POLITICA
Cierre de alianzas en Córdoba: el PJ pone a prueba el acuerdo de gobernadores y LLA busca hacer pie con la UCR y el PRO
A horas del fin del plazo para la presentación de alianzas, Córdoba vive intensas negociaciones. En el oficialismo ya se descuenta la candidatura de Juan Schiaretti, movimiento que servirá para darle volumen político a la flamante alianza Provincias Unidas, pero con el desafío que implicará competir con Natalia De La Sota. Del otro lado, La Libertad Avanza tiene la compleja tarea de acordar con el PRO y la UCR, que, a su vez, enfrentan fuertes internas que llegaron a la Justicia.
La provincia renueva un total de nueve bancas en la Cámara de Diputados y, pese a no haber escaños en el Senado en juego, el armado en Córdoba toma relevancia por su preponderancia en el padrón electoral y por el perfil antikirchnerista que históricamente mantuvo, lo que ayudó, por ejemplo, a que Mauricio Macri llegue a la Presidencia en el 2015.
Justamente, el PRO cordobés vive hace más de un año un desmembramiento: gran parte de los dirigentes se sumaron al Gabinete de Martín Llaryora y otros, como por ejemplo Oscar Agost Carreño, se aliaron con peronistas de centro en la Cámara de Diputados. Ese movimiento impulsó la intervención del partido, que hasta estas horas sigue generando tensión e incertidumbre para el cierre de alianzas.
“Ha habido una batalla legal que está en disputa, pero vamos a tener la posibilidad de hacer el cierre como queremos. En este proceso, no solamente cumpliendo la voluntad lógica que es no yendo con el peronismo de Córdoba, sino también con la voluntad de nuestros intendentes, los que se han quedado a pesar del momento complicado y que son los que han pedido por favor que hagamos todo el esfuerzo posible para que el partido sea intervenido y para que puedan ellos definir el cierre electoral de este año”, expresó el santiagueño Facundo Pérez Carletti, secretario general del PRO y hoy un fiel aliado de Macri.
Otro buen aliado del ex presidente en Córdoba es Rodrigo De Loredo, el radical que preside el bloque en la Cámara baja y que también debe renovar su banca. Aunque en privado insiste en que no está empecinado en reelegir y que su mayor objetivo es llegar competitivo al desafío por la Gobernación en el 2027, el legislador logró que la UCR local lo habilite a sellar una alianza con La Libertad Avanza, pero con una sola condición: tiene que encabezar la lista. Según pudo reconstruir Infobae, ese requisito no estaría garantizado, sino más bien, existe una oferta para un tercer lugar, pero además en el Gobierno no ven con buenos ojos la pelea judicial que se desató en el partido centenario.
En la última reunión del congreso partidario, el equipo de Marcos Ferrer – titular de la UCR local y aliado de De Loredo- olvidó anular la elección interna para elegir candidatos. Tras una pelea judicial impulsada por los adversarios de las autoridades, el partido centenario se encamina a una elección interna el próximo domingo, en la que Ramón Metre busca posicionarse y evitar un armado con La Libertad Avanza. “Al Gobierno no le está gustando para nada todo este lío”, aseguran en Córdoba en un contexto nacional en el que se impone la estrategia de Karina Milei de imponer el sello libertario, el color y candidatos puros.
En los últimos meses La Libertad Avanza ensayó algunos nombres para encabezar la lista en la provincia mediterránea. Hasta había sonado Diana Mondino antes de su salida de Cancillería. También trascendió la posibilidad de un Agustín Laje, el encargado de la batalla cultural de Javier Milei, encarando el desafío electoral, pero todo indica que será Gabriel Bornoroni el candidato del gobierno nacional.
La Libertad Avanza tendrá el desafío de enfrentar a un PJ cordobés que pondrá a su mejor candidato: Juan Schiaretti. El ex gobernador mantiene un alto nivel de aprobación y promete revertir la mala racha que históricamente tuvo el peronismo local en las elecciones legislativas. Sin embargo, no será un camino allanado para el oficialismo. En los últimos días Natalia De la Sota anunció que enfrentará al espacio que supo fundar su padre, luego de una larga suma de malestares con sus ex aliados. Algunos dejan trascender que quedó herida desde el 2023, cuando el espacio eligió a la radical Myrian Prunotto como compañera de fórmula de Llaryora.
Pero la postulación de Schiaretti será, además, la principal figura del frente Provincias Unidas, la alianza que lanzaron los cinco mandatarios Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Llaryora (Córdoba). Los cinco gobernadores tienen como objetivo establecer un “bloque compacto” en el Congreso para defender e impulsar medidas que respondan a las necesidades del interior productivo. Para ese desafío, por ejemplo, Pullaro planea postular a su vicegobernadora Gisela Scaglia, quien responde a Macri. Los cordobeses también tienen puestos los ojos en la provincia de Buenos Aires, donde podrían bendecir a Florencio Randazzo para la lista de Somos Buenos Aires.
POLITICA
La Justicia avanza sobre el borrado de pruebas y encubrimiento de la financiera ligada a la AFA
El Juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Armella, indagó ayer a tres de los cuatro empleados detenidos en la causa Sur Finanzas. El último imputado será interrogado hoy, luego de que su abogado solicitara una prórroga para analizar las pruebas incorporadas al expediente.
En paralelo, los peritos judiciales comenzaron a clasificar la documentación contable y el material informático secuestrado en los 14 allanamientos realizados el jueves en las oficinas, domicilios particulares, depósitos, un parador de Pinamar y galpones ubicados en esa ciudad balnearia, en Lomas de Zamora y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre las empresas alcanzadas por las medidas figuran el Centro de Salud RDA Imágenes, en Lomas de Zamora, y Sur Corralón.
El magistrado y su equipo investigan un presunto esquema de lavado de activos, evasión fiscal y encubrimiento de pruebas que tiene como principal señalado al empresario Ariel Vallejo, financista con fuerte inserción en el negocio del fútbol y empresario cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
Los cuatro nuevos imputados, todos empleados de Sur Finanzas, son Daniela Sánchez, secretaria privada de Vallejo —también imputado en la causa—; Juan Soler, empleado administrativo; César Zapaia; y Rolando Soloaga, jefe de choferes de la firma. Están acusados de haber participado en maniobras de encubrimiento y destrucción de pruebas destinadas a obstaculizar la investigación judicial.
Según la resolución del magistrado, los imputados “habrían tenido un alto grado de participación en las maniobras imputadas, a lo que se suma el poder económico y la gran cantidad de recursos del grupo empresarial Sur Finanzas, con lo cual entiendo se verían acrecentados los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento probatorio respecto de aquéllos”.
La fiscal federal Cecilia Incardona les atribuye haber intervenido en un presunto plan interno para ocultar y destruir prueba clave para la causa.
El análisis de teléfonos celulares secuestrados permitió reconstruir conversaciones en las que, según los investigadores, se impartían órdenes para retirar computadoras, extraer dinero en efectivo de sucursales, borrar planillas y eliminar registros de cámaras de seguridad.
La investigación también pone el foco en el rol de Susana Hoffmann, jefa de Recursos Humanos, quien habría enviado un mensaje a Juan Soler con la instrucción de ingresar a las computadoras de los cajeros y desconectar los programas, con el objetivo de inutilizar los sistemas informáticos e impedir el rastreo de operaciones financieras bajo análisis judicial. En uno de los mensajes incorporados al expediente se lee: “Ingrese a las computadoras de los cajeros y desconecten los programas”.
Como ya informó este medio, Armella dispuso además la detención domiciliaria de otras tres personas: la tesorera de la financiera, Micaela Sánchez, y los custodios Sergio Da Silveira y Juan Cervín. Los tres fueron detenidos a fines del año pasado cuando retiraban computadoras y documentación de un galpón de Turdera, en el sur del Gran Buenos Aires. Están procesados por el delito de encubrimiento agravado.
En el voluminoso expediente judicial consta que en la madrugada del 1° de diciembre de 2025, mientras los efectivos de la Policía Federal desplegaban un mega operativo en Adrogué y distintas localidades de Lomas de Zamora para desbaratar la presunta cueva financiera ligada al fútbol, dentro de las oficinas de Sur Finanzas se desplegaba un protocolo especial similar al que realizaron los responsables de los laboratorios del fentanilo mortal: borrar servidores, destruir material contable, esconder computadoras y falsificar documentación para engañar a la Justicia y proteger el negocio multimillonario vinculado a la pasión de multitudes.
Las pruebas reunidas llevaron al Juzgado Federal N.° 2 de Lomas de Zamora a ordenar la detención de piezas consideradas clave en la estructura investigada: Juan Miguel Soler (técnico), César Zapaia (oficial de cumplimiento), Rolando Soloaga (jefe de seguridad) y Micaela Sánchez, tesorera de la firma.
El expediente se inició en noviembre pasado a partir de una denuncia de la Dirección General Impositiva, que advirtió maniobras que habrían permitido evadir $3.327 millones en impuestos.
Los dispositivos electrónicos de Ariel Vallejo ya fueron desbloqueados y se encuentran bajo análisis de la Policía Federal, con intervención de la DAJUDECO y la PROCELAC, en un trabajo orientado a reconstruir el circuito financiero completo.
El foco central de la investigación es la relación entre Sur Finanzas y distintas instituciones deportivas a las que la firma habría asistido financieramente a cambio de intereses elevados.
En el caso de San Lorenzo, la Justicia detectó transferencias con tasas calificadas en el expediente como “usurarias” y sostiene que la operatoria se habría ejecutado “con el permiso y recomendación de la AFA”.
Incluso, de acuerdo con la documentación judicial, la propia AFA habría indicado al club que recurriera a Sur Finanzas para obtener financiamiento. También se estableció que la Liga Profesional de Fútbol depositó fondos de televisión correspondientes a un club en Neblockchain, identificada en la causa como Sur Finanzas.
La operatoria bajo análisis alcanza a 17 clubes: Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Acassuso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.
Con cuatro nuevos empleados imputados por encubrimiento y destrucción de pruebas, tres personas bajo arresto domiciliario y el análisis en curso de documentación contable y dispositivos electrónicos, la causa avanza sobre un entramado que conecta finanzas, fútbol y presuntas maniobras millonarias que quedaron bajo la lupa judicial.
POLITICA
La CGT adelanta una reunión para este lunes y evalúa un paro cuando Diputados trate el proyecto
El fin de semana largo de carnaval tendrá una interrupción para las autoridades de la Confederación General del Trabajo (CGT). Su Consejo Directivo decidió adelantar para este lunes una reunión que estaba prevista para mediados de esta semana, pero el ímpetu oficialista sobre la reforma laboral aceleró los tiempos. Un posible paro general de 24 horas asoma, otra vez, entre las alternativas de respuesta del sindicalismo.
El cónclave será por videoconferencia y está previsto que ocurra a las 16 horas. En la antesala conviven dos posturas: la dialoguista y la dura. Esta última es la que impulsa una actitud más severa en las calles contra el proyecto de modernización laboral, también conocido como reforma, que la semana pasada obtuvo media sanción en el Senado.
La llegada del proyecto al recinto de la Cámara de Diputados todavía no tiene fecha exacta. Pese a eso, en el sindicalismo observaron que el Gobierno podría moverse rápido para que la reforma se convierta en ley. Uno de los escenarios más optimistas dentro del oficialismo propone como hoja de ruta: aprobación del dictamen el miércoles y sesión el jueves. Sin confirmación de que esto efectivamente vaya a suceder así, la CGT decidió no perder tiempo y este mismo lunes debatir si convoca a un paro.
Tal como indicaron fuentes sindicales, la idea de la huelga general buscaría que esta coincida con el debate en el recinto en Diputados. En consecuencia, las fechas todavía no se conocen con exactitud.
El paro general como respuesta de la CGT a posibles cambios en la legislación laboral propuestos por la administración de Javier Milei ya tiene un antecedente. A 45 días de haber asumido, la cúpula sindical ya había convocado su primera huelga con motivo del DNU 70/2023, también conocido como “megadecreto”, que contenía un capitulo sobre empleo.
El segundo paro de la CGT contra Milei se produjo casi cuatro meses más tarde, en mayo de 2024. Menos de un año después, el 10 de abril de 2025, la central obrera convocó la tercera huelga durante la gestión libertaria. A diferencia de estos antecedentes, el debate actual dentro del sindicalismo ocurre con un nuevo tridente cegetista que tomó posición en noviembre pasado, conformado por Jorge Sola (Sindicato del Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros).
La postura dialoguista, que efectuará de contrapeso, propone intentar introducir cambios en el proyecto hasta último momento. Dentro de este sector, valoran que el sindicalismo logró que la reforma laboral no tocara la cuota solidaria (un porcentaje del sueldo que se descuenta a trabajadores sin importar si están afiliados a un gremio) y los aportes a las obras sociales a cuenta de los empleadores.
El otro lado de la moneda, el del descontento, puede tener tantos ítems como interlocutores dentro del sindicalismo, sin embargo, en las últimas horas los cambios propuestos para las licencias laborales aparecieron en todas las conversaciones. Se trata de los artículos que reducen el porcentaje de pago de las licencias–del 100% actual al 75% o 50%, de acuerdo a las circunstancias.
En este caso, la postura dialoguista se ilusiona en convencer a diputados por fuera del bloque peronista para que introduzcan cambios y, en ese caso, forzar que el proyecto vuelva al Senado. Una estrategia que buscaría ganar tiempo.
Pero no todo es blanco o negro. Dentro del “gris”, existe la posibilidad de volver a repetir una marcha como la de la semana pasada, sin embargo, no es la opción favorita por ninguna de las partes. La jornada del miércoles pasado es un argumento que tienen los sindicalistas para desechar esa idea.
Entonces, la CGT apuró sus tiempos. Apremiada por el ímpetu oficialista buscará decidir por videoconferencia. Sin importar cuál sea su definición, marcará el perfil de su nueva cúpula.
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Javier Milei consolidó su dominio sobre la agenda del Congreso, pero enfrenta desafíos económicos
El presidente Javier Milei logró esta semana dos avances legislativos de alto impacto político: la media sanción de la ley de modernización laboral y la aprobación en Diputados de la ley penal juvenil, que incluye la baja en la edad de imputabilidad. Se trata de iniciativas que, según el oficialismo, ningún mandatario había conseguido modificar desde 1983.
El resultado en ambas cámaras fue contundente. La reforma laboral obtuvo 42 votos en el Senado, mientras que el proyecto vinculado al régimen penal juvenil consiguió 149 votos en la Cámara baja. En la Casa Rosada consideran que se trata de un doble triunfo con fuerte carga simbólica y política.
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La intención del Gobierno es que los textos aprobados en cada cámara no sufran modificaciones en la otra, ni siquiera a pedido del PRO u otros aliados parlamentarios. El objetivo es evitar que el trámite legislativo se dilate y poder exhibir ambas leyes sancionadas antes del 1° de marzo, cuando Milei inaugure el período de sesiones ordinarias del Congreso.
El Presidente aspira a llegar a esa fecha con las dos reformas consolidadas, como señal de gobernabilidad y de capacidad para construir mayorías en un Parlamento fragmentado. Después de un 2025 que le deparó varios tropiezos legislativos, el oficialismo busca mostrar que recuperó la iniciativa y que el Ejecutivo volvió a tomar el control de la agenda en el Congreso.
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La negociación política fue clave. Una gestión definida como “eficaz y precisa” de Diego Santilli permitió destrabar conversaciones con los gobernadores y romper la inercia que trababa los proyectos. En paralelo, Santiago Caputo mantuvo diálogos con la CGT. Milei, según fuentes oficiales, asumió que para avanzar con una ley “definitoria” de su gobierno debía actuar con pragmatismo: negoció con todos los sectores, incluida la denominada “casta”, y priorizó el resultado final por encima de las diferencias discursivas.
El avance fue celebrado por cámaras empresariales, que ven en la modernización laboral una señal favorable para la actividad privada. En el oficialismo sostienen que se trata de “señales inequívocas” tanto hacia el sistema político como hacia los mercados.
El desafío pendiente: reactivar la actividad
Sin embargo, en el Gobierno admiten que los logros parlamentarios no alcanzan por sí solos para revertir el clima económico. La actividad no termina de despegar y ese es hoy el principal foco de preocupación de los industriales. La Unión Industrial Argentina volvió a plantearle el tema al ministro de Economía, Luis Caputo.
Los números reflejan esa tensión. La capacidad instalada de la industria trabaja al 53,8 por ciento. La inflación de enero se ubicó en 2,9 por ciento y en el rubro alimentos alcanzó el 4,1 por ciento. La canasta básica creció por encima del índice general.
Los salarios registrados continúan estancados: en 2025 aumentaron 28,8 por ciento frente a una inflación de 31,5 por ciento, lo que implica una pérdida de poder adquisitivo. En el sector público, los ingresos quedaron 17 puntos por debajo del avance de los precios. Esa dinámica explica la debilidad del consumo y golpea en particular a la industria local.
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Caputo es consciente del escenario. Por ahora, su estrategia prioriza mantener el dólar estable, recomponer reservas —el Banco Central compró más de 2050 millones de dólares desde que comenzó el año—, sostener el carry trade y avanzar con la apertura de importaciones.
En el equipo económico y en la Presidencia asumen que marzo será un mes clave y que deberán ofrecer una señal concreta a la población. Con hermetismo, evalúan distintas medidas. Entre ellas, la posibilidad de impulsar el crédito para las pymes como herramienta para dinamizar la actividad.
El Gobierno celebra la victoria legislativa y busca capitalizarla políticamente. Pero sabe que el verdadero examen se juega en la economía real, donde los indicadores todavía no acompañan el optimismo oficial.
Javier Milei, La Libertad Avanza, Luis Caputo
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