Omar Pérez, dirigente de confianza de Hugo Moyano, y otros cuatro representantes del Sindicato de Camioneros zafaron la semana pasada del juicio oral por haber extorsionado en 2020 al dueño de una pyme de Trenque Lauquen, al que le bloquearon la empresa para exigirle el pago de una deuda que no existía.

En rigor, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Capital Federal suspendió la audiencia y les concedió una probation que consiste en tareas comunitarias en Cáritas durante 18 meses, pero los sindicalistas tuvieron que pagar una indemnización a Alejandro Castell, el dueño de Andar Transportadora, admitiendo el daño económico al bloquear su empresa mediante la extorsión.

No es el final que esperaba Castell ni tampoco su abogada, Florencia Arietto, para este caso. Se trató de una resolución firmada por el presidente del tribunal, Gustavo Rofrano, que suspendió el juicio oral, cuya primera audiencia estaba citada para el 6 de junio, y, pese a la evidencia reunida en la causa, accedió al pedido de Javier Moral, abogado de Camioneros, de otorgarles la probation a Omar Pérez, Omar Dutrá (secretario de Logística del gremio), Diego Emanuel Coria, Jorge Fabián Aguirre y Matías Ezequiel Paz.

Esta causa es importante porque Pérez es de extrema confianza de Hugo Moyano desde su condición de secretario de Políticas de Transporte del Sindicato de Camioneros y secretario Gremial de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT).

El tribunal aceptó los argumentos utilizados por el abogado del sindicato: “Los imputados contaban con arraigo, eran padres de familia, contaban con trabajo y no tenían antecedentes penales, a lo que se sumaba la calificación legal del delito que se les imputaba” (extorsión en grado de tentativa, que el Código Penal reprime con reclusión de 5 a 10 años).

En la resolución judicial se destaca que los imputados, “como reparación del daño causado”, pagarán a Castell $1.500.00 cada uno, en 5 cuotas mensuales y consecutivas de $300.000, y, además, deberán “realizar trabajos no remunerados” en la sede de Cáritas y “abstenerse de mantener cualquier tipo de contacto” con el empresario o cualquier otro miembro de la pyme.

En diálogo con Infobae, Castell señaló: “No me importa la plata. Ellos se declararon culpables en todo y no van a juicio. Quería que fueran juzgados como tiene que ser, pero la que no se animó a jugarse fue la Justicia”.

Arietto cree que se trató de “una medida positiva» y lo explicó así: “Estuvimos dos años y medio para que nos fijen la fecha del juicio, el tribunal propuso la probation, no era una opción, y nos pareció que si nos oponíamos iban a avanzar igual e íbamos a quedar sin posibilidad de reparación del daño económico”.

“Nos pareció importante sentar un precedente -dijo a Infobae-. Primero, que lo que hicieron no es gratis y segundo, que se pagó el daño al reconocer el delito. Eso es un delito económico porque si bien extorsionan, estaban pidiéndole plata (a Castell) para dejarlo trabajar. Entonces, ante la adversidad de la jurisprudencia penal respecto de estos delitos, y como es muy complejo porque nos tuvieron dos años para citar a juicio, fue importante sentar un antecedente que protege a Andar y deja jurisprudencia para otras empresas. Nosotros ahora tenemos la jurisprudencia de que, como mínimo, cualquier bloqueo termina en probation. Ya no es gratis».

La abogada mencionó un riesgo si se oponía a la probation: “Si apelaba la decisión, el paso del tiempo podría haber llevado a la prescripción de la causa. Al aceptar la probation, les quedó una causa abierta y están a prueba durante un año y medio. Pérez tiene que pedir permiso para salir del país, acreditarse una vez por mes en el Patronato de Liberados, hacer tareas comunitarias y pagar 1 millón y medio de pesos».

En la audiencia en la que se concedió la probation, según Arietto, el abogado de Pérez pidió que el sindicalista fuera sobreseído, pero el juez advirtió que no se discutía ese punto y destacó que por la falta de antecedentes de los imputados iba a disponer la suspensión del juicio.

Pérez y los otros dirigentes imputados fueron acusados por el bloqueo contra el depósito de Villa Soldati de Andar Transportadora, pyme de 16 empleados y 6 camiones, realizado el 31 de julio de 2020 por unos 15 activistas gremiales para reclamar una deuda con Camioneros de la que, según la Justicia, “no surgieron elementos que permitan justificar la legitimidad”.

Los cinco dirigentes estaban procesados por coacción, en un fallo de noviembre de 2021 confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, pero el juez Fernando Caunedo decidió en agosto de 2022 elevar a juicio a los acusados por un delito más grave: extorsión en grado de tentativa.

El pedido de elevación a juicio y el agravamiento de la acusación por el bloqueo contra Andar fue efectuado en 2022 por el fiscal Ignacio Mahiques, en cuya presentación ante el juez consideró que “todos los imputados deben ser considerados coautores del hecho investigado pues con sus aportes contribuyeron a la realización del plan común que estaba orientado por la única finalidad de despojar a la firma de parte de su patrimonio en beneficio ilegal del Sindicato de Choferes de Camiones”. Y agregó: “Mientras parte de ellos llevaban adelante el bloqueo, otros, en particular Dutrá y Pérez, exigieron a Alejandro Castell (el dueño de la empresa) la entrega del dinero”.

Para Mahiques, al considerar ilegítima la deuda reclamada a Castell, ya que se comprobó que no hay constancia en los ministerios de Trabajo de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, los imputados fueron coautores del delito de extorsión en grado de tentativa. “Aun de resultar existente la deuda reclamada, lo cierto es que ello no los habilitaba a forzar el pago bajo la amenaza de paralizar el transporte”, dijo el fiscal.

Recordó, en ese sentido, que los jueces de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional señalaron al confirmar el procesamiento de los acusados que“ ningún derecho puede ejercerse abusivamente, dado que la ley no los considera absolutos ni mucho menos ampara las demandas violentas realizadas al margen del monopolio estatal de la fuerza pública y el imperio de las decisiones judiciales”.

En este sentido, dijo que el artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación, si bien establece que “el ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto”, advierte que “la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos”, y que tal se considera al que “contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres”.

Castell contó a Infobae que sus problemas comenzaron al año siguiente de haber creado Andar Transportadora, cuando el titular de la Seccional 9 de Julio de Camioneros, Hernán Sánchez, le reclamó dinero por una diferencia de kilómetros que debían cobrar los choferes, ante lo cual, para evitar un conflicto, entregó 10 cheques a la orden del gremio y de su mutual.

Sin embargo, en la medida en que la pyme empezó a crecer, los pedidos derivaron en aprietes gremiales: “Día por medio me llamaban del sindicato para exigirnos dinero por la diferencia de kilómetros. Como les dije que no, Sánchez me respondió que por el monto de la deuda podía pagarles con uno de mis camiones. Por supuesto que me negué. Esa es plata que juntan para ellos cada dos o tres años. Hay empresas grandes, que tienen unos 70 camiones, a las que les sacan dos o tres millones de pesos cada seis meses, pero los cheques no a la orden van a nombre del sindicato, de la federación y de la mutual, y el dinero no llega a los choferes”.

Por ese motivo, Castell les advirtió a los dirigentes de la seccional de Camioneros que “no iba a pagar lo que no era legal” y allí comenzaron las hostilidades: Sánchez y “cuatro matones” aparecieron de improviso en su casa para reclamarle por la deuda. “Me exigían dinero por la diferencia de kilómetros entre 2008 y 2018 -contó-. Me negué y les pedí que me enviaran una carta documento para que constara oficialmente el reclamo y tener argumentos legales para rechazarlo”.

Según el dueño de Andar Transportadora, Sánchez le envió al celular una foto de una carta documento, pero nunca se la envió por correo, como corresponde legalmente. “Lo hicieron para asustarme. Como no aflojaba, el abogado de ellos nos dijo que íbamos a tener una sorpresa”, relató Castell. Y la amenaza se cumplió: el 31 de julio de 2020, mientras viajaba a Buenos Aires, el empresario se enteró de que unas 15 personas identificadas con el Sindicato de Camioneros y que decían responder a Hugo Moyano bloquearon de 9.30 a 13.30 el depósito de la pyme, en Villa Soldati, impedían el paso de los camiones y amenazaban a los choferes.

Castell llegó a tiempo para encarar a los activistas sindicales, que insistían en que mantendrían el bloqueo hasta que pagara la deuda, y soportó insultos de todo tipo. “Tenés que arreglar con la Seccional 9 de Julio”, le advirtieron. Uno de los matones de Camioneros incluso intentó pegarle. Finalmente, llegaron efectivos de la policía porteña, que, según el empresario, dejaron que se fueran sin ninguna dificultad luego de mantener cuatro horas de bloqueo.

Lo más significativo fue cuando, en pleno bloqueo, uno de los activistas de Camioneros le pasó un celular para que hablara con su “jefe”. Sorprendido, Castell escuchó a alguien que se presentó como Omar Dutrá, jefe de Logística del sindicato, y que le preguntó :“¿Por qué no paga y esto se termina? Vayamos por las buenas, déjese de joder”. El empresario le dijo que no. Su interlocutor le propuso visitar el sindicato para hablar sobre el tema. La respuesta fue afirmativa y el dueño de Andar quedó en pasar el 5 de agosto, pero antes buscó asesoramiento legal y así llegó hasta Arietto.

Castell fue al edificio del Sindicato de Choferes de Camiones, en San José al 1700, en en el barrio de Constitución, el 5 de agosto de 2020 y puso en marcha una idea que ayudó a que luego avanzara la acusación de la fiscalía: le pidió a Dutrá que, como él no conocía bien la Ciudad, le enviara por WhatsApp la ubicación exacta del lugar adonde debía ir. Esos llamados y esa constancia geográfica sirvieron para certificar que su interlocutor estaba en el gremio de Moyano.

En el lugar, Dutrá lo llevó hasta la oficina de Omar Pérez, uno de los principales directivos de Camioneros. “¿Por qué te hacés el rebelde y no pagás?”, fue el mensaje que recibió como bienvenida. “Ustedes me están extorsionando. Piden plata que no es legal. Necesito que me intimen legalmente”, le contestó el empresario. “Mirá, no somos la gorra (en alusión a la policía), pero podemos cruzar la información con la AFIP”, le dijo el sindicalista.

En un clima tenso, Pérez le prometió que le iba a enviar el detalle de la deuda así podía pagarla y Castell pudo irse. Por entonces, patrocinado por Arietto, el empresario había presentado una denuncia judicial contra Hugo Moyano, Omar Pérez, Omar Dutrá y 15 activistas sindicales por extorsión, usurpación, atentado contra la libertad de trabajo y privación ilegítima de la libertad. Un elemento clave de la causa fueron las pruebas que aportó de lo que había sucedido durante el bloqueo: una de sus empleadas filmó con un celular un diálogo con los activistas en la puerta del depósito y las cámaras de vigilancia registraron los movimientos de los agresores.

Finalmente, Pérez nunca le hizo llegar el detalle de la deuda, pero, dos semanas después de su denuncia judicial, Castell recibió un requerimiento de la AFIP para revisar los papeles de su empresa. No encontraron nada fuera de la ley. El mes siguiente tuvo otra visita de los inspectores del organismo impositivo: “Abrían y cerraban los balances, revisaban las liquidaciones de los sueldos. Revolvieron todo. Mi contador dijo que nunca vio una inspección así”, destacó el empresario. “Tuve nueve meses a la AFIP en mi empresa. ¿Y al sindicato quién lo controla?”, se preguntó.

El fiscal Mahiques investigó el caso, tomó testimonio a siete testigos del bloqueo, analizó las filmaciones, identificó a algunos de los activistas que participaron de la medida de fuerza, descubrió que Dutrá también había estado allí y llegó con su propio auto, pidió el entrecruzamiento de las llamadas entre un grupo de Camioneros y constató que habían estado en la zona del depósito de Andar en el mismo horario en que había sido bloqueado. Y por eso, además de determinar que la deuda reclamada era “inexistente”, pidió la indagatoria de seis representantes sindicales.

De esa forma, el 16 de noviembre de 2021, el juez Caunedo procesó a los 5 dirigentes del Sindicato de Camioneros y embargó sus bienes por 300 mil pesos cada uno por considerarlos coautores del delito de coacción contra la empresa Andar. Un mes después, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ratificó la condena dispuesta por el magistrado y advirtió que “ningún derecho puede ejercerse abusivamente”. Y en agosto de 2022 Caunedo decidió elevar a juicio a los acusados por un delito más grave, extorsión en grado de tentativa.

A principios de este año, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Capital fijó la audiencia del juicio para el 6 de junio. Y ahora, aunque no hubo condenas, hay una conclusión considerada clave por Castell y Arietto: los sindicalistas imputados no lograron ser sobreseídos y tuvieron que pagar el daño a la pyme reconociendo, en la práctica, que bloquear es delito.