Este 2 de marzo comienza el ciclo lectivo 2026 en la provincia de Buenos Aires, aunque este podría posponerse un día debido a la huelga que preparan los sindicatos docentes a nivel provincial contra el Gobierno de Axel Kicillof.

A esta medida de fuerzo se sumó el gremio docente más grande, que es el Suteba, dirigido por el polémico Roberto Baradel. Lo que le da al paro una magnitud imprevista frente al Gobierno bonaerense.

Tras dos semanas de negociaciones sin acuerdo en la paritaria, los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense -FEB, Suteba, Amet, Sadop y Udocba – confirmaron una huelga para el 2 de marzo, fecha prevista para el inicio de clases. La medida impacta sobre millones de estudiantes de todos los niveles educativos de la provincia.

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El conflicto se activo luego de que los gremios rechazaran la propuesta oficial de incremento salarial y anticipara medidas de fuerza. La decisión, inicialmente de la FEB, terminó arrastrando al resto de las organizaciones.

Suteba es el más grande de estos sindicatos, y su decisión de sumarse al paro supone un quiebre en la alianza de este gremio y el Gobierno de Kicillof.

Además de criticar al Gobierno Nacional por la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID), se da frente a lo que los gremios consideran como ofertas salariales insuficientes por parte del Ejecutivo bonaerense. La propuesta oficial contemplaba un aumento del 3% para febrero, lo que llevaba el salario inicial de un maestro a 760 mil pesos y superaba los 1,5 millones de pesos para los de jornada completa.

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Luego de varias idas y vueltas, el Gobierno finalmente quitó de la reforma laboral el artículo referido a las licencias médicas, el cual había generado críticas por parte de distintos sectores de la oposición, y el proyecto quedó a un paso de ser aprobado en el Congreso, aunque continúa el ruido interno por la decisión de haber sumado en un principio ese apartado.

Cuando se inició la polémica, las autoridades nacionales primero salieron públicamente a defender la medida que se había incorporado al texto original 48 horas antes de su votación en el Senado.

Uno de los referentes del Gabinete que lo hizo fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien justificó la reducción del salario al 50% por parte de los privados en determinadas situaciónes, al argumentar que “si te lastimaste jugando al fútbol, la empresa no tuvo nada que ver” y, por lo tanto, no debe afrontar toda la carga que demanda tener un empleado menos durante su recuperación.

Sin embargo, en los pasillos de la Casa Rosada reconocían que se trató de un error por parte del oficialismo y al poco tiempo anticiparon que esa iniciativa iba a ser eliminada antes del debate en la Cámara de Diputados, lo que efectivamente sucedió.

Incluso, en los pasillos de la Casa Rosada responsabilizaron directamente a Sturzenegger, al considerar que con esas declaraciones “se mandó una de más, como siempre”, porque esos dichos habrían provocado el malestar contra las modificaciones en las licencias médicas.

En tanto, consultados por Infobae sobre esta interna, en el entorno del funcionario aseguraron que estaban “tranquilos” y que iban a continuar trabajando en todos los temas que están en agenda.

Además, aseguraron que la inclusión de este artículo la reforma laboral no fue un pedido de esta cartera: “No estaba en el proyecto que envió el Poder Ejecutivo. Por ende, está claro aue no es algo que se impulso desde el Gobierno o el Ministerio”, señalaron.

Lo cierto es que la medida fue sumada poco antes de que el texto recibiera media sanción del Senado, y establecía que, “en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración”, siempre que esa condición “fuera producto de una actividad voluntaria y consciente”

Asimismo, se remarcaba que, “si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el 75% de tal remuneración”.

Ante la presión de los bloques aliados y de algunos gobernadores, La Libertad Avanza optó por quitar todo este apartado antes de que la medida fuera votada en Diputados, lo que obligó a que el texto volviera al Senado, que lo tratará el viernes que viene, por lo que se demoró su sanción definitiva.

“No pedimos nada de ese artículo. Es más, la UIA (Unión Industrial Argentina) ya manifestó que ellos tenían propuestas sobre ese tema y la decisión consensuada era la de no hacer cambios sobre el proyecto enviado. No vino de nosotros”, insisten desde el lado de Sturzenegger.

En una entrevista en Infobae en vivo, el presidente de esa entidad, Martín Rappallini, lamentó que se haya retirado esa iniciativa y opinó que “es un tema muy complejo, porque hay muchas variables”.

Efectivamente, el empresario contó que la cuestión fue analizada durante las reuniones del Consejo de Mayo, mesa de trabajo impulsada por el Ejecutivo y en la que comparte un lugar junto al ministro.

“Nosotros habíamos planteado en algún momento que fuera el 100% no remunerativo, sin cargas, para que el Estado se hiciera cargo”, detalló.

Por su parte, tras la interna, Sturzenegger se encuentra ahora abocado a otras tareas que tenía en agenda, como la preparación de las normas que se tienen que implementar para que pueda comenzar a regir el acuerdo comercial entre la Argentina y los Estados Unidos.

La administración libertaria se comprometió en ese tratado a adaptar la legislación local y también adoptar una serie de puntos para facilitar el intercambio de bienes y servicios con Washington.

De acuerdo con lo que precisaron a este medio fuentes de la cartera de Desregulación, “no todas estas medidas son leyes”, sino que en algunas ocasiones “solo implica cambios normativos de menor nivel”.

En esos casos, las modificaciones necesarias podrían hacerse “a través de Decretos o incluso Resoluciones”, en los cuales ya está trabajando el funcionario desde la firma del acuerdo.

De todas formas, el convenio tiene todavía que ser aprobado en el Congreso, pero su debate se demoraría hasta el mes próximo. Esta semana será la última semana de las sesiones extraordinarias y los diputados y senadores tienen varios temas en agenda.

Luego de la aprobación de la reforma laboral del jueves pasado, el proyecto terminará de ser discutido en la Cámara alta el viernes próximo, junto con el nuevo régimen penal juvenil y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

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La reforma laboral quedó a un paso de convertirse en ley. Javier Milei logró que uno de los proyectos centrales de su agenda avance a un ritmo inusual: primero obtuvo la aprobación en el Senado; fue votado en la madrugada del viernes en Diputados con modificaciones y pocas horas despues salió el dictamen de mayoría en la Cámara Alta. Ahora se encamina a la sanción definitiva el próximo viernes.

El trámite fue vertiginoso. En sesiones extraordinarias y en apenas un mes, el oficialismo consiguió ordenar una mayoría que parecía esquiva. En la Casa Rosada lo presentan como un éxito de la capacidad negociadora de Diego Santilli y de la flexibilidad que mostró la mesa política del Gobierno, integrada por Karina Milei, Manuel Adorni y Martín Menem. La prueba más concreta, subrayan, es que los gobernadores aportaron 24 votos clave para garantizar el avance del proyecto.

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Fue, en ese contexto, una semana casi perfecta para el Presidente. A la dinámica parlamentaria se sumaron señales políticas y económicas que el oficialismo leyó como favorables. Milei recibió elogios de Donald Trump en la reunión del Consejo de Paz; el Banco Central continuó recomponiendo reservas; el dólar oficial bajó a $1410 y la inflación mayorista se ubicó en enero en 1,7%, un dato que, en el Gobierno, consideran que quita presión sobre la evolución de los precios minoristas.

El único hecho que empañó ese escenario fue el cierre de Fate, una decisión empresaria que tuvo fuerte impacto mediático justo cuando se discute la reforma laboral. La coincidencia temporal generó malestar en la Casa Rosada.

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Milei intuye que la determinación de Javier Madanes Quintanilla no solo fue inoportuna, sino que también buscó producir un daño político al Gobierno. La reacción presidencial fue directa: lo acusó de ser “prebendario” y de “cazar en el zoológico”, en una crítica pública que marcó distancia con el empresario.

A partir de ese episodio, en Balcarce 50 resolvieron convocar a una conciliación obligatoria entre la empresa y el gremio para que la fábrica reabra sus puertas y los trabajadores continúen cobrando sus salarios. La decisión fue instrumentada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien llevó adelante la medida administrativa.

La intervención oficial abrió interrogantes. Muchos se preguntaron si no resultaba paradójico que un gobierno libertario cuestionara a un empresario y, en los hechos, coincidiera con la postura del gremio, conducido por el trotskismo. En el oficialismo admiten que el paso del tiempo ayuda a enfriar los ánimos que se caldearon en las primeras horas del conflicto.

En ese marco, circula una versión que el propio Gobierno reconoce no poder confirmar: que los sindicalistas del SUTNA y la empresa mantienen más diálogo del que se conoce públicamente. Según esa hipótesis, la estrategia empresaria sería dejar transcurrir 15 días, tal vez un mes, descomprimir la tensión generada en estos días y luego presentar una oferta indemnizatoria superadora.

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Más allá de la disputa puntual, el episodio dejó una definición política. Milei explicó que ser liberal no implica ser “pro empresa”, sino respaldar el libre mercado. La frase buscó despejar interpretaciones y fijar un criterio: el Gobierno no está dispuesto a cerrar la economía ni a proteger a compañías que no se adapten al nuevo escenario.

La conclusión que transmiten en la Casa Rosada es que las empresas deberán adecuarse para sobrevivir y ganar competitividad.

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