por la violencia afuera del Congreso y no descarta la figura de terrorismo

El Gobierno prepara denuncias contra los manifestantes involucrados en los incidentes ocurridos este miércoles por la tarde en las inmediaciones del Congreso, durante las protestas contra el proyecto de ley de reforma laboral, mientras se desarrollaba el debate en el Senado.
Fuentes de Casa Rosada indicaron que las denuncias “se están terminando de formular”, mientras que desde el Ministerio de Seguridad Nacional marcaron las figuras que se iban a utilizar eran las de “atentado y resistencia a la autoridad, daños y lesiones”.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, detalló esta mañana a A24 que “en todo el operativo se detuvieron a 71 personas”. Estos se distribuyeron de la siguiente manera: 27 fueron detenidos en operativos realizados por Nación en las estaciones terminales, 20 fueron aprehendidos por la Policía de la Ciudad en la misma zona de la movilización y 24 fueron detenidos por las distintas fuerzas de seguridad nacionales en las inmediaciones del Congreso.
Los funcionarios nacionales indicaron que todavía no está determinado si se inicará algún tipo de denuncia o acusación por terrorismo. Y es que uno de los puntos de mayor tensión durante la movilización de ayer fue la imagen de un grupo de personas preparando y arrojando bombas molotov a los efectivos policiales.

“Quienes atacan con piedras y bombas molotov a efectivos policiales no son delincuentes, son terroristas”, había tuiteado el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ayer durante el desarrollo de los incidentes. En Seguridad Nacional marcan que todavía no se identificó a ninguna de las personas que participaron de estos hechos ni una confirmación exacta de a qué organizaciones responden.
“Es complejo identificar grupos con estas características violentas”, marcó la ministra esta mañana en una entrevista televisiva. Al ser consultada, Monteoliva marcó que se podría tratar de “una ala de la izquierda combativa, los que se autodenominan antisistema, los Antifa. Los veíamos en los carteles, son los que podían tener las bombas molotov”. “Había un grupo de socialistas beligerantes. Los veníamos identificando ya con las cámaras, con las cámaras en los accesos, en las columnas”, agregó.
En el Gobierno confirman que no habrá denuncias particulares contra integrantes de la Confederación General de los Trabajadores (CGT). “Se corrieron, estaban negociando mientras los demás tiraban bombas molotov. Entendieron que no había que escalar el nivel de violencia”, afirmó un funcionario nacional a Infobae.
Monteoliva informó que se están resguardando todas las imágenes y que ya se solicitaron a la Justicia las autorizaciones necesarias para avanzar con las identificaciones. La ministra atribuyó los hechos a “decenas de integrantes de grupos de izquierda que actuaron de manera organizada, con violencia premeditada y armamento casero para agredir al personal y generar caos”, aunque no se presentaron pruebas ni se precisó la vinculación partidaria. “Las van a pagar”, publicó en su cuenta oficial de la red social X.
En el Ministerio de Seguridad de la Ciudad consignan que hubo 20 detenciones durante el operativo de ayer que quedaron a disposición de la Unidad Flagrancia Este. De este grupo de personas, ayer a las 23 horas se liberaron a cinco personas, que quedaron a disposición de la Justicia. Se espera que en las próximas horas la enorme mayoría sea puesta en libertad.

Como otro de los saldos, tres policías fueron heridos, uno de ellos sufrió un traumatismo de cráneo con perdido de conocimiento y fue trasladado al Hospital Italiano. Los otros dos fueron traumatismo en los miembros inferiores producto de los elementos arrojados por los manifestantes. El efectivo con traumatismo de cráneo recibió el golpe de una maceta arrojada desde un edificio en Solís y Alsina.
El Gobierno consignó que se produjeron roturas de baldosas en la Plaza del Congreso, incendios de contenedores y lanzamiento de objetos contra el vallado policial. Las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires estimaron en $270 millones el costo de la reparación del espacio público dañado durante la protesta. En total, se retiraron y repusieron 140 contenedores de basura en 60 cuadras alrededor del Congreso y se desplegó un operativo especial de limpieza. También hubo roturas y vandalismo tanto en calles como en veredas de la zona.
Finalizada la movilización, el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana puso en marcha un operativo de limpieza que contó con la participación de 120 barrenderos, siete hidrolavadoras, siete camiones recolectores, 15 supervisores y ocho brigadas de acción inmediata.
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POLITICA
Tras la media sanción de la reforma laboral, la CGT se reúne hoy para definir si convoca a un paro general

La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) definirá este lunes si convoca a un paro general de 24 horas en rechazo a la reforma laboral que ya tiene media sanción del Senado y que comenzará a tratarse esta semana en la Cámara de Diputados. La reunión del Consejo Directivo fue adelantada en medio del malestar sindical por el avance del oficialismo.
Uno de los cotitulares de la central, Cristian Jerónimo, aseguró que “están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”. La definición formal quedará en manos de la conducción, que se reunirá de manera virtual, a las 11.
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La central obrera endureció su postura en las últimas horas, luego de que distintos gremios reclamaran una reacción frente al tratamiento legislativo del proyecto. El Frente de Sindicatos Unidos —integrado por la UOM, Aceiteros, ATE y las dos CTA— ya anunció un paro con movilización al Congreso para el día del debate en Diputados.
El anuncio se produce en un contexto de tensión interna entre los sectores más dialoguistas y aquellos que reclaman una medida inmediata. La discusión se aceleró ante la posibilidad de que la sesión en Diputados se adelante.
Presión sindical y mensaje a Diputados
Jerónimo envió un mensaje directo a los legisladores nacionales. “No puede avanzar tal como está, los diputados tienen que entender que hay que rechazar el proyecto”, dijo.
En la previa de la reunión, el dirigente insistió en que la central obrera usó todas las herramientas disponibles para intentar acordar. “Agotamos las instancias de diálogo por la reforma laboral, hablamos con gobernadores y senadores. El Gobierno quiere ser el verdugo, romper los derechos y conquistas de los trabajadores, el proyecto es una construcción de relato para tapar otras cosas”, sostuvo en Radio Con Vos.
También cuestionó con dureza el contenido de la iniciativa. “Es una locura, va en contra de los derechos de los trabajadores. Tiene una redacción maliciosa, carga ideológica, va en contra de los derechos laborales. Se hizo para tapar el fracaso del plan económico del Gobierno”, afirmó.
Los puntos en conflicto de la reforma
El rechazo sindical se concentra en las modificaciones sobre indemnizaciones, jornada laboral, derecho de huelga y funcionamiento de las asambleas sindicales. También generó críticas el esquema de licencias por enfermedad o accidentes no laborales, que contempla una reducción de hasta el 50% del salario en determinados casos.
Desde el Gobierno defendieron esos cambios. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó: “Si te lastimaste jugando al fútbol, es decir, en una situación en la que tomaste una acción activa y el empleador no tuvo nada que ver, y quedaste temporalmente incapacitado para trabajar, en ese caso la cobertura es del 50%”. Además, sostuvo que la medida busca limitar licencias prolongadas que generaron “costos ocultos” para las empresas.
Para Jerónimo, el ministro “dijo claramente que quieren romper la matriz sindical para después ir por todos los derechos y conquistas de los trabajadores”.
Qué puede pasar en el Congreso
La reforma laboral comenzará su debate en comisiones de Diputados esta semana, aunque la fecha de sesión aún no fue confirmada. El oficialismo busca acelerar el tratamiento, mientras que en la oposición dialoguista persisten dudas sobre algunos artículos.
Leé también: En la previa a la cumbre, la CGT advirtió que “están dadas las condiciones” para convocar a un paro general contra la reforma laboral
En ese escenario, la CGT evaluará si formaliza un paro nacional de 24 horas como herramienta de presión política y legislativa. La decisión quedará definida tras la reunión de este lunes.
“Vamos a exigirle a la CGT un paro con movilización”, adelantó Abel Furlán, secretario de la UOM, en declaraciones a Futurock, y alertó que “la gente se empezó a dar cuenta de que esto es pérdida de derechos”
reforma laboral, CGT
POLITICA
Victoria Villarruel se reunió con un gobernador opositor y escala su interna con el Gobierno

La vicepresidenta Victoria Vilarruel, sigue enfocada en ampliar sus márgenes de autonomía en medio del largo conflicto larvado que mantiene con el presidente Javier Milei y su entorno.
Este sábado, como parte de esa agenda, mantuvo un encuentro con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en el marco de un festival provincial.
Quintela es uno de los gobernadores peronistas que no mostraron cercanía al Gobierno desde que este asumió en diciembre de 2023. Se lo vincula al sector de la oposición dura.
Victoria Villarruel se diferenció de Javier Milei y pidió agravar penas por los incendios en la Patagonia
La acción de Villarruel se da un contexto de aislamiento de la vicepresidenta por parte del Ejecutivo Nacional y sus legisladores libertarios en el Senado.
A su vez, el gobernador de La Rioja también se encuentra en una situación de aislamiento, al igual que otros gobernadores como los de Tierra del Fuego, Formosa y Buenos Aires.
Victoria Villarruel declaró ante la prensa provincial que “el objeto es que sientan que pensamos en ustedes, que sepan que en Buenos Aires los tenemos presentes”.
De esta manera, la vicepresidenta y presidenta del Senado confronta con la agenda de Javier Milei, estructurada alrededor del antagonismo político con los gobernadores y dirigentes que no compartan sus ideas, y lo hace haciendo de ambulancia para algunos de estos políticos, muchos de ellos peronistas y en crisis de liderazgo en su espacio político.
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